Boletín Informativo ISA núm 139

Ciudad de México, julio 18 de 2007.

Sumario:

I. Exige el gobierno legítimo de México la renuncia de Ulises Ruiz

II. A través de pronunciamientos y movilizaciones, organizaciones sociales censuran la represión en Oaxaca

III. Calderón y su equipo toman una actitud cada vez más sospechosa e ilegal en torno del chinogate, declara Di Costanzo Armenta

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EXIGE EL GOBIERNO LEGÍTIMO DE MÉXICO LA RENUNCIA DE ULISES RUIZ

Dos días después de sucedidos los hechos represivos contra el pueblo de Oaxaca, el gobierno legítimo de México, a través de su secretario de Justicia y Seguridad, Bernardo Bátiz Vázquez, manifestó su reprobación “con toda energía, de la agresión que sufre el pueblo de Oaxaca por parte de las fuerzas armadas”, y exigió “la destitución del gobernador cacique Ulises Ruiz, por ser el principal responsable de reprimir a los oaxaqueños”.

Bátiz Vázquez afirmó que los ataques violentos y sorpresivos contra la población civil, maestros e integrantes de organizaciones sociales “son suficientemente elocuentes para confirmar que la fuerza bruta no sustituye a la fuerza de la razón, como lo ha manifestado el gobierno legítimo. Los mexicanos fuimos testigos de que las fuerzas armadas atacaron a los oaxaqueños, primero con proyectiles que fueron arrojados desde las partes altas de un hotel y posteriormente con todo tipo de armamento, incluidas armas de fuego, gases lacrimógenos, toletes y escudos”.

En funcionario lopezobradoristra expresó que “en contraste, los ciudadanos estaban desarmados, fueron puestos de rodillas y vejados por los policías, quienes les vendaron los ojos y les cortaron el pelo. Otra información confirmada —detalló— es que personas detenidas sin oponer resistencia aparecieron en hospitales, con estallamiento de vísceras, contusiones diversas y claras muestras de haber sido brutalmente golpeadas”.

“Una agravante más consiste en que los agresores, vestidos de oscuro y armados hasta los dientes se mezclaron y confundieron unos con otros; policías preventivos, estatales y municipales y muy probablemente integrantes de la Policía Federal y del Ejército”, aseguró Bátiz Vázquez.

“La agresión contra el pueblo confirma que el gobierno represor de Ulises Ruiz trata a toda costa de frenar las protestas en contra de su gobierno antipopular y las exigencias de que personas desaparecidas sean presentadas con vida o bien se identifique el lugar de su paradero”, manifestó.

El secretario de Justicia y Seguridad del gabinete legítimo explicó que el operativo policiaco para detener la marcha de ciudadanos oaxaqueños integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y de otras agrupaciones civiles, así como de pueblo en general, que pretendían celebrar la Guelaguetza popular “estaba planeado y preparado de antemano, sin duda alguna bajo la dirección del gobierno local”.

En franca complicidad, dijo, “el PRI y el PAN usan lo que llaman respeto al estado de derecho como argumento constante para contestar los reclamos populares que se le hacen; sin embargo, tal respeto no existe de parte de ellos y todos los días vemos agresiones a manifestantes, retenes en las carreteras, desalojos violentos, espionaje y seguimiento hostil a ciudadanos, y ahora, como durante la guerra sucia, desapariciones forzadas de enemigos del régimen, todo ello como producto de las acciones del Estado al margen de la ley”.

Bernardo Bátiz hizo énfasis en que “tanto panistas como priistas quieren supuestamente un estado de derecho, pero siempre y cuando sean ellos, los represores, quienes definan ese derecho y la forma y momento de su aplicación”.

“Una prueba de la actitud autoritaria, represiva e ilegal con la que actuó el gobierno de Ulises Ruiz en complicidad con el federal, es que varios periodistas de medios escritos, de radio y de televisión fueron reprimidos para evitar el testimonio que pudieran dar a la opinión pública sobre la actuación brutal de la policía en contra de la gente”, concluyó.

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A TRAVÉS DE PRONUNCIAMIENTOS Y MOVILIZACIONES, ORGANIZACIONES SOCIALES CENSURAN LA REPRESIÓN EN OAXACA

Distintas organizaciones civiles y sociales han seguido de cerca el nuevo panorama de represión abierto en el estado de Oaxaca y han promovido actividades diversas para difundir los hechos, informar sobre la situación de presos, heridos y desaparecidos, así como para impulsar movilizaciones que detengan la nueva escalada represiva.

En servicio de noticias ISA, recogemos a continuación tres reportes: los pronunciamientos de la Asamblea de Pueblos Indígenas (API) y del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco, emitidos ambos el día de ayer, y la información de las movilizaciones, también del 17 de julio, de la APPOMIX, como se conoce a la vertiente mixteca de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca.

Pronunciamiento de la Asamblea de los Pueblos Indígenas

A la opinión pública

A las organizaciones democráticas y revolucionarias

a los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales

a las organizaciones adherentes a La Otra Campaña

La represión que implementa el Estado mexicano contra el pueblo es parte de una política de control social y de sometimiento al modelo capitalista y neoliberal de desarrollo. Para lograr su objetivo han creado las cárceles, ejército, las distintas corporaciones policiacas, cuerpo de seguridad nacional e inteligencia, con la función principal de encarcelar desaparecer y asesinar a todos los que se atrevan a cuestionar las políticas de hambre, marginación, miseria y olvido que fomenta a lo largo y ancho de nuestra patria. El Estado mexicano aplica la violencia institucional mediante el soporte de leyes absurdas y recovecos jurídicos, que según ellos fundamentan en actos de “Estado de Derecho”; así lo demuestran las masacres de Acteal, Chiapas, Aguas Blancas (Guerrero), Agua Fría, Oaxaca; la represión a los movimientos del magisterio democrático nacional; de los obreros mineros en Michoacán; del movimiento social oaxaqueño y de San Salvador Atenco; el hostigamiento y persecución a los hermanos indígenas del EZLN; o a los casos de encarcelamiento injusto del indígena de la región loxicha, Oaxaca; la desaparición de Gregorio Alfonso Alvarado López, en Guerrero y de los CC. Eduardo Reyes Amaya y Raymundo Rivera Bravo o Gabriel Alberto Cruz Sánchez, el 25 de mayo, en el Estado de Oaxaca. Por nuestra parte, como Asamblea de los Pueblos Indígenas, denunciamos: a) La desaparición de nuestras compañeras Daniela y Virginia de apellidos Ortiz Ramírez, militantes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), quienes hasta el momento no hay indicio donde se encuentran. b) En internet, un grupo denominado MULTI- UBISORT, quienes desde 1981 han sido militantes activos del PRI, promotores de asesinatos y secuestros de nuestros compañeros, financiado por el Estado, quienes promueven acusaciones para desvirtuar la lucha honesta y consecuente de nuestros compañeros del MULT, e intentan condicionar una mesa de discusión injusta en "BUSQUEDA DE LA PAZ" pidiendo desaparezca nuestro Partido "Unidad Popular" coincidiendo con caciques y funcionarios locales quienes juntos promuevan el partido oficial en la región triqui. Buscamos la paz y el diálogo, pero no la paz de los sepulcros. Ni el diálogo de la soberbia del engaño y la simulación, sino la paz y la palabra con dignidad.

Ante esta situación, no es posible que cualquier persona pueda ser encarcelada, muerta o desaparecida, bajo el argumento de la sospecha de ser guerrillero, cuanto sabemos que es parte de la guerra sucia que se ejerce contra la inconformidad social, para proteger los privilegios de unos cuantos.

Sin embargo, día con día la resistencia y la rebeldía del pueblo va en aumento contra la explotación y la miseria que fomenta el poder del dinero, como parte de las contradicciones de clase que son propias de modelos económicos de la ambición y del crimen. En Oaxaca no será la violencia la mejor manera de resolver los problemas del pueblo: Exigimos, cese a la represión contra el magisterio democrático, instalando una mesa de diálogo de manera inmediata.

Bajo este contexto demandamos: 1) La liberación inmediata y absoluta e incondicional de todos los presos de conciencia recluidos en las cárceles del país. 2) La libertad inmediata absoluta e incondicional de los presos de conciencia y de todos aquellos en situación de procesados por su participación política en los movimientos sociales de San Salvador Atenco y de Oaxaca. 3) Presentación inmediata y con vida de los desaparecidos Gregorio Alfonso Alvarado López, en Guerrero, y los CC. Eduardo Reyes Amaya y Raymundo Rivera Bravo o Gabriel Alberto Cruz Sánchez, en Oaxaca.

Fraternalmente, hacemos un llamado al pueblo de México y del mundo, a las organizaciones sociales, civiles y democráticas a la solidaridad, unidad y organización para fortalecer la resistencia y la rebeldía contra el poder autoritario.

¡¡¡Presos políticos de conciencia, libertad absoluta e incondicional!!!

¡¡¡Cárcel a los asesinos de luchadores sociales!!!

¡¡¡Libertad absoluta incondicional e inmediata de los ciudadanos que fueron detenidos el 16 de julio en la ciudad de Oaxaca!!!

¡¡¡Presentación inmediata y con vida de los desaparecidos!!!

¡¡¡Alto a la represión policiaca!!!

Fraternalmente

(API) Asamblea de los Pueblos Indígenas

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 17 de julio de 2007

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Pronunciamiento del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra

Los hechos del día de ayer, 16 de julio de 2007, en nuestro hermano pueblo de Oaxaca, provocados por el gobierno ilegítimo de Ulises Ruiz en contra de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y de la Sección 22 de la CNTE , representan un agravio y una afrenta más a nuestros pueblos de México. La escalada represiva en contra del movimiento social cobra sentido con el cerco policiaco-militar instalado desde el día 13 de julio en el Cerro el Fortín, lugar donde se desarrollaría la Guelaguetza Popular.

El clamor del pueblo oaxaqueño por organizar la Guelaguetza Popular significa la defensa de la identidad, de las tradiciones y la cultura por sus herederos directos, los habitantes de las siete regiones de las cuales se compone ese estado. Por ello, la necesidad de reconocer que sus pueblos tienen el derecho legítimo de representar en el lugar y la fecha que marcan sus tradiciones para darle sentido a una fiesta que nace de su corazón mismo. Eso no se negocia con nadie, pero la mercadotecnia capitalista ha sido capaz de transformar el sentido de esa manifestación cultural, trasladándola al campo del poder y a las relaciones impuestas por el modelo económico imperante. Así es como se desata la confrontación el primer Lunes del Cerro, entre quienes quieren imponer su poder político y económico para defender su condición de dominadores, y otros, quienes luchan por hacer valer su condición de pueblos, en lo colectivo, que privilegie el bien común y que signifique un cambio real en las condiciones de sus pueblos.

La permanencia en el poder de Ulises Ruiz constituye en sí una afrenta diaria a los hombres y mujeres dignos de Oaxaca, a quienes se supone sirve el poder; sin embargo, a pesar de manifestarle su rechazo generalizado en todo el estado, el sistema político mexicano se ha empeñado en mantenerlo, en una correlación de fuerzas disputada entre la clase política y los pueblos organizados. Lo anterior, aunado a la presencia ilegítima en la Presidencia de la República de Felipe Calderón, cuya alianza con Ulises Ruiz y la clase política les ha permitido propagandizar ante la opinión pública, la necesidad de la presencia del ejército en las calles para protegernos de la delincuencia organizada, cuando en verdad lo que necesitan es que ante su ilegitimidad quieren imponerse mediante el uso de la máxima fuerza de la que disponen: las fuerzas armadas.

La reciente incursión militar en el estado de Oaxaca se realiza con el pretexto de responder ante los hechos de Querétaro y Guanajuato. Es por eso que se pretende vincular a la APPO y a otras organizaciones del país, como el Frente Popular Revolucionario-Partido Comunista de México, cuya participación es pública y reconocida en el movimiento social.

En el enfrentamiento del día de ayer, los diversos cuerpos policiacos golpearon brutalmente a maestros y manifestantes, además lanzaron bombas de gas lacrimógeno en contra de establecimientos comerciales, casas particulares y edificios públicos. Así mismo, en la escalada violenta resultaron lesionados reporteros gráficos de los periódicos Reforma, Noticias, Marca y Tiempo, quienes daban cobertura a la feroz golpiza de la policía a los manifestantes. Se menciona la detención de más de 40 personas simpatizantes de la APPO y destrozos al Hotel Fortín Plaza.

El FPDT considera que estos actos represivos son muestra de la debilidad de los gobiernos del estado de Oaxaca y el federal, para imponerse por medio de la fuerza, representan el rasgo más autoritario y desgastante de un sistema político, incapaz de representar los intereses de los pueblos de México. Por lo tanto demandamos:

El cese a la represión policíaca y hostigamiento al movimiento social y popular de Oaxaca.

Reprobamos la acción gubernamental en cuanto al uso indiscriminado de la fuerza pública estatal y federal.

Responsabilizamos al gobierno estatal y federal en caso de llegarse a registrar detenciones arbitrarias o desapariciones por parte de manifestantes.

Asimismo, estos hechos nos conducen a convocar a la unidad nacional al movimiento social de México para luchar por la libertad de todos los presos y presas políticas del país, por la presentación con vida de todos los desaparecidos, en contra de la militarización y el castigo a los responsables de la represión.

Cuando el Pueblo se levante por pan, libertad y tierra, temblarán los poderosos de la costa hasta la sierra.

Presos políticos, libertad.

Atenco, 16 de julio de 2007.

Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra

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Militantes de la APPOMIX bloquean carretera federal 190

Por Ricardo García J. & Roger Valle

Huajuapan de León, Oaxaca. Decenas de militantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca de la Mixteca encabezados por Russbel Santiago Gracida, vocero de la APPOMIX, Noé Luis Vivar Morales, representante del Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEP), y Víctor Hugo Oropeza López, representante del FPR, bloquearon la carretera federal 190 Huajuapan-Oaxaca Kilómetro 7+200 por más de 6 horas el día de ayer martes 17.

En entrevista, Russbel Santiago señaló que el motivo del bloque fue para exigir el alto a la represión del gobierno del estado (que encabeza) Ulises Ruiz Ortiz; alto al hostigamiento a las organizaciones sociales; libertad a los presos políticos en las cárceles del estado de Oaxaca y del país, y alto a la militarización de Oaxaca y de México.

El líder de la APPOMIX dio a conocer que el bloqueo realizado fue también para exigir la liberación de los 56 detenidos y la presentación de los 22 desaparecidos que el lunes fueron detenidos en la ciudad de Oaxaca por policía y grupos paramilitares enviados por el gobierno de URO para cancelar la Gelaguetza popular.

Por su parte, Noé Luis Vivar Morales, del CODEP, dijo que las acciones de presión se estarán agudizando hasta lograr la salida de URO y hasta que los 56 presos obtengan su libertad, por lo que se estará acordando otras acciones de presión más radicales y así poder presionar al gobierno del estado de este hostigamiento que esta llevando a cabo contra los luchadores sociales.

Por ultimo, los líderes del APPOMIX hicieron un llamado a todas las organizaciones sociales de la mixteca oaxaqueña para que se unan a la lucha contra el gobierno represor de Ulises Ruiz, ya que en vez de buscar la solución de los problemas, el gobernador busca confrontar a los grupos sociales utilizando la represión contra quienes exigen una salida a sus penurias.

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CALDERÓN Y SU EQUIPO TOMAN UNA ACTITUD CADA VEZ MÁS SOSPECHOSA E ILEGAL EN TORNO DEL CHINOGATE, DECLARA DI COSTANZO ARMENTA

“La medida anunciada el día de hoy por la Procuraduría General de la República (PGR) en el sentido de publicar un edicto por medio del cual tomará control definitivo de los 205 millones de dólares encontrados en la casa de las Lomas y que presuntamente pertenecen a Zhenli Ye Gon, argumentando que ya ha pasado el tiempo que la ley establece para reclamar y comprobar el origen licito de los recursos, sólo deja más dudas sobre la legalidad con la que Calderón y su equipo están procediendo en todo este asunto, generando con ello más sospechas sobre la posibilidad de que estos recursos estén relacionados con su campaña presidencial”.

Así lo consideró Mario di Costanzo, secretario de la Hacienda Pública del gobierno legítimo de México, quien recapituló tanto argumentos legales como los propios hechos a fin de fundamentar su dicho.

El artículo 182, inciso G, del Código Federal de Procedimientos Penales, establece claramente que: “La moneda nacional o extranjera que se asegure, embargue o decomise, será administrada por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), quien deberá depositarla en la Tesorería de la Federación”. De acuerdo con el propio comunicado del SAE de fecha 4 de julio, fue esta instancia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la que “primeramente violó la ley al haber sacado del país los recursos encontrados y embargados en la casa de Ye Gon”, aseveró Di Costanzo.

De acuerdo con la evaluación del funcionario lopezobradorista, a lo anterior se agrega en que el artículo 183 del mismo ordenamiento establece: “Siempre que sea necesario tener a la vista alguna de las cosas embargadas o decomisadas, se comenzará la diligencia haciendo constar si se encuentra en el mismo estado en que estaba al ser asegurada. Si se considera que ha sufrido alteración voluntaria o accidental, se expresarán los signos o señales que la hagan presumir”.

Por lo anterior, Mario Di Costanzo afirmó que “en el momento en que el SAE depositó los recursos en el Bank of America, se alteró sustancialmente la ‘prueba del delito’ imputado a Zhenli Ye Gon; por ello, el proceso no pudo haberse iniciado jurídicamente, en virtud de que la prueba del delito no estaba a la vista (ya que estaba en el Bank of América), por lo que el plazo para reclamar el dinero y mostrar su procedencia lícita, en todo caso, no ha concluido, en tanto que el proceso ni siquiera ha iniciado en virtud de que la prueba del delito no estaba en el país”.

Así, lo que se observa es que “la actitud asumida por Calderón y las instituciones involucradas en este asunto es cada día más irregular y sospechosa, lo que le otorga credibilidad a los señalamientos de los abogados de Zhenli Ye Gon, independientemente de que el propio Zhenli tenga o no culpabilidad en todo este embrollo”, afirmó Di Costanzo Armenta.

“De hecho —recordó—, el propio Banco de México no ha confirmado si en verdad ya se encuentran bajo su resguardo los 205 millones de dólares que fueron decomisados y que fueron depositados en el Bank of America y posteriormente regresados a México. Mucho menos el propio Banxico puede corroborar si efectivamente los billetes que le dieron a guardar son los mismos que se encontraron en la Casa de las Lomas, en virtud de que los billetes que se depositaron en Bank of America ya no son los mismos que se decomisaron”.

Por ello, concluyó, “el rastro del dinero encontrado en las Lomas ya se ha borrado, dejando nuevamente sospechas, tanto de su procedencia como sobre el hecho de que sí pudieron haber formado parte de la campaña de Calderón”.