LAS VOCES LEGÍTIMAS
Cuatro plumas tejen las voces legítimas escogidas por el servicio de noticias ISA esta semana. Bernardo Bátiz, secretario de Justicia y Seguridad del gabinete lopezobradorista, analiza La Ley de Ahorro y Crédito Popular como una de las últimas intentonas en contra del cooperativismo del ahorro y señala que a los tecnócratas les urge desaparecer las cajas de ahorro popular, así como a los ejidos, sindicatos, comunidades agrarias, vivienda popular y la medicina social, simplemente porque estas estructuras de los “de abajo” no concuerdan con el hipercapitalismo ni con la globalización. Rogelio Ramírez de la O, asesor en materia económica del equipo de gobierno de López Obrador, elabora un balance de la situación económica nacional, que en el primer semestre de este año está “prácticamente sentada”, con estancamiento de ventas y desplome de empresas que provocarán un lento crecimiento en 2007 y 2008, y con una perspectiva de empeoramiento debido a una política que no frena el gasto público. Luis Javier Garrido engarza una serie de hechos en torno al caso Zhenli Ye Gon, que demuestran la agudización y profundización de la crisis en el gobierno panista, situación que sus integrantes y apologistas se niegan a reconocer. Finalmente, José Agustín Ortiz Pinchetti, secretario de Relaciones Políticas del gabinete legítimo, en su columna dominical “Contra el maquiavelismo”, debate sobre el inevitable vínculo entre corrupción, abuso de poder y fraude electoral, a la luz de lo que fue el gobierno foxista y su herencia calderonista.
Bernardo Bátiz V. PGR contra las cajas populares (La Jornada). Las cajas populares son instituciones de ahorro y préstamo a las que desde hace ya muchos años la gente sin acceso a los bancos acude con confianza; casi todas adoptan la forma de una sociedad cooperativa, pero algunas son sociedades o asociaciones civiles, y otras más, sin forma legal alguna; están constituidas por grupos de amigos y conocidos, de vecinos o de artesanos del mismo gremio, que ponen en común pequeñas cantidades para constituir un fondo del que prestan al socio que lo requiere.
Las cajas populares agrupan a cientos de miles de pequeños ahorradores, en cerca de 6 mil organizaciones que funcionan a todo lo largo y ancho del país, desempeñan una importante función social para la economía de muchas familias modestas y son la fuente de financiamiento natural de pequeños talleres y comercios, que sin complicaciones burocráticas y a bajo costo, reciben oportunamente los recursos que necesitan, sin más aval que su propio trabajo y el hábito arraigado de cumplir con lo prometido.
Por supuesto, estas estructuras económicas de los de abajo no se avienen bien con el hipercapitalismo de nuestros días ni con la globalización, mucho menos con el modelo estadunidense. Los tecnócratas se han empeñado en que las cajas de ahorro popular desaparezcan, así como quieren también que desaparezcan los ejidos, los sindicatos, las comunidades agrarias, la vivienda popular y la medicina social; sólo que, como en otros, en el caso de las cajas populares se han topado con una resistencia ejemplar que ha impedido que este instrumento de crédito sea simplemente arrollado por los acólitos del neoliberalismo como Pedro Aspe, Gil Díaz y Guillermo Ortiz.
La Ley de Ahorro y Crédito Popular es una de las últimas intentonas en contra del cooperativismo del ahorro; sin embargo, un oportuno artículo transitorio difirió la entrada en vigor del ordenamiento que pretende acabarlas y ordenó la creación de una comisión que con criterio de economía solidaria estudie el asunto en la Cámara de Diputados. Pero, los neoliberales y los nuevos científicos, impacientes, autoritarios como lo eran sus predecesores porfiristas, han iniciado denuncias ante la PGR, acusando a los funcionarios de las cajas populares de que recaudan dinero del público sin tener la respectiva autorización de Hacienda.
Desde el punto de vista jurídico, la denuncia no puede prosperar porque no es cierto que recauden dinero del público, sino que reciben tan sólo ahorros de sus propios socios, que son los que con pequeñas, pero numerosas aportaciones hacen posible el sostenimiento del fondo para otorgar pequeños y oportunos créditos, que son cubiertos a tiempo casi en un 100%. Pero la PGR es usada para intimidar, entorpecer y retrasar el trabajo de las cooperativas de ahorro y simultáneamente sembrar miedo y desconfianza. No pueden la soberbia y la arrogancia de los neoliberales, usar a la PGR en contra de ciudadanos que son un ejemplo por su organización, su honradez y su eficacia en el manejo de sus propios recursos, mediante un sistema solidario en el que no priva la ley de la selva, sino la fraternidad y la colaboración.
Rogelio Ramírez de la O. Gasto Público insostenible (El Universal). El eje principal de cualquier ajuste fiscal siempre debió ser la reducción del gasto público antes que nuevos impuestos. Pero tanto la administración de Fox como la actual se resisten a reducirlo y a explicar para qué quieren más impuestos.
Entre 2000 y 2006 el gasto público creció en 75 mil millones de dólares o 2% del PIB. Pero el gasto en inversión física directa sólo aumentó mil millones, lo que significa que el incremento se dirigió al gasto corriente, es decir la administración por parte de la burocracia absorbió 74% del aumento del gasto. La propuesta fiscal del gobierno plantea una reducción de 0.5% del PIB en cinco años, es decir, sólo 0.1% por año.
Tal parece que el gobierno no se da cuenta que en salvaje aumento del gasto, el mayor ingreso petrolero cubrió 37 mil millones, pero sólo gracias al aumento de precios. Por lo mismo, el ingreso se debió invertir en el mismo sector petrolero. Por eso, ahora que los precios y el volumen de petróleo han caído, la única forma que tiene el gobierno de equilibrar sus finanzas es reducir la inversión directa en 14.3% anualmente hasta mayo. En cambio, siguió aumentado su gasto corriente: los salarios (que con Fox aumentaron en 15 mil millones de dólares) hoy crecen 9.3%. El gasto operativo crece 7% y los subsidios 15%. Así ninguna Reforma Fiscal va a alcanzar.
Las grandes crisis siempre han coincidido con exceso de gasto público, como les ocurrió a José López Portillo y a Carlos Salinas. Sin embargo, las crisis llegaban hasta el final del sexenio. A Fox por un milagro no le llegó ni siquiera al final, pero sólo por los altos precios del petróleo.
El país no podrá evitar un ajuste, forzado o voluntario. Ni los altos precios del petróleo si se mantuvieran serían suficientes para evitar un mal desenlace. A diferencia de las pasadas administraciones, ésta sufrirá la caída del volumen de petróleo con gran velocidad. Como el gobierno no invirtió lo suficiente en exploración ni en refinación o petroquímica, la caída de producción se va a combinar con más importaciones de gasolina y productos elaborados, hasta que venga una gran recesión que las frene.
Además, la economía perdió competitividad, el campo se debilitó aún más, la mala calidad de la educación y de la administración pública se exacerbaron. Lo que hizo Fox, de no recortar el gasto y no impulsar una cultura de eficiencia y sobriedad en el gobierno, no lo podrá replicar la administración actual.
La vía idónea para cualquier cambio de estrategia fiscal siempre debió ser la reducción del gasto. Se comenta como demagógica la propuesta de reducirlo en 100 mil millones de pesos. Pero lo realmente demagógico es mantenerlo como está y pretender que el enorme ajuste se logre con más impuestos, cuando la economía se ha debilitado.
Simplemente hay que considerar un escenario de bajo crecimiento en dos años, de no más de 3% anual. Eso significa poca o nula creación de empleo. Con el volumen de producción de petróleo a la baja, habría que planear que el ingreso petrolero del año pasado (79 mmd) fuera menor en 20 ó 30 mil millones en dos o tres años. La discusión de cómo cobrar más impuestos es muy secundaria al asunto del gasto: una mera distracción para la clase política. El problema central está en la mala administración del gasto y la falta de visión estratégica del gobierno.
Luis Javier Garrido. Los Derivados (La Jornada). El caso Ye Gon sigue poniendo de manifiesto, la profunda corrupción existente tanto en el gobierno de Fox como en el actual, así como la impunidad que caracteriza al poder panista y el cinismo cómplice de amplios sectores sociales. Las evidencias confirman la connivencia de autoridades políticas, migratorias, de salud y hacendarias de ambos gobiernos, inimaginables sin la protección de Los Pinos, en la edificación del imperio de la seudoefedrina descubierto por la DEA.
El principal indiciado ha sido sin lugar a dudas Fox, quien ha permanecido en silencio aguardando que Calderón le cubra las espaldas, pero que ya aparece como uno de los mayores delincuentes de Estado en la historia reciente del país.
Lo más grave no lo constituye, la confirmación de que la burocracia panista está inmersa en la corrupción y vinculada al narcopoder, sino la debilidad que evidencian Calderón y su gente ante los poderes del exterior, en particular ante la administración Bush.
El asunto ha sido desde sus inicios y en todo momento investigación de la DEA y del gobierno de EU, que han actuado en función de sus intereses estratégicos: para mejor organizar el mercado de las drogas y disponer de información del propio Ye Gon para conocer las actividades delictivas de Fox y de Calderón, y poder controlar a los panistas.
El gobierno de Calderón no actuó en este asunto para luchar contra el narcotráfico, fue arrastrado en todo momento por la investigación estadunidense, desconcertado porque el asunto involucraba de manera directa no sólo a Fox y a sus amigos, asociados a todas luces con Ye Gon, y a la burocracia panista, coludida en los dos sexenios con el chino-mexicano en incontables transgresiones a la ley, pero sobre todo porque ponía al descubierto el financiamiento fraudulento de la campaña de 2006.
El México de Calderón y de la extrema derecha panista no es ya un país soberano que tenga la capacidad de organizarse bajo un orden jurídico propio, y de proseguir esta pendiente entreguista, en poco tiempo el futuro del país quedará hipotecado por muchos años. En el caso Ye Gon, las fuerzas armadas, la PFP y la PGR actuaron obedeciendo a la DEA, en tanto que los tribunales mexicanos se plegaron a la decisión de Washington. El procurador Medina Mora, quien hizo el ridículo aquí y en Washington, no puede esconder en sus comparecencias el temor de Calderón de que la información que obtengan las autoridades estadunidenses de Ye Gon pueda ser hecha pública o usada para doblegar aún más al “narcogobierno panista”.
La crisis abierta en el gobierno de Calderón por el descubrimiento de este asunto criminal, que involucra directamente a Fox y a él mismo, no podrá ser resuelta con una campaña propagandística, sus secuelas están marcando de manera directa el futuro del régimen mexicano.
José Agustín Ortiz Pinchetti. Urnas y arcas (La Jornada). Manuel Clouthier dijo en 1988: “quien se roba las urnas luego se robará las arcas”. Proverbio y pronóstico perfecto. Salinas robó la elección y luego saqueó la nación. También se podría decir... “quien roba las arcas, después se robará las urnas”...
La relación entre corrupción, abusos de poder y fraude electoral es inevitable. El régimen autoritario garantiza la impunidad. La democracia garantiza (en alguna medida) la rendición de cuentas. Para asegurar la impunidad es indispensable no perder las elecciones. Asegurarse que no habrá alternancia, que no habrá quien exija cuentas.
Hemos dicho que Vicente Fox es traidor a la democracia. Es cierto. Sacrificó su futuro como fundador de la democracia con tal de impedir que un auténtico opositor llegara al poder. Se piensa que su aversión por Andrés Manuel obedecía a cuestiones subjetivas y hasta patológicas. Error. Fox interviene con todos los recursos del Estado para alterar el resultado electoral como una medida desesperada para impedir que se le exigieran cuentas de su desempeño.
No hay día en que no se denuncien excesos cometidos por gente en los primeros círculos del gobierno de Fox. Los foxistas cometieron toda clase de despilfarros y de latrocinios. Fox temía que si llegaba a la Presidencia un legalista incorruptible como AMLO, muchos de sus allegados, parientes políticos y quizás él mismo, terminarían en la cárcel.
Para muestra basta... no un botón, sino un ramo espectacular: las redes de complicidades, encubrimientos, cohechos en el caso del empresario farmacéutico Zhenli Ye Gon. Conforme vamos sabiendo cosas, las responsabilidades penetran en la procuraduría y en tres secretarías suben hasta la Presidencia de la República.
Para garantizar la impunidad, Fox necesitaba un cómplice que ganara las elecciones y que luego lo protegiera. Seguro llegó a un acuerdo con Calderón. La primera cláusula era garantizar que ni Fox ni su familia ni su grupo serían investigados. Pero Fox necesitaba también la complicidad del PRI. Por eso él y Calderón negociaron con el viejo partido una cláusula de impunidad: los gobernadores y otros priístas corruptos e incluso delincuentes serían protegidos. A cambio, los priístas no molestarían a Fox ni a Calderón ni a sus mafias. Así los panistas protegen a Ulises Ruiz a pesar del clamor generalizado en su contra y el PRI bloquea la investigación de los negocios de los Bribiesca.
Estas complicidades no funcionarían sin otra muy importante, la de los medios electrónicos. Los comunicadores emiten mensajes para confundir y así atenuar la indignación pública. A pesar de las denuncias, la población no parece exaltarse. No saldremos de impunilandia (por favor lean a Porfirio Muñóz Ledo) ni llegaremos a la tierra prometida de la democracia, mientras no haya medios críticos y una oposición enérgica capaz de ganar el poder, no sólo de negociar con él.
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