Denuncian el asesinato de otra mujer indígena en la sierra de Zongolica

El gobierno de Veracruz no dio respuesta ante el crimen, afirman colectivos

El cuerpo de Adelaida Amayo Aguas fue encontrado con evidentes señales de tortura

HERMANN BELLINGHAUSEN


Imagen de archivo de una de las asambleas de líderes indígenas donde abordaron el tema del asesinato y violación de Ernestina Ascensión Rosario, por parte de militares. A estas primeras reuniones asistían los hijos de la víctima Foto: Marco Peláez

Colectivos de mujeres de Veracruz y Puebla denunciaron el asesinato de otra mujer nahua en la sierra de Zongolica, el cual, pese a la brutalidad con que fue cometido, no generó una respuesta satisfactoria del gobierno de Veracruz ni ha recibido atención pública. "La situación de violencia que viven los indígenas de la sierra de Zongolica ha llegado a tal grado, que el 21 de mayo fue encontrado el cuerpo desnudo y sin vida de Adelaida Amayo Aguas, de 38 años, con señales de tortura. Su cuerpo mostraba un cinturón de hombre en el cuello, jirones de tela en la boca y cuatro cuchilladas en el cuerpo. Todos signos de extrema violencia."

El Comité Ciudadano Rosario Ibarra, Mujeres Universitarias de Xalapa, Ciudadanas Veracruzanas Independientes y la Coordinadora Poblana de Mujeres de Organismos Civiles manifiestan que Adelaida Amayo Aguas, madre de cinco hijos, era integrante del Consejo Radiofónico Indígena Nahua y encargada de gestionar créditos para proyectos productivos ante la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Por cruel ironía, este nuevo feminicidio contra una indígena de Zongolica fue descubierto un día antes de que venciera el plazo para que los familiares de Ernestina Ascensión Rosario pudieran interponer un amparo, y evitar que la muerte de la mujer de 73 años quedara impune, luego de que el Presidente de la República "decretó" en entrevista con La Jornada, que doña Ernestina había muerto de "gastritis".

Los colectivos feministas "repudian categóricamente el veredicto de la Procuraduría General de Justicia de Veracruz (PGJV), el cual afirma que Ernestina no fue violada ni asesinada. Condenamos la actitud de Emeterio López Márquez, procurador general, y de Fidel Herrera Beltrán, gobernador del estado, quienes al dar por concluido el caso de violación tumultuaria, tortura y asesinato por militares, favorecieron la impunidad y el no ejercicio del imperio de la ley y del estado de derecho".

Herrera Beltrán, señalan, "ejerció su estrategia cómplice de aislamiento contra los familiares de Ernestina. Impidió un derecho fundamental de la víctima y de los agraviados, de acuerdo al artículo 21 constitucional. Es altamente preocupante que Herrera Beltrán se haya arrogado el papel de representante de la voluntad de los familiares de Ernestina, y que públicamente haya declarado que éstos firmaron de conformidad la decisión del no ejercicio de la acción penal y el cierre del caso".

Como documentó este diario, el 30 de abril, cuando se dio a conocer formalmente el fin de la investigación de la PGJV, los familiares de Ernestina fueron conducidos fuera de sus domicilios por agentes policiacos de Veracruz, y se les aisló de la prensa y las organizaciones de los derechos humanos. El 22 de mayo se agotó el plazo para que los familiares pudieran interponer el recurso de amparo.

"Se han negado derechos fundamentales al proceso legal. El sistema de justicia y el estado de derecho protegieron a los militares violadores y asesinos", agregan los organismos civiles, que consideran "indignante" que el titular de la desaparecida fiscalía especial para el caso, Juan Alatriste Gómez, declarara: "Se agotó el plazo jurídico para impugnar el fallo sobre la muerte de Ernestina y nadie presentó ningún recurso. Ya no hay recursos legales para reabrirlo, está totalmente cerrado. El expediente quedó archivado", afirmó el fiscal.

Complicidad federal

Los colectivos señalan: "estas violaciones al estado de derecho confirman que los integrantes del Ejército cuentan con el apoyo total del Poder Ejecutivo y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos". Denuncian que el presidente Felipe Calderón, a quien llaman "espurio", atenta contra el estado de derecho y la convivencia democrática. "Atenta gravemente contra la vida de las mujeres indígenas, y silencia las voces democráticas", y advierten: "Las organizaciones sociales continuaremos con la denuncia de la violación de los derechos humanos y de los asesinatos y violaciones de las mujeres indígenas de la sierra de Zongolica".

La denuncia concluye con las siguentes palabras en náhuatl: "Pinome xoxoque no pan omotlamotlaque" ("soldados de vestido verde se me echaron encima"). Nada menos que el testimonio de Ernestina Ascencio Rosario antes de morir, desoído por el Ministerio Público, y después por los ejecutivos federal y veracruzano, junto con el aparato judicial.