EPR

Carlos Montemayor /I

Más grave que los grupos guerrilleros es la política económica que ha estado empobreciendo al país. La guerrilla no inicia esta violencia; es la fase armada y final de una violencia que desencadenan, de manera cruel, las políticas que imponen los grupos de poder, indica el investigador Carlos Montemayor. En la imagen, el EPR en el vado de Aguas Blancas Foto: Archivo/Francisco Olvera

La guerrilla es siempre un fenómeno social. Es una parte destacada y álgida de ciertos procesos regionales o supraregionales. Sin embargo, por su estructura clandestina, por su capacidad de fuego, por su configuración como fuerzas de autodefensa o ejércitos populares, la opinión pública, los discursos oficiales y los análisis de gobierno eliminan sistemáticamente la vinculación de la guerrilla con procesos sociales concretos y la convierten en delincuencia o criminalidad injustificable. Al eliminar como uno de los rasgos esenciales su naturaleza social, se aleja la actitud oficial o gubernamental de la obligación de emprender un análisis social y político más a fondo y reduce su respuesta a medidas de represión selectiva o desbordada.

Esta visión reduce el análisis de los movimientos subversivos a un mecanismo simple: evaluarlos por su capacidad de fuego, no por su significación política. Por lo tanto, los gobiernos buscan aniquilarlos sin proponerse ningún cambio político. Y tal decisión de aniquilarlos aparece como la única solución posible y al mismo tiempo como justificación de arbitrariedades sin límite.

Por ello he venido explicando durante muchos años que las fallas de Seguridad Nacional no pueden reducirse a la lenta o fallida detección militar o policiaca de focos guerrilleros. Porque hay una violencia previa, una violencia política y económica que debilita, empobrece y confronta a la sociedad. El riesgo que corre el país con los grupos armados no es tan grave como el que corre con las cúpulas de poder político y económico que han generado la corrupción en México. Más grave que los grupos guerrilleros es la política económica que ha estado empobreciendo al país. La guerrilla no inicia esta violencia; la guerrilla es la fase armada y final de una violencia que desencadenan, de manera cruel y letal, las políticas que imponen los grupos de poder.

Para que desaparezcan organizaciones como el EPR no bastan medidas militares. Con la hipotética desaparición de los grupos guerrilleros no desaparecerían las necesidades sociales y políticas de México ni la pobreza y la corrupción que son en sí mismas la base de la injusticia permanente e institucionalizada que llamamos paz social y estabilidad social.

Los atentados del EPR en instalaciones de Pemex y la campaña de hostigamiento que expresa el comunicado del día 10 de julio es resultado precisamente de la visión reducida de considerar los movimientos guerrilleros desde una perspectiva policial y no a partir de un análisis político y social. Esta visión restringida facilita el resurgimiento de algunos rasgos dominantes de la guerra sucia: la desaparición forzada de personas. El comunicado del EPR pide que se presenten con vida dos miembros de esa organización: Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, este último llamado también Raymundo Rivera Bravo. El comunicado los considera "detenidos-desaparecidos desde el 25 de mayo en Oaxaca". Las autoridades oaxaqueñas y federales negaron de inmediato que esas personas se encuentren entre los detenidos del fuero común o del fuero federal. Pero precisamente no se trata de detenidos, sino de desaparecidos. De ahí el reclamo de que sean presentados con vida.

En su Indicador Político, del día 11 de julio, Carlos Ramírez recordó que el columnista oaxaqueño Pedro Ansótegui informó de un operativo policiaco y militar realizado el 24 del pasado mes de mayo en la ciudad de Oaxaca. Releamos algunos párrafos de la columna de Carlos Ramírez. Dice así: "alrededor del mediodía de ese día (el 24 de mayo) la Unidad policiaca de Operaciones Especiales del estado arribó al hotel del Arbol por la presunta presencia de un 'grupo armado'. Un poco después llegó una unidad del Ejército. Un boletín informó la aprehensión de cuatro personas, oficialmente reveladas como policías ministeriales de Chiapas que no habían entregado su oficio de comisión a la procuraduría estatal. Sin embargo, datos de organizaciones políticas concluyeron que se trató no de policías sino de una célula guerrillera armada. Ahí detuvieron a Gabriel Cruz Sánchez, jefe del EPR, y hermano de Tiburcio Cruz Sánchez, mejor conocido como Tiburcio Cerezo, también jefe guerrillero, asesor militar del EZLN y vinculado al Comité pro Liberación de los Hermanos Cerezo, presos bajo cargos de acciones guerrilleras con bombas. Si las autoridades locales hablaron de una confusión con policías ministeriales, el comunicado del EPR señala que Edmundo Reyes Amaya y Raymundo Rivera Bravo o Gabriel Alberto Cruz Sánchez están desaparecidos desde el 25 de mayo. Es decir, desde el operativo del 24."

Observemos que Carlos Ramírez recalca: "es decir, desde el operativo del 24". Pero el comunicado señala, en cambio: "desde el 25 de mayo en Oaxaca", no desde el día 24. En efecto, en Oaxaca las paredes no sólo oyen, sino también miran. Las filtraciones de información en esa entidad y en muchas regiones del país no son cosa nueva, son algo natural en un tejido social tan complejo como es el de nuestro país. Pues bien, se filtró en ciertos círculos policiales de Oaxaca que el día 25 se encontraban en las mazmorras de la Procuraduría oaxaqueña, detenidos y en muy malas condiciones, dos miembros del EPR. La entrada y salida de médicos fue un indicador del estado de gravedad de los detenidos. Ese mismo día ambos fueron sacados de las mazmorras en camillas y transportados a la ciudad de México, presumiblemente al Campo Militar número uno, dada la presencia en ese momento de miembros del Ejército.

El comunicado del EPR habla por ello de "detenidos-desaparecidos" el día 25, no el 24, pues el 25 fue el último día en que se les vio a los dos. El reclamo de que sean presentados con vida tiene una lógica precisa: intentan que el gobierno demuestre que no está resurgiendo la guerra sucia, cuyo dato relevante, aunque ya no exista la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, es precisamente el de la desaparición forzada de personas.

Es curioso que un día antes del operativo mencionado por Carlos Ramírez y Pedro Ansótegui, el día 23 de mayo del año 2007, Amnistía Internacional, sección México, encabezada por Liliana Velásquez, presentara el capítulo dedicado a nuestro país de su informe 2007, donde se enumeró lo siguiente: "continuaron tortura, detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y procedimientos judiciales sin garantías, sobre todo en los estados: asimismo, fracasaron las acciones para esclarecer las violaciones del pasado y procesar a los responsables". También Liliana Velásquez observó que las "operaciones policiales masivas contra manifestantes se saldaron con violaciones graves de derechos humanos". En relación con el conflicto de Oaxaca, el informe refirió que "se constituyó la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) para apoyar a los docentes y exigir la renuncia del mandatario estatal, y ocuparon edificios oficiales, emisoras de radio y de televisión. Informes dan cuenta que policías vestidos de civil dispararon contra partidarios de la APPO, causando la muerte de al menos dos personas. Durante la crisis hubo tortura, detenciones arbitrarias e incomunicación a maestros y partidarios de esa organización civil. En octubre, policías atacaron varias barricadas, con saldo de tres civiles muertos y muchos heridos; 4 mil 500 integrantes de la Policía Federal Preventiva entraron a la ciudad. En noviembre se detuvo a 140 personas; muchas no habían participado en los hechos que se les imputaban".

En cuanto al operativo policiaco efectuado el 3 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, el informe señalaba que "la policía utilizó gas lacrimógeno y armas de fuego contra miembros de la comunidad y detuvo, durante los días que duró la operación, a 211 personas, muchas de las cuales fueron reiteradamente golpeadas y torturadas mientras se les trasladaba a la prisión".

Apuntó que de las 47 mujeres que fueron detenidas y trasladadas a la cárcel, "al menos 26 de ellas denunciaron ante la CND que fueron objeto de agresión sexual o violación por parte de policías. Al finalizar el año, sólo se habían fincado cargos menores contra uno de los agresores".

Es significativo que Amnistía Internacional expresara que el presidente Felipe Calderón "no ha mostrado voluntad para elaborar programas que atiendan las graves violaciones" en derechos humanos y que "lo más importante es demostrar con hechos que no tolerará otro Atenco o Oaxaca".

Pues bien, el origen del comunicado del EPR y de los atentados a Pemex derivan todavía, como lo veremos en la próxima entrega, del caso Oaxaca.