Escenarios de impunidad

Proceso
jorge carrasco araizaga

México, D.F. (apro).- La absolución de Luis Echeverría Álvarez por la matanza del 2 de octubre de 1968 es un anticipo de lo que se puede esperar en materia de derechos humanos en el sexenio.

Si en esa masacre fue imposible determinar responsables y mucho menos encausarlos, lo que ocurra con las violaciones a las garantías fundamentales en la “guerra” de Felipe Calderón contra el narcotráfico –y tal vez contra la guerrilla– tiene por anticipada la impunidad.

La exoneración de Echeverría evidenció también los criterios contradictorios y veleidosos con que la justicia mexicana, incluida la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), resolvió dos de los casos más emblemáticos de la represión del régimen autoritario del PRI: la matanza de Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968, y “El Halconazo”, como se conoce a la otra masacre estudiantil, la ocurrida en San Cosme el 10 de junio de 1971.

En la masacre cometida por ese grupo paramilitar creado cuando Echeverría era secretario de Gobernación pero que actuó cuando éste ya era presidente de la República, la magistrado Herlinda Velasco Villavicencio, titular del Quinto Tribunal Unitario en Materia Penal Federal, absolvió en julio de 2005 al expresidente por considerar que la fiscalía para la “guerra sucia” no pudo acreditar que esos hechos constituyeron un delito de genocidio.

Dos años después, el pasado jueves 12 de julio, otro magistrado, Jesús Guadalupe Luna Altamirano, titular del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal, determinó que la matanza del 68 sí fue un genocidio.

Lo peor fue que no hubo nadie a quien procesar, pues el magistrado no encontró “absolutamente ninguna prueba” de la participación de Echeverría en los sucesos.

Ese doble rasero de la justicia penal federal, pero también la inconsistente acusación del exfiscal Ignacio Carrillo Prieto sobre genocidio, garantizó que el expresidente, de 85 años, quedara prácticamente exonerado por esas matanzas del autoritarismo priista.

Aunque esos hechos ocurrieron hace casi cuatro décadas, forman parte de la misma impunidad que caracterizó al gobierno de Vicente Fox y que está siendo la impronta del sexenio calderonista, sobre todo en relación con el Ejército.

Según dijo el exfiscal Ignacio Carrillo Prieto en una entrevista publicada por Proceso en abril pasado (1590), Fox negoció con el PRI la toma de posesión de Felipe Calderón en medio de la incertidumbre por el cambio de gobierno, en diciembre de 2006.

La ficha de cambio fue la consignación del expediente en el que según Carrillo iba a solicitar las órdenes de aprehensión de seis o siete militares de alto rango, por su presunta responsabilidad en la muerte de 80 personas, víctimas de la guerra sucia en Guerrero.

De ser cierta la acusación, en esa concertación habría participado el propio Calderón, pues su toma de posesión sólo fue posible por la activa participación del Ejército y del Estado Mayor Presidencial (EMP).

No pasó mucho tiempo para que surgieran las primeras muestras de impunidad en materia de violaciones a los derechos humanos en este sexenio en relación con los militares.

Lo primero que hizo Calderón fue exculpar –sin pruebas, según demostró el Instituto de Acceso a la Información Pública Gubernamental– a los militares señalados como responsables de la violación y muerte de una anciana indígena en la sierra de Zongolica, Ernestina Ascencio Romero.

Después, permitió que la justicia militar se hiciera cargo de la investigación por la ejecución extrajudicial de una familia –incluidos tres menores de edad– en Sinaloa a manos de un pelotón del Ejército.

Le siguió, a fines del mes pasado, la liberación del general Mario Alberto Acosta Chaparro, proceso por delitos contra la salud, pero señalado como uno de los principales responsables de la guerra sucia en Guerrero.

Acosta Chaparro, según lo dicho por Carrillo, habría sido uno de los beneficiarios de aquel pacto entre PRI y PAN. Está por verse si en ese acuerdo están incluidos los gobernadores de Oaxaca, Ulises Ruiz, y Puebla, Mario Marín.

Ambos partidos se beneficiaron no sólo de aquella negociación, sino también de la liberación de Echeverría. La complicidad les conviene mutuamente, pues a cambio de estabilidad, el PAN permite que Echeverría, el padre político de Beatriz Paredes, la presidenta del PRI y cercana a Calderón, quede formalmente libre de cargos, aunque la historia hace tiempo que ya lo condenó. (13 de julio de 2007)