Explosiones

Jaime Avilés

En el portal electrónico de la Secretaría de la Defensa Nacional se destacan las acciones militares realizadas por el Ejército durante la última semana: el 7 de septiembre, “aseguramiento de más de cinco toneladas de mariguana” en un poblado fronterizo de Tamaulipas y en otro de Sonora. El 10 de septiembre, captura de “más de dos toneladas de mariguana en Tamaulipas y más de 24 mil pastillas sicotrópicas en Sinaloa”. Y el 11 de septiembre, de nuevo decomiso “de más de cuatro toneladas de mariguana, 33.1 kilos de heroína y diverso armamento en los estados de Tamaulipas, Durango y Sonora”.

Muy bien. Es el reporte de una eficiente policía antinarcóticos, que no tiene facultades constitucionales para actuar como tal, pero lo hace con tenacidad y constancia. Sin embargo, esa no es la información que cabría esperar tras el accidente del domingo pasado por la noche, cuando en una carretera de Coahuila un camión cargado de explosivos chocó, se incendió y provocó el estallido de un cuantioso volumen de productos químicos elaborados en esa región, que genera 10 por ciento de la energía eléctrica del país, pero cada vez sufre peores desgracias en señal del abandono institucional en que se encuentra: allí están el derrumbe de Pasta de Conchos que causó la muerte de 65 barreteros (febrero de 2006); la violación tumultuaria de 14 prostitutas por miembros del Ejército en el poblado de Castaños, cerca de Múzquiz (julio de 2006), y ahora esto.

Para el gobernador Humberto Moreira Valdés, el accidente que causó la muerte de decenas de personas dejó heridas a centenares y destruyó numerosos vehículos detenidos por fuerza cerca del camión, debe ser investigado porque en México, afirmó, “está prohibido que los cargamentos de explosivos circulen de noche y sin autos insignia”. Menos mal, añadió, que la tragedia ocurrió en el campo (lo que no salvó de una muerte instantánea a muchos viajeros, entre ellos tres jóvenes periodistas, ni de quedar sordos para siempre a por lo menos 15 individuos), pero, ¿qué tal que la detonación, preguntó, se hubiera producido en una ciudad?

Sí, qué alivio, qué bueno que no fue así, pero qué miedo porque puede repetirse si la sociedad no exige acciones concretas e inmediatas para evitarlo. El tráfico de explosivos destinados a obras civiles de ingeniería o de minería es responsabilidad de la Secretaría de la Defensa. Por tanto, de la explosión en Coahuila tiene que responder el titular de esa dependencia, general Guillermo Galván Galván. El Senado de la República debe llamarlo y pedirle que informe y esclarezca el absurdo misterio, que señale quiénes incumplieron con su deber en este caso y que despeje todas las dudas y temores que existen.

La indiferencia del Congreso de la Unión ante este episodio prolonga el eco del silencio que el Ejecutivo federal mantiene sobre el doloroso tema. Pero éste es el México de Felipe Calderón, donde al día siguiente del estallido en Coahuila volvieron a explotar ductos de Petróleos Mexicanos, en puntos nodales estratégicos de la red, con una precisión que implica conocimiento íntimo de la infraestructura de la paraestatal. En otras palabras, quienes diseñaron los supuestos atentados lo hicieron desde dentro de Pemex, lo que sólo agudiza las sospechas sobre la participación de las autoridades federales en una operación que le reporta al menos tres dividendos inmediatos: contribuye a elevar el precio del crudo en el mercado internacional, aumenta el deterioro físico de una empresa que la gente de Los Pinos tiene como misión privatizar y, lo más obvio, pretende generar temor para inhibir la movilización de un pueblo cada vez más indignado, lastimado y hambriento.

Ineficacia, prepotencia y voracidad son los rasgos característicos del grupo que se robó las elecciones el 2 de julio del año pasado para apoderarse de la fuerza coercitiva del Estado y usarla en su provecho de la manera más temeraria e irresponsable. Otro ejemplo: desde el sexenio de Vicente Fox, la Secretaría de Educación Pública –a cargo de Reyes Tamez Guerra, actualmente acusado por el desvío de más de mil 500 millones de pesos que no aplicó en el programa de los pizarrones electrónicos de la Enciclomedia– inició el desmantelamiento de la dirección general de Educación Indígena, tarea que le fue encomendada al ultraderechista Lorenzo Gómez Morin, titular entonces de la subsecretaría de Educación Básica, autor de aquella frase imborrable según la cual se negaba a otorgar subsidios institucionales, aprobados por el Congreso de la Unión, para ayudar a las estudiantes de secundaria embarazadas porque no estaba dispuesto a “premiarlas por putas”.

Hoy, el puesto de Gómez Morin lo ocupa José Fernando González Sánchez, yerno de Elba Esther Gordillo, que en lo que apenas va del actual e incierto sexenio ha nombrado ya a tres directores de Educación Indígena, el último de los cuales, actualmente en funciones, es un profesor de gimnasia que llegó a ese cargo no por su trayectoria pedagógica, sino porque es maya de origen. Pues bien, al igual que sus antecesores este individuo prosiguió la labor de sacar a los empleados de base de esa dirección del edificio donde laboraban hace décadas, en la calle Azafrán, colonia Granjas México, delegación Azcapotzalco, para separarlos en dos locales, uno en Obrero Mundial 358 y otro en avenida Cuauhtémoc 614, que según distintos peritajes “presenta graves fallas estructurales” desde el terremoto de 1985.

Ante el peligro que significa trabajar en un edificio así, los trabajadores solicitaron la intervención del Gobierno del Distrito Federal que, en efecto, por órdenes de Marcelo Ebrard, envió inspectores de Protección Civil para que verifiquen si el inmueble podría resistir un nuevo sismo sin poner en riesgo la vida de sus ocupantes. La respuesta de la SEP fue prohibir el acceso a los inspectores del GDF, arguyendo que el edificio “es zona federal”. Esta historia sin duda continuará, pero lo que no se entiende es por qué no ha intervenido en el asunto Josefina Vázquez Mota, a quien los afectados le han girado numerosas cartas sin obtener ninguna respuesta.

Si a todo lo anterior y a muchísimas cosas más que ya sabemos –la inflación, el precio de la tortilla, el desempleo galopante, los crímenes seriales del gobernador de Oaxaca, la complicidad del gobernador de Puebla y del arzobispo primado de México con empresarios y curas pederastas, la aceptada culpa del IFE en el fraude electoral, el descrédito de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el lavado de 204 millones de dólares de Ye Gon, el asesinato de la anciana de Zongolica y de una familia en Sinaloa por elementos de la Sedena, por decir lo mínimo– si a todo esto, repito, agregamos el incremento de 5.5 por ciento al precio de la gasolina, y el aumento de sueldo de 50 mil pesos mensuales que simultáneamente se autoconcedió Calderón, comprenderemos por qué esta noche en el Zócalo un pueblo tan agraviado como el mexicano manifestará su enojo profundo con impredecible intensidad.