Reforma sin padres

Carlos Fernández-Vega

Los efectos colaterales del impuesto a los combustibles los pagarán los más pobres

Banamex, sin dinero para Hacienda, pero sí para comprar Aeroméxico

Sin padre públicamente reconocido (aunque todos saben que se hospeda en Los Pinos), el impuesto “especial” a las gasolinas y el diesel fue legalizado con la decidida intervención de los padrinos tricolores y blanquiazules en San Lázaro. Que el aumento es “pequeñito”, paulatino y a largo plazo (18 meses, hasta redondear 5.5 por ciento de incremento) y que por lo mismo no será inflacionario ni desencadenará alzas en cadena.

Eso dicen, de forma por demás vergonzante, de una iniciativa que ahora es ley, la cual, según su versión, nadie sabe cómo se coló en el Palacio Legislativo de San Lázaro, se posó en los escritorios de los diputados, llegó a comisiones, aterrizó en el pleno y, sin padre ni madre (especialmente ésta última), se aprobó con voto mayoritario.

Allá por noviembre de 2006, a pocos días del cierre sexenal del “cambio” y el arranque (si es que ello ha sucedido) de la “continuidad”, los mexicanos todos sufrimos el embate de la horda neoliberal: una desenfrenada alza en los precios de los artículos de consumo popular, coronados con el incremento a las gasolinas. El entonces vocero presidencial, Rubén Aguilar, aseguraba “los pobres no usan gasolina Premium”, de tal suerte que el aumento en los combustibles “no impactará en la inflación”.

Como es costumbre, la realidad desmintió tajantemente al susodicho vocero y a lo que él representaba. Vino el tortillazo de enero de 2007, posterior al lechazo (leche Liconsa) y a todos los azos en productos básicos registrados en los primeros días de la “continuidad”. Y nueve meses después, nació otro hijo sin padre, pero con muchos padrinos, según las crónicas de sociales: el segundo gasolinazo de la “continuidad”, con 5.5 por ciento de aumento.

Los padrinos también desvarían: previo a su aprobación, este nuevo incremento, vestido de impuesto “especial”, era a todas luces inflacionario. Palomeado el gravamen, ya no será inflacionario, porque su aplicación será paulatina. Y ambos señalamientos provienen de la misma institución, el Banco de México, encargada de maquillar y polvear el crecimiento de precios.

Pues bien, remitámonos al estudio elaborado por la propia Cámara de Diputados (El impacto en los hogares del país por la aplicación del impuesto local a las ventas finales a la gasolina y el diesel) sobre el efecto inflacionario del nuevo impuesto “especial” a los combustibles, que desde mediados de agosto fue distribuido entre los legisladores en San Lázaro por instrucciones de la ahora presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara, Ruth Zavaleta:

El gasto promedio mensual de los hogares mexicanos para el consumo de gasolina y diesel está altamente concentrado en los más ricos. En promedio, el conjunto de los hogares en el país erogó (2006) 7 mil 775 millones de pesos mensuales en dichos combustibles. De este total, los hogares con ingresos más bajos gastaron en promedio 34 millones de pesos en gasolina y diesel, mientras los de ingresos más altos 3 mil 262 millones.

Cada hogar del país gastó 293 pesos mensuales en gasolina y diesel en promedio. Por deciles de ingresos, los hogares con los ingresos más bajos del país erogaron 13 pesos mensuales por gasolina y diesel, y mil 229 pesos los más ricos.

La participación de cada decil (10 por ciento) muestra el alto nivel de concentración del gasto en gasolina y diesel por parte de los hogares con los ingresos más altos que representaron 42 por ciento del total, contra 0.44 por ciento en los de menores ingresos.

Como se observa, el ingreso monetario del país está altamente concentrado en los hogares con los ingresos más altos del país, y como consecuencia de esta conducta, el consumo de gasolina y diesel es realizado mayoritariamente por estos hogares. Esta correlación entre el ingreso monetario y el consumo de gasolina explica que el pago del impuesto a la gasolina y el diesel en nuestro país tiene un carácter progresivo, es decir, recae en una mayor proporción en los hogares con los ingresos más altos del país.

Hasta allí, aparentemente el impuesto a los combustibles sería equilibrado, porque lo paga quien más ingreso tiene. Sin embargo, los efectos colaterales de dicho gravamen ya no hacen justa ni progresiva su aplicación. En este sentido, el análisis de referencia señala que la participación del gasto en gasolina, diesel y transporte público en el ingreso monetario de los hogares del país modifica la primera percepción.

Con base en las estimaciones realizadas a partir de la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares 2006, se observa que los hogares con los ingresos más bajos destinaron en promedio mensual 12.18 por ciento de su ingreso monetario para el consumo de gasolina, diesel y transporte público, mientras los de ingresos más altos canalizaron, también en promedio mensual, 4.63 por ciento para el mismo fin.

Al analizar el impacto social que tendría la aplicación de un impuesto “especial” a los combustibles se observa que el ingreso monetario de los hogares más pobres del país se vería afectado en mayor proporción que el ingreso monetario de los hogares más ricos del país, porque es de esperarse que esta contribución incremente el precio del transporte público. Ello, sin considerar la reacción en cadena en los precios de otros productos y servicios.

Y se aprobó.

Las rebanadas del pastel

¡Sorpresa!: en el contexto de las tradicionales “medidas dolorosas, pero necesarias”, los consumidores deberán pagar algo así como 20 mil millones de pesos por el impuesto “especial” a gasolinas y diesel, porque “no hay dinero y se requiere pagar la deuda social” (Calderón dixit). Pues bien, en tan sólo seis meses de 2007, los bancos que operan en el país acumularon utilidades netas por 30 mil 361 millones de pesos, pero deben al fisco, por impuestos diferidos (causados, pero no enterados), casi 11 mil millones, 80 por ciento de ellos correspondientes a Bancomer y Banamex (que no tiene dinero para Hacienda, pero sí para comprar Aeroméxico), la mitad del saqueo autorizado en contra de esos consumidores. ¿Justicia y equidad fiscales? Ja, ja, ja.