ANPAP-EL BARZÓNALIANZA NACIONAL DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y PESQUEROS, A.C.
EXIGIMOS DECLARATORIA DE EMERGANCIA NACIONAL EN MATERIA DE PRECIOS DE ALIMENTOS
El día de hoy el gobierno de Felipe Calderón anunció que se congelarán los precios de 150 productos a través de un convenio firmado con la CONCAMIN; sin embargo, las crisis anteriores nos muestran que no existe certeza alguna de que los empresarios cumplan su palabra, máxime cuando el gobierno no tiene ningún mecanismo para sancionar los abusos que se presentan en contra de los consumidores de todo el país.
Mas aun, el gobierno mexicano ha renunciado a jugar un papel activo para elevar la producción de alimentos y ha apostado todo al beneficio de los grandes importadores y los monopolios comerciales.
El próximo día 25 de junio, el Barzón y diversos grupos de vecinos del área metropolitana del Valle de México iniciarán las primeras protestas frente a la Secretaría de Economía por el alza de precios a los alimentos. Las grandes tiendas comerciales han desatado una verdadera escalada de aumentos en los precios de la canasta básica que está repercutiendo en la economía de las familias mexicanas.
Es urgente que el Congreso de la Unión y el Ejecutivo Federal emitan una declaración de emergencia en materia de los precios de los alimentos. Solo asumiendo la gravedad de la situación que vivimos, podremos poner en marcha un verdadero programa para evitar que en los próximos meses la situación económica se agrave. Este programa debe verse reflejado en las asignaciones presupuestales y en una estrategia de cambio estructural para elevar la productividad de maíz, frijol, leche, trigo huevo y carnes.
En una primera revisión que hemos realizado en tiendas como Wall-Mart, Comercial Mexicana, y Chedrahui, en once de los productos que integran la canasta básica, de enero a junio, los precios han aumentado entre un 15 y un 28%, lo que ya esta provocando que las familias estén dedicando un porcentaje de alrededor de 40% de su ingreso a la compra de alimentos o están reduciendo el consumo de nutrientes.
El gobierno carece de mecanismos legales y económicos para evitar la especulación y castigar los responsables. La PROFECO se ve permanentemente incapacitada para evitar los abusos a la economía familiar, lo cual repercute en un deterioro de la calidad alimenticia y de vida de las familias. Para el gobierno de Felipe Calderón las grandes cadenas comerciales se han convertido en los únicos proveedores de alimentos para las zonas urbanas y conurbanas. El gobierno ha demostrado, como lo realizo cuando el acaparamiento de la tortilla en enero del 2007 que no está dispuesto a castigar a los que trafican con el hambre y la necesidad de comida de los mexicanos. Los grandes empresarios no han demostrado una disposición de disminuir las enormes utilidades de su actividad comercial.
El anuncio del día de hoy solo forma parte de una estrategia publicitaria pero no atiende las verdaderas causas de la grave carestía. Al igual que el que el programa anunciado el pasado domingo 25 de mayo para rescatar la economía familiar, Felipe Calderón deja sin ningún apoyo real a millones de consumidores que no viven en zonas de alta y muy alta marginación, pero que sufren de graves problemas de pobreza y principalmente pobreza alimentaria.
No es posible ya que el gobierno siga consintiendo a acaparadores y especuladores, que siga decidiendo a donde deben comprar las familias sus alimentos, que sean beneficiados pocos cuando la mayoría de los jefes de familia enfrentan día a día mayores problemas para proveer de alimentos verdaderamente nutritivos a sus hijos y los adultos mayores siguen destinando casi la totalidad de sus pensiones para sus comidas, cada vez más raquíticas.
Lo más importante ahora es iniciar en las distintas colonias, barrios y unidades habitacionales la constitución de los Comités por el Derecho a la Alimentación con el propósito de que el Congreso de la Unión emita un decreto de emergencia por la crisis alimentaria y elabore un verdadero programa que permita el incremento de la productividad del campo mexicano y la adquisición de alimentos a precios justos, junto con la entrega de un BONO ALIMENTICIO que ayude a la economía de las familias.
ALFONSO RAMÍREZ CUELLAR
PRESIDENTE NACIONAL
ANPAP-BARZÒN
Mas aun, el gobierno mexicano ha renunciado a jugar un papel activo para elevar la producción de alimentos y ha apostado todo al beneficio de los grandes importadores y los monopolios comerciales.
El próximo día 25 de junio, el Barzón y diversos grupos de vecinos del área metropolitana del Valle de México iniciarán las primeras protestas frente a la Secretaría de Economía por el alza de precios a los alimentos. Las grandes tiendas comerciales han desatado una verdadera escalada de aumentos en los precios de la canasta básica que está repercutiendo en la economía de las familias mexicanas.
Es urgente que el Congreso de la Unión y el Ejecutivo Federal emitan una declaración de emergencia en materia de los precios de los alimentos. Solo asumiendo la gravedad de la situación que vivimos, podremos poner en marcha un verdadero programa para evitar que en los próximos meses la situación económica se agrave. Este programa debe verse reflejado en las asignaciones presupuestales y en una estrategia de cambio estructural para elevar la productividad de maíz, frijol, leche, trigo huevo y carnes.
En una primera revisión que hemos realizado en tiendas como Wall-Mart, Comercial Mexicana, y Chedrahui, en once de los productos que integran la canasta básica, de enero a junio, los precios han aumentado entre un 15 y un 28%, lo que ya esta provocando que las familias estén dedicando un porcentaje de alrededor de 40% de su ingreso a la compra de alimentos o están reduciendo el consumo de nutrientes.
El gobierno carece de mecanismos legales y económicos para evitar la especulación y castigar los responsables. La PROFECO se ve permanentemente incapacitada para evitar los abusos a la economía familiar, lo cual repercute en un deterioro de la calidad alimenticia y de vida de las familias. Para el gobierno de Felipe Calderón las grandes cadenas comerciales se han convertido en los únicos proveedores de alimentos para las zonas urbanas y conurbanas. El gobierno ha demostrado, como lo realizo cuando el acaparamiento de la tortilla en enero del 2007 que no está dispuesto a castigar a los que trafican con el hambre y la necesidad de comida de los mexicanos. Los grandes empresarios no han demostrado una disposición de disminuir las enormes utilidades de su actividad comercial.
El anuncio del día de hoy solo forma parte de una estrategia publicitaria pero no atiende las verdaderas causas de la grave carestía. Al igual que el que el programa anunciado el pasado domingo 25 de mayo para rescatar la economía familiar, Felipe Calderón deja sin ningún apoyo real a millones de consumidores que no viven en zonas de alta y muy alta marginación, pero que sufren de graves problemas de pobreza y principalmente pobreza alimentaria.
No es posible ya que el gobierno siga consintiendo a acaparadores y especuladores, que siga decidiendo a donde deben comprar las familias sus alimentos, que sean beneficiados pocos cuando la mayoría de los jefes de familia enfrentan día a día mayores problemas para proveer de alimentos verdaderamente nutritivos a sus hijos y los adultos mayores siguen destinando casi la totalidad de sus pensiones para sus comidas, cada vez más raquíticas.
Lo más importante ahora es iniciar en las distintas colonias, barrios y unidades habitacionales la constitución de los Comités por el Derecho a la Alimentación con el propósito de que el Congreso de la Unión emita un decreto de emergencia por la crisis alimentaria y elabore un verdadero programa que permita el incremento de la productividad del campo mexicano y la adquisición de alimentos a precios justos, junto con la entrega de un BONO ALIMENTICIO que ayude a la economía de las familias.
ALFONSO RAMÍREZ CUELLAR
PRESIDENTE NACIONAL
ANPAP-BARZÒN
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