La solidaridad es la ternura de los pueblos
Desde hace algunos años, somos testigos de una escalada represiva por parte del Estado mexicano y los poderes político, económico y mediático en contra de los movimientos sociales y sus dirigentes. A contrapelo del discurso de la pretendida "normalidad democrática" y respeto de los Derechos Humanos, que presuntamente imperan en México, la persecución, el hostigamiento, la difamación y la criminalización conforman prácticas frecuentes y predilectas para dar respuesta a las demandas de justicia social. En este sentido, la represión criminal ejercida por el Estado mexicano en contra de las y los integrantes de los movimientos de San Salvador Atenco y Oaxaca, resulta paradigmática por su brutalidad, pues en ella se han perpetrado crímenes y violaciones a los Derechos Fundamentales de las personas que incluyen el asesinato, y la violación sexual de personas detenidas y sometidas.
El pasado 1 de marzo comenzaron a circular noticias que daban cuenta del ataque del ejército colombiano a un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo (FARC-EP) en territorio ecuatoriano. Desde el principio se supo que nunca hubo un combate entre la guerrilla y los militares, sino que fue una masacre perpetrada por el ejército colombiano con armamento de tecnología de punta e inteligencia, proporcionados por el gobierno estadounidense desde una base militar cercana (Tres Esquinas), violando el territorio y la soberanía de Ecuador.
A los pocos días, comenzó a difundirse que había mexicanos muertos y heridos en la masacre. Pronto circularon en prensa y televisión las imágenes de Lucia Andrea Morett Álvarez, al ser rescatada en el sitio por el ejército ecuatoriano, y se confirmó que Verónica Natalia Velásquez Ramírez, Fernando Franco Delgado, Juan González Del Castillo y Soren Ulises Avilés Ángeles habían fallecido.
Desde entonces, con tono inquisitorial, se ha cuestionado la presencia de los estudiantes mexicanos en un campamento de las FARC-EP, en Ecuador. La respuesta es clara, ellos estaban allí por una sola razón: buscaban abrir brechas, desde la solidaridad y la investigación académica y social comprometida en los caminos de la liberación latinoamericana; estaban allí tratando de contribuir a la edificación de la Patria Grande. Esa patria por la que apostaron sus vidas personajes como Bolívar, Martí, Sandino, Mariátegui y el "Che". Estaban ahí, por su compromiso con la justicia y la verdad; por un esfuerzo para conocer de manera directa y sin mediaciones la realidad de opresión que vive Nuestra América, y su lucha a favor del cambio social. Ellos fueron fieles al ideal de trabajar para lograr una sociedad donde imperara la justicia y la dignidad de los pueblos.
Apenas se supo de su muerte, los poderes político, económico y mediático, desataron una campaña de linchamiento, satanización y hostigamiento (terrorismo mediático, tal cual ha sido definido por la "Declaración de Caracas"). Esta campaña de odio e intolerancia se ha dirigido por igual contra los muchachos asesinados y sus padres; contra las sobrevivientes de la masacre; contra sus compañeros de solidaridad y lucha social; y hasta contra la Universidad Nacional Autónoma de México y algunas de sus actividades sustantivas. Además, no han perdido la oportunidad de generar psicosis colectiva al formular paranoicas relaciones con algunos movimientos y líderes sociales, al tratar de vincularlos indebidamente con la insurgencia colombiana.
Como los hechos lo demuestran, esta campaña de odio y terror es orquestada por el gobierno guerrerista de Bush, que utiliza al régimen oligárquico y narco-paramilitar colombiano para azuzar a la ultraderecha rupestre y pro fascista mexicana, con la lamentable complacencia del gobierno mexicano.
En esta campaña de terrorismo mediático se han señalado y acusado, sin razón alguna, a muchas personas, la mayoría ligadas, de una u otra forma, a los movimientos sociales. Retomando esas acusaciones y señalamientos infundados, el señor José Antonio Ortega Sánchez y el señor Guillermo Velasco Arzac, presidentes respectivos de Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Justicia Penal, A.C. y Mejor Sociedad-Mejor Gobierno, A.C., presentaron una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República, basada en información periodística y filtraciones de "organismos de inteligencia", pero sobre todo basada, en sus prejuicios y reducida visión de la realidad social e histórica. En esa denuncia se formulan acusaciones mendaces, ridículas y carentes de sentido común: terrorismo, terrorismo internacional, delincuencia organizada y apología del delito.
Lo que es un hecho, es que en México muchas personas y organizaciones somos solidarios con las luchas de los pueblos latinoamericanos, con los movimientos sociales y con los procesos de unidad e integración regional. Y esta solidaridad es la que la derecha y su gobierno pretenden criminalizar identificándola con terrorismo. Al amparo del esquemático dogma de la guerra contra el terrorismo, impuesto desde el norte, pretenden proscribir y aniquilar una larga tradición de humanismo y hermandad, que ha caracterizado al pueblo mexicano; pretenden prohibir la solidaridad latinoamericana y bolivariana.
También es un hecho que muchos estudiantes, profesores e investigadores, formados fundamentalmente en universidades publicas, desarrollamos investigaciones y actividades académicas que buscan una comprensión más completa de la historia, la cultura, el pensamiento, y las diversas luchas populares y disputas políticas que se despliegan en esta América Nuestra, lo cual posibilita el diálogo, la discusión y la difusión de propuestas alternativas al proceso de globalización capitalista neoliberal que provoca pobreza, marginación, exclusión y muerte en América Latina, el Caribe y el mundo entero.
Así, muchas de nuestras investigaciones y actividades académicas se desarrollan decisivamente dejando de lado el academicismo, que se niega a conocer, discutir y debatir sobre ciertos aspectos conflictivos de la realidad social e histórica, como si no existieran; antes bien, de acuerdo a nuestras convicciones y a nuestra conciencia, desarrolláramos nuestras actividades con tomas de posición claras y evidentes con respecto a los movimientos y procesos políticos y sociales emanados de nuestros pueblos, por la justicia social, la paz y la libertad.
Por todo ello, quienes suscribimos el presente manifiesto, nos oponemos de forma terminante a la intención de criminalizar la conciencia, el pensamiento crítico, la investigación social y la vocación solidaria con las luchas de los pueblos latinoamericanos contra el imperialismo y los gobiernos oligárquicos y opresores, que tienen en Álvaro Uribe, su más fiel representante. A tal grado, que las acciones de su gobierno constituyen actualmente la principal amenaza contra la estabilidad regional.
Somos humanistas y por ello promovemos la solidaridad entre los pueblos y la investigación social comprometida, al igual que lo hicieron los jóvenes mexicanos masacrados junto a integrantes de las FARC-EP.
La conciencia, el pensamiento y la solidaridad no son y no pueden ser tratados como actos delictivos. No renunciamos a nuestro compromiso crítico y solidario e invitamos a todas aquellas personas, organizaciones políticas y sociales, organismos defensores de los derechos humanos y otros movimientos de solidaridad que comparten esta vocación, a manifestar su adhesión a este manifiesto contra la pretensión de la derecha de criminalizar la conciencia, el pensamiento crítico y la solidaridad.
Las adhesiones se recibirán en el siguiente correo electrónico (por favor incluir nombre, dependencia, institución u organización, gracias): nocriminalizacion.solidaridad@gmail.com
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