Boletín Informativo ISA núm 454

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Sumario:

I. Lo que el viento, el TEPJF y el IFE se llevaron, por Lorenzo Meyer

II. Acta por acta, por Carmen Aristegui F.

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LO QUE EL VIENTO, EL TEPJF Y EL IFE SE LLEVARON
por Lorenzo Meyer
(publicado en Reforma el 18 de junio de 2008)

Una herencia de desconfianza fue el resultado del proceso electoral del 2006, las élites que debían organizar y vigilar esos comicios no estuvieron a la altura que se requería

Lo que se perdió

En una sociedad tan material, cultural y políticamente dividida como es hoy la mexicana, un mínimo sentido de responsabilidad obligaba a sus élites a ser en extremo cuidadosas con los pocos elementos de unión de sus integrantes. A partir del 2000, uno de esos elementos fue un consenso significativo sobre las reglas formales del juego político, las democráticas. Sin embargo, seis años después, ese consenso desapareció porque los encargados de sostener las reglas no supieron estar a la altura de su responsabilidad y lo que era el gran acuerdo nacional se lo llevó el viento político.

Responsabilidades

Ese viento político nació de las viejas inercias, de los intereses creados, de la indiferencia de una buena parte de la ciudadanía y del miedo, voracidad y cortedad de miras de las minorías rectoras. Lo tan duramente ganado, que funcionó relativamente bien entre 1997-2000 y seis años más tarde se desvaneció, fue el consenso sobre la credibilidad de las instituciones electorales federales mexicanas.

La responsabilidad fundamental por la reaparición de la desconfianza en el voto la tuvieron sus guardianes: el presidente de la República, el Instituto Federal Electoral (IFE) y, desde luego, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), las dos últimas instituciones dotadas en exceso de recursos públicos pero finalmente carentes del sentido de su responsabilidad histórica, ética y profesional.

Lo que buscó y encontró Crespo

La prueba contundente —aritmética, jurídica y moral— de las graves fallas del IFE y del TEPJF se encuentra en el libro que acaba de publicar José Antonio Crespo: 2006: hablan las actas. Las debilidades de la autoridad electoral mexicana (Random House, 2008). Esta obra ya ha sido reseñada por otros colegas en estas mismas páginas, pero su importancia es tal que se justifica volver e insistir sobre sus tesis y su significado político e histórico.

El razonamiento de Crespo para condenar sin apelación al TEPJF, al IFE y a todos los que interesadamente sostuvieron como válidas las decisiones de esas dos instituciones que dieron el triunfo al candidato del PAN en el 2006 es claro. Parte del examen de más de 60 mil actas de escrutinio —que equivalen a la mitad de los 300 distritos electorales en los que se encuentra dividido el país— y tras constatar la cantidad de errores aritméticos que contienen —la inconsistencia entre el total de votantes en la casilla, el total de boletas encontradas en la urna y la votación total emitida, incluidos los votos nulos o por candidatos sin registro más los de los representantes de casilla y funcionarios electorales— llega a la única conclusión posible: con esos datos no es posible saber con la certeza que la ley y el sentido común requieren, quién ganó la elección presidencial del 2006. Y sin certeza, la elección no cumplió su función básica: dotar de legitimidad al jefe del Poder Ejecutivo y a su gobierno.

Dada la pequeña diferencia en votos entre el primer y segundo lugar en la contienda —233 mil 831 sufragios de un total de 41 millones 557 mil 430—, los errores aritméticos de las actas —316 mil 539— superan la diferencia y son determinantes. Pero si a lo encontrado en una mitad de las actas se le añade una proyección sobre de la otra mitad, el gran total es de casi tres veces la diferencia oficial de votos entre Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Lo que no se hizo

Entre el IFE y el TEPJF sólo abrieron el 18.5 por ciento de los paquetes impugnados, pero la letra y espíritu de la ley, además de lo espeso del ambiente de sospecha que ya se respiraba, debieron llevar al recuento del otro 81.5 por ciento de los paquetes. De haber ocurrido lo anterior se corría el riesgo de tener que anular la elección. Sólo una decisión tan drástica hubiera podido asegurar el sostenimiento de la credibilidad del resultado ante la oposición, pero finalmente los “guardianes de la legitimidad electoral” optaron por otra vía y a la que no tenían derecho: condenar pero sin consecuencia la intervención de Vicente Fox y del Consejo Coordinador Empresarial por empañar la elección pero finalmente dar por buena la victoria del candidato del PAN a pesar de la ausencia de certeza.

La negativa de la autoridad electoral a anular la elección o a proceder al recuento de los votos de manera inmediata (pues el paso del tiempo aumentaba las posibilidades de manipulación de esos 41.5 millones de boletas) dejó a las actas de escrutinio como los únicos documentos con valor oficial a los que los estudiosos podían tener acceso para hacer una evaluación objetiva de la elección. Y ésa fue justamente la tarea que se impuso Crespo a partir de que en diciembre del 2006 el IFE puso en línea todas las actas de escrutinio.

Nuestro autor no llevó a cabo el estudio de todos y cada uno de los documentos anteriores porque con la mitad tuvo resultados más que suficientes para sostener su argumento central. En efecto, con el examen del 50 por ciento de la enorme documentación el resultado fue contundente: los errores aritméticos totales pueden llegar a sumar casi tres veces la diferencia que separó al ganador oficial de la elección de su competidor más cercano: AMLO. La tesis de Crespo se resume así: “si [en la democracia] por un voto se gana o se pierde [en condiciones como las del 2006], basta uno solo que sea irregular, de origen incierto, espurio o que no se hubiera considerado en el cómputo total, para generar incertidumbre sobre quién ganó”. En tal caso había que volver a llevar a cabo la elección o proceder a examinar todas las irregularidades. Sin embargo, esa conclusión fue rechazada por el TEPJF con lo que su dictamen quedó envuelto en la sospecha y tuvo consecuencias de largo plazo.

Falta imperdonable

Aquí es necesario advertir que Crespo no avala la tesis de AMLO en el sentido de que en el 2006 se cometió un gran fraude, aunque tampoco niega su existencia, simplemente sostiene que en el material que él revisó no hay pruebas contundentes al respecto.

Crespo está dispuesto a explicar la discrepancia en las cifras de las boletas como resultado de meros errores sin pizca de dolo, pero eso no les quita su efecto negativo. Sin embargo, ya no es posible eliminar el dolo como explicación en la decisión del presidente del IFE de dar por ganador a Calderón el 6 de julio ni la aún más importante decisión posterior, final e inapelable, del TEPJF, de dar por válido el triunfo del panista pese a la existencia evidente de datos cuantitativos que hacían imposible sostener lógicamente su decisión.

Las sospechas despertadas por la forma en que fueron nombrados los consejeros del IFE que organizó las elecciones del 2006 y la mediocridad e inconsistencias en el razonamiento de los miembros del TEPJF han significado un retorno a los orígenes. En efecto, en las postrimerías de la época colonial tuvo lugar la primera elección moderna en lo que sería México, y se desarrolló según los lineamientos de la Constitución de Cádiz de 1812. El proceso llevó al triunfo de aquellos candidatos no deseados por el virrey y a partir de entonces todas las elecciones posteriores fueron más o menos manipuladas y no sirvieron ni para descifrar “los sentimientos de la nación” ni para legitimar a la autoridad.

La manipulación electoral terminó por crear un resentimiento tal que el levantamiento encabezado en 1910 por Francisco I. Madero en contra del primer régimen estable del México independiente se pudo justificar con el simple lema de “sufragio efectivo, no reelección”. El siglo XX transcurrió haciendo efectivo únicamente el medio —la no reelección— pero no el fin —el sufragio efectivo.

La largamente esperada aparición de elecciones competidas, libres y en condiciones de relativa equidad en nuestro país, finalmente tuvo lugar entre 1997 y 2003, pero casi de inmediato empezó la regresión. La falta de alternancia en un buen número de estados aunada al frustrado desafuero en 2004-2005 de AMLO —el líder más popular de la oposición— fueron el anuncio de lo que ocurriría después: la recuperación del PRI a nivel estatal y la voluntad de las derechas —Presidencia, PAN, sector empresarial, Iglesia Católica, el duopolio televisivo, la oligarquía sindical— de impedir, a como diera lugar, la alternancia hacia la izquierda.

Ganar a costa de perder el largo plazo

El trabajo de José Antonio Crespo fundamenta, de manera concluyente, la gran falla del 2006. La derecha se mantuvo en el poder y ganó en el corto plazo mediante el “haiga sido como haiga sido”, pero destruyó la única base del consenso democrático de una sociedad dividida. A la larga, no sólo el país, sino hasta la derecha van a salir perdiendo.

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ACTA POR ACTA
por Carmen Aristegui F.
(publicado en Reforma el 19 de junio de 2008)

Una sociedad que busca democracia no puede darse el lujo de abandonarse al conformismo y renunciar a la verdad. El camino puede ser largo, fragmentado o sinuoso. Por eso cuando alguien hace esfuerzos para suministrar información, datos y elementos de juicio para conocer y comprender los asuntos que marcan a un país, no queda más que el agradecimiento, sobre todo si se trata de un trabajo minucioso, con rigor académico y esclarecedor de uno de los asuntos más relevantes que han sacudido a la sociedad mexicana como las elecciones presidenciales de hace dos años.

Me sumo a quienes ya han escrito sobre la importancia de la investigación hecha libro de José Antonio Crespo: 2006: hablan las actas. Las debilidades de la autoridad electoral mexicana (Debate. Random House Mondadori. 2008). La investigación de José Antonio es un potente chorro de luz a una parte sustantiva del proceso electoral más confrontado de nuestra historia. Como buena realidad, es inabarcable en su totalidad pero, con el fragmento seleccionado para este examen, es suficiente para saber o ratificar hoy, con claridad, varias cosas.

Una fundamental: el papel de las autoridades electorales fue catastrófico. Con benevolencia se puede hablar de ineptitud y falta de miras. Con ganas de que alguien rinda cuentas del desastre se puede hablar de responsabilidades tan graves que merecerían ser sancionadas. ¿En México nadie juzga a jueces y autoridades cuando su acción u omisión causa daños mayúsculos a la población? La responsabilidad del Tribunal Electoral (TEPJF) es enorme en su condición de última instancia. Simple y llanamente no cumplieron con su tarea fundamental para dotar de certidumbre al resultado final de una elección, en este caso una que —como nunca— polarizó, enfrentó y dividió a los mexicanos en un proceso que no ha logrado revertirse. Dos años después, México sigue lamiéndose las heridas. Un país cuya población sigue dividida entre los que piensan que se registró un fraude generalizado, que le robó la elección a Andrés Manuel López Obrador; los que afirman que Felipe Calderón ganó con un estrecho margen de 0.5 por ciento, pero que obtuvo un mandato legal y legítimo, y los que piensan que, después de lo ocurrido, no se puede saber con certeza quién ganó la elección.

¿Tenía que haberse anulado la elección presidencial de 2006? Sí. Con los argumentos que surgen a partir de este trabajo, no parece caber duda sobre ello. Anular una elección debe ser el último de los recursos pero, con lo mostrado por Crespo, queda claro que no se requería siquiera de una valoración subjetiva sobre los varios factores que contaminaron la contienda. Haciendo a un lado la irresponsable intervención de Fox, las campañas negras de unos y otros, los miles de spots en radio y televisión de origen desconocido, el dinero de empresas y empresarios que intervinieron ilegalmente en el proceso, por citar los elementos más conocidos y obvios que para muchos hubieran sido suficientes para invalidar el proceso. Con un solo elemento, Crespo demuestra que el tribunal estaba obligado a anular las elecciones por una razón fundamental que deriva de un ejercicio aritmético.

El tribunal fue omiso en un asunto crucial en el que la ley lo obliga para anular. Ante la enorme cantidad de inconsistencias que se presentaban en las actas de escrutinio y cómputo —entre 800 mil y 2 millones, según los rubros comparados— el tribunal sólo atinó a decir que la mayoría de los votos irregulares encontraba plena justificación y los que quedaban no llegaban a afectar el resultado final. Eso, hoy lo sabemos, no fue cierto. Los magistrados o mintieron o se equivocaron, que cada quien escoja. El mérito de Crespo radica en que, incrédulo del dicho del tribunal, decidió revisar por su cuenta las actas oficiales en el número suficiente (la mitad de los distritos del país) para demostrar que los diversos errores e inconsistencias superaban en número a la diferencia de votos que había entre Calderón y López Obrador. Entre uno y otro hubo 233 mil votos. En el estudio de Crespo se comprueba que el número de votos irregulares fue del orden de 300 mil. Esa única razón obligaba al tribunal a declarar nulas las elecciones.

Crespo va desgranando, sin pasiones partidistas ni estridencia alguna, los significados de su trabajo. La conclusión mayor es, sin duda, que los mexicanos podemos afirmar que la verdad jurídica no corresponde a cabalidad con lo que empieza a ser ya la verdad histórica de lo ocurrido en 2006.

José Antonio se vale de una cita de Marc Bloch para ilustrar uno de los principales propósitos de su investigación y libro. Ajustar la historia de la elección de 2006 a la definición de este especialista: “El verdadero progreso en el análisis histórico llegó el día en que la duda... se hizo examinadora... cuando las reglas objetivas fueron elaboradas paulatinamente y permitieron escoger entre la mentira y la verdad”. Crespo no sólo planteó las dudas sino que realizó el examen riguroso para conocer parte de la verdad de lo ocurrido en 2006.