Boletín Informativo ISA núm 455

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Sumario:

I. Advierte López Obrador sobre componendas PRI-PAN para privatizar el petróleo

II. Hambruna (3), por Alejandro Encinas

III. Vivir Mejor: mil usos, por José Luis Piñeyro

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ADVIERTE LÓPEZ OBRADOR SOBRE COMPONENDAS PRI-PAN PARA PRIVATIZAR EL PETRÓLEO

Desde el norte de Veracruz, Andrés Manuel López Obrador llamó a los mexicanos a estar atentos porque con toda seguridad los legisladores del PRI presentarán en el Congreso una iniciativa de reforma energética “empanizada”, con el sello de Acción Nacional.

El presidente legítimo de México no descartó “la posibilidad de que las propuestas priista y la enviada por el presidente pelele, Felipe Calderón, se discutan en agosto, en un periodo extraordinario de sesiones”, pero aclaró que los mexicanos no permitiremos bajo ninguna circunstancia que el petróleo pase a manos de empresas multinacionales: “No se va a permitir la privatización del patrimonio de la Nación, vale más que vayan previéndolo desde el gobierno usurpador, porque no vamos a permitir la privatización de la industria petrolera”, puntualizó.

En entrevista que concedió al término de la asamblea informativa que sostuvo con los brigadistas en defensa del petróleo de la importante ciudad petrolera de Poza Rica, el presidente legítimo de México destacó la necesidad de que los legisladores y las cúpulas de las fuerzas políticas nacionales antepongan los intereses del pueblo sobre el interés de particulares y compañías extranjeras.

Más allá de cualquier encuesta o sondeo, hizo énfasis en que el mayor número de los ciudadanos le manifiesta, en los recorridos que realiza por la geografía nacional, su rechazo a la pretensión de depositar el petróleo en manos de extranjeros.

Reiteró que los aproximadamente 200 mil brigadistas, junto con miles de mexicanos, iniciarán movilizaciones en todas las regiones del país, precisamente cuando los legisladores intenten aprobar un dictamen de la iniciativa privatizadora, sea la presentada por Calderón o por los priistas.

En la reunión informativa con aproximadamente tres mil brigadistas de Poza Rica y municipios aledaños, López Obrador informó que el general Lázaro Cárdenas expropió la industria petrolera para beneficio de los mexicanos y bajo ningún pretexto los mexicanos permitiremos que sea devuelta al capital privado extranjero.

López Obrador subrayó que el petróleo es el mejor negocio del mundo. Puso de ejemplo que la mezcla mexicana se cotiza en más de 110 dólares por barril, mientras que la extracción del crudo tiene un costo de apenas cuatro dólares por barril.

México podría convertirse en una potencia energética, si el petróleo es bien administrado y se combate la corrupción en Petróleos Mexicanos, aclaró el dirigente de la izquierda mexicana al informar que el próximo 27 de julio se llevará a cabo en la Ciudad de México y los municipios gobernados por el PRD, PT y Convergencia —un aproximado de 500— una consulta popular sobre la llamada reforma energética.

Al destacar la participación del jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard, en los debates que sobre el tema se realizan en el Senado de la República, el presidente legítimo de los mexicanos también mencionó que en la primera quincena de agosto se organizará una consulta ciudadana en los municipios restantes de la República Mexicana.

Informó también que en la asamblea informativa del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, del próximo domingo 29 de junio, en el Zócalo de la Ciudad de México, se dará a conocer la logística de la consulta pública, y aseguró que el pueblo de México tiene la obligación y el derecho a expresar su opinión sobre los temas nacionales.

“Es necesario pasar de la democracia representativa a la democracia participativa”, enfatizó posteriormente ante los brigadistas de Huahuchinango, Puebla.

“La patria no se vende, la Patria se defiende”, expresó al proponer la construcción de tres refinerías en el país para dejar de importar 40 por ciento del consumo nacional de gasolinas.

Sin embargo, aclaró que “el gobierno usurpador de Felipe Calderón y el delincuente confeso, Juan Camilo Mouriño, prefieren entregar contratos en las áreas eléctrica y energética a empresas extranjeras, porque son representantes de los intereses de una minoría rapaz”.

Luego, en una segunda entrevista, López Obrador declaró que el nombramiento de presidente legítimo de México se lo confirió el pueblo de México y dijo sentirse bien y con la conciencia tranquila, a pesar de que el Consejo del Instituto Federal Electoral determinó que sea retirada la frase de presidente legítimo en todos los spots televisivos y radiofónicos.

Pero dejó en claro que “si a mí me quitan el nombramiento de presidente legítimo, entonces ya no va a haber presidente en México, porque el otro —Calderón— además de espurio, resultó ser un inútil, incapaz e inepto”.

Sustentó su afirmación en que Calderón autorizó aumentos de precios de alimentos básicos y de consumo generalizado, así como de las tarifas de bienes y servicios. Tan sólo el precio de la tortilla pasó de 6 a 12 y hasta 14 pesos por kilogramo en tan solo 18 meses de mal gobierno carderonista.

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HAMBRUNA (3)
por Alejandro Encinas
(publicado en El Universal el 21 de junio de 2008)

México no escapa a los problemas de la crisis alimentaria mundial: escasez en el abasto y aumento en los precios de los alimentos, incrementando la desigualdad y la pobreza en demérito de la calidad de vida de la población en general.

A pesar del fracaso de las políticas neoliberales que desmantelaron el aparato gubernamental de fomento de la producción rural, las medidas anunciadas por Felipe Calderón reiteran las acciones que condujeron al abandono del agro nacional: eliminar aranceles y canalizar subsidios a los grandes agricultores y a las empresas comercializadoras. Los defensores del neoliberalismo sostuvieron que para mantener bajas tasas de inflación era necesario importar alimentos baratos y que no era relevante incrementar nuestra dependencia alimentaria dada la disponibilidad de productos en el mercado internacional.

Hoy, pese a las evidencias del equívoco, se insiste en lo mismo. Eliminar aranceles a las importaciones profundizará la dependencia alimentaria del país y no frenará el aumento en los precios, ya que el mercado de alimentos es objeto de la especulación que realizan las empresas transnacionales que controlan el comercio internacional, como lo demuestra el alza de precios en EU, de donde procede 85% de nuestras importaciones de alimentos. Más aún, no sólo no abatirá el alza en los precios, sino que, como reconoce el programa de acciones en apoyo a la economía familiar, los alimentos registrarán un incremento mensual, en especial el maíz, que aumentará su precio hasta en 10% en los próximos meses.

Se establecen además subsidios a la comercialización —no a la producción— hasta por 625 pesos por tonelada de maíz, de los cuales 185 son apoyos a la pignoración, 150 para fletes, 150 para cubrir el costo de la prima de cobertura en la bolsa de futuros de Chicago, y 100 pesos más de garantía para las empresas comercializadoras, que serán, como en el pasado inmediato, las beneficiarias de estas medidas, pues en tanto los productores nacionales recibirán entre 2 mil 700 y 2 mil 800 pesos por tonelada bajo el esquema de agricultura por contrato, empresas como Cargill, Archer Daniel Midland, Minsa y Maseca alcanzarán grandes ganancias a partir del diferencial de precio. Sólo Cargill, que domina 70% del mercado nacional y que realizó compras a futuro por 900 mil toneladas de maíz, obtendrá una ganancia por más de mil 200 millones de pesos por subsidios gubernamentales en seis meses.

Calderón insiste en que no tolerará especuladores ni acaparadores y que se castigará a quienes pretendan lucrar con el hambre de los mexicanos; pero no sólo se transfieren subsidios a las grandes comercializadoras, sino que no se establecen mecanismos de control para evitar que los agricultores subsidiados —dado el aumento en los precios internacionales— exporten sus productos en lugar de garantizar al abasto nacional, lo que distorsiona más estos subsidios cuyo propósito fundamental debiera ser reactivar la producción y garantizar el acceso oportuno a alimentos baratos y de calidad a la población.

La crisis alimentaria exige de nuevas políticas y enfoques que permitan revitalizar la producción agropecuaria, canalizando créditos, insumos, capacitación, desarrollo tecnológico y apoyos diversos a los grandes agricultores y a los ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios, que permitan recuperar la economía campesina y el mercado interno; e impulsar iniciativas legales que garanticen la seguridad alimentaria del país, dejando atrás la aplicación de medidas que sólo benefician a los grandes consorcios y que han acreditado su alto costo social.

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VIVIR MEJOR: MIL USOS
por José Luis Piñeyro
(publicado en El Universal el 21 de junio de 2008)

Apenas empieza el bombardeo mediático de Vivir Mejor (VM) en radio, tv y diarios; sin duda, el próximo año electoral el campo de batalla comicial será sometido a una saturación total. Si bien Carlos Salinas usó como arma de votación al programa Solidaridad, éste se quedó corto frente a la euforia publicitaria de Calderón.

Bajo el lema de campaña VM se cobijan acciones en materia de seguridad pública, como sucedió con la inauguración del Centro de Mando de la PFP, además de acciones de seguridad social (otorgamiento de crédito para vivienda), de salud (prevención del consumo de drogas, diabetes y obesidad), entre otras. Es de esperar que dentro de poco se incorpore el logotipo de VM en la generación de empleo, reforestación, educación, etcétera, hasta abarcar todas las secretarías de Estado y organismos públicos encargados de atenuar que no de solucionar esos problemas nacionales (alimentación, salud, vivienda, empleo, educación y deterioro ambiental), para los cuales no existen políticas de Estado sino transitorias políticas públicas sexenales con una estrecha lógica de partido.

La publicidad gubernamental tendría que ser una herramienta para ensanchar los derechos de las personas. Sólo debería autorizarse transmitir mensajes que contribuyan a cumplir con las funciones de las secretarías de Estado. De qué sirve a la ciudadanía que le informen hasta el cansancio logros alcanzados más en la mente de los gobernantes que en la realidad diaria de los gobernados.

Deberían transmitir mensajes que informen sobre los requisitos para ser beneficiario de un programa social, cuáles son los tiempos para solicitar apoyos agropecuarios, campañas para cuidar el agua y el ambiente, contra la violencia de género y la drogadicción, entre muchas acciones que podría hacer un gobierno democrático en verdad preocupado por la nación.

La publicidad gubernamental cuesta. Sólo para el año 2008, se aprobaron 985.4 millones de pesos para la partida de comunicación social y publicidad. De estos, 85 están asignados al Poder Legislativo para convencernos de que sí trabajan. Los restantes 900 millones fueron aprobados para uso del Presidente; hoy vemos que eran para la campaña publicitaria rumbo al 2009; esa cantidad es casi 250 millones de pesos más que los aprobados en 2006.

Hoy, senadores del PRI y del PRD se dice que están elaborando una reforma para evitar el uso electoral de los programas sociales, parece que no entienden que el principal uso electoral de esos programas es a través de la propaganda del gobierno. Recordemos la repetición hasta el hartazgo de los anuncios foxistas: “Si seguimos por el mismo camino…”. Todo indica que el año venidero, la campaña calderonista de VM y pro PAN va a arrasar con una guerra de alta intensidad para ganar las mentes y los corazones del electorado.

Para evitarlo, hay dos caminos: el primero, más complejo, legislar en materia de publicidad gubernamental; el segundo, menos complicado porque atañe sólo a la Cámara de Diputados es establecer en el Decreto de Presupuesto de 2009 que sólo se autoriza el gasto en publicidad gubernamental cuando los mensajes coadyuven al cumplimiento de los objetivos de las secretarías de Estado, establecidos en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Los diputados tienen la palabra. Sería una muestra de actitud democrática para impulsar una competencia electoral equilibrada entre los partidos políticos.