Petróleo: consulta y participación

Magdalena Gómez

En un ambiente de cuenta regresiva que acerca peligrosamente a un desenlace la propuesta de privatizar el petróleo, impulsada por el calderonismo y aliados, transcurrió la primera fase de la consulta ciudadana, cuya sede principal, que no única, fue el Distrito Federal. Varios fueron los factores que desalentaron la masiva participación que se requería, precisamente cuando de nueva cuenta el PRIAN se apresta a hacer de las suyas y lamentablemente una fracción del perredismo da muestras de pretender consumar otro golpe al movimiento nacional en defensa del petróleo con argumentos falaces que apenas logran ocultar su ya consuetudinaria “vocación de poder”, como suelen llamar a sus conscientes adhesiones a temas que estratégicamente golpean al movimiento social. Recuérdese el caso de la contrarreforma indígena de 2001.

La consulta ciudadana en sí misma entraña un desafío a la postura fundamentalista en torno a la democracia representativa. Nuestro país es de los pocos que aún no regulan formas de democracia directa y participativa, gracias a que la llamada clase política es juez y parte, no quiere saber de mecanismos que la obliguen a atender las demandas del pueblo a quien dice representar y en los hechos le usurpa su voluntad.

Nos encontramos ante un círculo vicioso, pues tratándose de reforma del Estado el único horizonte es el de pactar reformas electorales, las cuales monopolizan los propios partidos políticos. Así las cosas, la consulta del pasado 27 de julio fue torpedeada desde todos los frentes, incluyendo el efectivo impacto de los medios masivos, en especial las televisoras. Se cuestionaron sus propósitos y con mensajes abiertos se dejó asentado que promover la expresión de la voluntad popular entraña “un peligro para México”. También se trató de trivializar su contenido con una campaña intensiva en torno a que ninguna fuerza política quiere la privatización. Ahora resulta que existe una imaginería política esquizofrénica. El resultado no se hizo esperar, pues, ante el desequilibrio de recursos empeñados en la empresa anticonsulta, del lado de los organizadores de la consulta no hubo condiciones de contrarrestarla.

Los días previos, el Partido Revolucionario Institucional presentó su remedo gatopardista de iniciativa de reformas en materia petrolera que busca la privatización por otros medios y en el coro de adhesiones participaron los representantes del perredismo “concertador e institucional”.

Y si a ello sumamos las circunstancias concretas del ejercicio democrático; por ejemplo, la consulta en el Distrito Federal no podía ser metropolitana e incluir al estado de México, porque el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) no podría acompañar un ejercicio extraterritorial en términos de su ámbito espacial de competencias. Se privilegió la cobertura y paraguas de legalidad que otorgaba el IEDF y el costo fue para la ciudadanía vecina que, pese a que había casillas en su entidad, no tuvieron la difusión suficiente ni el amparo del Instituto Electoral del Estado de México, lo cual generó confusión a todos los niveles, pues incluso la mayoría de los operadores de la consulta en la ciudad de México desconocían que sí la había también en la entidad vecina.

Por fortuna parece menor el impacto en términos porcentuales de la confusión generada por la redacción de la segunda pregunta de la consulta, cuando en el ambiente de medios ya había difusión en torno a que las iniciativas calderonistas no son las únicas a dictaminar: estaban las del PRI y el anuncio de las que próximamente presentará el PRD (no sabemos cuál PRD, pero lo adivinamos). No era fácil la respuesta negativa que se esperaba. Por lo que se refiere a irregularidades en el desarrollo de la consulta, parecen mínimas; algunas se pudieron obviar, como la relativa a algunas mantas que en la delegación Cuauhtémoc se mantuvieron en torno al no en las preguntas, que en efecto eran factor de “inducción del voto”.

El PAN del Distrito Federal se movió entre el seguimiento a las “irregularidades” de la consulta, cuya realización rechazaban, y la contradicción que entraña el temor irracional a que la ciudadanía exprese una opinión, y ello en un partido que se construyó en tiempos de oposición. El PRD en el Distrito Federal abonó de manera desafortunada a la partidización de la consulta cuando alertó en un desplegado sobre el plan anticonsulta del panismo. Se perdió la oportunidad de esperar las evidencias de tal plan, pues el costo de encabezar dicha denuncia golpea al ejercicio ciudadano que se busca arraigar como espacio de cultura democrática.

El ejercicio del pasado domingo vale en sí mismo porque expresó la voluntad de participación y decisión; el costo de que la clase política del PRIAN y aliados, vergonzantes algunos, no lo escuchen puede ser alto; vale recordar aquello de “no despertemos al México bronco”.