El Justo Reclamo

Juicio sin fin

Granados chapa. Presión

Jenaro Villamil

Se ha prolongado ya por cuatro años el juicio por daño moral que interpuso el diputado federal hidalguense Gerardo Sosa contra los periodistas Miguel Ángel Granados Chapa, colaborador de Proceso, y Alfredo Rivera, por la publicación de un libro sobre su trayectoria política. En la audiencia más reciente, y ante un juez impasible, la parte acusadora intentó presionar a los dos informadores incluyendo en el expediente sus datos personales e hizo uso indebido de un peritaje sicológico. Por lo pronto, se anunció que el Consejo de la Judicatura revisará si el juez está permitiendo que los abogados de Sosa Castelán prolonguen el juicio deliberadamente. En un hecho sin precedente, decenas de periodistas, abogados, defensores de derechos humanos e intelectuales fueron testigos, el 18 de agosto, de la audiencia pública en la que el juez vigésimo noveno de lo civil en el Distrito Federal, Miguel Ángel Robles Villegas, consintió el peritaje sicológico en contra de Alfredo Rivera y del columnista Miguel Ángel Granados Chapa para acreditar supuestas “intenciones” subjetivas de los demandados a fin de “producir efectos negativos” en contra del diputado federal hidalguense Gerardo Sosa Castelán, a través del libro La Sosa Nostra. Porrismo y gobierno coludidos en Hidalgo.El desahogo de esta prueba pericial constituyó una más de las muchas irregularidades que se han concatenado en el juicio por daño moral que Sosa Castelán interpuso contra Rivera, autor del libro citado, y Granados, autor del prólogo. Han transcurrido cuatro años desde el 6 de agosto de 2004, cuando el político priista interpuso la demanda, y el juez no ha dictado su sentencia en primera instancia, pero entre tanto ha admitido lo que la abogada defensora Perla Gómez califica como “chicanas jurídicas”.Para Gómez y los inculpados, el dictamen sicológico de la perito propuesta por los abogados de Sosa Castelán, Olga Leticia Galicia García, forma parte de una estrategia para alargar el proceso e intimidar a los informadores con la divulgación de datos de su vida privada contenidos en el expediente. El caso introduce criterios subjetivos y valoraciones sicológicas a fin de acreditar una supuesta intencionalidad, lo cual podría sentar un precedente en este tipo de juicios contra periodistas.Bajo el pretexto de averiguar las “intenciones” del autor y del prologuista del libro, la sicóloga Galicia García violentó el derecho a la privacidad de ambos, incorporó en el expediente información sobre la “historia de vida” de Granados Chapa y Rivera Flores y les solicitó datos sobre sus antecedentes médicos y familiares, incumpliendo con postulados básicos del Código Ético del Sicólogo, según Perla Gómez, entrevistada por Proceso.En específico, este código establece en su artículo 52 que el sicólogo “se abstiene de hacer uso indebido de las técnicas de valoración, intervenciones, resultados e interpretaciones, y toma las medidas razonables para evitar que otros hagan mal uso de éstas. Esto incluye el abstenerse de ceder datos o resultados crudos de pruebas a personas que no sean pacientes o clientes como es apropiado, y a quienes no estén calificadas para usar tal información”.El artículo 59 del mismo código establece que los datos derivados de la investigación sicológica deben respetar la “confidencialidad de los participantes”. Y el artículo 67 prohíbe que el sicólogo difunda “información confidencial obtenida durante el curso de su trabajo”, a menos que exista consentimiento por escrito o haya otra autorización ética o legal para hacerlo.Durante la audiencia, Gómez cuestionó la solidez profesional de la perito Galicia García, ya que en junio de 2006 se le acusó de haber recibido 150 mil pesos para que rindiera un dictamen favorable a la causa de una persona que quería acreditar violencia intrafamiliar en una demanda por divorcio. La abogada mostró una nota informativa, publicada el 4 de junio de 2006 en El Universal Gráfico, donde se documenta que la perito Galicia García fue sobornada con esa suma de dinero para rendir un dictamen favorable a su clienta Laura Patricia Canavati, quien entabló una demanda por divorcio contra Pedro Checa Acra. El caso lo perdió Canavati y en la audiencia se ventiló también que el juez 55 de lo penal, Rafael Santana Solano, fue sobornado.Ante la acusación, Galicia García endureció el rostro y afirmó que esta imputación implicaría “una intención dolosa” hacia su persona, y advirtió ante el juez que actuaría “ante la autoridad correspondiente”.
La audiencia estrambótica
Desde las 9:30 de la mañana del lunes 18 de agosto, la sala de audiencias del Juzgado 29 de lo Civil comenzó a registrar una presencia inusitada de colegas y amigos de Miguel Ángel Granados Chapa, quien es colaborador de Proceso, y Alfredo Rivera, que acudieron en solidaridad para atestiguar una de las varias diligencias del juicio 638/04.Invitados por los organizadores del Premio Nacional de Periodismo y por el programa de atención a agravios contra periodistas de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), llegaron al juzgado el director de Proceso, Rafael Rodríguez Castañeda; el director editorial de Reforma, René Delgado; el director de Monitor, José Gutiérrez Vivó; el director de la Fundación Manuel Buendía, Omar Martínez; la periodista Carmen Aristegui, el escritor Carlos Monsiváis, la defensora de derechos humanos Clara Jusidman, el abogado Javier Quijano, Luis Javier Solana, Eréndira Cruz Villegas, así como reporteros y camarógrafos de la cadena estadunidense CNN y de varios medios nacionales.A petición de la abogada de Sosa Castelán, Rosalía Verónica Castro Habeica, se llamó a elementos de la policía para prevenir “posibles desórdenes” en el juzgado. El autor de la columna Plaza Pública, Miguel Ángel Granados Chapa –que se publica en Proceso–, y Alfredo Rivera, llegaron puntuales a la cita, convocada para las 10 de la mañana.El juez Robles Villegas se presentó en la sala 40 minutos después. Ante la presencia de numerosos comunicadores, exclamó: “Me llama la atención el interés sorprendente”. La abogada Castro Habeica se quejó de que los acusados intentaban “hacer escándalos, como se ve en este momento”. Criticó la presencia de medios de comunicación y le solicitó al juez el apercibimiento.Ante tal petición, Granados Chapa aclaró que “en ningún momento la parte acusada ha expresado opinión alguna que constituya falta de respeto al tribunal” y le pidió al juez que desechara el apercibimiento.El juez Robles Villegas aclaró que se trataba de una audiencia pública, pero les advirtió a los presentes que no hicieran “bullicio” para no verse “forzado a usar la fuerza pública”. Robles Villegas acabó expulsando de la audiencia al abogado Javier Quijano por “interrumpir en forma reiterada”, aunque sólo hiciera comentarios privados con otros asistentes. Desde antes del inicio de la audiencia, Quijano solicitó que constara en el acta que la sesión se retrasó ante la ausencia del juez.A lo largo de casi tres horas fue clara la incomodidad del juez y del equipo de abogados de Sosa Castelán ante las preguntas de la abogada Perla Gómez a la perito Olga Leticia Galicia García, pero también ante la presencia de testigos que fueron a ratificar su solidaridad con los acusados.También fueron interrogados el perito en sicología Eduardo Lara de Santiago, propuesto por la defensa de Granados Chapa y Rivera Flores, así como la tercera perito en discordia, María Rosa de los Santos Sauri Alpuche. La abogada Castro Habeica le planteó a Lara de Santiago preguntas tales como: ¿cuántas sesiones se requieren para valorar sicológicamente a una persona?, ¿cuántas horas empleó para la valoración de los acusados?, y ¿con qué dictamen valoró la “capacidad intelectual” de los cuestionados?La abogada Perla Gómez insistió en que este tipo de preguntas son “absolutamente irrelevantes para el juicio” y aclaró que tanto Granados Chapa como Alfredo Rivera actuaron de buena fe al aceptar el peritaje sicológico, a pesar de lo cual se violaron principios de la ética y del derecho a la información.El juez admitió las preguntas de la parte acusadora y no se pronunció sobre la validez o la pertinencia de un dictamen en sicología que forma parte de un voluminoso expediente de más de 3 mil fojas.
Dilaciones
Ninguna demanda por daño moral como la entablada por Sosa Castelán contra los autores del libro La Sosa Nostra se había prolongado tanto sin llegar siquiera a una resolución en primera instancia y con 27 apelaciones en cuatro años. La acusación involucró no sólo a Rivera Flores y a Granados Chapas, sino también a la editorial Miguel Ángel Porrúa, a la empresa de tipografía, al fotógrafo autor de la imagen utilizada en la portada y al diseñador de la misma portada.Entre otros argumentos, Sosa Castelán acusa de daño moral porque su fotografía en portada no revela su “verdadera apariencia física”, sino que lo presenta “como una persona obesa, desaliñada”. También afirma que en el libro se realizan afirmaciones falsas sobre su apariencia o sobre su influencia en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (Proceso 1651).En su respuesta, Rivera Flores ha señalado que el libro sólo documenta, a partir de información pública, las relaciones de Sosa Castelán con el otrora director de la policía política del régimen priista, José Antonio Zorrilla Pérez, cómo consolidó una extensa red de poder local a partir de su trayectoria como líder estudiantil, secretario general y rector de la universidad hidalguense, dirigente de los trabajadores de la burocracia estatal y legislador.Sosa Castelán contrató a un equipo de 12 abogados, encabezados por Carlos Edmundo Pinto y Jaime Shehoah Jalife, pero el actual diputado federal por Hidalgo y presidente de la Comisión de Educación nunca ha acudido personalmente al juicio.Después de la audiencia, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Édgar Elías Azar, informó a la prensa que el Consejo de la Judicatura revisará el expediente del caso y determinará si existe dilación deliberada o no.Para Perla Gómez, quien ha defendido gratuitamente a los periodistas, la dilación del caso se debe a la parte acusadora, “pero bajo el auspicio del Poder Judicial, que no responde adecuadamente a esta situación”.La abogada agrega que “en este tipo de juicios lo que se busca es la rapidez de la sentencia; sin embargo, el objetivo, al parecer, es tener permanentemente demandados a los periodistas. Es una forma sofisticada de vulnerar el derecho a la libertad de expresión”.