PUNTO DE VISTA
POR: José Angel Miramontes Cordero
Como suele ocurrir, cuando el pavoroso delito de secuestro alcanza a un personaje de renombre -o un familiar cercano- es cuando las autoridades muestran su “preocupación” y se ponen disque a trabajar y a inventar una y mil cosas con tal de quedar bien con la familia lastimada y con la sociedad misma. Es cuando comienzan a mover sus alfiles incrustados en tendenciosos y amarillistas medios de comunicación, en ciertos –no en todos, que quede claro- organismos no gubernamentalestales y sin faltar los grandes beneficiarios del deteriorado sistema político mexicano: los poderosos grupos empresariales aglutinados en sus diferentes Cámaras.
El lastimoso asunto del secuestro y asesinato del menor, Fernando Martí Haik, lo han mantenido esos medios de comunicación interesados –junto con los demás organismos que señalo en el párrafo anterior- y especializados en amarrar navajas, sacando a relucir o destacando la supuesta falta de coordinación entre los gobiernos federales y del D.F. y a grito abierto piden a Marcelo Ebrard, Jefe de Gobierno capitalino, que se reúna con el presidente Calderón, como si de este hecho dependiera la solución de los graves problemas nacionales, como el de la inseguridad por ejemplo.
Qué bueno que esos medios oficialistas, esos organismos no gubernamentales y esos grandes empresarios ahora alzan su voz, ante el reprobable sacrificio del joven Martí. Qué bueno que ahora convocan a la sociedad a que se manifieste ante tan horrendo crimen. Pero me asalta una duda: ¿Por qué lo tienen que hacer sólo cuando la víctima pertenece a uno de su clase? ¿Por qué cuando ocurre esto con un paria, con un desarrapado, con el hijo de “Juan cuerdas”, nada dicen o sólo se lamentan para sí?
Según datos oficiales, el año pasado se perpetraron 438 secuestros y en lo que va de este año 400 y que yo recuerde no hubo ninguna manifestación de protesta organizada por estos grupos. Tampoco recuerdo que hicieran algo cuando los campesinos de Salvador Atenco, Estado de México, fueron terriblemente reprimidos por la policía estatal y federal, y cuyos líderes han sido condenados hasta con 60 años de cárcel. Menos hubo protesta alguna ante los tristes acontecimientos de la mina Pasta de Conchos, Coahuila, dónde murieron aplastados más de 70 mineros y cuyas familias claman el apoyo y la justicia que no llegan.
Y así puedo ir señalando muchos casos en los que las víctimas han sido gente humilde o luchadores sociales (Flavio Sosa en Oaxaca) que ni para los medios, ni para los organismos no gubernamentales, ni mucho menos para los señores de pipa y guante, les ha preocupado su suerte.
Por eso, discúlpenme, yo no creo en la falsa preocupación de esos organismos que sólo quieren les sigamos el rollo cuando a ellos les plazca. Esto no significa que no me preocupe la terrible ola de inseguridad y violencia que azota al país, ¡claro que me preocupa! Claro que estoy de acuerdo con que la sociedad se manifieste, si, pero no sólo clamemos justicia para la familia Martí, sino que también clamemos justicia para los campesinos de Atenco, para los familiares de los caídos en Pasta de Conchos, de los masacrados en Sinaloa de Leyva, Badiraguato y Salvador Alvarado. Justicia para la joven universitaria salvajemente golpeada, para la familia del Rincón y para todas aquellas personas que han sufrido en carne propia el aguijón punzante de la violencia e inseguridad.
Por otra parte, en mi artículo anterior: “Calderón: la paja en el ojo ajeno” (Noroeste 10/08/2008) señalé en uno de sus párrafos que: “…durante la XI Conferencia Nacional de Procuradores de Justicia –celebrada precisamente en este puerto de Mazatlán el 7 de diciembre del 2001-, las Procuradurías Generales de Justicia de la República, de Justicia Militar, de los Estados y la del Distrito Federal, suscribieron las "Bases de Colaboración en Materia de Combate al Delito de Secuestro". Además señalaba que: “sería bueno que el Sr. Presidente le diera una buena leidita a ese documento”.
Bueno, siendo justos, no sólo recomendaría que lo leyera el titular del Ejecutivo, sino todos los actores involucrados en ese convenio. Por que en dichas Bases se establecen lineamientos para la participación y colaboración estrecha de los sectores de procuración de justicia para hacer frente a la delincuencia. Y es bueno saber que en una de sus Bases se establece el compromiso de conformar el Grupo de Planeación y Análisis para el Combate al Delito del Secuestro el cual debería de reunirse trimestralmente. ¿Se logró integrar este Grupo? ¿Ha venido reuniéndose en los plazos establecidos?
Bueno, el propio Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, en su discurso de inauguración de la Octava Reunión del Grupo de Planeación y Análisis Estratégico para el Combate al Delito del Secuestro (noviembre del 2007) dijo lo siguiente: “El 11 de abril de 2002, en Colima, se llevó a cabo la primera reunión, en la cual, se integró el Grupo de Planeación y Análisis Estratégico para el combate a este delito. (…) Con posterioridad a su instalación, se celebraron reuniones; dos en el año 2002, y no obstante, que uno de los acuerdos consistió en la celebración trimestral de las reuniones, por diversas razones se suspendió su continuidad.”
“No fue sino hasta la Décimo Cuarta Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, celebrada en diciembre del 2003 en Tampico, Tamaulipas, en donde se acordó reanudar los trabajos realizándose la Tercera a la Séptima Reunión en su Grupo de Planeación para el combate a este delito, llevándose a cabo la última en 2004, en Morelos”. (http://www.pgr.gob.mx/prensa/2007/bol07/Nov/b231107.shtm) (sic)
O sea, todo el año 2005, todo el 2006 y casi todo el año de 2007, este importante Grupo no estuvo funcionando en los términos en que fue diseñado. Por eso estamos como estamos.
profemira@hotmail.com
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