Petróleo: a mitad del camino

Luis Linares Zapata

Una larga jornada de luchas ha concluido con la entrega de las reformas petroleras (y las bases para lograr una reforma global de la energía) elaboradas por un amplio, experimentado y plural conjunto de ciudadanos y entregadas al Frente Amplio Progresista (FAP). Los legisladores de este agrupamiento político, haciéndolas propias, las llevaron al Congreso. Para elaborarlas fuimos convocados por ellos junto con el movimiento creado para la defensa del petróleo y el Gobierno Legítimo que preside López Obrador. Estas propuestas de reformas llevan un sello marcadamente nacionalista, apegadas a la constitucionalidad vigente y contemplando a la petrolera como una industria integrada e integral. Muy distintas a las que, antes, introdujeran el PRIAN, cuyos destinos, inmediatos o mediatizados, apuntan hacia la privatización de aquellas áreas estratégicas reservadas al Estado y su entrega a las empresas trasnacionales.

El sendero seguido en el trasiego de la defensa petrolera se inició después del fraude de 2006. Fue uno de los asuntos claves que unificaron, en torno al llamado de AMLO, lo que ahora forma el componente, la mera base de sustentación del Gobierno Legítimo. Un contingente comprometido y consciente que, en el camino hacia los tres millones de agremiados, lleva buen grado de avance. La meta se verá honrada en los dos o tres meses inaugurales de 2009. Durante ese año se podrá mostrar en toda su magnitud la fuerza acumulada para cristalizar aquello que sus enunciados y principios pretenden: la transformación pacífica de la vida púbica de México.

La lucha emprendida siguió un recorrido con momentos acuciantes que requirieron entereza y organización para enfrentar el madruguete del oficialismo, allá por el mes de abril pasado. Los jefes del señor Calderón querían aprobar, sin sobresaltos o discusión, sus reformas. Tal como lo hicieron, con el concurso decidido del PRI, en el caso de las controvertidas modificaciones a las leyes del ISSSTE. Pero una parte de la sociedad, la más consciente de sus consecuencias y fiel a su pasado, se les atravesó en las calles y en las tribunas legislativas. Se forzó entonces a un debate que dio al traste con las pretensiones golpistas de la derecha. Y, de paso, puso en evidencia sus reales objetivos de privatización, tan negados como ciertos.

Las reformas del PRIAN han sido expuestas y, se podría decir, hasta derrotadas en la disputa. Las razones esgrimidas para rechazarlas fueron contundentes en cualquiera de sus diversos ordenamientos: constitucionales, operativos, financieros, impositivos, tecnológicos, en su prospectiva y rendimientos o en sus mecanismos que aseguren su transparencia para desterrar la corrupción que ahora plaga a Pemex. Aun así, la envergadura de los negocios, que ya visualizaban hechos los traficantes de influencias, los hace mantener sus abusivos intereses.

Ante tan malintencionadas pretensiones la guardia no puede ser descuidada ni un momento. El futuro de los mexicanos estaría en entredicho si no es que negado. Por eso se planteó la consulta popular. No como distractor del proceso legislativo, como se ha rumorado con mala entraña, sino para enriquecerlo. Había imperiosa necesidad de contar con la ciudadanía para que interviniera de manera directa en la disputa y diera su determinante opinión. Así se hizo, a pesar de las grandes dificultades que tal ejercicio democrático implicaba. Y, a pesar de las cerradas oposiciones y trampas, más de dos millones y medio de mexicanos en todo el país se han expresado con claridad: los consultados rechazan las reformas que ofrezcan privatizar la industria petrolera. Más aún aquellas que la abran, graciosamente, al capital de fuera.

Otra etapa, más prolongada y desgastante en la lucha por la independencia y soberanía energética, se abre por delante. La de la discusión de las iniciativas entregadas en el interior de las cámaras. Una mayoría de malformados votos se quiere imponer sobre la razón, la legalidad y el bienestar de los mexicanos y a favor de unos cuantos.

El gobierno ha desatado una apabullante y costosa campaña de propaganda en apoyo a sus espurios designios privatizadores, ignominiosa señal de su ilegitimidad. La fuerza del FAP en el Congreso, a pesar de poseer una tercera parte de los votos, no es suficiente para detener la avanzada. El oficialismo no quiere oír las sonoras voces ciudadanas expresadas en las urnas consultivas. Obligarán entonces al Gobierno Legítimo a llamar a la movilización de nueva cuenta y, esta vez, el auxilio vendrá de todas partes del país. Permitir que se lleve a cabo la contrarreforma petrolera, tal como se pretende de manera abusiva, no pasará inadvertida por la sociedad, en especial aquellos grandes segmentos ya muy golpeados por los apañes del capital monopólico y los agentes externos, con su cantaleta de globalidad forzosa.

Las acciones de defensa obligada introducirán mayor presión en la ya muy congestionada vida pública de México. Los errores del gobierno, entre los que se cuenta la decadente marcha de la economía, afectarán, aún más, el empleo. Los controles sobre la inflación, de por sí sumamente caros a las mayorías, no han sido suficientes y castigan con mayor rigor a las clases medias, en especial los segmentos que lindan con la marginación. La violencia en las calles y la irrupción del crimen organizado alcanza niveles de peligro y alarma entre la población. En medio de este panorama imponer mayorías convenencieras es aumentar la polarización existente. Una ruta cierta y corta hacia la inestabilidad.

Los distintos niveles de gobierno, incluyendo, claro está, al federal, no tienen los recursos para navegar en estas circunstancias. Lo aconsejable es aprovechar la oportunidad de una negociación efectiva, justa, en concordancia con la historia que deviene de la nacionalización petrolera y no tratar de llevar agua adicional al molino de los privilegios, públicos y privados, ya bien engordados por la rampante impunidad que los distingue. Es quizá, una postrera oportunidad que no se debe desaprovechar.