El Justo Reclamo

Repudian plan de Elba Esther contra normales

Estudiantes y docentes cerraron filas en defensa de la enseñanza pública. Así, alumnos de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros realizaron una movilización para exigir a la titular de la SEP, Josefina Vázquez Mota, pronunciarse sobre la demanda de la presidenta del SNTE, Elba Esther Gordillo, de desaparecer las normales. A su vez, en la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños (en la imagen) se organizó una conferencia de prensa en la que fue rechazado ese proyecto. En Cuernavaca, Morelos, marcharon unos 20 mil profesores en protesta por la firma de la Alianza por la Calidad Educativa entre la dirigente magisterial y el gobernador Marco Adame Castillo Foto Carlos Ramos Mamahua

Mariana Norandi y Carolina Gómez

Educación: destrucción de instituciones

La reciente ofensiva emprendida por la dirigencia charra del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) contra el sistema de escuelas normales del país, y ante la cual el gobierno federal parece dispuesto a acatar los designios de Elba Esther Gordillo Morales, titular y principal beneficiaria de esa dirección cupular, representa una muestra más de la labor de demolición institucional que lleva a cabo el grupo en el poder. En lugar de proponer acciones orientadas a superar los problemas que ciertamente lastran al normalismo –y que son, en parte, y al igual que la problemática general del sistema de educación pública, resultado de décadas de charrismo sindical–, la alianza político-electoral entre el gobierno que preside Felipe Calderón Hinojosa y el grupo que controla al SNTE pretende optar por la salida fácil (y lucrativa) de convertirlo en un generador de técnicos para la iniciativa privada; concretamente, para el sector turístico.
La idea, como otras contenidas en eso que se ha denominado Alianza por la Calidad de la Educación, cuadra plenamente con el designio, en vigor desde hace cuando menos cuatro sexenios, de reducir el Estado a la función de mero facilitador para los negocios de las grandes corporaciones, de transferir sus potestades al sector privado y de llevarlo a renunciar a sus obligaciones constitucionales más básicas, que son asegurar la integridad territorial y la soberanía, salvaguardar las garantías individuales y las libertades ciudadanas, brindar seguridad a la población y satisfacer sus necesidades en materia de educación, salud y empleo. La pretendida demolición del sistema de formación de maestros y su remplazo por escuelas de administradores, camareros y meseros –no puede entenderse de otra manera la iniciativa de Gordillo Morales– constituye, en esta medida, un intento por llevar al gobierno a la abdicación de sus responsabilidades en materia de educación, las cuales, asombra tener que recordarlo, no pueden desempeñarse si no prepara docentes para las escuelas públicas.
Desde otro punto de vista, la mera formulación de semejante idea muestra con claridad el delirante poder que ha logrado la cúpula sindical de los maestros mediante los servicios –primordialmente electorales y de control político– brindados al foxismo y al calderonismo, la consecuente debilidad del gobierno federal ante esa y otras dirigencias gremiales igualmente descompuestas, como la de los trabajadores petroleros, y el grado de cinismo con el que se desempeñan los integrantes del viejo charrismo de origen priísta.
Se trata, por otro lado, de una alianza peligrosa. No es exagerado afirmar que, además de representar uno de los pilares más importantes en los que se sostiene la actual administración, el grupo que controla el SNTE es uno de los principales generadores de conflictos sociales y, a fin de cuentas, un factor de debilidad e ingobernabilidad: si durante el foxismo esa dirigencia sindical fue, junto con el gobierno de Oaxaca, factor central de gestación de la confrontación social que aún se vive en esa entidad, hoy, en pleno calderonismo, se larva un conflicto que podría alcanzar proporciones similares en Morelos. En el mes en curso ha ido creciendo en ese estado un movimiento de trabajadores de la educación y de padres de familia en rechazo a las más recientes disposiciones en materia educativa, así como en protesta por los empeños del elbismo de desconocer al comité seccional que representa a la mayor parte de los docentes morelenses, como ha podido comprobarse en las recientes movilizaciones realizadas por éstos y por sus simpatizantes.
Esos afanes del oficialismo y sus aliados por socavar la enseñanza pública nacional ponen de manifiesto la incongruencia y la superficialidad de los acuerdos adoptados esta semana en materia de seguridad y de combate a la delincuencia. Porque, hay que reiterarlo, la educación es el primer instrumento con el que cuenta el país –y tal vez también el más poderoso– para crear y fortalecer una cultura cívica y legal y acotar, de esa forma, los ámbitos en los que se desarrolla la criminalidad.