■ Diputados piden a ministros estar por encima de presiones y creencias religiosas
La SCJN debe hacer respetar el Estado laico en el tema del aborto
■ Se extralimitó Sergio Aguirre Anguiano; con la propuesta de sanciones está legislando: Agustín Guerrero
■ La iniciativa, retroceso que criminaliza a las mujeres: activistas
La SCJN debe hacer respetar el Estado laico en el tema del aborto
■ Se extralimitó Sergio Aguirre Anguiano; con la propuesta de sanciones está legislando: Agustín Guerrero
■ La iniciativa, retroceso que criminaliza a las mujeres: activistas
La despenalización del aborto polarizó opiniones en la capital. En la imagen se muestra el momento en que opositores y simpatizantes de la medida coincidieron en el Ángel de la IndependenciaDiputados locales pidieron a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizar y discutir, con base en argumentos jurídicos y no ideológicos o morales, el proyecto de sentencia elaborado por Sergio Salvador Aguirre Anguiano, en el que propone dar marcha atrás a las reformas al Código Penal y Ley de Salud del DF mediante las cuales no se sanciona la interrupción del embarazo durante las primeras 12 semanas de gestación.
El legislador perredista Enrique Vargas remarcó: “el fallo final que emita la Corte debe salvaguardar el Estado laico por encima de las creencias religiosas, ya que lo que se defiende con la reforma (a la ley de salud) es el reconocimiento y la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, por su salud y por su derecho a decidir, y no los intereses de la jerarquía eclesiástica”.
El secretario de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del DF (ALDF), Agustín Guerrero Castillo, advirtió que el ministro ponente Aguirre Anguiano se extralimita al proponer las sanciones que deben aplicarse a quienes decidan abortar. “Lo que se le pedía era determinar la constitucionalidad de la reforma, y resulta que también legisla”.
Para Vargas Anaya la resolución que tomen los ministros “estará marcada por su decisión de asumirse como defensores del Estado laico y de los preceptos jurídicos, o como quienes se dejan presionar por los grupos clericales y de ultra derecha, cuyo único objetivo es imponer su pensamiento medieval a la sociedad”.
Muestra de arraigado conservadurismo
El proyecto de dictamen del ministro Aguirre Anguiano, “es un retroceso” y una muestra del “más arraigado conservadurismo” que se inclina por la criminalización de las mujeres, consideraron organizaciones defensoras de los derechos sexuales y reproductivos.
Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) y la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (ddeser) confiaron, sin embargo, en que la mayoría de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considere los argumentos científicos, de derechos humanos y de vigencia del Estado laico para garantizar las garantías básicas de las mujeres, por encima de los criterios morales.
María Consuelo Mejía, directora de CDD, subrayó que aunque se esperaba un dictamen conservador, debido a la posición de Aguirre Anguiano, resulta “preocupante” porque demuestra que desconoce una necesidad sentida del sector femenino, como el derecho a elegir sobre su cuerpo.
Resaltó que la postura del ministro ponente representa la pluralidad de visiones que existe en el país, pero hizo hincapié en que las decisiones relacionadas con políticas públicas, en especial de salud, deben prevalecer por sobre todo, observando el respeto al Estado laico y el apego a los argumentos científicos.
Leticia Cuevas, coordinadora de ddeser, confió en que el proyecto de Aguirre no logre el consenso de los 11 ministros de la Corte y se rechace con ello el recurso de inconstitucionalidad promovido por la CNDH y la PGR.
El legislador perredista Enrique Vargas remarcó: “el fallo final que emita la Corte debe salvaguardar el Estado laico por encima de las creencias religiosas, ya que lo que se defiende con la reforma (a la ley de salud) es el reconocimiento y la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, por su salud y por su derecho a decidir, y no los intereses de la jerarquía eclesiástica”.
El secretario de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del DF (ALDF), Agustín Guerrero Castillo, advirtió que el ministro ponente Aguirre Anguiano se extralimita al proponer las sanciones que deben aplicarse a quienes decidan abortar. “Lo que se le pedía era determinar la constitucionalidad de la reforma, y resulta que también legisla”.
Para Vargas Anaya la resolución que tomen los ministros “estará marcada por su decisión de asumirse como defensores del Estado laico y de los preceptos jurídicos, o como quienes se dejan presionar por los grupos clericales y de ultra derecha, cuyo único objetivo es imponer su pensamiento medieval a la sociedad”.
Muestra de arraigado conservadurismo
El proyecto de dictamen del ministro Aguirre Anguiano, “es un retroceso” y una muestra del “más arraigado conservadurismo” que se inclina por la criminalización de las mujeres, consideraron organizaciones defensoras de los derechos sexuales y reproductivos.
Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) y la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (ddeser) confiaron, sin embargo, en que la mayoría de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considere los argumentos científicos, de derechos humanos y de vigencia del Estado laico para garantizar las garantías básicas de las mujeres, por encima de los criterios morales.
María Consuelo Mejía, directora de CDD, subrayó que aunque se esperaba un dictamen conservador, debido a la posición de Aguirre Anguiano, resulta “preocupante” porque demuestra que desconoce una necesidad sentida del sector femenino, como el derecho a elegir sobre su cuerpo.
Resaltó que la postura del ministro ponente representa la pluralidad de visiones que existe en el país, pero hizo hincapié en que las decisiones relacionadas con políticas públicas, en especial de salud, deben prevalecer por sobre todo, observando el respeto al Estado laico y el apego a los argumentos científicos.
Leticia Cuevas, coordinadora de ddeser, confió en que el proyecto de Aguirre no logre el consenso de los 11 ministros de la Corte y se rechace con ello el recurso de inconstitucionalidad promovido por la CNDH y la PGR.
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