El común de la gente piensa que "libre comercio" es un beneficio general, sin saber que es un eufemismo de los acuerdos cupulares para favorecer al sector privado de otros países, con la Organización Mundial de Comercio (OMC) como Santa Inquisición multinacional. De alcanzar la Presidencia de Estados Unidos, Barack Obama enfrentará conflictos potencialmente irreconciliables entre sus compromisos asumidos --como hacer "el cambio" en la economía para volverla generadora de empleos "verdes"-- y los dictados del "libre comercio" en que su partido y el contrario, han trabajado con denuedo durantes más de 25 años.
Éste es un asunto que ha merecido poca atención durante la campaña. Aunque la prensa "institucional" estadounidense desmenuza al detalle la apariencia y el vestuario de Sarah Palin, la candidata vicepresidencial republicana, y se ocupa de dónde creció su contraparte demócrata, Joe Biden, ni siquiera percibe que muchas de las promesas de ambos candidatos, Obama y McCain, chocarán abiertamente con las disposiciones de oscuros tribunales internacionales en comercio, con el poder suficiente para imponer severas penas económicas al gobierno de Estados Unidos, si se atreviera a descarriarse de la ortodoxia económica llamada "Neoliberalismo".
Ésa es la esencia de los tratados de "libre comercio" globalizado: limitan por convenio la capacidad de maniobra de los legisladores de las naciones firmantes y sujetan la voluntad interna al parecer y conveniencia externos.
Gracias a ese "engendro" armado por Republicanos y Demócratas, el candidato que llegue a la Casa Blanca, estará en una jaula de oro, impedido de cumplir lo prometido a sus votantes, igual que han hecho en México Vicente Fox y Felipe Calderón: puras promesas vanas ante la realidad concertada a espaldas de la ciudadanía, para favorecer a la clase empresarial internacional.
En Estados Unidos el tema ha suscitado agrios comentarios sobre los litigios que la Organización Mundial de Comercio (OMC) inicie contra la Unión Americana y las penas que sus tribunales de arbitraje le impondrán a su gobierno, cuando trate de estimular su industria de productos para remodelación de viviendas o para que Detroit vuelva a fabricar turbinas de viento, por considerar que los fabricados en Asia o Alemania son más eficientes para la "energía limpia".
En realidad, eso significan los tratados de "libre comercio": ceder soberanía nacional a favor de la globalización, donde el interés y prosperidad internos deben ceder ante los externos.
Por lo general, cuando el común de la gente oye la expresión "libre comercio", imagina un conjunto de barcos o tráileres llenos de bienes diversos, cruzando de un lado para otro océanos y fronteras, para beneficiar a la gente. La realidad es que se trata de un eufemismo para nombrar acuerdos cupulares entre gobiernos, que limitan su capacidad de supervisar al sector privado, cuya avidez de ganancias ha desatado problemas en todos lados donde la prosperidad nacional se deja a la voluntad de "las fuerzas del mercado" de cualquier otro país del mundo.
El concepto de "libre mercado" nacido del Consenso de Washington (idea del economista John Williamson, que nunca previó mecanismos para revertir las crisis económicas nacidas en los excesos del libertinaje que desató), jamás atendió las particularidades y asimetrías entre países, como en su momento alertaron muchos críticos y opositores a la corriente neoliberal de Ronald Reagan, Margaret Tatcher y los ultraconservadores que arribaron al poder.
Según un informe de Public Citizen (organismo independiente no lucrativo de protección ciudadana), "muchas normas de la OMC tienen poca o nula relación con el comercio internacional", aunque se les exige a los países miembros "adaptar sus leyes, reglamentos y procedimientos administrativos" a las disposiciones ortodoxas de la OMC.
No hacerlo puede ocasionar serias consecuencias, más que diplomáticas, pues a petición de alguna industria afectada, un país puede ser demandado ante los tribunales propios de la OMC. De los 137 casos atentidos a la fecha por la OMC, las demandas contra leyes restrictivas en algún país, ha sido falladas a favor de los demandantes en el 90% de los casos, obligando a los países a modificar sus legislaciones para conceder ventajas a las empresas extranjeras.
(Con información de AlterNet)
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