Boletín Informativo ISA núm 606

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Sumario:

I. Con el rescate a empresarios van a armar un Fobaproa Dos, alerta Andrés Manuel López Obrador

II. Lo útil, lo bueno y lo prudente, por Mario Di Costanzo Armenta

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CON EL RESCATE A EMPRESARIOS VAN A ARMAR UN FOBAPROA DOS ALERTA ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

Desde Huejuquilla, Jalisco, uno de los municipios más pobres del estado y del país, Andrés Manuel López Obrador exigió al gobierno de facto de Felipe Calderón, que informe a la opinión pública sobre el contenido del plan de rescate de grandes empresarios y banqueros afectados por la crisis.

Luego preguntó: “¿Quiénes están armando o van a instrumentar el plan de rescate? El secretario de Hacienda del gobierno espurio, Agustín Carstens; el nuevo director de Nacional Financiera, Héctor Rangel Domene, y el gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz Martínez”, manifestó.

“Está en puerta, ya están armando un Fobaproa Dos, que se financiará con recursos de las reservas internacionales, que es dinero de todo el pueblo”, afirmó el presidente legítimo de México al adelantar que es necesario dar a conocer las condiciones en que se desarrollará el rescate encubierto.

Como primera condicionante, destacó el hecho de que las grandes compañías favorecidas mantengan la actual planta laboral y que se comprometan a no despedir trabajadores.

En el tercer día de recorrido por municipios del norte de Jalisco, López Obrador expresó que “el programa de rescate de banqueros y grandes empresarios cuenta, desde luego, con la anuencia del presidente pelele y de las cúpulas del PRI y del PAN”.

Acompañado por el presidente municipal de Fresnillo, Zacatecas, David Monreal, y regidores de Huejuquilla, aclaró, sin embargo, que en el Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular “no vamos a permitir que de manera encubierta, sin información de ninguna especie, se lleve a cabo un plan para rescatar a banqueros y grandes empresarios, como siempre”.

Entre las empresas que resultarán beneficiadas con el Fobaproa Dos, mencionó a la cementera Cemex, que tiene un patrimonio estimado en 10 mil millones de dólares, pero una deuda cercana a los 20 mil millones de dólares; es decir, un adeudo que duplica sus pasivos.

De manera inexplicable, observó, “Cementos Mexicanos está quebrada en sus finanzas, probablemente por malos manejos administrativos o por ineficiencias, a pesar de que se trata de un monopolio. Por esa razón exigimos transparentar el programa de rescate, porque se trata de dinero de las reservas y del presupuesto nacional, que es dinero de todo el pueblo”, subrayó.

En contraste, comparó, el gobierno de Estados Unidos dio a conocer que procedería al rescate de empresas automotrices en quiebra, como la General Motors. “Pero en México quieren llevar a cabo el rescate de manera encubierta, sin que se entere la gente y los mexicanos necesitamos conocer cuál es contenido del programa y en qué condiciones se salvará a los banqueros y empresarios en desgracia”, aclaró.

En ese tenor, cuestionó, “la pregunta es: por qué siempre se rescata a los de arriba y quién va a rescatar a los de abajo, a los pobres y a las clases medias”.

Ante la determinación de Calderón Hinojosa de apoyar únicamente a los empresarios que lo impusieron en la Presidencia de la República, López Obrador dio a conocer que el Movimiento en Defensa de la Economía Popular protegerá los intereses de las clases medias y pobres, que son las más afectadas por la crisis.

También informó que el próximo 25 de enero se realizará una asamblea nacional en el Zócalo de la Ciudad de México, para dar a conocer un plan de apoyo a la frágil economía de millones de familias mexicanas.

El presidente legítimo de los mexicanos destacó en la asamblea informativa con los habitantes de Colotlán, Santa María de los Ángel y Huejúcar la necesidad de luchar hasta lograr un cambio real y verdadero, por considerar que el actual modelo neoliberal está caduco y sólo ha provocado una mayor pobreza.

Un ejemplo claro del fracaso de la política económica neoliberal es el permanente aumento a los precios de las gasolinas. Precisamente este día se registró el alza número 31 a los precios de los combustibles, tan sólo en lo que va del año, explicó.

Para hoy, el presidente legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador, recorrerá los municipios de San Martín de Bolaños, Chimaltitlán, Bolaños, Villa Guerrero y Totatiche.

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LO ÚTIL, LO BUENO Y LO PRUDENTE

por Mario Di Costanzo Armenta, secretario de la Hacienda Pública del gobierno legítimo de México

(publicado en La Jornada el 14 de diciembre de 2008)

Estoy completamente seguro de que para muchos mexicanos el recuerdo del Fobaproa aún se encuentra intacto en su memoria. De hecho, es uno de los temas de los que más se ha escrito durante los últimos 10 años.

Independientemente de que existan defensores y detractores de este negro capítulo en la historia económica del país, para todos es una realidad que la discrecionalidad, la falta de transparencia, la corrupción y el tráfico de influencias son calificativos que aún ahora no pueden ser descontados al hablar de este tema.

Y es que resulta imposible negar que en la “panza” del Fobaproa se encuentran los créditos que no pagaron importantes personajes de la política, así como prominentes industriales con enorme capacidad económica que en algún momento decidieron transferir sus deudas a los contribuyentes, al ser rescatados por el Estado, bajo el lema de “proteger los ahorros de la gente común y corriente”.

Parte de lo anterior lo resume el propio Michael W. Mackey, auditor del Fobaproa, quien concluye textualmente lo siguiente: “Entendemos que en México, un número relativamente pequeño de grupos económicos (aproximadamente 10 o 12) son responsables de una parte muy importante de la actividad económica. Estos grupos operan típicamente a través de varias compañías en diversos sectores, incluyendo el financiero. Estos grupos adeudan cantidades importantes a los bancos que participaron en los programas del Fobarpoa. Muchos de ellos tienen o tuvieron participación accionaria en ciertos bancos revisados.

Más aún: el 21 de abril de 2003, el ahora ex vocal de la junta de gobierno del IPAB, Bernardo González Aréchiga, entregó al entonces presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación sus Memorias de Labores. Y en la página 13 del citado Informe refiere el siguiente párrafo:

“El terrible dilema que confrontó el Fobaproa, según uno de los responsables más importantes del rescate, se resume en la siguiente frase: ‘A raíz de la crisis bancaria de 1995, nosotros tuvimos que escoger entre cumplir la ley o reducir el costo fiscal. Optamos por reducir el costo fiscal. Espero que ustedes también tengan la capacidad de hacer lo propio cuando llegue el momento’”.

Esta abierta confesión de la violación a la ley durante el rescate bancario muestra que mientras que a estos grupos conformados por banqueros, prominentes industriales y políticos se les otorgó un trato preferencial, para millones de pequeños y medianos deudores la situación fue diferente, ya que las autoridades determinaron “aplicar la ley” y estas personas, “los nadies”, terminaron perdiendo sus bienes y propiedades.

Señalo lo anterior porque desde hace algunas semanas el gobierno ha venido instrumentando de manera velada una especie de Fobaproa II, dirigido a grandes empresas, pero ahora bajo el lema de “proteger al empleo y a la planta productiva nacional”.

Este rescate consiste en que a través de Nacional Financiera (Nafin) el gobierno, con recursos públicos, garantiza, es decir, “avala”, la deuda de las empresas que se hacen acreedoras de estos apoyos. De esta manera, y en pocas palabras, el gobierno “compra la deuda de estas empresas”.

Desafortunadamente, Nacional Financiera no ha informado de manera clara y transparente de las operaciones llevadas a cabo hasta el momento.

Lo que sí se sabe es que a partir del primero de enero del próximo año el ex presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM) y también ex presidente del Consejo de Administración de BBVA-Bancomer, será el nuevo director general de Nafin.

Todo esto contrasta dramáticamente con la actitud de “no me importa” que el gobierno ha manifestado con respecto del problema de la cartera vencida en créditos hipotecarios y tarjetas de crédito, y que se estima que afecta ya a más de un millón 446 mil personas, para las cuales no se han diseñado mecanismos de rescate.

Y es que al mes de septiembre del presente año la cartera vencida en tarjetas de crédito ascendió a 24 mil 584 millones de pesos, cifra superior en 206 por ciento a la registrada en las épocas del rescate bancario (diciembre de 1997) y 57 por ciento superior a la registrada en diciembre de 2006.

Si bien es cierto, que lo anterior se explica en buena medida, por el deterioro del ambiente económico, también lo es, que el alto costo de las comisiones y la tasa de interés que cobran las instituciones bancarias, han tenido mucho que ver en esta situación, a manera de ejemplo mientras que BBVA la tasa de interés total de una tarjeta de crédito emitida en México es de 80 por ciento, en España es de sólo 25 por ciento.

Esto se debe a la concentración de las actividades bancarias que ha permitido que la banca opere como un gran oligopolio.

Adicional a lo anterior, los bancos deben reconocer, que el problema se ha potenciado por la falta de una adecuada cultura financiera, por su estrategia de utilizar el llamado “crédito al consumo” como una herramienta de penetración de mercado, por las agresivas campañas que implementaron para la colocación de plásticos, y por la ampliación de líneas de crédito sin previa opinión del cliente, y careciendo de los análisis de su capacidad crediticia.

En pocas palabras, deben admitir su irresponsabilidad y corresponsabilidad en la gestación de este problema.

Por ello digo, que lo útil, lo bueno y lo prudente es que se disminuyan y pongan topes, a las comisiones y tasas de interés de estos plásticos, y que tanto el gobierno como los bancos, implementen programas de reestructuras a tasas “blandas” y condonación de adeudos, que impidan que este problema económico, se convierta en un asunto social de gran envergadura y que en este momento a nadie le conviene.

Al respecto, vale recordar que existe en la Cámara de Diputados un dictamen, aprobado ya por el Senado, que detalla un programa de apoyo a deudores de la banca y se conoce como “el artículo 62 bis” y sólo es cuestión de que exista la voluntad y sensibilidad política para resolver un problema que todavía es de dimensiones manejables.