España-CIA: Aerocomplicidad al desnudo

ALEJANDRO GUTIéRREZ

La prensa española publicó documentos que comprueban la colaboración de los gobiernos de José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero con los vuelos ilegales que realizó la CIA sobre Europa entre 2002 y 2005 para secuestrar a supuestos terroristas -incluso europeos- y llevarlos a la prisión de Guantánamo. Pese a la contundente evidencia, ni el actual gobierno ni el partido de Aznar aceptan su responsabilidad.

MADRID.- Cuatro meses después del ataque del 1 de septiembre de 2001 a las Torres Gemelas de Nueva York, el gobierno de José María Aznar autorizó al de Estados Unidos el uso de aeropuertos españoles para las escalas de los vuelos de la CIA provenientes o con destino a la base militar de Guantánamo, en Cuba.Los documentos oficiales de esa autorización, clasificados inicialmente como "muy secretos" y publicados por el periódico El País el pasado 30 de noviembre, son la prueba más contundente del apoyo de un gobierno europeo al traslado de supuestos terroristas a la base militar estadunidense desde que el escándalo estalló en 2005.Estos informes no sólo destapan la connivencia del gobierno de Aznar con el de George W. Bush al permitir dichas escalas y el uso del espacio aéreo español para operaciones militares encubiertas; también implican al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en cuyo período de gobierno se incrementaron los vuelos de la CIA, a pesar de que el presidente socialista se confrontó con Estados Unidos al ordenar el retiro de las tropas españolas de Irak en marzo de 2004, y se ha opuesto públicamente al funcionamiento de la prisión "especial" de Guantánamo.En su informe Destinos inconfesables. Obligaciones incumplidas. España en la "guerra contra el terror" que presentó el 8 de octubre pasado, Amnistía Internacional España (AI) asegura que hasta el año 2005 más de 90 vuelos relacionados con la CIA, y que tuvieron a Guantánamo como origen o destino, hicieron escala en aeropuertos militares y civiles del país sin el mínimo control. Esta información se basa en un informe del Parlamento Europeo, así como en investigaciones propias, de otras organizaciones civiles y de periodistas.Esteban Beltrán, presidente ejecutivo de AI, precisó que el informe del Parlamento Europeo, presentado el 23 de enero de 2007, documentó "68 escalas de aviones supuestamente vinculados a la CIA en aeropuertos españoles hasta finales de 2005". A esta cifra hay que añadirle las más de 20 escalas realizadas por otros aviones también relacionados con la CIA pero con otros destinos."Alrededor de 200 personas detenidas llegaron a Guantánamo en aviones militares estadunidenses o de la CIA, que aunque no siempre despegaron de bases o aeropuertos españoles, sí utilizaron el espacio aéreo español", apunta el informe de AI.Esteban Beltrán dice que su organización "es muy consciente de que los Estados deben combatir al terrorismo, pero lamentablemente el gobierno ha alentado el uso de territorio español para los vuelos a Guantánamo", pese a que el Tribunal Supremo de Justicia decretó que esa prisión "constituye una situación de imposible explicación y menos justificación desde la realidad jurídica y política"."El informe de AI -agregó Beltrán- nos dice que Guantánamo y las violaciones de derechos humanos en la lucha contra el terror, han estado más cerca de los suelos y cielos españoles de lo que se piense, sin que ningún gobierno tomara ninguna medida efectiva para evitarlo ni investigarlo, así como tampoco las actividades de sus tripulantes en España."La publicación de los documentos que prueban la autorización de Aznar dio nuevos elementos a la causa del juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional, que en julio de 2006 se declaró competente para investigar los vuelos. Por lo pronto Moreno le exigió al Ministerio de Asuntos Exteriores que le haga llegar dicha autorización a la brevedad y citó para el miércoles 17 a los exfuncionarios implicados en el escándalo. El juez también instruyó a la Guardia Civil para que le aporte nuevos elementos de prueba sobre las llamadas telefónicas realizadas por ocho agentes de la CIA -a los que abarca la investigación- durante su estancia en el hotel Royal Plaza de Ibiza entre el 12 y 16 de febrero de 2005, confirmó una fuente de la Audiencia Nacional.El Ministerio de Defensa ya le había proporcionado al juez Moreno una relación de 11 vuelos estadunidenses que hicieron escala en las bases militares en suelo español (dos menos que los enlistados por AI) entre el 2 de mayo de 2002 y el 13 de octubre de 2006; dos de ellos se realizaron durante la administración de Aznar y nueve en la de Rodríguez Zapatero.La lista oficial incluye otros 13 vuelos a través del espacio aéreo español entre el 11 de enero de 2002 y el 17 de septiembre de 2004, con Turquía y Guantánamo como origen o como destino; al menos nueve de ellos fueron realizados durante el gobierno de José María Aznar.En su respuesta al requerimiento del juez, el Ministerio de Defensa afirmó que, con base en la documentación disponible, no encontró "ningún vuelo de naturaleza ilegal".En medio del escándalo político que provocó la revelación periodística de la autorización de los vuelos, el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, anunció que se investigará para dar con todos los documentos, "de los que cuando llegamos al gobierno no teníamos constancia, y no hemos tenido constancia hasta que se publicaron".El miércoles 10, en una comparecencia ante el Congreso, Moratinos dijo haber encontrado una de las copias de dichos oficios, pero justificó la complicidad de Aznar con esos vuelos encubiertos argumentando que estaban inscritos dentro de los acuerdos establecidos con las Naciones Unidas y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Además, aseguró que Estados Unidos no utilizó dicha autorización."CIA Airlines"El 12 de marzo de 2005, el Diario de Mallorca, un periódico regional de Palma de Mallorca, publicó que la CIA utilizó el aeropuerto civil Son San Joan antes de secuestrar a un presunto terrorista.Esa fue la primera información publicada en Europa sobre esos vuelos, en los que primero hurgaron The Washington Post y Newsweek. Menos de dos años después, el Parlamento Europeo documentó más de mil vuelos clandestinos estadunidenses sobre territorio europeo, algunos de los cuales formaron parte de "por lo menos" 21 operaciones ilegales de transporte de prisioneros desde cárceles secretas provisionales, posiblemente localizadas en bases militares de Estados Unidos (Proceso 1579).Un grupo de periodistas de Palma (Matías Valles, Marisa Goñi y Felipe Armendáriz) trabajó sobre un dato aparentemente secundario en el reportaje de Newsweek sobre el vuelo de la CIA en el que fue secuestrado el ciudadano alemán de origen libanés Khaled-al-Masri: el avión Boeing 737 que lo trasladó había salido del aeropuerto de Palma de Mallorca con rumbo a Macedonia, donde el alemán fue capturado, y luego se dirigió a Kabul, la capital de Afganistán.Esa investigación periodística para seguir la pista del Boeing 737 matrícula N313P -que desembocó luego en el libro CIA Airlines, ganador del premio Debate- provocó el descubrimiento de una trama mucho más compleja que la escala en Palma de Mallorca. Desde entonces las investigaciones de organizaciones civiles, partidos y periodistas, así como de la Audiencia Nacional, han esclarecido que, entre 2002 y 2005, aviones que participaban en operaciones de la CIA hicieron escalas en las bases militares de Rota, Morón y Torrejón, pero también han utilizado los aeropuertos de Tenerife, Valencia, Alicante, Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla, Ibiza y Vigo. Esta información se resume en el informe del Parlamento Europeo elaborado por el eurodiputado socialista italiano Claudio Fava.

La negación de los hechos

El 10 de enero de 2002, el consejero político y militar de la embajada de Estados Unidos en Madrid tuvo un encuentro urgente con el director general de Política Exterior para América del Norte del Ministerio de Asuntos Exteriores, Miguel Aguirre de Cárcer.Luego del encuentro, Aguirre elaboró un informe dirigido al entonces ministro de Asuntos Exteriores, Joseph Piqué, y a su secretario de Estado, Miquel Nadal, en el que advertía textualmente:

"Los EEUU van a iniciar muy próximamente vuelos para trasladar prisioneros talibanes y de Al-Qaeda desde Afganistán hasta la base de Guantánamo, en Cuba. Estos vuelos se realizarán con aviones de largo alcance y, en consecuencia, sin escalas. Sin embargo, en caso de que por razones no previstas fuese necesario realizar un aterrizaje de emergencia, el gobierno de EEUU quisiera disponer de autorización del gobierno español para utilizar algún aeropuerto de nuestro país (...) En todo momento, los EEUU se harían cargo de la seguridad de las personas transportadas."En el oficio 3329/02, clasificado como "muy secreto", el funcionario de Asuntos Exteriores también recomienda contestar a la brevedad al gobierno estadunidense.Aunque en el oficio, publicado por El País, se asegura que las escalas son de "emergencia", Estados Unidos y España mantenían entonces un acuerdo de cooperación para la defensa que aún es vigente y permite esos vuelos.El reportero Miguel González, con amplia experiencia en la fuente de defensa, señala que el interlocutor estadunidense de Aguirre de Cárcer había hecho esa misma petición a los gobiernos de otros países que cruza esa ruta, como Turquía, Italia y Portugal. Según el oficio publicado, el funcionario español sugirió que "sería preferible utilizar aeropuertos en bases militares como Morón o Rota, en vez de aeropuertos civiles".El 11 de enero de 2002, el vicealmirante Manuel Calvo, presidente de la sección española del Comité Permanente Hispano-Norteamericano, respondió a la petición, canalizada a través de Aguirre de Cárcer, con una nota informativa en la que reitera: "... Se estima que el aeropuerto más discreto es el de la base de Morón y alternativo Rota". La primera está a más de 50 kilómetros de Sevilla y la segunda en Cádiz.En la nota dirigida a la Segenpol (Secretaría General de Política de Defensa), el vicealmirante Calvo hizo una advertencia que hace suponer que esa acción podía ser ilegal: "Debe tenerse en cuenta la posibilidad de que alguna de las personas transportadas tenga nacionalidad europea y sopesar las consecuencias legales".El periódico español subraya que no le faltaba razón a Calvo. Uno de los 23 prisioneros que ese 11 de enero de 2002 llegaron a la prisión especial de Guantánamo fue el ciudadano británico Feroz Ali Abbasi. España ocupaba en aquel entonces la presidencia rotativa de la Unión Europea y estaba en una posición "muy delicada".Miguel Aguirre de Cárcer envió un oficio más, fechado ese mismo día y dirigido a Javier Jiménez-Ugarte, secretario general de Políticas de Defensa y principal colaborador del entonces ministro de Defensa, Federico Trillo. En ese documento, Aguirre le informa del tema y adelanta que "la línea de información pública, en respuesta a posibles preguntas de los periodistas, podría ser que no está previsto que estos vuelos realicen escala en territorio español, pero en caso de que soliciten aterrizar por razones de emergencia, de conformidad con las normas de aviación internacional, se les autorizaría".Aguirre agrega que, independientemente de que el ministro Piqué comente el tema con el ministro de Defensa, "tanto el secretario de Estado Nadal como Ramón Gil-Casares, con quienes despaché el tema anoche, eran lógicamente partidarios de contestar hoy afirmativamente a las autoridades norteamericanas". Una vez desatado el escándalo, Miguel Aguirre de Cárcer le confirmó al Ministerio de Asuntos Exteriores que los documentos difundidos por la prensa son auténticos. Aclaró que él dejó una copia de esos oficios en la caja fuerte de la oficina que ocupaba y entregó dos copias: una que le dio de propia mano a Miquel Nadal para que le fuera entregada a Piqué, y la otra para el secretario general de Política de Defensa.Siempre a la defensiva, el gobierno de Zapatero insistió en que desconocía dicha documentación y en que no había autorizado ningún vuelo en el que se cometieran actos ilegales.El Partido Popular (PP) no emitió opiniones sobre las posibles responsabilidades del gobierno de José María Aznar que implican los documentos publicados, pero a través de la secretaria general María Dolores de Cospedal acusó de la filtración periodística al gobierno de Rodríguez Zapatero.Tampoco la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), que preside Aznar, dio una explicación fehaciente del contenido de los documentos en cuestión. En cambio difundió una carta donde asegura que "los titulares" dedicados al caso "son sencilla y llanamente falsos".En dicha carta, fechada el miércoles 3, el secretario general de la FAES, Jaime García Legaz, afirma que "es sólo una falsedad fabricada por el diario El País" -que según él se negó a publicar la misiva- y que "la única guerra sucia contra el terrorismo que ha existido en España" es la que tuvo lugar en el gobierno de Felipe González contra la ETA.A su vez, el diputado Gaspar Llamazares, de Izquierda Unida, propuso crear una "comisión parlamentaria de investigación" sobre esos vuelos y que abarque de 2002 a 2008. Consultado por Proceso, Llamazares comenta que parece haber una "falta de comunicación" del estamento militar y la diplomacia con el resto del gobierno, que insiste en desconocer los hechos."Hay varios filtros a la información que hacen que esta investigación sea parcial, y que derivan de que el control democrático en este país es prácticamente nulo en el ámbito del Consejo Hispano-Norteamericano (del Ministerio de Defensa), por eso pedimos una investigación parlamentaria global y exhaustiva sobre los vuelos de la tortura", dice el diputado de Izquierda Unida.De igual forma critica al PP: "Da la impresión de que, en esta materia, no reconoce siquiera el pase que dio al gobierno estadunidense y sólo argumenta si en una o en otra administración hubo más vuelos". En cuanto al gobierno de Rodríguez Zapatero, señala que padece el "síndrome compensatorio" ante Estados Unidos ahora que llegó a la presidencia Barack Obama, como si tuviera que "demostrarle algo al gobierno de Estados Unidos después de la retirada de las tropas (españolas) de Irak".