Amenazas para la población civil

JORGE CARRASCO ARAIZAGA

MÉXICO, DF, 2 de enero (apro).- Por más militares vestidos de policías que en 2009 ponga al frente, Felipe Calderón seguirá lejos siquiera de contener el problema del narcotráfico en México.Por el contrario, debido a que los niveles de violencia no dependen de él, quien declaró la guerra al narcotráfico, con su reacción meramente represiva incrementará el riesgo no sólo para su equipo de gobierno, sino para la población civil.Para este año, Calderón dejará plenamente en los militares el combate a los cárteles de la droga. A través del Plan Mérida incrementará relativamente la capacidad de las Fuerzas Armas. Pero, sobre todo, vestirá a generales de jefes policiales para emprender los operativos desde la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal.Su estrategia de sacar a los militares a las calles y caminos del país en los dos primeros años de su gobierno colocó ya a las Fuerzas Armadas en un desgaste difícil de revertir. De no dar un golpe verdaderamente significativo, los militares sólo estarán cada vez más expuestos a relacionarse con los narcotraficantes.Más allá del discurso oficial castrense de que el Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina cumplen las labores que les encomiende su comandante en jefe, entre los militares priva la convicción de que Calderón los metió en un enfrentamiento con un enemigo muy distinto al que en teoría han sido preparados para combatir.En la práctica, fuerzas regulares se enfrentan a grupos irregulares que en momentos han demostrado superioridad de fuerza, gran flexibilidad y una capacidad de reclutamiento mayor, incluso con elementos preparados por el propio Estado, ya sea en las policías o en las Fuerzas Armadas.Pero en el recién terminado 2008, las organizaciones de narcotraficantes demostraron sobre todo una peligrosa capacidad de innovación: organizaron ataques con explosivos improvisados en contra de jefes policiales y, peor aún, iniciaron ataques contra la población civil.Aunque frustrado, el intento por parte de la organización de los hermanos Beltrán Leyva de atacar con una bomba casera a un jefe de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal en las propias instalaciones de la policía, en febrero pasado, dejó en claro que se están valiendo de todos los medios posibles para hacerse del control de territorios.Uno de ellos fue el ataque directo a la población civil la noche del 15 de septiembre, en una agresión cuya autoría no ha sido revelada, pero de la que se culpan el grupo de La Familia y Los Zetas y que la PGR, a través de burdas manipulaciones, adjudica a tres personas que presenta como integrantes de los segundos.El control de la violencia no está en manos del que declaró la guerra, sino de los grupos de narcotraficantes que, una vez rebasado el límite de la población civil, tienen abierto el camino para escalar las agresiones contra la población en general y convertirla así en parte del enfrentamiento.No sería extraño tampoco que las organizaciones de narcotraficantes atentaran en contra de la clase política, empezando por los más cercanos colaboradores de Calderón, en circunstancias tan claras que no dejaran lugar a dudas a la especulación por supuestos accidentes.Mientras la cúpula política esconde con débiles discursos la penetración del narcotráfico en sus organizaciones partidarias, son cada vez mayores los territorios en donde los cárteles tienen el verdadero control, empezando por las presidencias municipales, la forma básica de gobierno.Detrás de su estrategia represiva, Calderón esconde el verdadero problema del narcotráfico: los cárteles no sólo penetraron a las instituciones policiales, sino que están ya en la vida política, la economía y amplios sectores de la sociedad que viven en torno del trasiego de drogas.
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