Exige la Permanente a Calderón no permitir la extradición de Lucía Morett a Ecuador

■ No existe prueba que acredite los delitos que se le imputan, señala a la PGR
Exige la Permanente a Calderón no permitir la extradición de Lucía Morett a Ecuador
■ En otro punto de acuerdo demanda a los bancos sensibilizarse ante el entorno financiero adverso

Enrique Méndez y Roberto Garduño

El pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para exigir al gobierno de Felipe Calderón que no permita la extradición de Lucía Morett, en caso de que Ecuador lo solicite.
En lo que fue su última sesión –el domingo empieza el periodo ordinario–, se pidió a la Procuraduría General de la República (PGR) no conceder la extradición, porque “no existe ninguna prueba” que acredite los delitos atribuidos por el fiscal de Sucumbíos, Ecuador, a la estudiante mexicana, y asegure la salvaguarda de sus garantías de libertad y seguridad jurídica.
Asimismo, el Poder Legislativo pidió a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que respete los derechos humanos y garantice la seguridad jurídica de Morett en caso de conceder la extradición, y que de ser el caso considere su fundamento “de carácter esencialmente político”.
Impulsado por el PRD, el punto de acuerdo plantea a la canciller Patricia Espinosa promover una investigación y aplicar acciones diplomáticas para ayudar a esclarecer los homicidios de los jóvenes mexicanos Verónica Natalia Velázquez Ramírez, Juan González del Castillo, Fernando Franco Delgado y Soren Ulises Avilés Ángeles, quienes murieron en un ataque del ejército colombiano a un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en territorio ecuatoriano, en marzo del año pasado.
En tribuna, el legislador perredista Gerardo Villanueva Albarrán aseguró que las acusaciones de un juez de Sucumbíos, “sin fundamento, van manchadas por la ausencia de elementos. No conocemos mayores detalles de las imputaciones hechas a Lucía Morett, y ante el vacío de información es que esta Comisión Permanente resuelve solicitar datos” sobre la investigación iniciada en contra de la universitaria.
Durante la sesión, los legisladores aprobaron una amplia lista de puntos de acuerdo, dirigidos en su mayoría a dependencias del gobierno federal, así como uno para exhortar a los bancos a “sensibilizarse del entorno financiero adverso” y reducir las tasas de interés que cobran por los créditos, cuyos montos “poco contribuyen a impulsar a los sectores productivos, ya que al otorgar pocos incentivos para el ahorro reducen los recursos para financiar el desarrollo nacional”.
Presentado por el panista Martín Malagón Ríos, el punto de acuerdo cuestiona que el promedio de las tasas de interés en tarjetas de crédito es de 41.78 por ciento, mientras que las de préstamos hipotecarios es de 12.55, lo cual –advirtió– favorece la cartera vencida, porque las deudas se vuelven impagables, no por su monto original, sino por la acumulación de elevados intereses, lo que puede representar una fuente de inestabilidad para los sectores público y privado.
En tribuna, el presidente de la Comisión de Turismo, Octavio Martínez Vargas, alertó que un millón 300 mil mexicanos enfrentan problemas con sus créditos producto de la crisis económica y la pérdida de empleos, lo cual impide que realicen el pago mínimo. “Es grosero y usurero lo que los bancos cobran en el país a los usuarios de tarjetas o de cualquier servicio, por la diferencia abismal entre los intereses que pagan a sus inversionistas o ahorradores”, dijo.
Asimismo, la Comisión Permanente aprobó un punto de acuerdo para solicitar a las secretarías del Trabajo y de Economía, así como a la PGR, que informen sobre la situación del conflicto entre el sindicato minero y el Grupo México, propietario de yacimientos en Cananea, Sonora; Taxco, Guerrero, y Sombrerete, Zacatecas.
También solicitó al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, adoptar medidas y mecanismos que propicien la oportuna atención de todos los ex braceros, y al comité que administra el Fondo del Apoyo Social a ex Trabajadores Migratorios Mexicanos a otorgar una prórroga de 30 días para el registro de beneficiarios.