Medidas anticrisis desde la visión de los juristas democráticos

24 de enero de 2009
UNION DE JURISTAS DE MÉXICO

En México, las peores consecuencias de la actual crisis capitalista serán para los trabajadores y sus familias y nadie vendrá en su ayuda (gobierno, patrones o partidos), siendo la única opción para el pueblo trabajador, convertir este año en un año de lucha y reorganización política y sindical por el mejoramiento de sus condiciones de clase en la perspectiva de un mejor país.
Recientemente el Presidente Calderón dio a conocer el Programa para la Defensa de la Economía Familiar y el Empleo, supuestamente consensuado con los sectores empresariales, sindicales y diversas instancias del poder público, cuestión de entrada dudosa, ya que solamente es un acuerdo con lo más selecto de la oligarquía empresarial, burocrática y el charrrismo sindical, sin participación alguna de la masa de trabajadores y micro y pequeños empresarios empobrecidos con la crisis.

El Programa presentado en 5 ejes y 25 medidas resulta engañosamente impresionante, cuando pretende hacernos creer que la crisis viene del exterior sin considerar la responsabilidad de las políticas públicas que se vienen implementado desde hace más de 25 años en el país y que han desmantelado el Estado social de derecho y la planta productiva nacional, y que el TLCAN, ahondó para establecer un país dependiente, atrasado y sin bienestar para la mayoría de su población.

El anuncio de Calderón es un pronunciamiento de políticas públicas que buscan un alto impacto mediático en un año electoral, de carácter tardío y superficial para hacer frente a los efectos de la crisis en la población trabajadora, sobre todo en lo que se refiere a medidas urgentes para frenar el desempleo, el alto costo de la vida, la devaluación, la inflación, el desabasto y sentar bases sólidas a corto y mediano plazo para recuperar el crecimiento con desarrollo y justicia social.

Los grandes y graves problemas que México enfrentará este año, además de la severa crisis (económica, financiera, energética, alimentaría, más lo que se acumule), serán los de una mayor pobreza y precarización de las condiciones de vida y de trabajo de la población, un elevado incremento de la violencia e inseguridad pública, así como, el abandono de la vida democrática nacional, tanto del ejercicio del poder como por la falta de cumplimiento de la legalidad constitucional y de los derechos humanos, de ello dan cuenta la represión, la militarización y el quebranto del sistema de impartición de justicia.

En ese contexto las y los trabajadores del campo y la ciudad en los próximos meses serán los más afectados, el estancamiento productivo dará paso a la caída de la producción, del consumo y el empleo (ver anexo).

Por ello, consideramos que los trabajadores, juristas democráticos y cualquier otro sector social comprometido con la mejora de sus condiciones de vida y de trabajo en la organización social mexicana, debe en términos generales considerar como alternativas viables y urgentes para revertir los efectos de la crisis, luchar por conseguir que el Estado en lo inmediato, implemente medidas como las siguientes:

1.- ESTABLECIMIENTO DEL SEGURO DE DESEMPLEO A NIVEL NACIONAL Y FEDERAL, en base al otorgamiento de una pensión mensual universal a desempleados involuntarios.

2.- AUMENTO SALARIAL DE EMERGENCIA para las y los trabajadores que devenguen entre 0 y 5 salarios mínimos generales, en un porcentaje de aumento mínimo entre el 10 y 20% para recuperar cuando menos el poder adquisitivo del salario de 2009 respecto del de 2007, lo cual permitirá reestablecer la capacidad de consumo de la población más pobre, entre desempleados y asalariados, incentivar la producción y el empleo y generar una redistribución del ingreso nacional, democratizando los márgenes de ganancia del capital, mediante un,

3.- CONTROL DE PRECIOS DE LA CANASTA BÁSICA, ya que el aumento de salarios no es inflacionario por si mismo. Además del,

4.- ESTABLECIMIENTO DE UN ESCALAFÓN ÚNICO DE SUELDOS Y PRESTACIONES PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL PAÍS, de acuerdo con la jerarquía, naturaleza, calidad y tiempo del trabajo que se presta, su importancia y riesgos de su ejercicio, lo cual permitirá detener la impunidad, corrupción, dispendio e incubación en cada sexenio de nuevos ricos, en detrimento del gasto público y social.

5.- SANEAMIENTO Y CONTROL RÍGIDO DEL SISTEMA FINANCIERO Y BANCARIO DEL PAÍS y disminución de los intereses bancarios (componente importantísimo de los costos de producción), que elimine la banca especuladora y procure una banca de desarrollo social, incluyendo el caso de las Afores, las que requieren un control estricto en el cobro de comisiones por manejo de cuenta, su nacionalización y estatización. Control y reducción de la devaluación e inflación, sin la aplicación de políticas monetaristas, y,

6.- CRECIMIENTO ECONÓMICO INMEDIATO MEDIANTE EL ESTIMULO URGENTE DE LA INVERSIÓN PRODUCTIVA NACIONAL, que absorba la gran cantidad de mano de obra disponible, a través de medidas de simplificación administrativa y de excepción jurídica que permitan en este año el establecimiento de cualquier empresa productiva lícita y posible, así como, el comercio justo y el trueque, con una orientación y diversificación de mercado diferente al de los EEUU y con apoyos estatales para la exportación, particularmente a través de créditos accesibles al campo y al universo de micro, pequeñas y medianas empresas, privadas y de economía social, como las cooperativas, además del apoyo para que las mypymes, privadas y sociales nacionales, de producción y servicios sean proveedores cuando menos de un 50% de los bienes y servicios que adquiere y utiliza la administración pública federal y de las entidades federativas.

Una política anticrisis y de empleo integral se generaría con mayor inversión pública, privada y social, el fortalecimiento del poder adquisitivo de la población, principalmente trabajadora, y el control de precios, lo que repercutiría en beneficio de la consolidación de un mercado interno y el crecimiento y articulación de los distintos sectores productivos, y no estimulando que la gente tenga refrigerados nuevos, aunque con la crisis estén condenados a permanecer vacíos.

FRATERNALMENTE.

POR LA PRESIDENCIA COLEGIADA DE LA UNIÓN DE JURISTAS: EDUARDO MIRANDA ESQUIVEL, JESÚS CERVANTES ESPARZA, CESAR DE LEÓN GUADIANA, JUAN RUBIO Y PABLO FRANCO HERNÁNDEZ. POR EL CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DE LA UNIÓN : JOSÉ ENRIQUE GONZÁLEZ RUIZ. POR LA SECRETARIA DE RELACIONES Y SOLIDARIDAD. OMAR GARIBAY GUERRA.