De ladrón acusa Téllez a Carlos Salinas (¡qué novedad!)

Lilia Arellano

“El pez por su boca muere”, y al secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez Kuenzler, de plano lo agarraron con las manos en la masa evidenciando así su mala calidad como funcionario y el terreno de las mentiras en las que se desenvuelve. En una emisión, el funcionario –que con esto demuestra qué tan inepto es para ocupar la titularidad de Comunicaciones- “pensó” que había concluido una llamada telefónica y prácticamente acusó al ex presidente Carlos Salinas de Gortari de ser un ladrón al referir que el entonces titular del Ejecutivo Federal se apropió del 50 por ciento de la partida secreta autorizada para la Presidencia.
Téllez, hablando con un tercero expresó: “López Portillo destrozó al país y Salinas también”, y afirmó que Carlos Salinas y su actual esposa Ana Paula Gerard Rivero, al igual que el ex presidente José López Portillo, “creen que el país no les agradece lo que hicieron por México”. Tales expresiones quedaron grabadas en el celular de Diana Pando, amiga de Carmen Aristegui, quien en su emisión radiofónica destapó la verdadera personalidad del funcionario federal a quien Calderón le encomendó aclarar el crimen de Juan Camilo Moruiño.
Obviamente, Luis Téllez intentó infructuosamente defenderse y para ello no dudó en quedar ante la opinión pública como un bocón que ante sus amigos habla de la gente sin tener ninguna prueba, al señalar ahora que “nunca tuve, ni he tenido evidencia alguna de acciones ilícitas del ex presidente”. Además, ya sin ninguna calidad moral y en su pretensión de salir bien librado, acusó a Diana Pando de intentar extorsionarlo amenazándolo con dar a conocer, desde el 2005, la grabación del teléfono celular que obraba en su poder.
Sólo le falto decir que lo que quedó grabado era una “simple plática de borrachos habladores”, pues sostuvo que fueron expresiones indebidas en una charla de amigos y cuando él trabajaba en la iniciativa privada. Sin embargo, el pasado de Luis Téllez como hombre cercano al poder es como para estar cierto de que su expresión es producto de pruebas y antecedentes de los cuales o fue testigo o, en el peor caso para Salinas de Gortari, obran en su poder.
Este “irresponsable” funcionario tiene bajo su férula un área estratégica para el desarrollo del país como son las comunicaciones y los transportes y, si apegamos a esta conducción personal que el mismo revela y cuyas palabras no desmiente, ya podremos preguntarnos ¿en manos de quién estamos?
Porque no hay que olvidar que Luis Téllez en las últimas dos décadas ha sido un hombre ligado al centro del poder político y económico de México. En el gobierno de Carlos Salinas de Gortari fue uno de los principales artífices de la política económica de esa administración, en la que también se desempeñó como subsecretario de Agricultura, cuando esta dependencia era dirigida por Carlos Hank González. Posteriormente, con Ernesto Zedillo en Los Pinos, fue jefe de la oficina de la Presidencia y desde 1997 titular de la Secretaría de Energía hasta el final de esa gestión. Este individuo volvió al centro del poder político luego de que en 2006 traicionara a su partido, el PRI, y apoyara públicamente al abanderado del PAN a la presidencia de la República, Felipe Calderón, quien lo colocó en su actual posición.

Aguas negras del
imperialismo yanqui
A casi un siglo de lucha de los trabajadores para conquistar algunos beneficios saltan a la vista empresas cobijadas por las autoridades federales, las cuales a partir de la llegada de Ernesto Zedillo Ponce de León a la máxima silla del poder en México, han visto crecer sus utilidades, han realizado multimillonarios fraudes, evaden al fisco, eliminan pagos obligatorios para otros como son el Seguro Social y el Infonavit, constituyéndose así como una forma oficial de explotación laboral.
Para el gobierno calderonista cualquier forma de pisotear a los trabajadores no sólo es bienvenida sino aplaudida por los miembros de su gabinete; ahí están los ejemplos de lo que sucede con los mineros, con los petroleros, con el despojo de las pensiones, con la aceptación de menores de edad trabajando en jornadas de adulto tanto en el campo como en las grandes tiendas comerciales. Ni qué decir de la corrupción y manipulación que rodea a los contratos colectivos y ahora queda al descubierto hasta qué grado puede llegar cuando se trata de firmas extranjeras.
Una demanda penal en contra de la trasnacional Coca Cola Company y Coca Cola Export Corporation sucursal México, por el delito de fraude por simulación y/o genérico, presentada ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal por el ex directivo de esa empresa, Ángel Alvarado Agüero, puso nuevamente sobre la lupa de la opinión pública nacional el nefasto esquema de terciarización laboral, subcontratación o outsourcing, a través del cual las empresas utilizan trabajadores, sin contratarlos formalmente y sin pagarles prestaciones, lo que les permite evadir el pago de utilidades, sus obligaciones patronales, fiscales y sus aportaciones al Seguro Social y al Infonavit.
Luego de exhibirse una vez más la ineficiencia de las autoridades federales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) –particularmente acentuada a la llegada de los gobiernos panistas que han convertido a esa dependencia en verdugo de los trabajadores- que encabeza el camorrista Javier Lozano –cerebro jurídico de otra empresa fraudulenta ISOSA-, tras las demandas laborales contra Coca Cola Export Corporation sucursal México, del 6 de junio de 2007, en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y contra The Coca Cola Company y Coca Cola Export Corporation sucursal México, el 6 de mayo de 2008, en la misma junta, este asunto llegó hasta la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), en donde el pasado 10 de diciembre se presentó ante la Fiscalía para Delitos Financieros una demanda penal en contra de Coca Cola Company y Coca Cola Export Corporation sucursal México, por el delito de fraude por simulación y/o genérico, a través del cual se despojó a sus trabajadores del beneficio de sus utilidades.
Dichas demandas permitieron que el esquema de outsourcing bajo el que opera Coca Cola Company en nuestro país sea analizado en los tribunales. En este caso, Alvarado Agüero acusa a esa compañía de fraude por simulación para despojar a los trabajadores del beneficio de sus utilidades estimadas para 2007 en aproximadamente 700 millones de dólares. Sólo por ese año se deben 70 millones de dólares a 400 trabajadores, lo que implica un daño patrimonial por empleado de 175 mil dólares. El daño para este año no ha sido todavía cuantificado.

Corrupción y complacencia
Las grandes firmas internacionales que operan en el país están acostumbradas a evadir la legislación laboral vigente en el territorio nacional que ya no se toman ni siquiera la molestia de conformar empresas que sean difíciles de detectar. Para muestra baste señalar que el ex directivo de Coca Cola acusó que la trasnacional simuló en 1986 la creación de una empresa, denominada Servicios Integrados de Administración y Alta Gerencia (SIAAGSA), de la que también es propietaria para evadir sus responsabilidades laborales con sus trabajadores. Tan seguros están de la impunidad que prevale en México, que los directivos de Coca Cola aparecían a la vez como propietarios de la empresa que realiza la subcontratación de empleados. El socio mayoritario de SIAAGSA es The Coca Cola Export Corporation, posteriormente SIAAGSA pasó a manos de las compañías Atlantic Industries, establecidas en las Islas Cayman, y The Inmex Corporation, con base en Florida, las cuales son filiales The Coca Cola Export Corporation, de acuerdo con lo que establece la demanda de referencia, que tendrá que ser contestada por esa compañía el 24 de junio próximo.

Lo que la Coca Cola Export Corporation hizo –y hacen impunemente otras muchas empresas en el país- al crear artificialmente una razón social para venderse a si misma los servicios de personal, fue darle la vuelta a la ley laboral y fiscal, eludió asumir sus responsabilidades patronales y, sobre todo, omitió el pago del reparto de utilidades a los trabajadores, derecho que la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos garantiza en la fracción IX del artículo 123 y que asciende por disposición de ley a 10 por ciento.

Trabajadores desamparados
Si bien es cierto que el interés de Alvarado Agüero es eminentemente monetario, toda vez que él mismo reclama 7 millones de pesos por su liquidación más 2.8 millones de dólares en utilidades por haber laborado en la compañía, pone ante los ojos de la opinión pública el enorme daño que le hacen a los trabajadores mexicanos las firmas outsourcing instaladas en el territorio nacional.
En México, de acuerdo con datos oficiales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y del Sistema de Administración Tributaria (SAT), hay cerca de 35 mil cooperativas en el país y más de 5 mil empresas de outsoursing, de las cuales se tienen evidencias de que gran parte de ellas son utilizadas para no pagar a los trabajadores las prestaciones que les corresponden por ley, como reparto de utilidades, además de que no los inscriben al IMSS ni al Infonavit. Por si eso fuera poco, tampoco pagan impuestos federales ni locales, ni mucho menos sus obligaciones laborales. Todo esto lo llevan a cabo sin ser molestados por las autoridades, quienes han mantenido una actitud de abierta complacencia ante esta irregular situación que hace sospechar la existencia de una amplia red de corrupción.
Si bien el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tiene registrados alrededor de 14 millones de trabajadores, los cuales podríamos presumir que son trabajadores formales que cuentan con la protección que les brinda la legislación laboral vigente, información del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México asegura que existen más de 26 millones de trabajadores mexicanos que carecen de las prestaciones de ley y que se encuentran fuera de todo contrato legal, lo que, señalan, convierte a nuestro país en un “paraíso empresarial” para el esquema de outsourcing.
Datos de la Confederación de Trabajadores de México coinciden con lo anterior pues señalan que seis de cada 10 trabajadores mexicanos “no tienen seguridad social”, debido a que existe una “gran simulación” laboral toda vez que los patrones omiten pagar prestaciones básicas sin que nadie les diga nada ni muchos menos los sancionen. La afectación a los trabajadores es sumamente grave, pero no se queda ahí puesto que esas prácticas defraudan permanentemente al IMSS al contratar trabajadores sin registrarlos ante esa institución, y de paso al Infonavit.

El outsourcing, un fraude
A través de la subcontratación de personal, el outsourcing, en sus distintas denominaciones, se ha impuesto en el país un negativo modelo con condiciones nefastas de trabajo, en las que prevalecen los bajos salarios, afiliación irregular en la seguridad social o la ausencia de ésta y jornadas extenuantes de trabajo muy por encima de lo que señala la ley. El colmo es que el propio Estado mexicano y hasta sus órganos de justicia y legislativos han admitido en sus instalaciones estas formas de contratación.
Dicho modelo se ha logrado imponer gracias a la existencia de empresarios deshonestos, a corruptos dirigentes de sindicatos corporativos y, sobre todo, por la complicidad de las autoridades laborales, lo que les ha permitido a las empresas de outsourcing operar sin ningún control, ocultar múltiples violaciones laborales y, por si fuera poco, impedir la organización gremial de los trabajadores. La CTM estima que prácticamente el 50 por ciento de los trabajadores que tienen un empleo formal en nuestro país están bajo este esquema que empezó en el rubro de servicio de limpieza, pero se ha extendido a instituciones financieras como bancos, escuelas privadas, fábricas, hospitales privados y comercios y empresas de servicios.
La Confederación de Trabajadores de México presentó el año pasado una iniciativa de ley para regular las empresas de outsourcing -que “abaratan” totalmente los costos laborales, porque no pagan prestaciones, los contratos individuales contienen las mínimas cláusulas y no ofrecen seguridad en el trabajo- a fin de que éstas no continúen actuando al margen de la ley. El proyecto de ley correspondiente fue presentado ante el pleno de la Cámara de Diputados por el dirigente del Sindicato Industrial de Trabajadores y Artistas de Televisión y Radio, Patricio Flores Sandoval. La minuta fue aprobada en abril pasado por la cámara baja, y ahora se encuentra en el Senado de la República, en donde los legisladores han sido “cabildeados” por el sector empresarial, particularmente por mediadores del Consejo Coordinador Empresarial y de la Confederación de Cámaras Industriales para que el proyecto sea rechazado, por lo que éste se encuentra totalmente “congelado”.
De acuerdo con esa minuta, gran parte del problema lo constituye el hecho de que para el IMSS las empresas que subcontratan personal representan una dificultad prácticamente sin solución porque son negocios con muy limitada infraestructura física, que fácilmente pueden ser desaparecidos sin que se puedan hacer efectivos los cobros ni exigir el cumplimiento de sus obligaciones como patrón. Por esa razón, la propia minuta que se encuentra en la Cámara Alta plantea la obligación de que la persona beneficiaria de los servicios prestados por los trabajadores de las empresas de “terciarización”, se asuma como responsable de las obligaciones en la Ley del Seguro Social, por lo que de llegar a aprobarse deberán informar mensualmente al IMSS los nombres, números de seguridad social y días laborados por los trabajadores, así como el nombre del centro de trabajo donde se prestaron los servicios, registros patronales y federal de contribuyentes, además del domicilio fiscal. La empresa contratista también deberá informar cada mes al IMSS todos los datos correspondientes de la persona, organismo o institución beneficiaria de los trabajos realizados, así como de los empleados.
También el Partido de la Revolución Democrática presentó en octubre del año pasado en la Cámara de Diputados otra iniciativa de reforma constitucional y legal para impedir que el gobierno federal, los gobiernos estatales y municipales, así como el Congreso de la Unión y el Poder Judicial contraten empresas que a su vez subcontraten mano de obra para servicios por medio del outsourcing. Esta iniciativa se derivó del caso de la empresa Alfa Sol que paga a sus empleados 900 pesos al mes, no les otorga prestaciones, les impide comer fuera de la Cámara de Diputados, utilizar las sucursales bancarias ubicadas en ese recinto y no les paga utilidades a pesar de que el contrato anual por los servicios de limpieza es de 19 millones de pesos. La propuesta perredista considera, entre otros apartados, reformar el artículo 215 del Código Penal Federal para tipificar el delito de abuso de autoridad a quien autorice o subcontrate trabajadores.
Sin embargo, todo parece indicar que la situación empeorará, pues las autoridades federales están concentradas en la intención de reformar la Ley Federal del Trabajo, pero no para beneficiar a los trabajadores sino a la clase empresarial, pues de acuerdo con denuncias de abogados laborales y sindicatos, se pretende sustituir la estabilidad del empleo por jornadas precarias y eventuales; facilitar el despido sin causa justificada; limitar los derechos de libertad sindical; crear nuevas causales para declarar inexistente la huelga, y legalizar lo que hoy es ilegal: la subcontratación o outsourcing.
Actualmente la situación del empleo en el país es pésima y de ello hablan los casi 600 mil empleos perdidos en los últimos tres meses. La crisis financiera mundial ha incrementado más de 10 por ciento el número de demandas laborales presentadas ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), por despido injustificado, pagos salariales o prestaciones no cubiertas, las cuales al cierre del año pasado rondaban las 70 mil por el cierre y clausura de empresas y la aparición del mercado negro de trabajadores que constituyeron las empresas outsourcing, que han fomentado e impulsado la precarización del trabajo en las áreas de servicio y comercios, en donde los trabajadores se han visto obligados a firmar contratos con dichas empresas, que dan empleo por interpósitas personas y que les implica aceptar ganar salarios ínfimos y renunciar a prestaciones sociales básicas como el Seguro Social.

“Inocentes palomitas”
Pues resulta que “los tocados” de la “tremenda corte” decidieron que tanto el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, y el actual procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, son unas “almas de dios”, unas “blancas palomas”, sin responsabilidad alguna de las violaciones graves a las garantías que se registraron en la comunidad de San Salvador Atenco, y que no tuvieron nada que ver con los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006, en donde hubo agresiones físicas contra los pobladores, abusos sexuales comprobados contra manifestantes, detenciones y allanamientos totalmente ilegales y hasta la muerte de dos personas.
Ni Jimmy Neutrón, ni el anterior responsable de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, Medina Mora, tuvieron nada que ver ni mucho menos fueron los autores intelectuales de los actos de “violencia planeada” contra los habitantes de Atenco, según los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para quienes seguramente la verdad es que los atenquenses se golpearon solos; que se pelearon entre sí; que la mujeres abusadas sexualmente fueron las provocadoras por usar faldas y vestidos; que los muertos perdieron la vida por andar de revoltosos; que Peña Nieto y Medina Mora hicieron bien en sofocar violentamente los disturbios y enseñarles a los lugareños quien es la “autoridá”.
Los togados muestran una vez más que la justicia en México tiene niveles, no podría ser de otra manera y seguramente para que no se nos olvide a los ciudadanos mortales comunes y corrientes, que un gobernador como el mexiquense y un alto funcionario como Medina Mora, uno de los hombres del presidente, no pueden ser juzgados ni están al nivel de comandantes y jefes de compañía y pelotones, así sean éstos de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE) o de las policías Federal Preventiva (PFP) o Municipal, a quienes sí se les señala como involucrados en la violación de garantías.
También de otro nivel sin lugar a dudas son funcionarios como Miguel Ángel Yunes, director del ISSSTE y entonces secretario del Sistema Nacional de Seguridad Pública; Humberto Benítez Treviño, secretario de Gobierno del Estado de México; Héctor Guevara, subsecretario de gobierno Valle de México- Zona Oriente; Ardelio Vargas Fosado, jefe del estado mayor de la PFP; Ramón Pequeño García, delegado estatal del Cisen; general Héctor Sánchez Gutiérrez, coordinador de las Fuerzas Federales de Apoyo; o el vicealmirante Wilfrido Robledo Madrid, comisionado de la ASE, aunque todos estos funcionarios y militares participaron en la planeación y ejecución de los operativos, con excesivo uso de la fuerza pública, para desbloquear la carretera Texcoco-Lechería, rescatar a policías secuestrados y, en una palabra, “restablecer el orden” a como diera lugar.

De los pasillos
Ante su presunta participación en el asesinato del general Mauro Enrique Tello Quiñones, Francisco Velasco Delgado, alias “El Vikingo”, fue arraigado por 40 días por la Procuraduría General de la República, luego de que un juez federal especializado le concedió a esa dependencia la autorización correspondiente a fin de que se le realicen investigaciones además por delincuencia organizada y delitos contra la salud. Al ex secretario de Seguridad Pública y Tránsito del municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, se le acusa de brindar protección a una célula de “Los Zetas”, sicarios del cártel del golfo que tenían como tarea asesinar a integrantes de las fuerzas armadas que obstruyeran las actividades de esa organización delictiva.

lilia_arellano@yahoo.com