La historia no ha absuelto a Luis Echeverría y, sin duda, no lo absolverá. En cambio, el expresidente ya cuenta con la exoneración de las autoridades judiciales que han creado para él, según lo dijo el fiscal Ignacio Carrillo Prieto, un "nicho de impunidad" al liberarlo de toda responsabilidad en la matanza estudiantil del 2 de octubre de 1968. En ello coincide la subdirectora de Amnistía Internacional para las Américas, Kerrie Howard, quien critica al Estado mexicano porque, arguye, no sólo incumple sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos, sino que garantiza la impunidad de aquellos que los violan.
Exonerado la semana pasada por la justicia mexicana, el expresidente Luis Echeverría Álvarez quedó juzgado para la historia apenas ocurrida la matanza de estudiantes del 2 de octubre de 1968.El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con sede en el Distrito Federal, ratificó el jueves 26 el argumento con el que la justicia federal llevó las acusaciones contra Echeverría: hubo genocidio aquella noche de Tlatelolco, pero él no fue responsable.El colegiado confirmó el amparo obtenido por el exmandatario desde el 12 de julio de 2007, cuando el magistrado José Guadalupe Luna Altamirano, como titular del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal, aseguró que en las casi 59 mil fojas del expediente no encontró “ni una sola prueba” sobre su responsabilidad, pese a sostener que en la plaza de las Tres Culturas sí ocurrió ese delito de lesa humanidad y que éste aún no había prescrito.El criterio predominante en la justicia mexicana fue que no pudo procesar a ningún responsable de aquellos hechos sangrientos porque los acusados estaban muertos –empezando por el expresidente Gustavo Díaz Ordaz– o la acción penal había prescrito. Más aún, que Echeverría, ahora de 87 años y en ese entonces secretario de Gobernación, “no tuvo nada que ver” en la matanza.Con esta determinación no sólo concluye la prisión domiciliaria a la que Echeverría estuvo sometido desde el 28 de noviembre de 2006, por su probable responsabilidad en esos hechos, sino que prácticamente se terminan las acciones judiciales en su contra.En junio de 2005, la justicia federal también exoneró al exmandatario en definitiva de la matanza estudiantil del 10 de junio de 1971, perpetrada en San Cosme por el grupo paramilitar Los Halcones cuando él era presidente.Con el juicio de la historia a cuestas –ante la que Echeverría pasó como responsable de ambas matanzas–, la ratificación del amparo fue criticada por la oficina de Amnistía Internacional (AI) en México, que hizo ver al gobierno de Felipe Calderón que la impunidad por los delitos del pasado se agrava con el clima de violencia e inseguridad que prevalece en el país.En un comunicado difundido el viernes 27 por la subdirectora para las Américas, Kerrie Howard, AI señaló que el Estado mexicano incumple sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos y garantiza la impunidad.La organización humanitaria, que tiene su sede en Londres, responsabiliza por igual a los tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial: La exoneración es un síntoma de la incapacidad de los sucesivos gobiernos y procuradores, legislaturas y tribunales de mantener y cumplir los compromisos humanitarios de México.Sin rodeos, Howard estableció: “Los graves abusos cometidos a los derechos humanos en el pasado reciente en México continúan ensombreciendo el presente”.
Añadió: “La negación de la justicia, verdad y reparaciones a las víctimas se repite diariamente, al tiempo que la impunidad por estas violaciones sigue siendo el principal obstáculo para el establecimiento de instituciones de justicia confiables y capaces de mantener los estándares de derechos humanos y de proteger a los ciudadanos”.Howard hizo ver que ese “legado de impunidad e injusticia” florece en el actual clima de violencia e inseguridad que se vive en México.Y responsabilizó al gobierno de Felipe Calderón de no haber “reconocido ni tratado el legado de violaciones a los derechos humanos. Es tiempo de que esto cambie y haya un esfuerzo concertado de los poderes del Estado para garantizar la verdad, la justicia y las reparaciones a las víctimas y sus familias”.Las críticas de la representante de AI aludieron a la desaparecida Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), cuyo extitular, Ignacio Carrillo Prieto, recientemente se deslindó del fracaso de esa instancia creada ex profeso para investigar y establecer las responsabilidades sobre las graves violaciones a los derechos humanos –torturas, desapariciones y ejecuciones– ocurridas entre los años sesenta y parte de los ochenta, durante el régimen del PRI.Decisión extrajudicial
Cuestionado por su actuación al frente de esa oficina, Carrillo Prieto alegó que la protección judicial a Echeverría es una “impunidad construida en algunas arcaicas sedes del Poder Judicial de la Federación”, a las que acusa de “evidente y funesta ignorancia”.En un texto fechado el 6 de enero pasado, el exfiscal -adscrito ahora al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM como investigador - asegura que con sus “deshilvanadas y manidas resoluciones” esas instancias “han construido el nicho judicial de la impunidad”.En su escrito, que presenta como un caso de “justicia transicional” para ser publicado en la Universidad de Harvard, Carrillo Prieto asegura que pesaron más las decisiones extrajudiciales.Y acusa directamente a Echeverría, “quien –arguye– llegó al extremo de amenazar, mediante uno de sus voceros, al fiscal y al presidente (Vicente) Fox, asegurándole que de intentar acciones ante la justicia que le fueran adversas… no concluiría su mandato constitucional”.Pese a la gravedad de la imputación, Carrillo Prieto evita dar detalles de la amenaza que alega. Sólo agrega: “No había duda de la soberbia de aquellas fatídicas palabras, que luego obtuvieron algún efecto en el círculo presidencial más estrecho (angustiado por escándalos familiares mediáticos) que apremió a cerrar en falso la fiscalía, en excepcional concordia con el gobierno que inició en 2006, en medio de una grave fractura de credibilidad”.Esa versión contradice lo que él mismo declaró a este semanario en abril de 2007, cuando aseguró que la fiscalía fue víctima de “desaparición forzada”, porque su cierre obedeció a un acuerdo de Fox y Calderón con el PRI para permitir la toma de posesión del actual presidente, el 1 de diciembre de 2006 (Proceso 1590).El expediente por la matanza de Tlatelolco, en la que de acuerdo con Carrillo Prieto sólo murieron 21 estudiantes, regresará al Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal para que su titular, el magistrado Ricardo Paredes Calderón, valore si hay nuevas pruebas contra el expresidente.Pero de acuerdo con Juan Velázquez, abogado de Echeverría, “después de cinco años, entre la revisión exhaustiva del Quinto Colegiado y las actuaciones del Tercer Tribunal Unitario y de la Fiscalía Especial, difícilmente se podrán aportar nuevas pruebas de su probable responsabilidad”.En declaraciones a este semanario hechas el mismo día de la resolución, el abogado desestimó el juicio popular contra Echeverría: “Desde hoy –dijo–, uno será el dicho de la gente y otro, absolutamente distinto, el fallo del tribunal”.La exoneración de Echeverría fue señalada con claridad por el Consejo de la Judicatura Federal:
“Los magistrados Rosa Guadalupe Malvina Carmona Roig, María Eugenia Estela Martínez Cardiel y Manuel Bárcena Villanueva, al resolver el recurso de revisión 132/2007 interpuesto por el agente del Ministerio Público de la federación y el quejoso Luis Echeverría Álvarez contra la sentencia dictada por el Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, confirmó la resolución impugnada en la que se consideró que la acción penal no había prescrito, que se acreditó el cuerpo del delito de genocidio, no así la probable responsabilidad de Luis Echeverría Álvarez en su comisión.”Echeverría evitó ser procesado penalmente, pero su defensa fracasó en su intento de desacreditar el delito de genocidio en la matanza del 2 de octubre, consignado por la Fiscalía Especial, pues sostiene que lo ocurrido en Tlatelolco fue “un enfrentamiento” entre grupos armados.El Quinto Tribunal Colegiado, que también tuvo que ver con la exoneración a Echeverría por el halconazo, confirmó la no responsabilidad del expresidente, como lo estableció el magistrado Luna Altamirano el 12 de julio de 2007.
La exculpación
En tres años y medio Echeverría se deshizo de la acusación por los hechos del 2 de octubre. El 18 de septiembre de 2005, la Femospp ejerció acción penal en su contra y contra otros ocho exfuncionarios civiles y militares, aunque las indagatorias de la fiscalía en su contra comenzaron desde 2002. El 2 de julio de ese año, compareció ante la fiscalía en una actuación que fue criticada por el Centro Internacional para la Justicia Transicional, con sede en Nueva York, por la falta de rigor en el interrogatorio.Además de Echeverría y el exjefe del Estado Mayor Presidencial con Díaz Ordaz, el general Luis Gutiérrez Oropeza, Carrillo Prieto consignó a los extitulares de la Dirección Federal de Seguridad Luis de la Barreda y Miguel Nazar Haro, y al exprocurador general de la República Julio Sánchez Vargas, por los delitos de genocidio y privación ilegal de la libertad en la modalidad de plagio o secuestro.También consignó al exsubjefe de la Policía Preventiva del Distrito Federal, el general Raúl Mendiolea Cerecero, así como al excomandante del 43 Batallón de Infantería Javier Vázquez Félix; al exjefe de grupo de comando del 29 Batallón de Infantería Alberto Quintanar López, y al exagente del Ministerio Público Salvador del Toro Rosales (Proceso 1509).El juez Décimo Quinto de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, Ranulfo Castillo Mendoza, negó el 21 de septiembre de 2005 las órdenes de aprehensión por considerar que no se comprobó el genocidio.La fiscalía apeló y el caso pasó al Segundo Tribunal Unitario. Antes de que éste resolviera, el 11 de noviembre de ese año, la fiscalía solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraer el caso. Dos meses después, por tres votos contra dos, la Primera Sala del máximo tribunal rechazó la solicitud y el caso se quedó en el Tribunal Unitario.Su entonces titular, el magistrado José Ángel Mattar Oliva, concedió la orden de aprehensión el 30 de junio de 2006, dos días antes de la elección presidencial, sólo contra Echeverría. Su argumento fue que por haber gozado de fuero constitucional como secretario de Gobernación y presidente de la República, el delito aún estaba vigente en su contra.Sin embargo, el 8 de julio de 2006, el juez Ranulfo Castillo sobreseyó la causa penal al considerar que el delito sí había prescrito. La fiscalía apeló esa determinación y logró que el Segundo Tribunal Unitario ordenara la formal prisión domiciliaria de Echeverría.La defensa apeló y el 12 de junio de 2007 el magistrado Luna Altamirano resolvió que, a pesar de haber existido genocidio, Echeverría no era culpable, por lo que le concedió el amparo contra el encarcelamiento domiciliario. La parte acusadora se inconformó, pero el Quinto Tribunal Colegiado ratificó su exculpación el jueves 26.Velázquez dijo que el amparo “no significa que no haya habido responsables; sí los hubo, pero Luis Echeverría no lo fue”.Explicó que no se trata de una sentencia absolutoria, porque nunca fue sentencia, sino que nunca se pudo demostrar su probable responsabilidad.Ufano, señaló: “Fue el asunto penal más importante en la historia moderna de México, porque difícilmente habrá otro caso en el que un expresidente de la República se encuentre preso y por genocidio”.
Entradas
No hay comentarios.:
Publicar un comentario