MÉXICO, DF, 2 de marzo (apro).- En el México actual, colocado en una espiral de degradación política, el prócer José María Morelos y Pavón sería un populista peligroso para la patria por urgir al Congreso a elaborar leyes "que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia, la indigencia y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, alejándolo de la ignorancia, la rapiña y el hurto".Estas palabras, que corresponden el artículo 12 de los Sentimientos de la Nación, obra del enorme mexicano que despreció el título de "Alteza Serenísima", están inscritas en letras de oro en los muros del salón de plenos de la Cámara de Diputados, donde no sólo no se honran, sino que contra ellas se estrellan los escupitajos que cotidianamente arroja la alta burocracia que goza de magníficos emolumentos que contrastan con las míseras percepciones de la mayoría de los ciudadanos.El escándalo por la duplicación de las percepciones de los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE), cuya vigencia está latente mientras no se derogue tal disposición, reactivó la indignación social por los privilegios de una minoría rapaz en el servicio público --en todos los niveles y de todos los signos políticos--, sobre todo en un contexto de desplome económico, cuyos efectos apenas se comienzan a sentir.Justo en medio del repudio a la decisión en el IFE --que corre el riesgo de neutralizarse, como ha ocurrido en otras de estas cíclicas discusiones-- se produjo otro episodio de abuso de los recursos públicos:El gobierno de Tabasco, que encabeza el priista Andrés Granier, fue obligado a reconocer que los miembros de su gabinete cobran, cada mes, un "bono de fatiga laboral" que supera inclusive el salario mensual nominal.Por ejemplo, el procurador tabasqueño, Rafael González Lastra, cobra 73 mil pesos mensuales por ejercer el cargo, pero el "bono de fatiga" que recibe, también cada mes, es de 98 mil pesos, que da un total de 171 mil pesos mensuales.
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Apuntes
Un pincelazo del gorilato que hay en Querétaro se produjo, el sábado 28, en el Teatro de la República, donde en 1917 se promulgó la Constitución vigente, y el 19 de enero pasado fue mancillada por la presencia del secretario de Estado del Vaticano, Tarsicio Bertone: el gobernador panista Francisco Garrido Patrón, quien rendía su quinto informe de gobierno, guardó un espeso silencio sobre el asesinato impune del joven Marco Antonio Hernández Galván, cometido el 27 de noviembre del 2004 presuntamente por el conductor de una camioneta BMW negra, Federico Ruiz Lomelí, un junior de la familia concesionaria de Femsa, fabricante de Coca-cola y que financia a los candidatos del PAN. Ante el silencio del gobernante, el escritor Julio Figueroa le gritó: "¡Crimen e impunidad! ¡Caso BMW, 51 meses!". De inmediato policías de civil y personal al servicio del secretario de Gobierno, Alfredo Botello Montes, lo sometieron y, a golpes e insultos, lo expulsaron del recinto. En la crónica que escribió, contó cómo ingresó al recinto y hasta el diálogo que tuvo con uno de los jerarcas de El Yunque en el estado: "Vi entonces al secretario de Gobierno, Alfredo Botello Montes, y me dirigí hacia él: --Señor Secretario, no tuve ningún problema para entrar aquí cuando vino el cardenal Bertone, ni cuando vino el presidente de México. Y hoy tuve todas las dificultades imaginables. Siento una gran presión política sobre mí y lo hago a usted responsable de lo que me pueda pasar. '¿Y por qué yo?' --Porque usted es el secretario de Gobierno y el responsable de la seguridad política en el estado y en este Teatro. 'Está bien, Julio; nada va a pasar'. Y sí pasó."
Comentarios: delgado@proceso.com.mx
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