El tren sin pasajeros
A raíz de la privatización de los Ferrocarriles Nacionales de México en el zedillismo (1994-2000), el transporte ferroviario suprimió el servicio de pasajeros en primera y segunda clase. Este que fue el medio más popular —por económico— en las enormes distancias del norte de la República ya no existe, la gente se queda encerrada en sus pueblos y rancherías con las mercaderías y productos que cultivaba para ir a venderlos a otros lugares y traer lo que de allá le ofrecían.
En el noreste de la República, el afortunado concesionario de las vías, estaciones, equipos, derechos e infraestructura en general lo es la empresa estadounidense Kansas City Southern que, de suyo, es la extensión al sur de su extensa red en Estados Unidos.
A nadie consultaron si se podía dejar sin transportación humana a millones de mexicanos radicados en la cuarta parte del territorio nacional; simple y llanamente cancelaron el servicio porque los miles y miles de kilómetros de rieles se necesitaban para arrastrar los containers de las zonas maquiladoras de la región y cobrar los fletes correspondientes.
Eso no lo podía haber hecho Ferrocarriles Nacionales para hacer rentable el negocio, porque tenía una responsabilidad social que cumplir con el traslado humano, pero por la vía de la privatización quedó resuelto y millones de campesinos, cada día más pobres y en silencio, están resignados a que la red ferroviaria que tantos sacrificios costó hacer a los mexicanos ya no volverá a proporcionarles servicio alguno.
Pero junto con este despojo, Kansas City Southern quiere ahora demoler las estaciones que cumplieron esa misión y que son testimonios invaluables de acontecimientos históricos casi todos relacionados con la Revolución de 1910 y que, evidentemente, los habitantes de los sitios donde acontecieron los consideran parte de su identidad.
Es el caso nada menos que de la estación de Ramos Arizpe, Coahuila, que Kansas City Southern se aprestaba a demoler si no es porque los vecinos de este “Valle de las Labores” —donde nació el padre del federalismo y donde Venustiano Carranza firmó el Plan de Guadalupe y organizó al ejército constituyente— se opusieron y encontraron que el Instituto Nacional de Bellas Artes lo tiene registrado en el patrimonio histórico del país, con lo que puede impedir la consumación del latrocinio.
Así, los títulos de concesión ferroviaria a particulares, que debían ser supervisados en su cumplimiento por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, resultaron igual que las concesiones aeroportuarias a los españoles en el Pacífico de la República, verdaderas patentes de corzo que les permiten disponer, sin dar cuenta a nadie, de una infraestructura costosísima de servicios de transportación que pagó el pueblo y que hoy sólo sirve para generar ganancias a grupos privilegiados.
Profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM
En el noreste de la República, el afortunado concesionario de las vías, estaciones, equipos, derechos e infraestructura en general lo es la empresa estadounidense Kansas City Southern que, de suyo, es la extensión al sur de su extensa red en Estados Unidos.
A nadie consultaron si se podía dejar sin transportación humana a millones de mexicanos radicados en la cuarta parte del territorio nacional; simple y llanamente cancelaron el servicio porque los miles y miles de kilómetros de rieles se necesitaban para arrastrar los containers de las zonas maquiladoras de la región y cobrar los fletes correspondientes.
Eso no lo podía haber hecho Ferrocarriles Nacionales para hacer rentable el negocio, porque tenía una responsabilidad social que cumplir con el traslado humano, pero por la vía de la privatización quedó resuelto y millones de campesinos, cada día más pobres y en silencio, están resignados a que la red ferroviaria que tantos sacrificios costó hacer a los mexicanos ya no volverá a proporcionarles servicio alguno.
Pero junto con este despojo, Kansas City Southern quiere ahora demoler las estaciones que cumplieron esa misión y que son testimonios invaluables de acontecimientos históricos casi todos relacionados con la Revolución de 1910 y que, evidentemente, los habitantes de los sitios donde acontecieron los consideran parte de su identidad.
Es el caso nada menos que de la estación de Ramos Arizpe, Coahuila, que Kansas City Southern se aprestaba a demoler si no es porque los vecinos de este “Valle de las Labores” —donde nació el padre del federalismo y donde Venustiano Carranza firmó el Plan de Guadalupe y organizó al ejército constituyente— se opusieron y encontraron que el Instituto Nacional de Bellas Artes lo tiene registrado en el patrimonio histórico del país, con lo que puede impedir la consumación del latrocinio.
Así, los títulos de concesión ferroviaria a particulares, que debían ser supervisados en su cumplimiento por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, resultaron igual que las concesiones aeroportuarias a los españoles en el Pacífico de la República, verdaderas patentes de corzo que les permiten disponer, sin dar cuenta a nadie, de una infraestructura costosísima de servicios de transportación que pagó el pueblo y que hoy sólo sirve para generar ganancias a grupos privilegiados.
Profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM
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