Adiós a las armas… ¡nunca!

J. JESúS ESQUIVEL

En teoría, a través del discurso de sus funcionarios, el gobierno estadunidense reconoce el tráfico ilegal de armas que abastece a los cárteles y alimenta la narcoviolencia en México, y hasta se ha comprometido a tratar de contenerlo. En vísperas de la visita de Barak Obama a México, nadie ve posible en el país vecino un cambio legislativo que resuelva el problema. Para algunos, las presiones de Calderón resultan "ridículas" ante el poder económico de quienes cabildean para preservar el derecho a exportar la muerte.

WASHINGTON.- La exigencia de Felipe Calderón de que Estados Unidos asuma la parte de responsabilidad que le toca en la lucha contra el narcotráfico enfrenta serios problemas en el Capitolio, donde algunos legisladores consideran “casi imposible” cambiar la Constitución para detener el tráfico ilegal de armas de fuego a México.“En estos momentos, y en un futuro cercano, yo no veo ninguna posibilidad de que hagamos un cambio constitucional sobre la venta de armas, simplemente porque nos lo pide el gobierno mexicano”, dice a Proceso el demócrata neoyorquino Eliot Engel, presidente del Subcomité de Asuntos del Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes. “Es lamentable, pero es la realidad”, sostiene.
Calderón culpa a la laxitud en la venta de armas de fuego y municiones en Estados Unidos de ser el motor de la narcoviolencia que priva en gran parte del territorio mexicano. De hecho, la secretaria de Estado Hillary Clinton reconoció en su reciente visita a México que el 90% de las armas de fuego que usan los cárteles del narcotráfico mexicano son de manufactura estadunidense.
En Washington, tanto el presidente Barack Obama como el Congreso federal admiten el problema, pero aunque públicamente se dicen dispuestos a contener el flujo ilegal de armas, políticamente están sometidos a los intereses que alimentan la cultura armamentista estadunidense.Engel, uno de los pocos líderes del Congreso estadunidense que aboga por “hacer todo lo que se pueda” para detener el tráfico ilegal de armas de fuego a México, resume: “Hay muchos millones de dólares detrás de la defensa constitucional para poseer y portar armas en este país, y está demostrado en nuestra historia reciente que quien se atreve a promover un cambio constitucional en este sentido está destinado al fracaso y a la pérdida de su puesto como funcionario público. Aunque el presidente Obama quiera ayudar a México en este sentido, no se va a atrever a hacerlo, ni nosotros (los demócratas) en el Congreso y mucho menos los republicanos”.El debate sobre la venta de armas y municiones en Estados Unidos está centrado en la llamada Segunda Enmienda de la Constitución, que protege y garantiza el derecho de las personas a poseer y portar armas de fuego. Esta enmienda, que divide a la sociedad estadunidense cada vez que se registra alguna masacre o casos de asesinatos violentos en cualquier punto del país, permite a la industria de las armas y municiones obtener ganancias anuales de miles de millones de dólares. Una parte de este dinero financia el cabildeo legislativo para “asegurar” la eliminación de cualquier legislación federal que amenace a esta industria, que sólo entre el 1 de julio y el 30 de septiembre del año pasado incrementó la venta de pistolas y revólveres en Estados Unidos en 23.6%, respecto al trimestre anterior, mientras que la compra de municiones subió 8.4% y la de rifles 4.1%.Esto significó ingresos por 834.2 millones de dólares, de acuerdo con el más reciente reporte del Departamento del Tesoro sobre los pagos tributarios de las empresas manufactureras y vendedores de armas de fuego y municiones de Estados Unidos.
Pero en este negocio no sólo ganan los fabricantes y los distribuidores particulares de armas: el propio gobierno estadunidense tiene aquí una buena fuente de ingresos fiscales, al punto que en el tercer trimestre del año pasado captó 321.9 millones de dólares en impuestos.Estas cifras corresponden únicamente a la venta de armas y municiones a civiles en Estados Unidos, “no incluye a militares, policías o demás agencias de la aplicación de la ley”, aclara el Departamento del Tesoro.La Segunda Enmienda permite a todo ciudadano estadunidense –sin antecedentes penales– comprar cualquier tipo de armas y municiones. Las armas automáticas o semiautomáticas, que para el caso de México son de uso exclusivo del Ejército, en varias partes de Estados Unidos pueden ser adquiridas por cualquier persona mayor de 18 años.Algunas organizaciones civiles consideran que la Segunda Enmienda no debería otorgar a la ciudadanía el derecho de adquirir armas de asalto. En cambio, grupos encabezados por la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés, a la que pertenecen decenas de legisladores y funcionarios federales, gobernadores y autoridades locales) sostienen que limitar la venta de armas infringiría sus derechos constitucionales. La NRA incluso alega que el veto a la venta de cierto tipo de armas no reduciría la criminalidad ni los llamados crímenes violentos.No obstante, el presidente del Subcomité de Asuntos del Hemisferio Occidental, Eliot Engel, y otros 50 integrantes de la Cámara de Representantes trabajan en un proyecto de ley para “prohibir” la importación de armas de fuego a Estados Unidos. La medida que patrocina Engel pretende contener la adquisición de armas de fuego automáticas y semiautomáticas europeas que, de acuerdo con el legislador demócrata, terminan en manos de los narcotraficantes mexicanos.
Sostiene Engel: “Con una ley para prohibir la importación de armas podremos dar un paso importante para ayudar a México a contener el problema de la narcoviolencia, en la que están involucradas armas de uso militar como granadas, rifles y pistolas de alto calibre fabricadas en Europa y exportadas a Estados Unidos.”
–Y qué pasa con las armas que se fabrican aquí, en Estados Unidos, y que cruzan la frontera de México. ¿Habrá una ley para modificar la Segunda Enmienda?
–No, eso no ocurrirá. En 1994, la última vez que un Congreso dominado por el Partido Demócrata intentó cambiar la ley, perdimos las elecciones ante los republicanos. No ocurrirá ni creo que el presidente Obama –aun con sus buenas intenciones de apoyar a México– se vaya atrever a promover una iniciativa de ley tan peligrosa.
En 1994, el entonces presidente Bill Clinton consiguió la aprobación de una ley que prohibió la venta de 19 modelos específicos de armas semiautomáticas y otras con componentes de armas de asalto. La prohibición expiró el 13 de septiembre de 2004 y cabilderos pagados por organizaciones como la NRA convencieron al Congreso para no renovar dicha ley.Aunque no existen estadísticas oficiales sobre el gasto en cabildeo profesional que realizan grupos como el NRA y la industria de las armas de Estados Unidos, algunos expertos en la materia estiman que de 1989 a la fecha han aportado alrededor de 17 millones de dólares a campañas políticas. De ese total, 15 millones de dólares beneficiaron a candidatos del Partido Republicano.Por su parte, las organizaciones que abogan por la prohibición o control de la venta de armas en Estados Unidos, liderados por la Brady Campaing to Prevent Gun Violence (BCPGV), durante el mismo período pagaron a cabilderos solamente 1.7 millones de dólares para tratar de modificar la Segunda Enmienda.Para David Rittgers, exfuncionario del Pentágono y especialista en temas legales de la Organización Cato (dedicada al análisis y estudio de las políticas federales del gobierno de Estados Unidos), la presión de Calderón para que la Casa Blanca prohíba la venta de armas de cualquier tipo es “ridícula”, sobre todo si implica la más mínima modificación a la Constitución estadunidense.“Aun en el caso extremo de que ocurriera una prohibición a la venta de armas, la medida no funcionaría para contener la narcoviolencia en México, porque los narcotraficantes de ese país van a conseguir las armas en otro lado. Si dejan de llegar por la frontera sur de Estados Unidos, entonces el flujo de armas será por Centroamérica”, asegura Rittgers.
El especialista de Cato apunta que si el gobierno de Calderón quiere detener la entrada de armas por el norte de su frontera, debería entonces limpiar de corrupción a su propio sistema aduanal en la frontera con Estados Unidos.“Un cambio a nuestras leyes por pedido de México sería ridículo, no serviría de nada; los narcotraficantes han demostrado tener una gran habilidad para hacer lo que quieren. Y si no les llegan las armas de Estados Unidos, son capaces de construirlas ellos mismos; ya lo vimos con el submarino que armaron los narcotraficantes colombianos”, apunta Rittgers.
“Bowling for Mexico”
La danza de los millones de dólares en el Congreso de Estados Unidos, y en general en el ámbito político de este país, no tiene fin. Por ejemplo, la NRA cuenta con unos 4 millones de afiliados que donan recursos a su Comité de Acción Política, que se encarga de contratar firmas de cabildeo y de apoyar o atacar campañas políticas, según les convenga.Proceso obtuvo los registros de gastos de cabildeo de grupos que están a favor y en contra de la venta de armas, recopilados por el Departamento de Justicia, los cuales identifican actualmente a unas 42 mil personas involucradas en el cabildeo profesional ante el Congreso.Las estadísticas muestran que en los últimos tres años estos grupos han tenido un promedio de 35 mil empleados. En 2004, cuando expiró la prohibición de la venta de armas de fuego automáticas y semiautomáticas, las agrupaciones a favor y en contra de ese asunto emplearon a casi 50 mil cabilderos.Los informes del Departamento de Justicia muestran que la NRA tiene contratadas a 16 firmas de cabildeo profesional; el Club Internacional Safari a ocho, y la agrupación civil Heckler and Koch Defense a seis. Con cuatro firmas de cabildeo a su servicio están la Asociación Nacional de Dueños de Armas, la Orden Fraternal de Policías, la Fundación Nacional de Deportes de Tiro y el Comité Ciudadano por el Derecho de Poseer y Portar Armas, entre otras organizaciones.Del otro lado, entre los grupos que piden la prohibición de la venta de armas de fuego destaca la BCPGV por disponer de cuatro firmas de cabildeo profesional, seguida de la Coalición para Detener la Violencia con Armas de Fuego y la Sociedad Humana de Estados Unidos, cada cual con una.La diferencia en los gastos de cabildeo legislativo entre los que apoyan la venta de armas resulta gigantesca cuando se le compara con los fondos que emplean los grupos que exigen la reforma a la Segunda Enmienda.Los documentos más recientes sobre cabildeo, correspondientes a 2008, indican que la NRA gastó un millón 665 mil dólares el año pasado, mientras que la Asociación Nacional de Dueños de Armas usó un millón 158 mil 63 dólares para el mismo rubro.En contraste, la BCPGV dispuso el año pasado de apenas 75 mil dólares para cabildeo, mientras que la Coalición para Detener la Violencia con Armas de Fuego solamente pagó 10 mil dólares.El Departamento de Justicia sostiene que, entre 1989 y 2004, la NRA gastó 22 millones 141 mil 694 dólares para apoyar y contrarrestar las campañas a favor y en contra de la venta de armas, respectivamente, a todos los niveles gubernamentales en Estados Unidos.En el mismo período, la BCPGV destinó nada más un millón 603 mil 782 dólares con el mismo fin, pero en sentido inverso.El ejemplo más claro del apoyo a la venta de armas de fuego en la sociedad estadunidense ocurrió el 20 de abril de 1989, cuando en la escuela secundaria de Columbine, Colorado, los estudiantes Eric Harris y Dyland Klebold, usando armas automáticas de distinto calibre, asesinaron a 12 estudiantes y a un maestro, e hirieron a otros 23, antes de suicidarse.La indignación nacional por esta masacre se reflejó en el documental Bowling for Columbine, de Michael Moore, que incluso ganó un Óscar. Pero ni eso bastó para poner freno a la venta casi indiscriminada de armas de fuego en este país.Semanas después de la masacre de estudiantes en Columbine, y obligado por la presión pública, el entonces líder de la mayoría republicana en el Senado, Trent Lott, representante por el estado de Mississippi, logró la aprobación de la “consideración legislativa” S 254, conocida como Acta de Justicia Juvenil, que contemplaba prohibir la venta de armas –o por lo menos restringirla en algunos casos–, pero fue obstaculizada en la Cámara de Representantes, que terminó con cualquier posibilidad de una regulación.En esa ocasión, la NRA gastó un millón 449 mil 949 dólares en cabildeo con cada uno de los 435 miembros de la Cámara de Representantes, y 548 mil 335 dólares en el caso de los 100 integrantes de la Cámara de Senadores.Otra legislación promovida en 1999 tampoco llegó a ningún lado y fue eliminada debido a las diferencias entre el Senado y la Cámara de Representantes, que nunca pudieron conciliarse durante las reuniones de la Comisión Bicameral.Con estos antecedentes, las cada vez más frecuentes presiones de la administración de Felipe Calderón sólo encuentran un eco retórico en la Casa Blanca, pero el costo por la narcoviolencia asociada al tráfico ilegal de armas lo seguirá pagando México.