Va de nuevo: el erario al servicio de la IP

Carlos Fernández Vega

Por decisión del inquilino de Los Pinos será la empresa privada y no los grandes centros de investigación y desarrollo de tecnología del Estado la que reciba recursos del erario para tal fin, en un intento de disfrazar el rotundo fracaso que para el país, no para la IP, significó el invento foxista de un Comité Interinstitucional (integrado por representantes del Conacyt y de las secretarías de Hacienda, Economía y Educación Pública) para la aplicación del estímulo fiscal a los gastos e inversiones en investigación y desarrollo de tecnología, equivalente a 30 por ciento de los gastos e inversiones realizados en un ejercicio dado por los conceptos referidos, por medio del cual el fisco sacrificó alrededor de 20 mil millones de pesos entre 2001 y 2008.

Como se trata de hacer lo mismo que Fox, pero (mal) disfrazado, ayer el inquilino de Los Pinos detalló el nuevo mecanismo por medio del cual las arcas nacionales seguirán pagando la investigación y el desarrollo de tecnología a la iniciativa privada, nacional y extranjera, que opera en el país. En lugar de que tales dineros se destinen a la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional y demás universidades y centros de investigación del Estado, con el subsecuente beneficio para México, el michoacano insiste en que sea el capital privado el que encabece tal esfuerzo, por más que las ganancias, económicas y científicas, sean exclusivamente para el propio capital privado y no para la nación.

Así, ya no será a través de estímulos fiscales a las empresas privadas, sino por medio de estímulos directos a las mismas como pretende impulsar la investigación y desarrollo de tecnología (IDT) en beneficio del país, según dice y Fox contradice. Para tal fin, en 2009 del erario saldrán otros 2 mil 500 millones de pesos para que la iniciativa privada desarrolle tecnología para sus propios fines, haciendo a un lado, una vez más, a los grandes centro de investigación propiedad de la nación, como en el caso de la UNAM, institución a la que el año pasado el gobierno calderonista descaradamente exigió recortar su presupuesto para atender los caprichos del inquilino de Los Pinos (obvio es que la respuesta puma fue mandarlos a recolectar a otra parte).

Dijo ayer el innovador inquilino de Los Pinos que transformamos el esquema de estímulos fiscales en un sistema de estímulos directos para impulsar con mayor fuerza la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en las empresas mexicanas; se trata de un mecanismo de incentivos más eficiente, más focalizado, que en estos momentos beneficia, especialmente, a las empresas con problemas de liquidez. Concretamente, a partir de este año los fondos que estamos aplicando presupuestalmente permiten a través de tres fondos específicos fomentar la innovación empresarial con una inversión, no recuperable para el gobierno, de 2 mil 500 millones de pesos que no tiene precedente. De hecho, sí hay precedente, y no es otro que el citado Comité Interinstitucional y los cerca de 20 mil millones de pesos que para el mismo propósito y con idénticos beneficiarios autorizó su antecesor, Vicente Fox.

Una vez más, pues, el dinero de la nación no es para ésta y quienes la habitan, sino para fines particulares, y si son de cúpula qué mejor. Por decisión del Señor de Los Pinos (en turno), el erario no sólo rescata negocios y paga deudas privadas, sino que también financia la investigación y el desarrollo de tecnología de las empresas particulares que explotarán en su propio beneficio, en un país en el que la inversión en este prioritario renglón a duras penas roza 0.4 por ciento del PIB, por mucho que desde hace cinco administraciones gubernamentales el compromiso ha sido incrementarla a uno por ciento.

En julio de 2008 (los días 4 y 5) México SA documentó las empresas privadas a las que los gobiernos foxista y calderonista (en su primer bienio) autorizaron subsidios fiscales cercanos a 20 mil millones de pesos. Va un rápido recorrido, en el entendido que la mayoría de esas empresas son famosas, entre otras tantas cosas, por sus elevadísimas utilidades y su raquítica contribución al fisco. En fin, las siguientes, que no son todas pero sí las principales, recibieron (y seguirán recibiendo) subsidios fiscales (ahora estímulos directos) para investigación y desarrollo de tecnología, según la versión oficial:

Bachoco (propiedad de la familia Bours, la del gobernador de Sonora); Banco Azteca, de Ricardo Salinas Pliego; Bimbo y su subsidiaria Barcel (de la siempre pía familia Servitje); las trasnacionales automotrices General Motors, Daimler-Chrysler, Volkswagen, Nissan y Ford Motors Company; Arca, uno de los grupos embotelladores de Coca-Cola en México; Cadbury Adams; Laboratorios Astrazeneca; Bayer; Bombardier Transportation; Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, de FEMSA, uno de los ex propietarios del rescatado y extranjerizado Bancomer; Du Pont; Abbott Laboratories; Grupo Gamesa y Sabritas, subsidiarias de Pepsico; Grupo Posadas (que compró Mexicana de Aviación); Banamex-Citigroup (que se quedó con Aeroméxico y se benefició con la ilegal decisión de Calderón-Carstens); Teléfonos de México y Televisa, entre otras.

Las empresas más importantes del país, las de multimillonarias utilidades y gigantescos beneficios del SAT, ¿realmente necesitan subsidios fiscales para investigación y desarrollo de tecnología? Desde luego que no, aunque, por meras casualidades de la vida y del régimen, muchas de ellas (con sus dueños en primer plano) aparecen inventariadas en un sin fin de rescates, salvamentos, apoyos, subsidios, créditos fiscales, líneas de crédito y demás contribuciones del erario, a la par que como grandes aportantes a ciertas campañas políticas, con los resultados que haigan sido.

Las rebanadas del pastel

Algunos sectores airadamente reclaman por la designación de un politólogo, Alonso Lujambio, al frente de la Secretaría de Educación Pública, el mismo que relevó en el cargo a una ex gerente de fábrica de pinturas, es decir, la misma que no hace mucho se encargaba del Desarrollo Social. Bien, pero de qué se sorprenden si, por ejemplo, la Secretaría de Seguridad Pública federal está a cargo de un ingeniero mecánico, la de Gobernación de un abogado corporativo, la de Comunicaciones y Transportes de otro politólogo, la del Trabajo de un pianista, la Sagarpa de un ingeniero electricista, la Comunicación Social del gobierno federal de un baterista, y la Sectur y la Profepa de sendos grillos, y así por el estilo. Entonces, ¿cómo reclamarles por la falta de resultados?