Colombia: el estilo Uribe

JUAN GASPARINI

BOGOTA, 17 de julio (apro).- En Colombia todo resulta exuberante. A la inigualable biodiversidad de un territorio recorrido por tres cordilleras, que abrigan a 45 millones de habitantes, se suma Juan Valdez, el inefable café de bandera. La controversia del interminable conflicto interno, mezcla a guerrilleros, paramilitares y agentes de la fuerza pública. De las polémicas no se exime el presidente de la República, Álvaro Uribe, quien al cabo de dos mandatos, mantiene en vilo a la población sobre si volverá a presentarse en las elecciones de marzo venidero, su "encrucijada del alma". Fuente de un debate inagotable sobre el manejo cesarista que le imprime al aparato gubernamental, disfruta del 70% de aceptación en los sondeos. Su embrujo perdura entre la mayoría de los colombianos, aparentemente dispuestos a someterlo a un plebiscito.

"Falsos positivos"

El mes de julio se ha mostrado particularmente lluvioso y frío en Bogotá. Las luces grises del cielo acarician los ventanales de la tarde, en el despacho del vicepresidente de la nación, Francisco Pacho Santos.

De formación periodista, su figura cobró notoriedad gracias al célebre Gabriel García Márquez en uno de sus libros paradigmáticos de no ficción, consagrado a los secuestros del fallecido narcotraficante Pablo Escobar.

"Le digo que ese es el número del que salieron las amenazas", machaca por el teléfono celular, supuestamente ignorando la presencia de un cronista extranjero, a quien muestra su descomunal biblioteca.

La trama subyacente pareció emerger días más tarde en el diario donde hiciera carrera, El Tiempo, ventilando una anécdota reveladora. Santos admitió que había expulsado de sus oficinas a Miguel Narváez, subdirector del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), el servicio de inteligencia civil, reprochándole intromisiones telefónicas en perjuicio de su subordinado, Carlos Franco, a cargo del programa nacional de derechos humanos, otro de los integrantes de los primeros círculos del poder.

Esa imagen de un gobierno con un pie en el tenebroso pasado de peleas sin cuartel contra un enemigo insurgente presuntamente infiltrado en las estructuras del Estado, con todo el mundo bajo sospecha, y otro pie en los deseos colectivos de un país que aspira a sacarse de encima el espionaje domestico y la vigilancia ilegal de la política institucional, agitan los tramos finales del segundo mandato de Álvaro Uribe. El DAS reporta al presidente, pero el Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán, no ha podido aún desentrañar quien impartió las ordenes desde 2004 en adelante para llevar a cabo las "chuzadas", como se denomina la intercepción de comunicaciones sin control judicial. "Estamos investigando y estableceremos quienes lo han hecho", declara impasible Iguarán, sentado de espaldas a un significativo fresco del Quijote, deslumbrado ante los platillos de la balanza de la justicia, oscilando entre el peso de los códigos y de la espada. La vasta operación encubierta se expandió en la penetración de los correos electrónicos y las cuentas bancarias de sindicalistas, ong`s, periodistas y jueces de la Corte Suprema de Justicia, acompañados de seguimientos contra defensores de los derechos humanos, sus padres, hermanos, esposas, maridos, hijos y entenados. De voz suave y gestos lentos, Iguarán no pierde la calma. Hace un balance desapasionado de gestión, cuando le faltan pocas semanas para que expire el período de cuatro años. "Nuestra prioridad han sido las violaciones a los derechos humanos, sin dejar de perseguir el narcotráfico, el terrorismo y la corrupción, y los vínculos de funcionarios de la democracia con los paramilitares y la guerrilla", dice. En el marco de sentencias condenatorias gravisimas contra Colombia, dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha reabierto expedientes que dormían en la impunidad, masacres y magnicidios que jalonaran la crónica del pasado reciente, empuñando con decisión las indagaciones sobre la última atrocidad descubierta, los llamados "falsos positivos". Así se llama al hecho de liquidar inocentes inermes por parte de agentes de los órganos de seguridad oficiales, con lo que abultaban su currículum y trepaban rápido en su carrera militar, al amparo de una directiva secreta del ministerio de Defensa que otorga primas a los uniformados por cada "subversivo" abatido. "Hay más de mil casos, con dos mil víctimas, que involucran a 500 miembros de la fuerza pública; se han pronunciado unos 40 dictámenes y ya hemos llevado ante los jueces a 230 personas, pese a que algunos mandos medios tratan de obstaculizar nuestro trabajo", resume Iguarán. Pero asegura no haber "encontrado ningún elemento que nos pueda conducir a afirmar que estas ejecuciones extrajudiciales es una política de Estado".

El estilo "cesarista"

La biógrafa del estilo Uribe para gobernar, la periodista María Jimena Duzán, atribuye al presidente la responsabilidad política de todos los desmanes. En un libro implacable desnuda la mentalidad del primer mandatario, azuzando permanentemente a los militares para optimizar resultados, congregando a los mandos en puntos distantes de la geografía todos los lunes a puertas cerradas, generando "una competencia desmedida para conseguir positivos".

El escáner pinta un hombre obsesivo por modelar el país a su medida, "siempre en campaña", con "poco interés en redistribuir el ingreso y por insistir en mantener un régimen de privilegios a costa de los que menos tienen", estigmatizando a quienes disienten convirtiéndolos en enemigos, como si estuvieran fuera de la ley. Impermeable al drama de los desplazados internos, quizás cuatro millones que han debido huir de las hostilidades, Uribe es reacio al canje humanitario de secuestrados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) a cambio de insurgentes presos, una guerrilla a la que sólo le reserva la derrota militar, objetivo no alcanzado tras siete años de gobierno. Sus ministros son, "a lo sumo, unos buenos viceministros", meros "ayudantes del jefe", virtuales convidados de piedra, "obsecuentes alumnos", fascinados de admiración por un personaje "providencial, que no le teme a la muerte". Del resto, todos los sábados, durante los "consejos comunales" en diferentes zonas del país, regaña en directo frente a las cámaras de televisión a ministros, gobernadores y alcaldes. Por cierto, el titular del Ejecutivo menosprecia a los demás pilares democraticos, no siendo ajeno a los escándalos judiciales de los miembros de su bancada en el Legislativo, por sus nexos con los paramilitares genocidas, habiendo fomentando en otros congresistas el cohecho para obtener votos en aras de su reelección en segunda vuelta de 2006. Esos sumarios están hoy bajo competencia de la Suprema Corte de Justicia, con decenas de parlamentarios electos que purgan prisión o han sido separados de sus escaños. El respeto de los derechos humanos ha mejorado de manera insuficiente para el conjunto de las ong`s. El gobierno persiste en mostrar que los indicadores repuntan, invitando sin condiciones a unos 100 periodistas, de noviembre de 2008 a la fecha, para que pasen y vean. El Producto Interno Bruto (PIB) se encuentra en alza, desciende la pobreza, el tráfico de drogas, las amenazas y la criminalidad. El grado de popularidad de Álvaro Uribe desde su arribo al Palacio de Nariño en 2002 no mengua. Como se ha dicho, araña el 70% de opiniones favorables. Las razones abrevan en su proyecto de "seguridad democrática", que restableciera el imperio de la ley en las ciudades y rutas, intensificando la represión contra las FARC, para lo cual incrementó el impuesto de guerra. "Antes no se podía viajar porque te secuestraban, y había barrios enteros a los que era imposible entrar", resumen ciudadanos de a pie. La gente común consultada por el reportero da la impresión de importarle poco que una franja importante del sostén electoral de Uribe haya emergido de la base social que dio origen al paramilitarismo, porque se le reservan a las FARC el papel de haber provocado el surgimiento de esas formaciones, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Dichas bandas llegaron a constituir un archipiélago de micro-estados en rebeldía, alistando a muchachos campesinos a sueldo, además de menores enrolados a la fuerza, una tropa formada por mercenarios británicos e israelíes, financiados por hacendados, empresarios, finqueros, políticos, comerciantes y ganaderos hartos de la coerción sistemática de las guerrillas de izquierda. El diseño dispuso de la asistencia de las Fuerzas Armadas y de la ayuda intelectual de dos teóricos argentinos, Mario Sandoval y Juan Antonio Rubbini Melato, destapados en los ensayos de los expertos independientes en derechos humanos, Iván Cepeda y Jorge Rojas. Tampoco es relevante para no pocos observadores que la desmovilización de esos paramilitares, 32 mil según las cifras oficiales, haya caído en una amnistía a la sudafricana, con penas simbólicas de 5 a 8 años de cárcel para quienes reconozcan voluntariamente sus crímenes: 21 mil homicidios confesados por 600 de los 3 mil 713 victimarios arrepentidos asentados en las estadísticas de Frank Pearl, Alto Comisionado para la Paz. Habitualmente nadie les pregunta nada cuando entregan las armas, como testimonian centenas de desmovilizados con quienes se puede hablar libremente en el principal centro nacional de acogida, en Medellín. Todo esto, en virtud de un decreto firmado por Uribe en 2003, de la Ley de Justicia y Paz elaborada en 2005 por el Parlamento, con la extradición a Estados Unidos de los 18 cabecillas paramilitares en 2008 por narcotráfico, en vez de transferirlos a la justicia ordinaria en Colombia. Si la comunidad internacional quisiera remediar la situación, podría hacerlo el procurador de la Corte Penal Internacional (CPI), el argentino Luis Moreno Ocampo, ausente de iniciativas pese a dos visitas al país, quien amagara con intervenir alegando la comisión delitos de lesa humanidad dejados de lado por los tribunales locales. "Hace mucho tiempo que le hemos proporcionado una enorme cantidad de pruebas a Moreno Ocampo y no sabemos porqué no actúa", exclama Susan Lee, especialista de Amnistía Internacional (AI) para Colombia, de paso por Ginebra en vísperas del viaje periodístico a Colombia que aquí se relata.Alrededor de 230 mil víctimas se han presentado para reclamar reparación. Los diputados y senadores todavía no han concertado una norma en favor de quienes sufrieron la barbarie de los agentes del Estado. Sólo ha entrado en vigor un plan de indemnización de carácter administrativo, puesto recientemente en marcha por Uribe, en auxilio de los deudos de los blancos paramilitares. "Nos hace falta un Nunca más, es una vergüenza nacional. Acá hubo descuartizamientos con motosierras, fosas comunes, apropiación indebidas de tierras, hornos crematorios y serpientes venenosas", se lamenta un dirigente de la oposición, que prefiere el anonimato para evitar represalias.

Falta por ver cual será el destino de la cruzada contra las FARC emprendida por Uribe. Disminuidas sicológicamente por el fallecimiento de su líder fundador, Manuel Marulanda, Tiro Fijo, y con dos bajas suplementarias entre los siete comandantes de su "Secretariado", Raúl Reyes e Iván Ríos, tres de los restantes habrían buscado refugio en la vecina Venezuela, un dato confirmado por un alto funcionario de la corte presidencial. La noticia anuncia el debilitamiento de las FARC, pero dificulta su desmantelamiento, por el valor simbólico del icono que configura su dirección colegiada. Fuentes concordantes le atribuyen unos 17 mil combatientes, y la intención de pertrecharse con misiles rusos tierra-aire, susceptibles de ser adquiridos en el mercado negro y cuestionar la superioridad que han impuesto los helicópteros y aviones en las areas de enfrentamiento. Finiquitar con su existencia tardaría unos cinco años más de lucha, en línea con trascendidos oficiales, sueño presidencial de incierta concretización.

Para lograrlo se necesitaría que el Plan Colombia financiara desde Estados Unidos con 700 millones de dólares anuales, atendiendo las necesidades manifestadas por el general Freddy Padilla de León, comandante de las Fuerzas Armadas, "y ya sabemos que eso no será eterno", advierte el canciller Jaime Bermúdez, mientras espera que Washington le confirme 575 millones de dólares para 2010.

El faltante podría decantarse de los dividendos que acarrearía la mudanza, a cinco bases navales y aéreas colombianas, del dispositivo antinarcóticos y contraterrorista norteamericano que abandonará el complejo ecuatoriano de Manta en septiembre próximo, otra de las tareas estrategicas en manos del canciller Bermúdez, quien antes de ser nombrado ministro de exteriores ocupó la embajada de Colombia en Buenos Aires.

En cualquier hipótesis "estamos en el fin del fin", aventura el general Padilla. Su visión de las FARC las sitúa aliándose con el narcotráfico al finalizar la "Guerra Fría" dos décadas atrás. Estima que desde entonces su declive ha sido ineluctable. Ahora, con índices categóricos de rechazo popular, afligidas por la deserción y hostigadas militarmente, su desarticulación como alternativa de poder es irreversible. Sin embargo, imagina que ese fin "será distinto a lo ocurrido en América Central", donde la neutralización militar de los movimientos guerrilleros en Guatemala y El Salvador precedió al pacto pacificador. "Tenemos que reducirlas a su minima expresión para forzarlas a negociar en condiciones que nos convengan", anticipa. Descarta una solución a la Sri Lanka, mediante el aniquilamiento físico individual de todos sus miembros. Estrecha la mano y concluye sonriendo para la foto con el entrevistador: "El pueblo colombiano no lo toleraría, y no vamos a terminar como los militares argentinos que no pueden andar por la calle".