Acteal: impunidad entronizada

Editorial

La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó ayer, por mayoría –cuatro votos contra uno–, amparar a 26 de los involucrados en la matanza de Acteal, 20 de los cuales serán puestos en libertad absoluta e inmediata.

La improcedencia del fallo quedó plenamente reflejada en la afirmación del ministro José Ramón Cossío quien, al razonar su voto en favor del amparo a los inculpados, señaló: Lo que se determina es que a los quejosos no se les siguió un debido proceso, lo cual no equivale a un pronunciamiento sobre si son o no inocentes. En efecto, y como lo han señalado distintos sectores de la sociedad, las irregularidades presentes en las pesquisas de la Procuraduría General de la República (PGR) –que son por lo demás, falencias proverbiales del sistema de procuración de justicia– no pueden ni deben ser un elemento suficiente para sustentar la excarcelación de los acusados, quienes han sido, cabe recordarlo, plenamente reconocidos por los propios sobrevivientes de la matanza.

No obstante lo anterior, el alegato sobre las deficiencias formales de las acusaciones de los implicados ha significado una coartada particularmente conveniente para estamentos políticos que han asumido la defensa de los paramilitares y que mantienen vínculos cercanos con el grupo gobernante. Dentro de ellos destaca, por su activismo, la agrupación Encuentro Social, organización que ha mantenido alianzas con distintas fuerzas políticas nacionales, y cuyo ascendendiente en el blanquiazul quedó reflejado en el contexto de la campaña electoral de 2006, cuando el entonces aspirante presidencial panista, Felipe Calderón Hinojosa, se comprometió a reabrir los expedientes de los implicados en el caso Acteal.

Así, el hecho consumado ayer en la esquina de Pino Suárez y Corregidora viene a confirmar las advertencias y los temores de distintos sectores de la sociedad sobre el manejo faccioso de la justicia en México, que obedece, en buena medida, a la política de alianzas del grupo que detenta el poder. Con el fallo de los togados de la SCJN el país asiste a la comisión de un nuevo agravio para las víctimas de Acteal, que no sólo da continuidad a la impunidad vista hasta ahora, sino la profundiza: a la exasperante incapacidad o falta de voluntad de la propia PGR por indagar y capturar a los autores intelectuales de la masacre –casi 12 años después de que ésta se consumó– se suma ahora la insultante liberación de los autores materiales, y se perpetúa una de las expresiones más rotundas de negación de justicia en la historia reciente.

Por si todas estas consideraciones no bastaran, el fallo de la Corte se produce en un momento en que se recrudecen las expresiones de violencia en algunas zonas de influencia zapatista, y en el que distintas organizaciones civiles y de los propios sobrevivientes de la matanza de Acteal han manifestado su temor de que el retorno de los paramilitares a sus comunidades acabe por reactivar en definitiva las manifestaciones de encono contrainsurgente en esa región.

En suma, la decisión de los ministros de la SCJN no sólo es inadmisible en términos de impartición de justicia, sino que amenaza con derivar en la configuración de nuevos escenarios de violencia en el sureste del país. La Corte se ha vuelto a presentar como una instancia gestora de intereses políticos a veces inconfesables y ha propinado, con ello, un nuevo golpe a su credibilidad, para infortunio de los afectados en este caso y de la nación entera.