La liquidación de Luz y Fuerza del Centro y el golpe al sindicato más aguerrido de México aglutina a las corrientes más disímbolas del centro y la izquierda del país. Lo que se percibe como el inicio del desmantelamiento de la industria energética nacional ya permitió el reencuentro del SME con la CNTE, sectores de La Otra Campaña, la UNT, el Frente Sindical Mexicano, el lopezobradorismo y hasta organizaciones del viejo corporativismo priista. Además, reactivó el movimiento estudiantil en la UNAM, las normales rurales, la UAM y el Politécnico. “Todo eso se esperaba”, declaró el secretario del Trabajo Javier Lozano ante un escenario de 80 millones de pobres –20 de ellos en pobreza alimentaria–, 1 millón de nuevos despedidos y la peor debacle del PIB de la que se tenga memoria. Un estallido social está a punto de ocurrir, advierten investigadores.
Érika RamírezPudieron más los compromisos de Felipe Calderón con quienes lo llevaron a la Presidencia de la República que el riesgo de generar un estallido social, señala Carlos Antonio Aguirre Rojas al explicar las causas de la liquidación de Luz y Fuerza del Centro (LFC).
“Es una medida desesperada” para acatar los acuerdos a los que llegó con el Consejo Coordinador Empresarial, el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, la Asociación de Bancos de México y los sindicatos patronales desde la campaña electoral de 2006.
El posdoctor en historia por la École des Hautes Etudes en Sciences Sociales de París explica que la medida contra la empresa paraestatal y el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) no viene sola. Otras más llegarán en cascada: un paquete económico que incremente los impuestos, una reforma laboral que elimine el derecho de asociación de los trabajadores y el inicio de la recta final de la privatización del sector energético.
Sin embargo, el cálculo político pudo haber fallado al gobierno de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. El movimiento sindical que se ha aglutinado entorno al SME podría capitalizar el desastre económico y social en el que se encuentra el país.
Aguirre Rojas, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y especialista en movimientos sociales en América Latina, explica que con el decreto del 11 de octubre pasado –con el que el gobierno federal liquida LFC– y el asalto de la Policía Federal a las 104 instalaciones de la paraestatal, la administración de Felipe Calderón comienza a pagar las facturas a los grupos económicos que lo llevaron a la Presidencia “y que luego han buscado legitimarlo, aunque sea por la fuerza”.
Junto a la firma del presidente aparecieron las de 10 secretarios de Estado. Con ellas, el “presidente del empleo” cancela más de 40 mil fuentes de trabajo de LFC y 95 años de vida del SME.
En menos de 12 horas, miles de electricistas perdieron sus salarios, su derecho a la atención médica, a la vivienda y demás prestaciones laborales conquistadas por el SME, liderado por Martín Esparza Flores. Así ocurrió con Jorge Méndez, un joven de 34 años que apenas había logrado una antigüedad de tres años en la empresa regulada por la Secretaría de Energía.
De Jorge dependen siete personas, que sobreviven con los 152 pesos que obtiene diariamente: cuatro hijos, su esposa ?que le apoya con la venta de zapatos? y sus dos padres diabéticos. Él, al igual que su familia, dice estar dispuesto a todo, a cambio de recobrar su trabajo: “Ya no tenemos más qué perder”.
Como él, otras 44 mil personas recibieron azoradas la noticia de que más de 500 policías federales habían tomado sus puestos de trabajo el 10 de octubre pasado antes de la media noche.
Dos horas más tarde, la madrugada del domingo 11, los secretarios de Gobernación, Fernando Gómez Mont; de Hacienda y Crédito Público, Agustín Carstens; de Desarrollo Social, Ernesto Cordero Arroyo; de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan Rafael Elvira Quesada; de Energía, Georgina Kessel Martínez; de Economía, Gerardo Ruiz Mateos; de Agricultura, Francisco Mayorga Castañeda; de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas; de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, y del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, apoyaban la decisión presidencial de “extinguir” LFC.
Estallido social
Alejandro Vega, miembro directivo del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS), coincide con el académico de la UNAM, y agrega que el gobierno “está jugando con fuego”, porque pocas organizaciones tienen una presencia social y una penetración como el SME (que agremia a 44 mil trabajadores en activo y 22 mil jubilados), y que ha sido opositor del modelo económico que prevalece en el país.
Con la liquidación de LFC, los electricistas “han mantenido una posición prudente, que privilegia los causes legales. Sin embargo, si se empiezan a cerrar esas vías, los trabajadores no se van a quedar cruzados de brazos y se puede llegar al estallido social”, advierte el investigador del CILAS.
Aguirre Rojas alude al descontento generado por el “fraude electoral” de 2006, en el que Calderón Hinojosa asumió la Presidencia de la República a menos de un punto porcentual de diferencia de su opositor Andrés Manuel López Obrador. “En este caso también hubo un agravio a la ciudadanía, no sólo al sindicato”.
Extinción “perversa” e “ilegal”
Alfonso Bouzas Ortiz, doctor en derecho por la UNAM, opina que el decreto presidencial es “perverso”, pues las autoridades no debieron utilizar la palabra extinción, como se hiciera en el artículo 1, que dice: “Se extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, el cual conservará su personalidad jurídica exclusivamente para efectos del proceso de liquidación”, ya que se puede extinguir un fideicomiso, pero no una persona moral o una empresa”.
El gobierno federal, explica, debió estipular la liquidación desde el principio del decreto. Sin embargo, “no lo hicieron porque con ello se verían obligados a seguir con el procedimiento marcado en la Ley Federal del Trabajo, que indica que se debe dar derecho de audiencia al sindicato, y éste, a la vez, alegar la certeza legal”.
Bouzas Ortiz refiere el capítulo VIII “Terminación colectiva de las relaciones de trabajo”, que indica que si se trata de “la incosteabilidad notoria y manifiesta de la explotación”, “el patrón, previamente a la terminación, deberá obtener la autorización de la Junta de Conciliación y Arbitraje, de conformidad con las disposiciones para conflictos colectivos de naturaleza económica”.
Reforma laboral proempresarial
Coordinador del libro Contratación colectiva de protección en México –informe realizado para la Organización Regional Interamericana de Trabajadores–, Bouzas alerta que la liquidación de los trabajadores es prácticamente la liquidación del derecho colectivo en México. Con esto, “el gobierno nos dice que quiere una economía en la que no haya ni sindicatos ni contratos colectivos de trabajo”.
Agrega que “esto debe alarmar incluso a los sindicatos corporativos, porque la amenaza va para todos; cuando no le sea útil Romero Deschamps (secretario general del sindicato petrolero) será pateado de la misma manera”, dice el doctor en derecho laboral por la UNAM.
Néstor de Buen Lozano, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, coincide con Bouzas Ortiz y agrega que el SME todavía tiene el derecho de tramitar un amparo, pues la decisión del presidente de liquidar LFC “es un decreto totalmente infundado que se puede demandar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje (JCA)”.
De Buen Lozano, especialista en derecho social, observa que para que se haya terminado una relación de trabajo, entre la compañía y el sindicato debió manifestarse un conflicto ante la JCA: “Se tiene que dar vista a los interesados para que expresen lo que a su derecho convenga, por lo tanto esta medida es un acto de fuerza que no tiene fundamentos”.
Privatización del sector energético
Alberto Montoya Martín del Campo, académico de la Universidad Iberoamericana, doctor en políticas públicas sobre revolución tecnológica y especialista en estudios estratégicos y a largo plazo a nivel nacional, advierte que el gobierno “busca un enfrentamiento con los sindicatos que no son afines a su concepción política, del desarrollo nacional, y abre nuevos espacios a la privatización de funciones, tareas y responsabilidades que corresponden al Estado mexicano”.
Además, indica que hay una alta probabilidad de que se privatice el sector energético. Refiere que el artículo 27 de la Constitución faculta únicamente a la nación para la generación, transformación, distribución y abastecimiento de energía eléctrica para la prestación del servicio público.
“Es una medida desesperada” para acatar los acuerdos a los que llegó con el Consejo Coordinador Empresarial, el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, la Asociación de Bancos de México y los sindicatos patronales desde la campaña electoral de 2006.
El posdoctor en historia por la École des Hautes Etudes en Sciences Sociales de París explica que la medida contra la empresa paraestatal y el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) no viene sola. Otras más llegarán en cascada: un paquete económico que incremente los impuestos, una reforma laboral que elimine el derecho de asociación de los trabajadores y el inicio de la recta final de la privatización del sector energético.
Sin embargo, el cálculo político pudo haber fallado al gobierno de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. El movimiento sindical que se ha aglutinado entorno al SME podría capitalizar el desastre económico y social en el que se encuentra el país.
Aguirre Rojas, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y especialista en movimientos sociales en América Latina, explica que con el decreto del 11 de octubre pasado –con el que el gobierno federal liquida LFC– y el asalto de la Policía Federal a las 104 instalaciones de la paraestatal, la administración de Felipe Calderón comienza a pagar las facturas a los grupos económicos que lo llevaron a la Presidencia “y que luego han buscado legitimarlo, aunque sea por la fuerza”.
Junto a la firma del presidente aparecieron las de 10 secretarios de Estado. Con ellas, el “presidente del empleo” cancela más de 40 mil fuentes de trabajo de LFC y 95 años de vida del SME.
En menos de 12 horas, miles de electricistas perdieron sus salarios, su derecho a la atención médica, a la vivienda y demás prestaciones laborales conquistadas por el SME, liderado por Martín Esparza Flores. Así ocurrió con Jorge Méndez, un joven de 34 años que apenas había logrado una antigüedad de tres años en la empresa regulada por la Secretaría de Energía.
De Jorge dependen siete personas, que sobreviven con los 152 pesos que obtiene diariamente: cuatro hijos, su esposa ?que le apoya con la venta de zapatos? y sus dos padres diabéticos. Él, al igual que su familia, dice estar dispuesto a todo, a cambio de recobrar su trabajo: “Ya no tenemos más qué perder”.
Como él, otras 44 mil personas recibieron azoradas la noticia de que más de 500 policías federales habían tomado sus puestos de trabajo el 10 de octubre pasado antes de la media noche.
Dos horas más tarde, la madrugada del domingo 11, los secretarios de Gobernación, Fernando Gómez Mont; de Hacienda y Crédito Público, Agustín Carstens; de Desarrollo Social, Ernesto Cordero Arroyo; de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan Rafael Elvira Quesada; de Energía, Georgina Kessel Martínez; de Economía, Gerardo Ruiz Mateos; de Agricultura, Francisco Mayorga Castañeda; de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas; de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, y del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, apoyaban la decisión presidencial de “extinguir” LFC.
Estallido social
Alejandro Vega, miembro directivo del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS), coincide con el académico de la UNAM, y agrega que el gobierno “está jugando con fuego”, porque pocas organizaciones tienen una presencia social y una penetración como el SME (que agremia a 44 mil trabajadores en activo y 22 mil jubilados), y que ha sido opositor del modelo económico que prevalece en el país.
Con la liquidación de LFC, los electricistas “han mantenido una posición prudente, que privilegia los causes legales. Sin embargo, si se empiezan a cerrar esas vías, los trabajadores no se van a quedar cruzados de brazos y se puede llegar al estallido social”, advierte el investigador del CILAS.
Aguirre Rojas alude al descontento generado por el “fraude electoral” de 2006, en el que Calderón Hinojosa asumió la Presidencia de la República a menos de un punto porcentual de diferencia de su opositor Andrés Manuel López Obrador. “En este caso también hubo un agravio a la ciudadanía, no sólo al sindicato”.
Extinción “perversa” e “ilegal”
Alfonso Bouzas Ortiz, doctor en derecho por la UNAM, opina que el decreto presidencial es “perverso”, pues las autoridades no debieron utilizar la palabra extinción, como se hiciera en el artículo 1, que dice: “Se extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, el cual conservará su personalidad jurídica exclusivamente para efectos del proceso de liquidación”, ya que se puede extinguir un fideicomiso, pero no una persona moral o una empresa”.
El gobierno federal, explica, debió estipular la liquidación desde el principio del decreto. Sin embargo, “no lo hicieron porque con ello se verían obligados a seguir con el procedimiento marcado en la Ley Federal del Trabajo, que indica que se debe dar derecho de audiencia al sindicato, y éste, a la vez, alegar la certeza legal”.
Bouzas Ortiz refiere el capítulo VIII “Terminación colectiva de las relaciones de trabajo”, que indica que si se trata de “la incosteabilidad notoria y manifiesta de la explotación”, “el patrón, previamente a la terminación, deberá obtener la autorización de la Junta de Conciliación y Arbitraje, de conformidad con las disposiciones para conflictos colectivos de naturaleza económica”.
Reforma laboral proempresarial
Coordinador del libro Contratación colectiva de protección en México –informe realizado para la Organización Regional Interamericana de Trabajadores–, Bouzas alerta que la liquidación de los trabajadores es prácticamente la liquidación del derecho colectivo en México. Con esto, “el gobierno nos dice que quiere una economía en la que no haya ni sindicatos ni contratos colectivos de trabajo”.
Agrega que “esto debe alarmar incluso a los sindicatos corporativos, porque la amenaza va para todos; cuando no le sea útil Romero Deschamps (secretario general del sindicato petrolero) será pateado de la misma manera”, dice el doctor en derecho laboral por la UNAM.
Néstor de Buen Lozano, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, coincide con Bouzas Ortiz y agrega que el SME todavía tiene el derecho de tramitar un amparo, pues la decisión del presidente de liquidar LFC “es un decreto totalmente infundado que se puede demandar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje (JCA)”.
De Buen Lozano, especialista en derecho social, observa que para que se haya terminado una relación de trabajo, entre la compañía y el sindicato debió manifestarse un conflicto ante la JCA: “Se tiene que dar vista a los interesados para que expresen lo que a su derecho convenga, por lo tanto esta medida es un acto de fuerza que no tiene fundamentos”.
Privatización del sector energético
Alberto Montoya Martín del Campo, académico de la Universidad Iberoamericana, doctor en políticas públicas sobre revolución tecnológica y especialista en estudios estratégicos y a largo plazo a nivel nacional, advierte que el gobierno “busca un enfrentamiento con los sindicatos que no son afines a su concepción política, del desarrollo nacional, y abre nuevos espacios a la privatización de funciones, tareas y responsabilidades que corresponden al Estado mexicano”.
Además, indica que hay una alta probabilidad de que se privatice el sector energético. Refiere que el artículo 27 de la Constitución faculta únicamente a la nación para la generación, transformación, distribución y abastecimiento de energía eléctrica para la prestación del servicio público.
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