| Traducido para Rebelión por Carlos Sanchis y revisado por Caty R. |
En la Ciudad de México, el 28 de octubre, el Tribunal Internacional de la Libertad Sindical (que deliberará sobre la libertad sindical en México del 26 de octubre de 2009 al 1 de mayo de 2010) concluyó la primera de sus dos sesiones públicas con un informe preliminar que condenó duramente al presidente Felipe Calderón por sus violentas medidas contra los sindicatos desde que asumió el gobierno tras su discutible elección en 2006. El Tribunal fue organizado en los meses anteriores por más de 30 organizaciones sociales y civiles de México y otros países. Oyó testimonios públicos de representantes de 16 sindicatos sometidos al ataque de la carrera de fondo de la privatización en México.
El Tribunal está compuesto por veinte prominentes juristas laborales y expertos en derechos humanos, que incluyen periodistas galardonados, escritores, y defensores de la paz, más de mitad procedentes de otras partes de las Américas y Europa, incluido este reportero. Dos de los miembros que no pudieron asistir fueron el argentino ganador del premio Nobel de Paz 1980, Adolfo Pérez Esquivel, y el destacado periodista y escritor uruguayo Eduardo Galeano, que esperan participar en la segunda sesión pública programada para finales de abril de 2010.
Como señaló la prensa mexicana, James Cockcroft, este reportero, dirigió la inauguración del Tribunal junto con la senadora Rosario Ibarra de Piedra, principal defensora de los derechos humanos en México y cuatro veces nominada para el premio Nobel de la Paz, y Miguel Ángel Granados Chapa, ganador en dos ocasiones del premio nacional de periodismo de México. Ellos explicaron que el Tribunal representa el ejercicio de la "justicia de los ciudadanos", históricamente el primer tribunal del mundo sobre cuestiones laborales. Sigue los pasos del tribunal Bertrand Russell contra la guerra de EE.UU. en Vietnam y de los tribunales que posteriormente han actuado como "la conciencia de la humanidad" en casos como las intervenciones militares-terroristas de Estados Unidos en Nicaragua durante la década de los 80 o contra la Revolución Cubana en los últimos cincuenta años. Sus informes y decisiones irán a todas las instituciones pertinentes nacionales e internacionales que se ocupan de los derechos de los trabajadores y los derechos humanos, como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la Corte Penal Internacional de La Haya. La presencia del Tribunal rompe así la falta de escrutinio público internacional del que los últimos gobiernos mexicanos represivos han disfrutado.
La Ciudad de México está siendo sacudida por una airada respuesta popular al envío por del presidente Calderón de tropas armadas y policías federales, el 10 de octubre, para tomar la empresa paraestatal "Luz y Fuerza del Centro" (LFC), responsable de la compleja red eléctrica del centro de México. La rápida acción a medianoche, destinada a destruir el sindicato independiente de trabajadores de la electricidad (SME), que durante 95 años organizó la fuerza laboral independiente más sólida por la democracia y los derechos de los trabajadores, instantáneamente despidió a más de 44.000 trabajadores de un solo golpe. Por medio de ello avanzó la privatización del lucrativo sector de la energía en México, así como de su extensa red de fibra óptica para venderla a los monopolios de telecomunicaciones nacionales y extranjeros.
Calderón y las grandes empresas de medios de comunicación han intentado justificar la acción militar, seguida de un decreto presidencial al día siguiente, afirmando que "la ineficacia económica" de la LFC procedía de los beneficios y altos salarios de los trabajadores del SME ganados en el transcurso de decenios de lucha. Sin embargo, la falta de rentabilidad de la LFC derivaba de la provisión del propio Estado de energía gratuita a las mayores industrias de México, junto con la compra de energía, a precios exorbitantes, de la LFC a la Comisión Federal de Electricidad. La incautación de las plantas de energía de la LFC fue inconstitucional e ilegal en muchos aspectos, incluida la falta de aprobación previa del Congreso Nacional, responsable de cualquier cambio en el sector de la energía (Artículo 26 de la Constitución).
El 15 de octubre, entre 350.000 y un millón, o más, de personas marcharon en apoyo del SME hacia El Zócalo, la plaza histórica de la Ciudad de México. La manifestación, que duró un día, incluyó a muchas familias de la clase media oprimidas por la educación, los despidos y las reducciones de salarios, y las "brigadas ciudadanas" que apoyan a Andrés Manuel López Obrador, la persona que la mayoría de la gente cree que ganó las elecciones de 2006.
Después, el 24 de octubre, tuvo lugar una Asamblea Nacional de la Resistencia Popular en el vestíbulo gremial del SME. Se invitó al EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional) para que enviara un representante, pero no acudió ninguno. Una inmensa multitud de miles de personas se esparcía fuera en las calles cuando una veintena de oradores, incluido este reportero, trabajadores, campesinos, profesores, estudiantes y otras organizaciones se ocupaban de discutir futuras acciones. El sentimiento popular era de una huelga general inmediata y los gritos colectivos de "¡Huelga!" y "No pasarán" llenaban el aire. El líder del SME, Martín Esparza tuvo que intervenir para calmar los ánimos de los trabajadores enojados y conseguir una resolución para formar un "frente nacional de lucha" para ayudar a planificar una eventual huelga legal, que requiere un aviso al gobierno de varias semanas de antelación, o -más rápido y más fácil- una serie de "paros" (interrupciones, abandonos del puesto de trabajo). Se programó el paro de un “día nacional de resistencia cívica” para el 30 de octubre, con una veintena de organizaciones obreras, de estudiantes, de profesores y de campesinos, que representan a más de seis millones de personas integradas en la acción. Se fijó una asamblea general de resistencia popular masiva para el 4 de noviembre, para discutir los planes de futuro.
Sin embargo, existen muchas divisiones entre las fuerzas progresistas. El propio SME se dividió cuando el gobierno, muchas semanas antes, rehusó "tomar nota" (reconocer oficialmente) del liderazgo de Esparza después de que el candidato apoyado por la empresa perdió unas elecciones democráticas. Ahora el candidato rival apoya el decreto del presidente Calderón contra los sindicatos.
En esta atmósfera turbulenta, marcada por apagones frecuentes debidos a la incapacidad de los esquiroles para hacer que funcione la red de la CFE, el Tribunal Internacional celebró sus audiencias. Su corto pero severo informe preliminar dijo que el Tribunal estaba "sorprendido e incluso escandalizado por la gravedad de las violaciones (de las leyes laborales) y la violencia ejercida contra los trabajadores mexicanos”. Señalando violaciones de los convenios 87 y 98 de la OIT, del Artículo 123 de la Constitución de Mexicana y de las garantías de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos, de los derechos de los trabajadores al trabajo, a organizar sindicatos y a negociar convenios colectivos, el informe constataba: "Además estamos profundamente preocupados por la violación de derechos humanos y civiles que acompañan a la violación de la libertad sindical". Llegaba a la conclusión de que en México existe “una ruptura del Estado de Derecho” y una "institucionalización de la violencia contra los movimientos autónomos de los trabajadores... incluida la criminalización de las protestas sociales y de sus líderes". El Tribunal también condenó "las restricciones a la libertad de expresión" y "abusos por parte de algunos medios de comunicación al tergiversar los hechos, la verdad, en la brutal campaña mediática contra el SME y su convenio”. Concluyó con un requerimiento a:
- La derogación del decreto presidencial y la reapertura del LFC.
- Retirada inmediata de las tropas armadas y la policía federal de las centrales eléctricas.
- Reincorporación inmediata de los trabajadores del SME bajo el convenio colectivo existente.
- Creación de un comité social de diálogo para considerar alternativas de acuerdo con la Constitución y las normas internacionales.
El año 2010 marca el centenario del lanzamiento oficial de la Revolución Mexicana y el bicentenario del grito por la independencia nacional de España. En ambos casos, entonces como hoy, una crisis económica precedió a los acontecimientos revolucionarios, y el miedo de la gente a las autoridades se disipaba tan deprisa como crecía su rabia. Del 28 al 30 de abril, el Tribunal Internacional de la Libertad Sindical celebrará su segunda sesión pública, y el 1 de mayo emitirá sus conclusiones en la concentración anual de mayo en El Zócalo.
El Dr. James Cockcroft es historiador, poeta y analista social, con más de 40 libros publicados sobre política e historia de Estados Unidos, América Latina y asuntos internacionales, una docena de ellos sobre México. Su obra Precursores Intelectuales de la Revolución Mexicana se utiliza desde hace muchos años en México como un texto imprescindible en diversas carreras universitarias. Como ciudadano de EE.UU. e inmigrante canadiense, es miembro del Consejo del Proyecto de Solidaridad Mundial José Martí, patrocinado por la UNESCO, y Editor Honorario de Latin American Perspectives. Participa en el comité internacional de coordinación de la Red de Redes en Defensa de la Humanidad, en el Comité Internacional para la Libertad de los cinco Cubanos, en la Coalición Venezuela Estamos Contigo y en la Mesa de Concertación de Solidaridad Québec-Cuba. En 2005 ejerció como vicepresidente del Tribunal Benito Juárez, un proceso internacional de la sociedad civil celebrado en México, que concluyó que la política de EE.UU. con respecto a Cuba se ajusta a la definición de la ONU de "genocidio”.
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