10 diciembre 2009
En primer lugar llama la atención la estridencia con que se califica de estridente a Amnistía Internacional. Si lo único que ha dicho es que “existe un preocupante patrón de crímenes cometidos por el ejército en sus operaciones de seguridad, abusos que tanto las autoridades civiles como las militares de México niegan e ignoran”. Lo cual es absolutamente cierto.
Y si no le creen a AI podrían acudir a lo que aun la archigobiernista Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene que reconocer a regañadientes: que el número de quejas de abusos de militares en todo el país ha crecido exponencialmente desde que el actual gobierno sacó a los soldados de sus cuarteles; que en ese año 2006 hubo 182 quejas; que para 2007 fueron 367, más del doble; pero el número de quejas se disparó a más del triple en el 2008 llegando a 1230; al finalizar este 2009 la estadística seguirá creciendo.
La defensa de que son muy pocos los casos documentados es no sólo blandengue sino tramposa. Cualquiera con dos dedos de frente sabe que es prácticamente imposible investigar una institución con la que nadie se atreve. Que como el ejército se juzga a sí mismo y que siempre ha sido respaldado por el gobierno y el Congreso para preservar su fuero militar e impedir que cuando sus miembros cometen delitos civiles sean investigados y juzgados por autoridades y jueces civiles.
Dice el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, que puede ser un problema de percepciones y que para actuar en contra de alguien se requiere evidencia. Hace como que ignora que no se trata de estar “en contra de alguien” sino que simplemente se solicita que se investiguen estas denuncias que ya suman miles. Así que son algo más que percepciones.
Ya por lo pronto la propia AI acompaña su informe de cinco casos documentados. El Centro PRO tiene más de 120 casos. El señor Gómez Mont no puede hacer como que ignora episodios como el de la noche del sábado 2 de junio de 2007 cuando en Los Alamillos, Sinaloa, un piquete de soldados deshizo a balazos un vehículo matando a cinco de sus ocupantes, dos adultos y tres niños. Ahí le van los nombres: Alicia Esparza Parra, Griselda Galaviz Barraza, Grisel, Adalia y Janiel Esparza. Los del retén se justificaron con que el chofer no obedeció la señal de alto y ellos sospecharon que la camioneta familiar transportaba droga. La versión no oficial es que los soldados andaban encervezados. Luego, ya no se supo más.
Por cierto, ante el informe de AI el presidente Calderón ha dicho que “tenemos razones para desoír las voces ingenuas que piden que el Estado deje la lucha contra el crimen”. Yo por lo menos jamás he escuchado a nadie ni dentro ni fuera que haya siquiera sugerido tamaña aberración. Por supuesto que todos querríamos acabar con el cáncer del narco. Pero lo que hemos cuestionado es el método: y sí hemos dicho que hubiera sido mejor empezar por limpiar la casa de la penetración del narco en nuestros aparatos de seguridad y justicia. Emplear la inteligencia y no sólo la fuerza.
Tampoco estamos en contra del ejército, sino contra el deterioro creciente al que se le ha expuesto.
Y si no le creen a AI podrían acudir a lo que aun la archigobiernista Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene que reconocer a regañadientes: que el número de quejas de abusos de militares en todo el país ha crecido exponencialmente desde que el actual gobierno sacó a los soldados de sus cuarteles; que en ese año 2006 hubo 182 quejas; que para 2007 fueron 367, más del doble; pero el número de quejas se disparó a más del triple en el 2008 llegando a 1230; al finalizar este 2009 la estadística seguirá creciendo.
La defensa de que son muy pocos los casos documentados es no sólo blandengue sino tramposa. Cualquiera con dos dedos de frente sabe que es prácticamente imposible investigar una institución con la que nadie se atreve. Que como el ejército se juzga a sí mismo y que siempre ha sido respaldado por el gobierno y el Congreso para preservar su fuero militar e impedir que cuando sus miembros cometen delitos civiles sean investigados y juzgados por autoridades y jueces civiles.
Dice el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, que puede ser un problema de percepciones y que para actuar en contra de alguien se requiere evidencia. Hace como que ignora que no se trata de estar “en contra de alguien” sino que simplemente se solicita que se investiguen estas denuncias que ya suman miles. Así que son algo más que percepciones.
Ya por lo pronto la propia AI acompaña su informe de cinco casos documentados. El Centro PRO tiene más de 120 casos. El señor Gómez Mont no puede hacer como que ignora episodios como el de la noche del sábado 2 de junio de 2007 cuando en Los Alamillos, Sinaloa, un piquete de soldados deshizo a balazos un vehículo matando a cinco de sus ocupantes, dos adultos y tres niños. Ahí le van los nombres: Alicia Esparza Parra, Griselda Galaviz Barraza, Grisel, Adalia y Janiel Esparza. Los del retén se justificaron con que el chofer no obedeció la señal de alto y ellos sospecharon que la camioneta familiar transportaba droga. La versión no oficial es que los soldados andaban encervezados. Luego, ya no se supo más.
Por cierto, ante el informe de AI el presidente Calderón ha dicho que “tenemos razones para desoír las voces ingenuas que piden que el Estado deje la lucha contra el crimen”. Yo por lo menos jamás he escuchado a nadie ni dentro ni fuera que haya siquiera sugerido tamaña aberración. Por supuesto que todos querríamos acabar con el cáncer del narco. Pero lo que hemos cuestionado es el método: y sí hemos dicho que hubiera sido mejor empezar por limpiar la casa de la penetración del narco en nuestros aparatos de seguridad y justicia. Emplear la inteligencia y no sólo la fuerza.
Tampoco estamos en contra del ejército, sino contra el deterioro creciente al que se le ha expuesto.
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