EU y México: más recursos a inteligencia y más opacidad

La tendencia mundial de transparentar la información de las políticas públicas tiene su excepción cuando se trata de gastos en defensa, seguridad nacional y, particularmente, de inteligencia, que se ocultan bajo el estatus de clasificado, secreto, reservado o confidencial. Los ciudadanos ignoran cuántos de sus impuestos contribuyen a esas asignaciones, como actualmente ocurre en Estados Unidos y México.

Nydia Egremy

Para 2010 Estados Unidos erogará 533 mil millones de dólares en defensa (4 por ciento más que en 2009), aunque sus ciudadanos ignoran, desde 2006, cuántos de sus impuestos forman el presupuesto para inteligencia.
En México se proyectó un gasto de 2 mil 228 millones de pesos para el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), al que se suman 2 mil 805 millones 167 mil pesos del concepto “01: seguridad nacional”. Sin embargo, no se transparentan los recursos de otras dependencias federales, así como programas y coordinaciones que también realizan actividades de inteligencia. La Secretaría de la Defensa ejercerá 43 mil 32 millones 410 mil 311 pesos; la Secretaría de Marina, 15 mil 846 millones 686 mil 124 pesos; el Sistema Nacional de Seguridad y de Conectividad México, 4 mil 500 millones de pesos.
Además, se sabe que el órgano de inteligencia civil erogará en salarios y servicios personales la mayor parte de su presupuesto, unos 1 mil 531 millones de pesos (más del 60 por ciento), y el resto, para operación (696 millones). En materia de proyectos, la inversión federal le otorgará al Cisen otros 45 millones de pesos para garantizar “la confiabilidad” de voz y datos a través de las redes de comunicación institucional que preserven el flujo de información en ese centro. Además, la Secretaría de Gobernación asignará 66.6 millones más para mantenimiento de sus equipos y así garantizar la “producción de inteligencia”.
También realizan labores de inteligencia el Instituto Nacional de Migración (que desde 2005 pertenece al Sistema de Seguridad Nacional), con un presupuesto previsto de 1 mil 847 millones de pesos; la Escuela de Inteligencia para la Seguridad Nacional, creada el 16 de abril de 2009 y de la que no existe información sobre su ejercicio para ese año; la Coordinación General de Protección Civil, con un presupuesto previsto de 19 millones 355 mil 51 pesos, además de los 43 millones 398 mil 405 pesos de la Dirección General de Protección Civil. A esas instancias federales se sumarían los recursos asignados al rubro “E008” por servicios migratorios en fronteras, puertos y aeropuertos, así como los destinados al rubro “E012” del registro e identificación de población. Todo, con recursos de los contribuyentes que ignoran el alcance de los programas de defensa e inteligencia.
Ranulfo Delgado, del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, dice que otros organismos de seguridad recibirán recursos en el presupuesto del año fiscal 2010. Describe que el eje 1, “Estado de derecho y seguridad”, como lo establece el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, lo constituyen las secretarías de Gobernación, Defensa Nacional, Marina y Seguridad Pública, así como la Procuraduría General de la República y el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal, que en conjunto recibirían una asignación de 117 mil 869 millones de pesos en el proyecto del Presupuesto de Egresos 2010. Delgado anticipó que Marina y la Procuraduría General de la República serían los ramos menos afectados, aunque permanece oculto el monto que recibirán las áreas de inteligencia de Marina y Defensa.
Esa falta de transparencia en el gasto militar y de inteligencia en México llevó a Fundar, Centro de Análisis e Investigación, a pronunciarse, en su documento de trabajo Incongruencia y contradicciones en la política económica del gobierno (19 de agosto de 2009), sobre la conformación del presupuesto de egresos de 2010. Cita ese estudio que en un contexto de crisis económica y aumento de la carga impositiva, “es aún mayor la obligación del gobierno federal de transparentar y facilitar el acceso a la información relacionada no sólo con el ejercicio de los recursos públicos, sino con los resultados de las políticas y programas federales”.
A nivel regional, la Red de Seguridad y Defensa de América Latina recuerda que, el 12 de diciembre de 1980, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la Resolución 35-142B, “Reducción de presupuestos militares”, en la que se recomienda que los Estados miembros informen anualmente a ese organismo: los costos de personal, operaciones y mantenimiento, adquisición y construcción e investigación y desarrollo para aumentar el nivel de transparencia. México –al igual que Estados Unidos–, como miembro del organismo multilateral, está obligado a acatar ese compromiso.
Transparencia o caos
El ocultamiento en torno a los recursos que se asignan a seguridad e inteligencia no es exclusivo de México, también se practica en Estados Unidos, la mayor potencia militar del planeta y que, a su vez, es la que destina los recursos más cuantiosos a las tareas de inteligencia; así lo denuncia la Federación de Científicos Americanos (FAS, por sus siglas en inglés), integrada por varios galardonados con el Premio Nobel en distintas disciplinas.
Esa organización hace notar que en Estados Unidos “reina la confusión en la política secreta de inteligencia” por negar la desclasificación del gasto público que se ejerció en el año fiscal de 2006. El pasado 30 de octubre, Dennis C Blair, de la Office of the Director of National Intelligence (DNI), decidió desclasificar el presupuesto para el año fiscal 2009 para el Programa Nacional de Inteligencia (PNI), equivalente a 49 mil millones 800 mil dólares.
De acuerdo con Steven Aftergood, responsable del Programa sobre Secretismo Gubernamental de la FAS, esa medida “es inconsistente” con otras acciones para la clasificación de esa información y pone de relieve la confusión sobre el alcance del secretismo sobre seguridad nacional que prevalece en la llamada comunidad de inteligencia estadunidense.
Esa afirmación obedece a que Blair anunció en esa ocasión que el acceso a la información en inteligencia del presupuesto 2009 dará al pueblo estadunidense más comprensión de cómo se utilizan los dólares de sus impuestos para “ayudar a proteger al país y mantenerlos a salvo”; pero su propia oficina, la DNI, se rehúsa a revelar las cifras del presupuesto del PNI desde el año fiscal 2006, con el argumento de que su difusión podría dañar la seguridad nacional y pondría en peligro las fuentes y métodos de inteligencia.
El 15 de septiembre, Blair, en conferencia de prensa, anunció que el presupuesto combinado de todas las agencias de inteligencia sumaba alrededor de 75 mil millones de dólares; pero Aftergood afirma que, aunque el presupuesto de 2009 se desclasificó, “uno no puede siquiera conocer cuánto dinero se gastó en inteligencia durante 2009; si aumentó o decreció comparado con 2008 y cuántos dólares en impuestos han sido usados para proteger al país”.
Más secretismo
Para ese analista, escritor de la sección “Secrecy News” de FAS, el presupuesto total para inteligencia de Estados Unidos se integra de dos partes: el PNI y el Programa de Inteligencia Militar (PIM), y algunas de las grandes agencias de inteligencia de defensa, como la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), la Agencia Nacional Geoespacial y de Inteligencia (NGA) y otras más que se financian a través del PNI y del PIM.
La oficina del director nacional de inteligencia insiste en que toda información complementaria respecto del presupuesto del PNI no será revelada y permanecerá clasificada a pesar de que funcionarios de esa oficina consultados por Aftergood admitieron que desconocen, incluso, por qué clasifican la información sobre inteligencia. Asimismo, el estudio interno de la oficina del DNI, Guía de clasificación de la comunidad de inteligencia, publicado en enero de 2008, que consultó Secrecy News (publicación electrónica de la Federation of American Scientists), admite que “existe un amplio margen en la aplicación de los niveles de clasificación”.

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