La administración federal, encabezada por Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, habrá gastado en dos años 110 mil 243 millones 76 mil pesos en seguridad nacional, descubre el análisis El presupuesto público federal para la función seguridad nacional, 2009-2010, publicado en octubre pasado por el Centro de Documentación, Información y Análisis, de la Cámara de Diputados.
Los egresos en esta materia corresponden a la Presidencia de la República y a las secretarías de Defensa Nacional (Sedena), Marina (Semar) y Gobernación (Segob), que privilegia el enfoque de corte represivo (contra las amenazas) y margina el preventivo (contra los riesgos).
De acuerdo con el estudio, entre 2009 y 2010 el sector castrense ejercerá 103 mil 787 millones 870 mil pesos, que representan el 94.13 por ciento del monto global destinado a la seguridad nacional: la Sedena sufragará el 68.29 por ciento; la Semar, 25.35 por ciento; y el Estado Mayor Presidencial, 0.49 por ciento.
—La seguridad nacional se logra cuando hay una armonización y un equilibrio entre todos los elementos del poder nacional y me parece que aquí se ha desarrollado con más fuerza, con más énfasis, el elemento militar del poder nacional, y que se han desarrollado en un estado muy secundario, muy colateral los otros elementos: político, social y económico –explica Jorge Luis Sierra, especialista en seguridad nacional.
Agrega que esos factores se deben desarrollar al mismo tiempo y “pensando” en “una justicia nacional”. No obstante, en este bienio el gasto más alto corresponderá al capítulo “Defensa de la integridad, la independencia y la seguridad nacional del territorio nacional”. A éste, la Sedena le destinará en total 46 mil 16 millones 130 mil pesos.
Gasto por institución
Javier Oliva, experto en seguridad nacional y académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, indica que las urgencias de una administración se pueden advertir en su presupuesto. Por ello, pregunta cuáles son las prioridades del gobierno de Felipe Calderón, “en donde la vieja aspiración de la derecha conservadora es el control de la ciudadanía: qué hace, qué piensa, a dónde va”.
Las erogaciones en seguridad nacional dadas a conocer por la Cámara de Diputados son 4.5 veces la inversión pública a favor de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuyo presupuesto anual asciende en promedio a poco más de 24 mil millones de pesos.
Tan sólo el análisis El presupuesto público federal para la función seguridad nacional, 2009-2010, revela que en ese periodo bianual la Sedena ejercerá, de manera discrecional, 75 mil 289 millones 30 mil pesos para esa tarea.
Al finalizar 2009, el gasto de la Sedena en materia de seguridad nacional sumará 38 mil 560 millones 920 mil pesos. La cifra representa el 89.6 por ciento de su presupuesto total modificado para este ejercicio, por 43 mil 32 millones 300 mil pesos, indica el Portal de Obligaciones de Transparencia de la institución.
Para 2010, la dependencia que encabeza el general Guillermo Galván Galván sufragará 36 mil 728 millones 110 mil pesos en ese rubro, según información extraída del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) citada por el estudio.
En segundo lugar se ubica la erogación bianual de la Semar, por 27 mil 953 millones 370 mil pesos. De este monto, en 2009 habrá gastado 14 mil 85 millones 220 mil pesos en materia de seguridad nacional, de un presupuesto total modificado para este ejercicio de 16 mil 127 millones 700 mil pesos.
El próximo año, la dependencia que encabeza el almirante Francisco Saynez Mendoza podrá sufragar en ese rubro 13 mil 886 millones 150 mil pesos, indica el estudio de la Cámara de Diputados con base en datos del PPEF.
La Secretaría de Gobernación destinará a la seguridad nacional 5 mil 184 millones 760 mil pesos entre 2009 y 2010. De esa cifra, habrá erogado 2 mil 379 millones 590 mil pesos en el ejercicio que ya concluye, a través del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). El resto, 2 mil 805 millones 170 mil pesos, en 2010.
En cuarto sitio se ubica la Presidencia de la República, que a través del Estado Mayor Presidencial habrá gastado 545 millones 470 mil pesos en el bienio: 288 millones 700 mil pesos en 2009 y 288 millones 250 mil en 2010.
Cisen, relegado
En el bienio analizado, Presidencia de la República habrá erogado 545 millones 470 mil pesos en seguridad nacional
El presupuesto denota las prioridades del tomador de decisiones, expresa Javier Oliva. En éste, indica, se encuentra la complementariedad del Programa para la seguridad nacional 2009-2012, cuyo decreto de aprobación se publicó el pasado 20 de agosto en el Diario Oficial de la Federación.
Aunque dicho programa destaca la participación del Cisen en la generación de inteligencia y contrainteligencia, la asignación del gasto revela que para la administración federal la prioridad no se encuentra en la instancia civil.
Jorge Luis Sierra observa que el programa plantea la “necesidad de profundizar el sistema de inteligencia y contrainteligencia y eso implica poner al Cisen en el primer lugar, digamos al frente de toda la estructura gubernamental en materia de seguridad (nacional), pero sabemos que en la práctica eso no ocurre así”.
Agrega: “En la práctica, quien está haciendo la labor principal de inteligencia y de contrainteligencia son las fuerzas armadas, y el Cisen está ocupando ahora un papel relativamente inferior dentro de la estructura de seguridad del gobierno. Hay una contradicción entre lo planteado por el propio documento y la realidad”.
De acuerdo con el estudio de la Cámara de Diputados, el gasto ejercido por el Cisen durante el bienio analizado representa apenas el 5.7 por ciento del total de egresos por concepto de seguridad nacional, contra el 68.29 por ciento que ejerce la Sedena en esta misma materia.
Gobierno sin prioridades
Con la publicación del decreto por el que se aprobó el Programa para la seguridad nacional 2009-2012, el gobierno federal intentó dar una respuesta integral a todo lo que está concibiendo como riesgos y amenazas, explica Jorge Luis Sierra.
Sin embargo, aclara el especialista, “no alcanzo a distinguir en este documento realmente cuáles son las prioridades. El documento enfatiza mucho los riesgos y amenazas que se originan de la delincuencia organizada, del narcotráfico, de los movimientos armados, del terrorismo, pero al mismo tiempo dice que apoya el concepto de seguridad hemisférica emitido por la Organización de Estados Americanos, que integra otros elementos que no son directamente aquellos que se originan de las amenazas tradicionales o de las amenazas que tienen que ver con la violencia, como pueden ser la pobreza, la falta de desarrollo, disparidades sociales”.
El experto en seguridad nacional considera que, a pesar de que esos rubros son mencionados entre los riesgos que enfrenta la seguridad nacional, “no alcanzan la prioridad que sí tienen otros puntos, como es el combate al crimen organizado, al narcotráfico y a los movimientos armados. Entonces, la primera impresión que da es de desequilibrio en el planteamiento de las prioridades de este programa de seguridad nacional, sobre todo porque el plazo de tiempo que hay para cumplir esas metas es relativamente corto, son tres años”.
La ausencia de claridad respecto de las prioridades en seguridad nacional no es nueva. Sierra explica que desde la aprobación de la Ley de Seguridad Nacional se ha intentado reorganizar el aparato de inteligencia, pero todos los esfuerzos han resultado fallidos.
De acuerdo con el programa, “en 2001 se creó la figura del consejero presidencial de seguridad nacional, que dependía directamente del titular del Ejecutivo federal y tenía funciones de asesoría y coordinación en esta materia. En 2003 dicha figura se suprimió. Lo mismo ocurrió con el Gabinete de Seguridad Nacional. En 2005 se estableció el Consejo de Seguridad Nacional con la promulgacio?n de la primera ley del país en la materia. En ese mismo año se crearon tres instituciones fundamentales para el Sistema de Seguridad Nacional, a saber: el Consejo de Seguridad Nacional, el Secretariado Técnico del Consejo y la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional”.
Aunque no los califica, dice Jorge Luis Sierra, el programa sí describe la “serie de cambios, de intentos y experimentos” que han hecho los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, para “tratar de reorganizar el aparato de inteligencia civil y militar”.
El presupuesto denota las prioridades del tomador de decisiones, expresa Javier Oliva. En éste, indica, se encuentra la complementariedad del Programa para la seguridad nacional 2009-2012, cuyo decreto de aprobación se publicó el pasado 20 de agosto en el Diario Oficial de la Federación.
Aunque dicho programa destaca la participación del Cisen en la generación de inteligencia y contrainteligencia, la asignación del gasto revela que para la administración federal la prioridad no se encuentra en la instancia civil.
Jorge Luis Sierra observa que el programa plantea la “necesidad de profundizar el sistema de inteligencia y contrainteligencia y eso implica poner al Cisen en el primer lugar, digamos al frente de toda la estructura gubernamental en materia de seguridad (nacional), pero sabemos que en la práctica eso no ocurre así”.
Agrega: “En la práctica, quien está haciendo la labor principal de inteligencia y de contrainteligencia son las fuerzas armadas, y el Cisen está ocupando ahora un papel relativamente inferior dentro de la estructura de seguridad del gobierno. Hay una contradicción entre lo planteado por el propio documento y la realidad”.
De acuerdo con el estudio de la Cámara de Diputados, el gasto ejercido por el Cisen durante el bienio analizado representa apenas el 5.7 por ciento del total de egresos por concepto de seguridad nacional, contra el 68.29 por ciento que ejerce la Sedena en esta misma materia.
Gobierno sin prioridades
Con la publicación del decreto por el que se aprobó el Programa para la seguridad nacional 2009-2012, el gobierno federal intentó dar una respuesta integral a todo lo que está concibiendo como riesgos y amenazas, explica Jorge Luis Sierra.
Sin embargo, aclara el especialista, “no alcanzo a distinguir en este documento realmente cuáles son las prioridades. El documento enfatiza mucho los riesgos y amenazas que se originan de la delincuencia organizada, del narcotráfico, de los movimientos armados, del terrorismo, pero al mismo tiempo dice que apoya el concepto de seguridad hemisférica emitido por la Organización de Estados Americanos, que integra otros elementos que no son directamente aquellos que se originan de las amenazas tradicionales o de las amenazas que tienen que ver con la violencia, como pueden ser la pobreza, la falta de desarrollo, disparidades sociales”.
El experto en seguridad nacional considera que, a pesar de que esos rubros son mencionados entre los riesgos que enfrenta la seguridad nacional, “no alcanzan la prioridad que sí tienen otros puntos, como es el combate al crimen organizado, al narcotráfico y a los movimientos armados. Entonces, la primera impresión que da es de desequilibrio en el planteamiento de las prioridades de este programa de seguridad nacional, sobre todo porque el plazo de tiempo que hay para cumplir esas metas es relativamente corto, son tres años”.
La ausencia de claridad respecto de las prioridades en seguridad nacional no es nueva. Sierra explica que desde la aprobación de la Ley de Seguridad Nacional se ha intentado reorganizar el aparato de inteligencia, pero todos los esfuerzos han resultado fallidos.
De acuerdo con el programa, “en 2001 se creó la figura del consejero presidencial de seguridad nacional, que dependía directamente del titular del Ejecutivo federal y tenía funciones de asesoría y coordinación en esta materia. En 2003 dicha figura se suprimió. Lo mismo ocurrió con el Gabinete de Seguridad Nacional. En 2005 se estableció el Consejo de Seguridad Nacional con la promulgacio?n de la primera ley del país en la materia. En ese mismo año se crearon tres instituciones fundamentales para el Sistema de Seguridad Nacional, a saber: el Consejo de Seguridad Nacional, el Secretariado Técnico del Consejo y la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional”.
Aunque no los califica, dice Jorge Luis Sierra, el programa sí describe la “serie de cambios, de intentos y experimentos” que han hecho los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, para “tratar de reorganizar el aparato de inteligencia civil y militar”.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario