Narcoterror

Jorge Carrasco Araizaga

MEXICO, D.F., 24 de diciembre (apro).- La ejecución de Arturo Beltrán Leyva por parte de infantes de la Marina-Armada de México, abrió la puerta al infierno.
El punto del no retorno que significó hace tres años la decisión de Felipe Calderón de atacar al narcotráfico con más violencia alcanzó, inevitablemente, a personas ajenas a la guerra declarada por necesidad política del recién llegado a la presidencia de la República.
A pesar de lo costoso en recursos y, sobre todo, en vidas de esa medida, los resultados todavía pueden ser peores.
El asesinato de los familiares del tercer maestre de las Fuerzas Especiales de la Armada, Melquisedet Angulo Córdova, quien había muerto en el operativo en el que fue abatido El jefe de jefes, fue más que un macabro precedente: fue el inicio de una etapa de terror.
El objetivo de la represalia ocurrida en Paraíso, Tabasco, el pasado martes 22, no fue una simple venganza. De lo que se trata es infundir temor entre los familiares de los integrantes de las fuerzas federales que son enviados a los operativos contra el narcotráfico.
Es una escalada en la que el ritmo y el nivel de violencia lo definen los cárteles del narcotráfico, no el gobierno, que sólo reacciona. Y cuando lo hace de manera efectiva de acuerdo con su propósito, como en Cuernavaca el pasado día 16, se coloca en el mismo nivel de aquello que combate.
Las fotografías de lo que hicieron con los restos de Beltrán Leyva semejan actos como los que cometen los sicarios.
Si el gobierno federal actúa bajo la ley del talión será el primer perdedor. No sería extraño entonces el asesinato de uno de sus representantes o de algún otro miembro del Estado mexicano. Pero no serían las únicas víctimas.
Hay otro gran perdedor: la sociedad, que desde hace tiempo ya comenzó a pagar una creciente cuota de víctimas.
El 15 de septiembre de 2008, en plena celebración del “Día de la Independencia” en Morelia, Michoacán, marcó el hito: ataques terroristas con grandas a la población civil por parte del narcotráfico, con un saldo de nueve muertos y más de 100 heridos.
El gobierno federal adjudica los atentados a Los Zetas, el grupo de origen militar al que también le atribuye el asesinato de los familiares del infante de Marina.
La acción de Los Zetas –que según la versión oficial fue concertada con el grupo de Los Beltrán Leyva– indica el nivel de información oficial que tienen en su poder los grupos del narcotráfico.
Los datos personales del infante de Marina se supone que sólo estaban en poder de La Armada.
La propia acción de la Armada en Cuernavaca, en la que quedó marginado el Ejército, también tiene que ver con la infiltración. La revista Proceso ha informado sobre la alegada protección que le daban a Beltrán Leyva militares adscritos de la 24 Zona Militar, que tiene su sede en Morelos.
Si en verdad se trata de una guerra, como lleva tres años pregonando, Calderón tendría que explicar por qué la Armada estuvo a cargo del operativo efectuado a unos metros de la 24 Zona Militar.
Callarse, como lo ha hecho hasta ahora, hará de él un protector más que lo único que quiere es mantener el sangriento espectáculo en que sumió al país, haciendo de la violencia un capital político.

jcarrasco@proceso.com.mx