La mayor responsabilidad en la muerte del mandatario le corresponde a Uribe por ordenar un rescate a sangre y fuego, indican fuentes de la guerrilla/ Cuéllar era un represor, ligado a grupos paramilitares.
BOGOTA, Colombia, 23 de diciembre (TELESUR) Según un columnista de la Agencia de Noticias Nueva Colombia (Anncol), donde usualmente las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) publican sus comunicados, éste grupo insurgente reaccionó ante el asesinato del gobernador del Caquetá, Luis Francisco Cuéllar, considerando que “es irresponsable para cualquier medio culpabilizar a alguien, sea grupo o persona individual, sin conocer los resultados de una investigación seria”.Según la entrevista concedida a Anncol, las FARC afirman “negarse a la ‘’verdad’, construida por un discurso oficial al que califican como un régimen mafioso y paramilitar, que ha hecho del crimen y de la guerra sucia una política de Estado”.
El grupo rebelde, en su diálogo con la agencia, señalan que “Uribe, en sus siete largos y tenebrosos años en la presidencia no ha hecho más que incendiar el país en su lucha por exterminar a la guerrilla bolivariana y al narcotráfico de Colombia. Ni uno ni lo otro”. Además sostienen que el “régimen” no pasa la prueba en ninguno de los “indicadores sociales, políticos y de bienestar social”. “La únicas materias aprobadas con creces son las masacres, los asesinatos selectivos, la concentración de la riqueza y la masificación de la pobreza, ya que los pobres son ahora miserables”, señaló la entrevista publicada en el sitio web de Anncol.Consideró que la muerte del gobernador de Caquetá, Luis Francisco Cuéllar, fue consecuencia “del conflicto social que vivimos, y no se puede descontextualizar, como una muerte de la democracia como dicen algunos observadores”. Por otra parte, las FARC precisaron a Anncol que “el gobernador no era un santo”, puesto que “participaba activamente en la guerra, financiado a los grupos paramilitares”.“El gobernador no está protegido por el DIH pues es miembro de las instituciones del Estado, es el comandante en jefe departamental de FFMM y tenia compromiso con los grupos paramilitares”, señala el texto.En este contexto, la agrupación armada enfatizó que cuando el comandante en jefe de Fuerza Militar (Uribe) “ordena el rescate a sangre y fuego, no se puede esperar otro resultado”. “¿Quién era el gobernador del Caquetá?”, plantearon las FARC a Anncol, mientras resaltarón que “casi el 90 por ciento del país ignora que el gobernador de Caquetá rindió indagatoria en el mes de marzo de este año, en la Fiscalía 11 de Bogotá por sus lazos paramilitares. Pero esto, ningún medio lo dice”.Las FARC consideraron que Cuéllar “participaba en el conflicto armado, no era un simple civil, como no lo presentan el discurso oficial, era un instigador, financiador del paramilitarismo”.
Horror de guerra
La muerte de Luis Francisco Cuéllar, gobernador de Caquetá, conmovió a la opinión pública colombiana e internacional. El pasado lunes, un comando de las FARC irrumpió en su residencia, secuestró al alto funcionario y abatió a su escolta. El presidente Álvaro Uribe ordenó una operación militar de rescate.
Una fuerza de tarea compuesta por 10 aeronaves y un centenar de policías y fuerzas especiales inició la persecución del comando guerrillero. Pocas horas después, en un paraje rural, fue encontrado el cuerpo sin vida del gobernador, ejecutado por los secuestradores en su huida. La inmediata reacción de repudio no se hizo esperar. A las voces en Colombia, se sumaron la ONU, EU, la UE y Amnistía Internacional. Todos condenaron el crimen. Nadie condenó la guerra. El trágico suceso se produjo en medio de negociaciones para la incondicional liberación, por parte de la FARC, de dos militares con más de 10 años de reclusión en la selva. La reacción del presidente Uribe recordó un similar hecho en abril del 2002, cuando el gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, secuestrado por las FARC, murió en un intento de rescate por parte de las fuerzas especiales del Ejército. A pesar de la guerra de baja intensidad que desde hace 7 años el Pentágono lleva a cabo en el país andino y el reciente acuerdo militar entre Washington y Bogotá, que da luz verde a la intervención militar norteamericana, la guerrilla de las FARC y el ELN demuestran tener capacidad de acción combativa, a pesar de la campaña mediática que los presenta como faltos de liderato y desmoralizados. Obnubilado por un modelo de democracia-oligarca sostenida bajo el horror de la guerra y la intervención extranjera, el gobierno de Uribe apuesta al exterminio de una guerrilla que tiene profunda raíces en la injusticia social.El secuestro de militares y políticos por parte de las FARC para negociar la liberación de sus combatientes, es uno de los hechos de mayor inseguridad y más sufrimiento para la sociedad colombiana, pero también ignorada oportunidad para tender un humanitario puente hacia un proceso de paz.Con su decisión de ordenar el rescate militar de todos los secuestrados por las FARC, el presidente Uribe no hace una demostración de fuerza sino de falta de humanidad, condenando a muerte a los prisioneros de la guerrilla. La reacción del presidente Uribe ante el secuestro del gobernador de Caquetá, no fue la de un estadista ultraconservador defensor de los intereses de la oligarquía, sino la de un fanático que se sirve de la jefatura del Estado para atizar el antiguo conflicto interno y justificar la millonaria ayuda económica que recibe de EU. Sin embargo lo más insólito del conflicto colombiano es la parálisis de su clase política, fenómeno sólo comparable con la sorprendente alineación de la mayoría del sistema parlamentario y judicial hondureño al golpe de Estado que interrumpió el proceso democrático del país centroamericano.Es hora de condenar enérgicamente los horrores de la guerra en Colombia, pero también sus causas y darle una oportunidad a la paz. Las FARC y el ELN no son entidades mercenarias, sino organizaciones con base popular y más de cinco décadas de emplear la lucha armada, por falta de una opción democrática. Por ello el Gobierno necesita arrancar el 2010 con estrategias frescas y aprendizajes necesarios para reafirmar lo ganado y recuperar el ritmo. La discusión sobre los ajustes a la estrategia empleada ya sobrepasó el contrapunteo analítico de un experto contra otro o la insinuación oficial de intereses políticos. El desafío inmediato es impedir, con reacción rápida e inteligencia, el retorno de epidemias, como los secuestros a políticos, que el país creía superadas. Amnistía Internacional y la Unión Europea se sumaron a la condena expresada por la ONU y Francia por la muerte de Luis Francisco Cuéllar Carvajal.Francia condenó el miércoles “con la mayor firmeza” el “crimen odioso” del gobernador Cuéllar, que el gobierno de Colombia atribuyó a las FARC.El gobierno recordó que esta guerrilla “figura en la lista europea de grupos terroristas”.“Francia condena, con la mayor firmeza, ese crimen odioso y llama una vez más a los grupos armados ilegales a liberar a todos los rehenes” que mantiene en su poder, afirmó el portavoz del ministerio francés de Relaciones Exteriores, Bernard Valero.Cuéllar, un ganadero que el martes cumpliría 69 años, fue sacado de su vivienda en Florencia —capital de Caquetá— la noche del lunes, por una columna de guerrilleros, según el gobierno colombiano. “Francia reafirma su apoyo a la defensa de la democracia y del Estado de derecho en Colombia”, indicó el vocero de la cancillería francesa.La Unión Europea también condena el brutal asesinato del gobernador del Caquetá y reiteró su apoyo a Colombia.“La Presidencia de la Unión Europea ha sido informada del secuestro y brutal asesinato del gobernador del departamento del Caquetá, Sr. Luis Francisco Cuéllar Carvajal, así como del patrullero de policía, Javier García Gutiérrez, al parecer por las FARC. La Unión Europea expresa su más enérgica condena contra este acto execrable y cobarde”, dijo la Alta Representante de la Unión Europea para la Política Exterior y de Seguridad, Baronesa Catherine Ashton.“Lo asesinaron miserablemente”, dijo el presidente Álvaro Uribe y anunció que mantendrá la recompensa de mil millones de pesos para quienes faciliten información por los autores del crimen, que atribuyó a la columna móvil Teófilo Forero de las FARC.“Hemos dado instrucciones para que el operativo militar que se emprendió para rescatar al Gobernador se mantenga para capturar a los responsables”, agregó en su alocución televisada.“Lo degollaron”, afirmó el mandatario durante una alocución radiotelevisada que el mandatario debió repetir por completo debido a que ni los micrófonos ni las comunicaciones en la Casa de Nariño funcionaron en un primer intento de transmisión.En un paraje rural de la vereda San Antonio de Atenas, hacia el sur de la capital caqueteña, terminó la intensa búsqueda del mandatario seccional, que ya antes había sido secuestrado en cuatro oportunidades y que este martes cumplía 69 años.La persecución del comando de la ‘Teófilo Forero’ de las FARC, que el lunes se llevó a Cuéllar —en la que participaron 10 aeronaves y un centenar de policías Jungla y miembros de las Fuerzas Especiales del Ejército— se mantendrá, según anunció Uribe. El cuerpo fue hallado sobre las 3 y 4 de la tarde, cinco horas después de que apareció, incinerada en una zona relativamente cercana, la camioneta en la que la guerrilla se había llevado a Cuéllar después de asesinar al único policía que custodiaba su casa.
Rodeado de explosivos
Alrededor del cuerpo había explosivos, según confirmó la Fuerza Pública. Estaba boca abajo (lo que dificultó su identificación) y tenía señales de varias heridas que inicialmente se reportaron como de arma de fuego. Después se confirmó que la causa de la muerte fue una herida en el cuello con arma blanca, aparentemente un machete. El Presidente dijo que no entendía por qué mientras que el Gobierno da todas las garantías para que la liberación anunciada por las FARC se concrete (la de los militares Pablo Emilio Moncayo y Josué Daniel Calvo), “ahora este grupo responda de esta forma”.El cuerpo del gobernador será velado este miércoles en la sede de la Asamblea de Caquetá. Y tomaba fuerza la realización de una marcha. El crimen del Gobernador causó rechazo. El Gobierno de E.U. envió un comunicado en el que catalogó el hecho como “repulsivo y repugnante”.Plan Colombia es un proyecto internacional constituido entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos. Su principal objetivo es disminuir el narcotráfico y resolver el actual conflicto armado que se vive en la nación suramericana. Se concebió en 1999, durante las administraciones del presidente colombiano Andrés Pastrana Arango y el estadunidense William Clinton, con los objetivos específicos de generar una revitalización social y económica, terminar el conflicto armado y crear una estrategia antinarcóticos.Después de la toma de posesión de Pastrana, uno de los nombres dados a la iniciativa fue “Plan Colombia para la Paz“, el cual, según Pastrana, “era un conjunto de proyectos de desarrollo alternativo que canalizarían los esfuerzos de las organizaciones multilaterales y gobiernos extranjeros hacia la sociedad colombiana”.Durante una reunión de Pastrana con el presidente Clinton, en agosto de 1998, este discutió “la posibilidad de asegurar un aumento en la ayuda para los proyectos antinarcóticos, desarrollo sostenible, la protección de los derechos humanos, ayuda humanitaria, estímulo a la inversión privada y unión con otras donantes e instituciones financieras internacionales para promover el crecimiento económico de Colombia”El embajador Robert White afirmaba: “si usted lee el Plan Colombia original, no el escrito por Washington, sino el original, no hay mención alguna sobre los motivos contra los rebeldes de las FARC. Por el contrario, (Pastrana) dice que las FARC son parte de la historia de Colombia y un fenómeno histórico que, él dice, ellos deben ser tratados como colombianos..[Colombia] vienen y pide pan y usted, Estados Unidos, les da piedras.”El presidente Pastrana admitió que la mayoría de la ayuda de Estados Unidos estaba enfocada hacia la esfera militar y antinarcóticos (en un 68 pero argumentó que eso era un 17 el monto total de la ayuda prevista para el Plan Colombia. El resto, según el Presidente, sería donado por otras naciones e instituciones internacionales y seguiría enfocado al desarrollo social y económico; por lo tanto, Pastrana consideraba injusto que los críticos se enfocaran exclusivamente en la ayuda de Estados Unidos y por ello llamaran “militarista” al Plan Colombia.El plan original tenía un presupuesto de $ 7’500,000, de los cuales un 51 e dedicaría a desarrollo institucional y social, un 32 ara combatir el narcotráfico, un 16 ara revitalización social y económica y un 0,8 ara apoyar los procesos de negociación política con los grupos guerrilleros. Pastrana inicialmente solicitó $ 4’864,000 provenientes de fondos colombianos (65 y solicitó $ 2’636,000 a la comunidad internacional (35 En octubre del 2004 el Senado estadounidense aprobó nuevas leyes militares e incrementó el número de asesores militares estadounidenses que podían operar en el país como parte del Plan Colombia, de 400 a 800, y el número de contratistas militares privados de 400 a 600.Una de las consecuencias del Plan Colombia es el desplazamiento de miles de campesinos colombianos como refugiados al Ecuador y a Venezuela. La Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos estima que aproximadamente 180,000 colombianos han buscado refugio en el Ecuador y se han establecido en campamentos lo largo de la frontera de ese país con Colombia.
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