El general faccioso

Felipe Calderón y Guillermo Galván.

Jorge Carrasco Araizaga

MÉXICO, D.F. 13 de febrero (Apro).- El secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván, no se atreve a decirle “no” al presidente Felipe Calderón.
No ha querido detenerlo en su decisión de seguir ensangrentando al país, causando agravio y dolor a miles de ciudadanos, más que bajas verdaderamente significativas a la delincuencia organizada.
Ha puesto al Ejército a disposición de los intereses políticos de su jefe y ha sometido a un intenso desgaste a la principal institución armada del país. A cambio, desde luego, de impunidad.
Más que un general responsable de la integridad de la nación, ha apostado por un proyecto político. Su lealtad es para su comandante en jefe, no para la construcción de la institucionalidad democrática.
Aunque esa transformación no depende sólo de él, nada ha hecho por modificar la obsoleta organización y reglamentación de las Fuerzas Armadas, concebida para un régimen autoritario como fue el del PRI.
En aras de complacer a su jefe, rebasa el carácter no deliberante que define a las milicias en los estados democráticos.
El general ha tomado partido. No sólo hace suyas las propuestas políticas de Calderón, sino que desde la autoridad que le dan las armas, le pide al Congreso que acepte la llamada reforma política de su jefe.
Así lo hizo el pasado martes en la XCVII celebración de la Marcha de la Lealtad y así lo refrendará el próximo viernes 19, el Día del Ejército.
Hasta antes de que Calderón decidiera hacer de los militares pivote de su “guerra” a narcotraficantes –no al narcotráfico– la discusión en algunos sectores era qué tipo de Ejército requería un país con México, con una ubicación geoestratégica que hace casi innecesario un cuerpo destinado para la guerra.
Hacia el norte, es inconcebible una confrontación armada con el Ejército estadounidense. Al sur, con Guatemala la lógica hablaría de una guerra desigual; lo mismo con los países del Caribe, aunque en el caso de Cuba, aunque mermado, se trata de un ejército profesional, preparado desde hace medio siglo para la guerra.
Desde hace dos décadas se venía perfilando la vocación de servicio social del Ejército, más allá de su función de salvaguardar las fronteras e instalaciones estratégicas del país.
Para fortuna del país, el gobierno de Calderón no se ha visto en la necesidad de un masivo auxilio a la población civil a causa de un desastre natural.
Si así ocurriera, cuántos de los 90 mil elementos que el Ejército está destinando al proyecto de Calderón contra narcotraficantes tendrían que destinarse para enfrentar una eventualidad de esas dimensiones.
No podría tener dos frentes simultáneos. De esos 90 efectivos, 45 mil son de refresco y se relevan cada mes, sin considerar la “fatiga” del equipo. Los otros cien mil elementos del Ejército constituye personal administrativo, como corresponde a un cuerpo de 500 generales, como los que hoy tiene Ejército mexicano, por encima, incluso, del de Estados Unidos, el más poderoso del mundo.
Si el narcotráfico y la delincuencia organizada son ahora una amenaza a la seguridad nacional, sus mandos hace muchos años que estuvieron en condiciones de acotarlo. Y no quisieron. O no pudieron.
jcarrasco@proceso.com.mx