No tiene caso que regrese

Guillermo Favela

El desenlace de la visita de Felipe Calderón a Ciudad Juárez, aun cuando era previsible, denota la fragilidad de un sistema político caduco y carcomido por la corrupción de las elites. En realidad fue la confirmación de que el Ejecutivo sólo tiene una estrategia: la utilización de la fuerza del Estado representada por el Ejército Mexicano y los cuerpos policíacos federales, con la única finalidad de criminalizar el descontento popular, por las acciones antidemocráticas de un “gobierno” cuya principal función es garantizar altas tasas de ganancias a una oligarquía voraz. Así lo patentizan los hechos a lo largo y ancho del país. Basta ver cómo han sido favorecidos los principales barones del dinero y empresas transnacionales, siempre en detrimento de los intereses nacionales y de la clase trabajadora.
De ahí que, aunque parezca reiterativo, sea válido afirmar que los tecnócratas del PRI y ahora los del PAN, con mucho mayor énfasis y descaro, están reproduciendo al pie de la letra las condiciones sociales, económicas y políticas del porfiriato. Así es como quieren celebrar en realidad el Centenario del inicio de la Revolución Mexicana. Si el conflicto en la mina de Cananea, en 1906, fue uno de los principales detonantes del movimiento armado cuatro años después, ahora la historia se repite al fallar el tribunal colegiado en materia de trabajo en contra de los trabajadores, quienes perdieron su movimiento de huelga y el derecho a cobrar salarios caídos durante 31 meses que lleva el paro en la mina explotada por el oligarca Germán Larrea.
Por eso son patéticos los llamados a la unidad nacional hechos por Calderón, pues nunca como en la actualidad la sociedad nacional ha estado tan dividida, no porque así lo quieran las clases mayoritarias, sino por la cerrazón de una burocracia incapacitada para gobernar, como lo demuestran los hechos. El más lamentable ejemplo a este respecto es precisamente la situación de violencia que priva en la República, consecuencia directa de una forma equivocada de querer enfrentar problemas graves con profundas raíces en el tejido social. Criminalizar las protestas sociales es lo peor que puede hacer un gobierno, como lo demuestran múltiples ejemplos a través de la historia. Y más lamentable aún es pretender acabar con el crimen organizado mediante la fuerza, sin tomar en cuenta factores esenciales, como el conocimiento previo de la capacidad real del enemigo a enfrentar.
Es obvio que Calderón nunca podrá derrotar a la delincuencia organizada, precisamente porque lo está, y en grado que no deja lugar a dudas. No ha entendido el inquilino de Los Pinos que las guerras se ganan en realidad en la mesa de negociaciones, con treguas convenientes que permitan sentarse a negociar salidas airosas para ambos contendientes. Podría aventurarse la hipótesis de que el multihomicidio de los 16 adolescentes juarenses fue un acto terrorista premeditado con el fin de obligar a Calderón a negociar. Con todo, ya dejó en claro que nunca hará eso, ni tampoco abandonará su fallida estrategia de mantener al Ejército en las calles. Así actuó hace 100 años el dictador Porfirio Díaz y ya ven cómo le fue.
Lo anterior no significa que el crimen organizado sea una corporación revolucionaria, sino simple y sencillamente que están dadas las condiciones para que las grandes mafias delictivas se involucren en el ambiente de protestas sociales cada vez más violentas. ¿No fueron algunos de los grandes revolucionarios de 1910, previamente al levantamiento armado, perfectos hombres fuera de la ley, como el genial guerrillero Francisco Villa? ¿Cuántos cabecillas del crimen organizado no tendrán la capacidad suficiente para sumarse a un estallido social que los reivindique? Sin embargo, Calderón sigue creyendo que las tropas van a terminar con las mafias y cárteles criminales.
Hasta la gente común sabe que esto es imposible, por eso la principal demanda en Ciudad Juárez fue la salida de los soldados de la urbe, toda vez que resultó contraproducente su inclusión en una guerra absurda, ante un enemigo con enormes recursos que domina la guerra de guerrillas y cuenta con un ejército de reserva inagotable. Así que no tiene caso que Calderón regrese a Ciudad Juárez el próximo miércoles, como lo anunció. Sería exponerse a que las cosas se le compliquen aún más. Basta un solo error, involuntario o no, de las huestes del Estado Mayor para desencadenar un conflicto de alcances incalculables. Sin una elemental voluntad de entrarle a negociaciones políticas que desembocaran en la desactivación de la violencia extrema que padece la nación, no tiene caso que regrese.

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