El gobierno de Felipe Calderón está agotado. Asfixiado en sus mentiras, en sus dobles discursos, en la impunidad y la traición a sus principios, el régimen navega con una sola bandera: evitar su naufragio antes de 2012.
La pérdida de credibilidad alcanzó esta semana sus más altos niveles con dos hechos que ponen en evidencia la falta de confiabilidad en el hombre que gobierna hoy los destinos de México.
El primero es el escandaloso caso de Fernando Gómez Mont, el secretario de Gobernación que terminó por confesar lo que juró con su firma que era inconfesable. Que subastó los principios del PAN a cambio de 30 monedas fiscales. Que lo hizo “a espaldas” de su jefe el presidente.
Y su premio por pactar en lo oscurito es que el mandatario elogie su lealtad y lo ratifique en su cargo. Aunque el PAN reniegue de que “nos vendió sin consultarnos”.
Aunque el PRD lo ubique como “enemigo” por usar la silla de Bucareli para cuidar las espaldas de un partido que incluso, en apariencia, no es el suyo.
Aunque el PRI ya no le tenga confianza, porque al revelar las condiciones del pacto, los exhibió como mercenarios dispuestos a elevar el IVA al pueblo a cambio de su retorno al poder.
El segundo hecho es el lamentable espectáculo presidencial en Ciudad Juárez, la emblemática urbe convertida en el mejor ejemplo de la impericia oficial para combatir al crimen organizado.
En sus discursos, Felipe Calderón dice que su gobierno apoya con todo la lucha de los juarenses para recuperar su tranquilidad. Que su gobierno no escatimará esfuerzo alguno para devolver la paz a esa ciudad fronteriza y a sus habitantes.
La realidad y el presupuesto desmienten al primer mandatario. Para muestra, ahí están los recursos destinados al combate a la inseguridad.
En entidades panistas sin conflicto evidente de seguridad, como Irapuato, la Secretaría de Seguridad Pública federal elevó en más de 100 por ciento el presupuesto de 2009 a 2010. Para la golpeada y priista Ciudad Juárez, en cambio, la asignación permaneció igual.
Peor aún. Las partidas destinadas a combatir la inseguridad en los municipios son solo eso. Partidas etiquetadas que no pueden ser ejercidas a conveniencia por las autoridades locales. Vienen pregastadas. Y las compras de patrullas, armas y equipos están centralizadas en los cuarteles federales de Genaro García Luna.
Por eso el gobierno de Felipe Calderón se ahoga en el descrédito. Porque a punta de salir a dar dos o tres discursos diarios, de gobernar para la encuesta y para la imagen televisiva, de repetir una y otra vez lo que no se refleja ni en la calle, ni en el presupuesto, ni en la acción de gobierno, se desgastó prematuramente.
Parece que el primer error de la estrategia para liberar a esta ciudad de la violencia está en el diagnóstico. Si éste es equivocado, la cura no funciona.
Por segunda vez en menos de una semana, el presidente Felipe Calderón volvió a explicar a los juarenses sus hipótesis de por qué Ciudad Juárez se convirtió en la urbe más peligrosa del mundo. Sin embargo, al igual que la primera vez, el primer mandatario encontró un auditorio repleto de escépticos. Desafortunadamente, los juarenses, como muchos mexicanos, ya no le creen. Ni a él, ni a su gabinete. “La gente de abajo y de todos lados no creen en nada. Ni en usted, ni en el gobernador, ni en el presidente, menos en los diputados”, dijo uno de los asistentes al jefe del Ejecutivo. Pero no fue esta la única voz de reclamo que se alzó frente a Calderón. Otro de los asistentes expresó: "O pago impuestos, o pago a los trabajadores, o pago la cuota de extorsión". Por la expresión que tenía el presidente en ciertos momentos, parecía aceptar que ya no tenía más argumentos, que debía admitir que la estrategia del gobierno había fracasado rotundamente. ¿Por qué la derrota del gobierno en Ciudad Juárez? ¿Por qué ha aumentado la violencia en Ciudad Juárez? Analicemos.
DIAGNÓSTICOS FALLIDOS
Si un problema no se define bien, lo más seguro es que no sea resuelto. Todos lo sabemos, de la correcta definición de un problema, depende una buena parte de su solución. En cambio, cuando el diagnóstico es incorrecto, no solo no se resuelve el problema, sino que puede agravarse o incluso generar otros. Y esta parece ser la primera razón del fracaso de la estrategia implementada por el gobierno para combatir la inseguridad y la violencia. Los diagnósticos de Fox. Ya desde los inicios de la administración del ex presidente Vicente Fox, el gobierno federal atribuía la violencia a los conflictos entre cárteles. Basta recordar que en el año 2002, la administración foxista envió fuerzas federales de apoyo a Nuevo Laredo, Tamaulipas. El 27 de enero, casi mil elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI), en ese entonces bajo el mando de Genaro García Luna y de la Policía Federal Preventiva, llegaron a Nuevo Laredo. Pese a ello, la violencia se recrudeció en esa ciudad. En abril de 2002, Gabriela Hernández, colaboradora del semanario Proceso, consignó que pese a la presencia de las fuerzas federales en Nuevo Laredo, “las bandas de narcotraficantes locales han mantenido una guerra de ajustes de cuentas que lleva ya como saldo 17 ejecutados y que solo en el mes de abril ha originado la desaparición de siete personas”.
Bancomer, el banco más grande de México, y ahora propiedad de extranjeros, se llevó a España unos mil 55 millones de dólares bajo el mecanismo de decretar dividendos para sus accionistas.
Y es que el monto repatriado, producto de una decisión tomada desde las oficinas centrales de la filial mexicana en España, significa el 11 por ciento de la inversión foránea de México, una variable clave para el crecimiento de la economía.
Los dólares extraídos de México por Bancomer equivalen también a la mitad de las utilidades estimadas del banco en 2009.
Aunque la decisión es legal –después de todo se trata de dinero producto de una inversión en México del banco español comprado a regiomontanos en 2003–, pone en el tintero una tema que preocupa a las autoridades mexicanas y podría ubicarse en el centro de una controversia.
¿Cómo regular las operaciones de la banca extranjera que domina más de 70 por ciento de este sector a fin de no provocar efectos adversos en la economía?
¿Sobre todo, en tiempos de vacas flacas como los actuales, cuando el crédito es escaso, el país vulnerable y se encamina a una frágil recuperación?
¿En dónde está la línea divisoria entre la decisión –legítima– de la banca extranjera que opera en el país de movilizar fondos fuera de México y su responsabilidad moral de no afectar con estas decisiones al país que le da cobijo?
Además, ¿se debe o no imponer normas a la operación de la banca extranjera cuando la combinación de la escasa competencia bancaria y la falta de regulación ha provocado que México sea la “gallina de los huevos de oro” de estas instituciones del exterior?Y es que a casi una década de la extranjerización de la banca, mientras este sector clave para el ahorro y el crédito vive una jauja de elevadas ganancias, la economía mexicana registra un crecimiento raquítico.
Incluso ha padecido una severa caída, y el nivel de vida del hombre de la calle se encuentra estancado.
¿Es justo que los bancos extranjeros gocen de manga ancha para explotar sin tapujos los variados mecanismos que permiten sacar dinero del país, mientras los usuarios de estos servicios-banca padecen altos costos de crédito, no por la competencia sino, al contrario, por poderes excesivos sobre el mercado financiero tolerados por las autoridades?
Veamos.
TRAS LA PISTA
El primer indicio del inusual movimiento de Bancomer decidido desde los cuarteles generales de la institución financiera en España, lo dio el Banco de México el 29 de noviembre pasado.
Banxico informó de una caída en la inversión extranjera en el tercer trimestre de 2009, por 637 millones de dólares (la primera desde 1967), ocasionada por una salida de capitales de mil 55 millones de dólares.
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