18 marzo 2010
Sin el menor asomo de ironía, me llama la atención la enjundia con que no pocas y respetadas voces se indignan por la muerte del luchador social cubano Orlando Zapata luego de una cruel huelga de hambre. Las mismas que alertan también sobre el desenlace de Guillermo Fariñas, que al igual que Zapata ha ofrecido su vida en demanda de libertad para 26 presos políticos que están injustamente encarcelados en Cuba.
Al mismo tiempo esas plumas llegan al grado de exigir al presidente Calderón que proteste públicamente y defina la postura de su gobierno frente a la dupla Castro-Castro. Es más, le sugieren que ya mejor ni vaya a Cuba para no quedar como el cohetero: omiso si sólo va a sacarse la foto con Fidel y Raúl; o, en sentido contrario, a concitar las iras de los hermanos si decide entrevistarse con los disidentes.
Yo no estoy para el análisis de las consecuencias diplomáticas bilaterales de cualquiera de esas acciones. Lo que me asombra es que, salvo contadas excepciones, no haya miradas al interior en una materia tan delicada y sensible como es la del respeto más elemental a los derechos humanos. Y que muy pocas veces se genere una indignación similar por los mexicanos que mueren o están presos también injustamente en nuestras cárceles. ¿Cuántos quieren? Porque según un promedio de ONG nacionales e internacionales hay, por lo menos, 495. ¿Dónde los quieren? Están en las prisiones de todo el país, pero sobre todo en estados muy pobres, donde ha habido insurrecciones sociales y en contrapartida guerra sucia con represión militar y policiaca: Chiapas, Guerrero y Oaxaca. ¿Quiénes son? Los hay, por supuesto, pertenecientes a los movimientos subversivos y que cometieron algún delito. Pero en su gran mayoría se trata de simples opositores a gobiernos autoritarios represivos y corruptos o quienes se opusieron por una vez en su vida a un atropello: es el caso paradigmático de Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, que están condenadas a 21 años de prisión acusadas por este gobierno federal a través de la PGR del increíble secuestro de seis de sus agentes armados. Y de cuyo caso nos hemos ocupado en varias ocasiones en este espacio. Vale por cierto recordar que 85 de cada cien presos en este país son pobres y una mayoría de ellos indígenas. Y que no se trata de una casualidad sino de una causalidad producto de un brutal sistema de justicia que castiga a los que menos tienen y exonera a los ricos delincuentes de cuello blanco.
Y qué decir de los 12 presos políticos de Atenco que, encabezados por Ignacio del Valle, han sido condenados hasta a más de 100 años de prisión por retener 11 horas a algunos funcionarios en la defensa de sus tierras. Todos, sujetos de una abusiva venganza oficial por haberse opuesto al negocio foxista-montielista de un nuevo aeropuerto.
Si en Cuba tienen la “peligrosidad social”, aquí inventamos el “secuestro equiparado” para criminalizar la protesta y encarcelar a todos los que se oponen a las injusticias. Pero, quién sabe por qué solemos mirar muy poco hacia adentro. Qué lástima.
Al mismo tiempo esas plumas llegan al grado de exigir al presidente Calderón que proteste públicamente y defina la postura de su gobierno frente a la dupla Castro-Castro. Es más, le sugieren que ya mejor ni vaya a Cuba para no quedar como el cohetero: omiso si sólo va a sacarse la foto con Fidel y Raúl; o, en sentido contrario, a concitar las iras de los hermanos si decide entrevistarse con los disidentes.
Yo no estoy para el análisis de las consecuencias diplomáticas bilaterales de cualquiera de esas acciones. Lo que me asombra es que, salvo contadas excepciones, no haya miradas al interior en una materia tan delicada y sensible como es la del respeto más elemental a los derechos humanos. Y que muy pocas veces se genere una indignación similar por los mexicanos que mueren o están presos también injustamente en nuestras cárceles. ¿Cuántos quieren? Porque según un promedio de ONG nacionales e internacionales hay, por lo menos, 495. ¿Dónde los quieren? Están en las prisiones de todo el país, pero sobre todo en estados muy pobres, donde ha habido insurrecciones sociales y en contrapartida guerra sucia con represión militar y policiaca: Chiapas, Guerrero y Oaxaca. ¿Quiénes son? Los hay, por supuesto, pertenecientes a los movimientos subversivos y que cometieron algún delito. Pero en su gran mayoría se trata de simples opositores a gobiernos autoritarios represivos y corruptos o quienes se opusieron por una vez en su vida a un atropello: es el caso paradigmático de Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, que están condenadas a 21 años de prisión acusadas por este gobierno federal a través de la PGR del increíble secuestro de seis de sus agentes armados. Y de cuyo caso nos hemos ocupado en varias ocasiones en este espacio. Vale por cierto recordar que 85 de cada cien presos en este país son pobres y una mayoría de ellos indígenas. Y que no se trata de una casualidad sino de una causalidad producto de un brutal sistema de justicia que castiga a los que menos tienen y exonera a los ricos delincuentes de cuello blanco.
Y qué decir de los 12 presos políticos de Atenco que, encabezados por Ignacio del Valle, han sido condenados hasta a más de 100 años de prisión por retener 11 horas a algunos funcionarios en la defensa de sus tierras. Todos, sujetos de una abusiva venganza oficial por haberse opuesto al negocio foxista-montielista de un nuevo aeropuerto.
Si en Cuba tienen la “peligrosidad social”, aquí inventamos el “secuestro equiparado” para criminalizar la protesta y encarcelar a todos los que se oponen a las injusticias. Pero, quién sabe por qué solemos mirar muy poco hacia adentro. Qué lástima.
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