04 junio 2010
“Lo del pueblo es del pueblo. Ningún poder político o económico puede arrebatárselo sin pagar un precio alto”.
John Rawls.
I
Para muchos es inexistente la distinción filosófica, ideológica e incluso política y semántica entre el concepto de empresa del Estado –o paraestatal-- y el de empresa pública; para algunos, tampoco hay diferencia con respecto a la empresa privada.
Tal vez sería el caso ése el de Luis Téllez, quien fue hasta hace pocos meses secretario de despacho de Comunicaciones y Transportes de Felipe Calderón y, antes, en el sexenio de Ernesto Zedillo, titular en el secretariado de Energía.
El señor Téllez, como bien sabríalo todo acucioso leeperiódicos, es presidente de la Bolsa Mexicana de Valores y con ese carácter propuso un esquema privatizador de un patrimonio de todos los mexicanos como el que representa Petróleos Mexicanos.
Pemex es una empresa del Estado mexicano, lo cual significa que es propiedad del elemento constitutivo mayor y más importante de dicho Estado, el pueblo de México, mandante sobre el poder político, que es su mandatario.
Por ello no es en lo moral –tampoco lo es constitucionalmente— privatrizar lo que no es propio, sino ajeno. Para privatizar Pemex, el poder político del Estado tendría que plebiscitar varias veces su propuesta. Consultársela a los dueños del petróleo.
II
Por privatizar entiéndese en nuestro contexto ceder en concesión o vender e incluso regalar –como ha sido, lamentablemente, el caso con frecuencia— un bien social que, como en lo que respecta a Pemex, es patrimonial e histórico del pueblo de México.
Empero, el empeño de privatizar bienes de la nación –incluyendo los patrimoniales, como el oro, la plata, los bosques, etc.— está reactivado desde el sexenio de Miguel de la Madrid e intensificado en los de Carlos Salinas y el señor Zedillo.
Esa reactivación, si bien no ha logrado del todo modificar el marco jurídico que determina aun que el patrimonio de los mexicanos es tal, los privatizadores le han dado la vuelta al precepto constitucional, violándolo mediante socaliñas sofistas.
Esas socaliñas se traducen en el diseño e instrumentación de modalidades de operación y usufructo particular de Pemex que equivalen en los hechos a la privatización de la empresa. Sus ganancias no tienen claro destino social.
Se puede aducir con razón que las ganancias van al gasto corriente del Estado por
John Rawls.
I
Para muchos es inexistente la distinción filosófica, ideológica e incluso política y semántica entre el concepto de empresa del Estado –o paraestatal-- y el de empresa pública; para algunos, tampoco hay diferencia con respecto a la empresa privada.
Tal vez sería el caso ése el de Luis Téllez, quien fue hasta hace pocos meses secretario de despacho de Comunicaciones y Transportes de Felipe Calderón y, antes, en el sexenio de Ernesto Zedillo, titular en el secretariado de Energía.
El señor Téllez, como bien sabríalo todo acucioso leeperiódicos, es presidente de la Bolsa Mexicana de Valores y con ese carácter propuso un esquema privatizador de un patrimonio de todos los mexicanos como el que representa Petróleos Mexicanos.
Pemex es una empresa del Estado mexicano, lo cual significa que es propiedad del elemento constitutivo mayor y más importante de dicho Estado, el pueblo de México, mandante sobre el poder político, que es su mandatario.
Por ello no es en lo moral –tampoco lo es constitucionalmente— privatrizar lo que no es propio, sino ajeno. Para privatizar Pemex, el poder político del Estado tendría que plebiscitar varias veces su propuesta. Consultársela a los dueños del petróleo.
II
Por privatizar entiéndese en nuestro contexto ceder en concesión o vender e incluso regalar –como ha sido, lamentablemente, el caso con frecuencia— un bien social que, como en lo que respecta a Pemex, es patrimonial e histórico del pueblo de México.
Empero, el empeño de privatizar bienes de la nación –incluyendo los patrimoniales, como el oro, la plata, los bosques, etc.— está reactivado desde el sexenio de Miguel de la Madrid e intensificado en los de Carlos Salinas y el señor Zedillo.
Esa reactivación, si bien no ha logrado del todo modificar el marco jurídico que determina aun que el patrimonio de los mexicanos es tal, los privatizadores le han dado la vuelta al precepto constitucional, violándolo mediante socaliñas sofistas.
Esas socaliñas se traducen en el diseño e instrumentación de modalidades de operación y usufructo particular de Pemex que equivalen en los hechos a la privatización de la empresa. Sus ganancias no tienen claro destino social.
Se puede aducir con razón que las ganancias van al gasto corriente del Estado por
la vía fiscal y que un destinatario importante es el sindicato de trabajadores del ramo, pero esto último también es engañoso: los beneficiados son los líderes sindicales.
III
En ese entorno, la propuesta del señor Téllez parece ignorar, además no distinguir diferencias ya consignadas, que Pemex no es propiedad del poder político del Estado, sino de éste como entidad totalizadora –como lo enuncia Rawls-- de la sociedad.
El señor Téllez, quien adquirió notoriedad a propósito del accidente aéreo en el que perdieron la vida Juan Camilo Mouriño y Santiago Vasconcelos al erigirse motu proprio en vocero del gobierno, propone además que Pemex cotice en la Bolsa.
Y propone que acciones de Pemex sean vendidas entre los mexicanos, quienes jurídica y moralmente son los dueños del activo principal de la empresa, los hidrocarburos. Esa ignorancia de don Luis, secuela de una obcecada arrogancia, es ofensiva.
Ofende a todos por que los mexicanos todos --él incluido—somos los dueños de ese patrimonio, de modo que nuestros mandatarios, el poder político del Estado, no debe darse, como se da, a privatizarlo. Lo que él propone es despojarnos. Robarnos.
III
En ese entorno, la propuesta del señor Téllez parece ignorar, además no distinguir diferencias ya consignadas, que Pemex no es propiedad del poder político del Estado, sino de éste como entidad totalizadora –como lo enuncia Rawls-- de la sociedad.
El señor Téllez, quien adquirió notoriedad a propósito del accidente aéreo en el que perdieron la vida Juan Camilo Mouriño y Santiago Vasconcelos al erigirse motu proprio en vocero del gobierno, propone además que Pemex cotice en la Bolsa.
Y propone que acciones de Pemex sean vendidas entre los mexicanos, quienes jurídica y moralmente son los dueños del activo principal de la empresa, los hidrocarburos. Esa ignorancia de don Luis, secuela de una obcecada arrogancia, es ofensiva.
Ofende a todos por que los mexicanos todos --él incluido—somos los dueños de ese patrimonio, de modo que nuestros mandatarios, el poder político del Estado, no debe darse, como se da, a privatizarlo. Lo que él propone es despojarnos. Robarnos.
Entradas
No hay comentarios.:
Publicar un comentario