La región de América Latina y el Caribe presentó la mayor tasa promedio de homicidios del mundo entre 2003 y 2008. En ese periodo, aumentó el número de muertes violentas por el narcotráfico: de 19.9 por cada 100 mil personas en 2003 a 32.6 por cada 100 mil personas en 2008, señala la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. El incremento en secuestros, asaltos y otras manifestaciones de la delincuencia organizada se dio a pesar de que el gobierno estadunidense financia programas antidrogas en esos países
La escalada de violencia en el norte de México “preocupa a algunos funcionarios estadunidenses, pues temen que se expanda hacia su país”, describe el estudio América Latina y el Caribe: tráfico de drogas ilícitas y los programas antidrogas de Estados Unidos, realizado por el Servicio de Investigación del Congreso estadunidense, publicado el 30 de abril de 2010.
Explica también que todos los informes de las agencias estadunidenses caracterizan a los grupos de traficantes latinoamericanos como la “mayor amenaza del crimen organizado para aquel país”. Por ello, el Congreso deberá determinar si permanecen o evolucionan los programas antidrogas que mantiene en esa región.
El informe, coordinado por Clare Ribando, especialista en temas latinoamericanos y dirigido a los representantes demócratas y republicanos del Congreso estadunidense, aporta una primera conclusión: “El tráfico de drogas también contribuye a los altos niveles de violencia en Belice, Brasil, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica y Venezuela”. También hace notar que, aunque Colombia tiene progresos significativos en la reducción del crimen y la violencia desde 2002, “hay informes de que en algunas partes del país los asesinatos relacionados con las drogas repuntaron”.
La presión del Pentágono
El trabajo de Clare Ribando, Sun Wyler y Beittel reseña la evolución de los distintos programas antidrogas para América Latina y el Caribe que ha emprendido Washington desde hace dos décadas. A mediados de 1970, el Congreso autorizó la asistencia antidrogas para Colombia, Bolivia y Perú, que más tarde se extendió hacia México. Todos se centraron en capacitar y equipar al personal en la erradicación de cultivos ilícitos y en fortalecer las capacidades de aplicación de la ley.
En la década de 1980, algunos políticos y miembros del Congreso estadunidense comenzaron a pedir que el ejército se sumara al esfuerzo antinarcóticos en el extranjero. Ese debate sobre el papel y la misión que debía desempeñar el Departamento de Defensa se prolongó, en tanto que la ayuda estadunidense hacia la región aumentó en el rubro de la intercepción de drogas en los países de tránsito, particularmente en el Caribe.
Recursos multimillonarios
En 2008, hubo un debate en el Congreso estadunidense respecto del futuro del Plan Colombia, sobre el apropiado balance entre la estrategia de seguridad denominada “lado duro” (el equipamiento y capacitación del ejército y la policía colombianos) y la tradicional, llamada “lado suave” (programas anuales de aplicación de la ley, ayuda económica y social), para los países de la región.
El presupuesto de 2011 redujo 9 por ciento la ayuda para Colombia; por lo que el próximo año recibirá 465 millones de dólares contra los 512 millones de dólares que obtuvo este año. En ese caso, las investigadoras del Congreso observan que se logrará un balance entre la asistencia al desarrollo del “lado suave” y la asistencia a la seguridad y antidrogas.
Obama y el Caribe
La subregión del Caribe, que integran 16 países, por su ubicación geográfica es una zona de gran tránsito de drogas hacia mercados estadunidenses y europeos. En septiembre de 2009, cuatro países fueron señalados por su elevada producción de drogas: Bahamas, República Dominicana, Haití y Jamaica. La asistencia al Caribe es a través del Programa Regional del Caribe de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y el Programa para el Hemisferio Occidental Regional del Departamento de Estado.
Soberanía y control antidrogas
Maureen Meyer señala que las políticas antidrogas y el proceso de certificación al que Estados Unidos somete a varios países de América Latina y el Caribe son fuente de tensión. Recientemente, los espacios de la política internacional de control de drogas en Naciones Unidas muestran señales de un distanciamiento entre varios países de la región con la postura estadunidense y apelan a una revaluación de sus políticas antidrogas.
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