Afganistán: la guerra del fracaso

Barack Obama miente, le oculta a los ciudadanos estadunidenses lo que realmente ocurre en Afganistán, el país que Washington invadió en 2001. Ésta no es la acusación de algún enemigo de Estados Unidos sino de un militar de alto rango de su ejército, que recorrió la nación asiática y pudo constatar, entre otras, tres cosas: que las tropas estadunidenses no controlan absolutamente nada, que el gobierno local es un pantano de corrupción y que los talibanes están de regreso y, según la opinión de muchos afganos, dominarán el país a partir de 2014.

Soldados norteamericanos en Afganistán.

J. Jesús Esquivel

WASHINGTON (Proceso).- La campaña militar de Estados Unidos en Afganistán es un fracaso y el gobierno de Barack Obama oculta esa verdad, denuncia el teniente coronel estadunidense Daniel L. Davis, quien luego de realizar el año pasado un recorrido por la nación asiática y entrevistar a políticos y militares, desmiente muchos mitos respecto a la guerra.
“¿Cuántos hombres más deben morir por respaldar una misión que no tiene éxito y por dar sustento a un arsenal de más de siete años de declaraciones de optimismo por parte de altos funcionarios de Estados Unidos en Afganistán?”, se pregunta.
Aparecido en la edición de este mes del Armed Forces Journal (AFJ, publicación mensual del Pentágono), el artículo recoge las reflexiones del militar que ponen en tela de juicio las afirmaciones del gobierno de Obama respecto de lo que ocurre en Afganistán: “Lo que vi no es la semblanza rosada de las declaraciones de los jefes militares de Estados Unidos sobre las condiciones en Afganistán”, apunta Davis en su texto, Verdad, mentiras y Afganistán. Cómo nos han desmoralizado los jefes militares.
Sostiene que pasó casi 12 meses recorriendo unos 14 mil 500 kilómetros en Afganistán para hacer una crónica que reflejara la verdad de lo que ha dejado a su paso la invasión ordenada el 7 de octubre de 2001 por el entonces presidente George W. Bush. Davis visitó las provincias más conflictivas y peligrosas para los militares estadunidenses: Kandahar, Kunar, Ghazni, Khost, Paktika, Kunduz, Balkh y Nangarhar, entre otras.
“Al iniciar esta misión tenía la esperanza de confirmar que eran verdad las afirmaciones del gobierno, que mejoraban las condiciones en Afganistán y que los gobiernos locales y sus soldados progresaban para hacerse autosuficientes”, subraya Davis en su artículo.
Para su análisis de la situación en Afganistán, y por encima del discurso oficial del gobierno de Estados Unidos, entrevistó a unos 250 militares, desde soldados rasos hasta jefes de grupos especiales. También habló con decenas de funcionarios afganos del gobierno de Hamid Karzai y con jefes de tribus de varias regiones del país.
Cuenta que durante su recorrido fue testigo de las dificultades que enfrentan las tropas estadunidenses para ayudar al gobierno de Karzai a pacificar y estabilizar al país: “Escuché muchas historias de cómo los insurgentes (talibanes) controlan virtualmente todo el territorio que escapa del ojo de la Fuerza Internacional de Asistencia de Seguridad (ISAF, por sus siglas en inglés)”, abunda.
Destaca que en las provincias que visitó no encontró evidencias que sustenten lo que propaga el gobierno de Obama respecto a que los gobiernos locales tienen la capacidad de satisfacer las necesidades básicas de sus ciudadanos. “En algunas ocasiones fui testigo de que incluso las fuerzas de seguridad de Afganistán están coludidas con los insurgentes”, enfatiza.
Pese a que el militar hace estas anotaciones sobre la realidad de Afganistán y habla de la falacia que propaga el gobierno de Estados Unidos, en su artículo aclara que la mayoría de los informes recolectados durante su viaje fueron entregados a sus superiores y al Congreso y catalogados como “informes clasificados”.

Policía pasiva

Para ilustrar las conclusiones de su artículo relata un incidente ocurrido a mediados de enero de 2011, durante su visita a un escuadrón estadunidense de caballería en la provincia de Kunar. Al llegar a las sede local de la Policía Nacional de Afganistán (PNA) Davis supo que dos horas y media antes se había recibido el reporte de un ataque talibán.
Davis preguntó cuál es el protocolo de la PNA cuando ocurre un ataque como el reportado y si en un caso así se forma un escuadrón especial para perseguir a los talibanes. “No los perseguimos; sería peligroso”, le respondió el encargado de la PNA en la provincia de Kunar.
Davis se lo contó a un jefe militar estadunidense y éste le aclaró que “sólo en raras ocasiones” la PNA abandona sus puestos para ir en busca de insurgentes. “En esa parte de la provincia los talibanes literalmente son libres”, destaca Davis en su artículo.
Da cuenta de situaciones similares en otras provincias, donde comprobó que los talibanes regresaron.
Por ejemplo: “En junio de 2011 me hallaba en el distrito de Zharay en la provincia de Kandahar”, escribe, “cuando de pronto escuchamos los disparos de un ataque de los talibanes a un puesto militar estadunidense como a dos kilómetros”. Los jefes militares del Pentágono en Zharay veían una transmisión en vivo, vía satélite, del ataque.
Para evitar que los talibanes se aceraran más al puesto militar atacado, la PNA había colocado dos vehículos que bloqueaban el acceso por una de las calles principales. “De pronto y gracias a la transmisión en vivo, vimos cómo de la nada surgían dos insurgentes en sendas motocicletas”, escribe Davis. “En los monitores vimos cómo los dos libraban el bloqueo, se acercaban a los miembros de la PNA y éstos no hacían nada para detenerlos”, añade.

Culpa de Estados Unidos

En su recopilación de testimonios con líderes de las provincias afganas e incluso con representantes del gobierno de Karzai en zonas de alto peligro, Davis resalta que la mayoría de la población achaca el aumento e intensidad de ataques talibanes a la presencia de las tropas de Estados Unidos. Además acota que entre la población afgana es sabido que los talibanes están de regreso y que son autoridad en la mayoría de las provincias.
En otro de sus recorridos Davis afirma que cuestionó a un funcionario local sobre la capacidad de la PNA para contener o enfrentar a los insurgentes: “Definitivamente la PNA no tiene la capacidad para detenerlos o contenerlos; en esta región todo mundo sabe que muchos efectivos de las fuerzas de seguridad de Afganistán han establecido acuerdos con los talibanes y que incluso pelotones de las ISAF no atacan a los rebeldes para no ser atacados por ellos”, contestó.
Davis cuenta que una noche de septiembre, cuando casi se cumplían 10 años de la invasión de Estados Unidos, a unos 700 metros de una base estadunidense un escuadrón talibán secuestró y asesinó frente a sus padres a un soldado afgano de 27 años. “Ese asesinato ocurrió a la vista de la base militar de Estados Unidos, la que nominalmente es responsable de la seguridad del área. Si esto pasó aquí, imagínense la inseguridad de la población que no está a la vista de las tropas de Estados Unidos”, dice.
Otro aspecto que destaca en el texto es que la mayoría de la población afgana considera que en 2014 –cuando saldrán de Afganistán todos los soldados de Estados Unidos, según promesa de Obama– el país volverá a ser dominado por los talibanes. Esto, asegura Davis, porque Washington no se atreve a aceptar que por su desdén a los grupos insurgentes, “de 2002 a 2009 los talibanes han recuperado poder gracias a los problemas que ha causado la corrupción del gobierno de Karzai y porque Washington ha ignorado esta situación a propósito”.
En su artículo Davis reta a sus superiores en el Pentágono y al gobierno de Barack Obama a decir la verdad sobre Afganistán. Aunque su texto aún no ha tenido eco en el Capitolio, sí ha sido retomado por algunos medios, como la revista Rolling Stone.
Proceso buscó una entrevista con el teniente coronel Davis, pero éste se negó pues, dijo, tendría que aprobarla el Pentágono, que le ha prohibido hablar con los medios. Sin embargo señaló que una forma de intercambiar puntos de vista con él es a través de su cuenta de Twitter: #DavisAFJ.
“Probablemente no soy el único que ha notado esta discrepancia entre lo que sostienen los discursos oficiales y la realidad en Afganistán”, remata Davis antes de apuntar que no ha recibido ninguna reprimenda por lo que publicó en el AFJ.

Pemex: el paraíso de los contratos chuecos

El programa de modernización de las refinerías de Pemex iniciado hace 15 años absorbió importantes recursos de la paraestatal y ahora que concluyó con la inauguración de la planta Lázaro Cárdenas, de Minatitlán, Veracruz, ya resulta obsoleto. El sueño de que alguna vez México sería autosuficiente en la producción de gasolinas y carburantes no fue más que una quimera. Los sobornos que pagan las empresas para ganar licitaciones, la falta de supervisión en las obras y la elevación deliberada de los costos se han convertido en lastres imposibles de remover.

La torre de Pemex.

Ricardo Ravelo

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Mientras la importación y los precios de los combustibles siguen a la alza debido a la baja producción de las refinerías, funcionarios de Petróleos Mexicanos y empresarios se enriquecen mediante la asignación de contratos cuyos costos son alterados en la mayoría de los casos en menoscabo de las finanzas de la paraestatal.

De acuerdo con nuevas denuncias sobre presuntos actos de corrupción en la empresa, de las que tomó registro este semanario, en la subsidiaria Pemex-Refinación opera una red de funcionarios encabezada por Bernardo de la Garza Hesles y su secretario particular, Carlos Riquelme Cacho, quienes ejercen fuertes controles en las refinerías y, a cambio de pagos millonarios, asignan contratos no sólo en forma directa, sino en beneficio de compañías que se encuentran en la lista negra de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Las maniobras para obtener los contratos y beneficiar a las firmas que pagan “su cuota” las realizan a través de superintendentes y gerentes de las refinerías de Madero, Cadereyta y Salamanca, por citar sólo tres de las ocho que conforman el Sistema Nacional de Refinación. De esa manera se asignan los contratos para efectuar reparaciones, los cuales son por montos que van desde los 6 millones hasta los 46 millones de pesos, según consta en los contratos signados, cuyas copias tiene Proceso.

Las fuentes a las que tuvo acceso este semanario, que pidieron el anonimato, señalan que uno de los empresarios que funge como principal enlace de De la Garza Hesles y Riquelme Cacho con diversas empresas para obtener contratos es Juan Manuel Morales Galicia, quien suele ostentarse como funcionario del área de recursos humanos de Pemex y presume una vieja amistad con el expresidente Vicente Fox, relación que utiliza para “abrir puertas” en la paraestatal.

Mediante la influencia de Morales Galicia, por ejemplo, la empresa Petroservicios, S.A. de C.V., logró en junio último la adjudicación de las licitaciones 18575008-544-11, por 69 millones 986 mil 229.19 pesos; 18575008-536-11, por 74 millones 702 mil 971.55 pesos, y 18575008-532-11, por 70 millones 180 mil 262 pesos.

Los contratos se asignaron a pesar de que la compañía ADT Petroservicios fue inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública desde 2005, cuando se vio envuelta en un escándalo de corrupción a raíz de que el 22 de diciembre de 2004 se fracturó el oleoducto de Teapa, localizado en Veracruz, que provocó un derrame de más de 5 mil barriles de crudo.

Funcionarios de Pemex solicitaron los servicios de siete empresas para reparar el ducto y normalizar el flujo de combustibles, así como para realizar la limpieza en las comunidades afectadas y en las zonas aledañas al río Coatzacoalcos.

Las compañías contratadas fueron Saint Martin Construcciones, Gainer Servicios Ambientales, Aquapress, ADT Petroservicios, Construcciones y Reparaciones del Sur y Lico Ambiental. Estas compañías fueron inhabilitadas posteriormente por la SFP por prestarse a maniobras para inflar los costos de los trabajos, lo que derivó en un fraude superior a los mil millones de pesos en perjuicio de la paraestatal.

Sin embargo, de la mano de Morales Galicia y con el respaldo de De la Garza Hesles y Riquelme Cacho, la compañía ADT Petroservicios continúa operando en las plantas de refinación de Pemex.

“Manuel Morales Galicia cobra 500 mil pesos por recomendar a una empresa con sus amigos en Pemex. Los depósitos se le realizan en su cuenta de Bancomer (Plaza Altamira) 1553072282, sucursal 6836”, acusa un contratista en un documento cuya copia tiene este semanario.

Y eso no es todo. Según el denunciante, Morales Galicia y Carlos Riquelme “se reúnen cada semana en el hotel Del Prado para cerrar los negocios” relacionados con los contratos que asignarán a las empresas que efectuaron sus pagos anticipados.

A través de Riquelme Cacho, de Juan Arturo Hernández Carrera y del secretario particular de éste, Orlando Secopori –ambos funcionarios de la subdirección de Pemex en la región norte–, Morales Galicia ha tejido amplias complicidades en las refinerías de Cadereyta, Salamanca y Madero.

En esas plantas, la empresa Fonte Suministros S.A. de C.V. –de la cual es socio y gerente– ha obtenido 22 contratos sin licitación tan sólo en este año, según se registra en el portal de Compranet del gobierno federal con los números 18576003-0006-09, 18576003-0044-10, 18576003-0158-09, entre otros.

Fracaso

Desde que empezó la “modernización” del Sistema Nacional de Refinación (SNR), hace 14 años, los trabajos para la reconfiguración de las seis plantas de Pemex no han estado exentos de escándalos por actos de corrupción, tráfico de influencias, contratos amañados, retrasos por mala planeación y aumento deliberado de costos.

En 1997, durante el sexenio de Ernesto Zedillo, se inició la reconfiguración del SNR en la planta de Cadereyta, Nuevo León. Entonces se dijo que con esta acción se reduciría la importación de combustibles, en su mayoría traídos de Estados Unidos.

La reconfiguración de la refinería de Cadereyta enfrentó serias complicaciones y con ello se truncó el sueño de abatir las importaciones de combustibles. Con el tiempo se destapó la corrupción que hubo durante los trabajos para la modernización de la planta, que concluyeron cinco años después de lo programado. Mala planeación, sobornos millonarios, tráfico de influencias y costos inflados lastraron el proyecto, cuyo costo se disparó de 200 millones de dólares a mil 800 millones de dólares.

Concebida como la obra emblemática del sexenio de Ernesto Zedillo, la refinería de Caderyta se convirtió en un embrollo tan grande que tanto Pemex como el consorcio Comprota –que ganó la licitación para reconfigurar la planta– terminaron litigando el asunto ante un tribunal internacional en París, instancia que falló en contra de la paraestatal.

En la actualidad, esa refinería es obsoleta, pues no cuenta con capacidad para refinar los combustibles pesados, por lo que se tienen que enviar a Estados Unidos.

Como parte del programa para modernizar las refinerías y optimizar el SNR, Pemex lanzó un proyecto para reconfigurar las plantas de Tula, Salamanca, Madero, Salina Cruz y Minatitlán, y un plan adicional previó la construcción de una refinería en Hidalgo.

La refinería Lázaro Cárdenas, la más antigua de América Latina, localizada en Minatitlán, Veracruz, fue la última en ser modernizada. Los trabajos se concluyeron con tres años de retraso y su costo inicial estimado, que era de mil 500 millones de dólares, se elevó a 3 mil 559 millones de dólares. El pasado 28 de julio, el presidente Felipe Calderón realizó una gira por el sur de Veracruz e inauguró esta planta modernizada. En el acto justificó la demora para la conclusión de los trabajos y el elevado costo de la obra:

“El retraso se debió a los innumerables problemas asociados al costo de los insumos, a diversos proyectos y a la multiplicidad de empresas que finalmente participaron. Todo ello fue derivando en un retraso que incluso hacía peligrar la viabilidad del proyecto.”

Las cifras del presidente relativas a la producción de combustibles son optimistas. Dijo que con la puesta en marcha de la refinería Lázaro Cárdenas la producción pasará de 160 mil barriles a un máximo de 285 mil barriles diarios. En lo que toca a gasolinas, anunció que aumentará de 45 mil a 93 mil barriles diarios. Con 12 plantas, la refinería de Minatitlán –según los datos oficiales– permitirá reducir la importación de gasolinas y elevará la producción.

Sin embargo, el optimismo presidencial no coincide con los informes internos de Pemex, los cuales establecen que pese a su modernización el SNR se encuentra en crisis.

El retraso en la modernización de las refinerías –sus elevados costos y la corrupción generalizada que contaminó los proyectos– implicó la importación de más de 50 mil barriles diarios de combustibles en los últimos cinco años. Esta cifra se suma a los 400 mil barriles que actualmente se siguen trayendo al país provenientes de Estados Unidos para el abasto nacional.

A pesar de que hasta antes del 27 de julio sólo faltaba concluir la reconfiguración de la refinería de Minatitlán, el SNR ya muestra signos de obsolescencia, pues su capacidad de refinación no satisface las necesidades actuales, y de acuerdo con reportes oficiales genera pérdidas cuantiosas.

En un estudio interno titulado Diagnóstico de Pemex Refinación, elaborado este año, se indica que esa rama de la paraestatal enfrenta una situación desfavorable ocasionada por graves deficiencias operativas y limitaciones de infraestructura, institucionales, normativas y de regulación, además de que no tiene recursos suficientes para financiar sus programas de operación, mantenimiento y expansión.

“La situación –detalla el informe– es especialmente crítica en el caso de la infraestructura de producción, que ha permanecido con un incremento limitado en capacidad frente a una demanda de petrolíferos que aumenta a tasas más elevadas que la economía nacional.

“Este conjunto de factores, en combinación con la política de precios y restricciones administrativas, ha repercutido en los resultados financieros de la empresa, que ha presentado pérdidas desde su creación como organismo subsidiario.”

Con base en las estadísticas de Pemex, actualmente se necesitan 790 mil barriles diarios de combustibles para abastecer el mercado nacional, de los cuales alrededor de 400 mil se importan de Estados Unidos.

Como resultado de las frecuentes importaciones, la paraestatal arrastra pérdidas desde hace una década; en el informe referido se expone que ha dejado de tener ingresos por 52 mil 696 millones de dólares mensuales.

A la baja producción de las plantas de refinación y a las pérdidas económicas se suman otros daños causados por los paros constantes de las operaciones en las refinerías, así como por los accidentes, que han aumentado entre 2007 y lo que va de este año.

Mientras la paraestatal enfrenta graves pérdidas financieras por su baja producción de combustibles, algunos funcionarios de la subsidiaria Pemex-Refinación obtienen ganancias millonarias por el tráfico de influencias que ejercen para obtener jugosos contratos a favor de las empresas de sus amigos y socios.

Es el caso de Riquelme Cacho, quien recibe pagos en su cuenta personal; según las fuentes que transmitieron sus denuncias a Proceso, esos pagos provienen de las empresas que él mismo ha beneficiado mediante la asignación de contratos.

Un caso que ilustra lo anterior es el que se presentó en 2010. En septiembre de ese año, Pemex-Refinación asignó un contrato directo a la empresa Construcciones y Edificaciones Fénix para realizar trabajos de reparaciones en la refinería de Madero. El monto de la operación fue de 6 millones 999 mil 991 pesos.

Tres meses después, en diciembre, la subsidiaria le otorgó un contrato a la compañía USA Technologies de México, S.A. de C.V., para realizar los mismos trabajos en la planta de Madero, pero en esta ocasión el costo de los trabajos se elevó a 15 millones de pesos. Datos obtenidos por el reportero revelan que el costo final de la obra fue de más de 40 millones, sin justificación aparente (Proceso 1810).

Después de que concluyeron los trabajos en la refinería, comenzaron a fluir depósitos en efectivo en la cuenta 00743 534730148368368 de Bancomer a nombre de Riquelme Cacho. Entre enero y marzo de este año, por ejemplo, recibió seis depósitos, cinco de ellos por 50 mil pesos y uno por 40 mil que, según las denuncias, provienen de las empresas beneficiadas con la asignación de contratos. El pasado 30 de junio recibió 55 mil pesos y una semana después su cuenta recibió dos depósitos en efectivo por la misma cantidad, sin justificación aparente, pues su salario quincenal es de 26 mil 246.29 pesos.

Para conocer mayores detalles sobre la corrupción en Pemex y el avance de las investigaciones en contra de Bernardo de la Garza, Proceso solicitó entrevistas con dos diputados de la Comisión de Energía: Pedro Jiménez León, legislador de Convergencia, y Francisco Burelo, del PRD. El primero dijo que tenía mucho trabajo partidista y que por lo mismo no disponía de tiempo. Con el segundo se había programado una entrevista para el miércoles 27 de julio, pero hasta el cierre de esta edición el legislador no dio señales de querer concederla.

La cumbre .....fracasada

Planes antidrogas de EU fracasan en América Latina y el Caribe

La región de América Latina y el Caribe presentó la mayor tasa promedio de homicidios del mundo entre 2003 y 2008. En ese periodo, aumentó el número de muertes violentas por el narcotráfico: de 19.9 por cada 100 mil personas en 2003 a 32.6 por cada 100 mil personas en 2008, señala la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. El incremento en secuestros, asaltos y otras manifestaciones de la delincuencia organizada se dio a pesar de que el gobierno estadunidense financia programas antidrogas en esos países

Nydia Egremy

La escalada de violencia en el norte de México “preocupa a algunos funcionarios estadunidenses, pues temen que se expanda hacia su país”, describe el estudio América Latina y el Caribe: tráfico de drogas ilícitas y los programas antidrogas de Estados Unidos, realizado por el Servicio de Investigación del Congreso estadunidense, publicado el 30 de abril de 2010.

Explica también que todos los informes de las agencias estadunidenses caracterizan a los grupos de traficantes latinoamericanos como la “mayor amenaza del crimen organizado para aquel país”. Por ello, el Congreso deberá determinar si permanecen o evolucionan los programas antidrogas que mantiene en esa región.

El informe, coordinado por Clare Ribando, especialista en temas latinoamericanos y dirigido a los representantes demócratas y republicanos del Congreso estadunidense, aporta una primera conclusión: “El tráfico de drogas también contribuye a los altos niveles de violencia en Belice, Brasil, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica y Venezuela”. También hace notar que, aunque Colombia tiene progresos significativos en la reducción del crimen y la violencia desde 2002, “hay informes de que en algunas partes del país los asesinatos relacionados con las drogas repuntaron”.

La presión del Pentágono

El trabajo de Clare Ribando, Sun Wyler y Beittel reseña la evolución de los distintos programas antidrogas para América Latina y el Caribe que ha emprendido Washington desde hace dos décadas. A mediados de 1970, el Congreso autorizó la asistencia antidrogas para Colombia, Bolivia y Perú, que más tarde se extendió hacia México. Todos se centraron en capacitar y equipar al personal en la erradicación de cultivos ilícitos y en fortalecer las capacidades de aplicación de la ley.

En la década de 1980, algunos políticos y miembros del Congreso estadunidense comenzaron a pedir que el ejército se sumara al esfuerzo antinarcóticos en el extranjero. Ese debate sobre el papel y la misión que debía desempeñar el Departamento de Defensa se prolongó, en tanto que la ayuda estadunidense hacia la región aumentó en el rubro de la intercepción de drogas en los países de tránsito, particularmente en el Caribe.

Recursos multimillonarios

En 2008, hubo un debate en el Congreso estadunidense respecto del futuro del Plan Colombia, sobre el apropiado balance entre la estrategia de seguridad denominada “lado duro” (el equipamiento y capacitación del ejército y la policía colombianos) y la tradicional, llamada “lado suave” (programas anuales de aplicación de la ley, ayuda económica y social), para los países de la región.

El presupuesto de 2011 redujo 9 por ciento la ayuda para Colombia; por lo que el próximo año recibirá 465 millones de dólares contra los 512 millones de dólares que obtuvo este año. En ese caso, las investigadoras del Congreso observan que se logrará un balance entre la asistencia al desarrollo del “lado suave” y la asistencia a la seguridad y antidrogas.

Obama y el Caribe

La subregión del Caribe, que integran 16 países, por su ubicación geográfica es una zona de gran tránsito de drogas hacia mercados estadunidenses y europeos. En septiembre de 2009, cuatro países fueron señalados por su elevada producción de drogas: Bahamas, República Dominicana, Haití y Jamaica. La asistencia al Caribe es a través del Programa Regional del Caribe de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y el Programa para el Hemisferio Occidental Regional del Departamento de Estado.

Soberanía y control antidrogas

Maureen Meyer señala que las políticas antidrogas y el proceso de certificación al que Estados Unidos somete a varios países de América Latina y el Caribe son fuente de tensión. Recientemente, los espacios de la política internacional de control de drogas en Naciones Unidas muestran señales de un distanciamiento entre varios países de la región con la postura estadunidense y apelan a una revaluación de sus políticas antidrogas.

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El candidato y el juez

Greg Sánchez, candidato a la gubernatura de Quintana Roo.

Miguel Ángel Granados Chapa

MÉXICO, D.F., 31 de mayo.- Seguramente ya se encontraron estas dos personas cuyos nombres resuenan en la escena nacional desde hace media semana. Claro que se habla más de Gregorio Sánchez Martínez y menos, casi nada, de Carlos Alberto Elorza Amores. Este último es el causante formal de la detención del primero. Él es juez segundo penal de la Federación en Nayarit, y su oficina está adosada a la cárcel de mediana seguridad de San José del Rincón, cerca de Tepic. Se le solicitó una orden de aprehensión contra Sánchez Martínez, y aunque probablemente el pedido no estaba bien fundado, no tuvo empacho en ordenar la detención del alcalde de Cancún con licencia, candidato de tres partidos (PRD, PT y Convergencia) a la gubernatura de Quintana Roo.

Chiapaneco, Elorza Amores estudió derecho en la Universidad Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México, y al graduarse de abogado volvió a su entidad natal, donde ingresó a la administración local de justicia. Luego, allí mismo, pasó a la judicatura federal. Aunque las instituciones donde obtuvo la maestría y el doctorado no resistirían una prueba de rigor académico, alcanzó esos grados, lo que muestra su gana de ascender. De modo que lo consiguió poco a poco hasta llegar a juez de distrito. No sé si por azar, o porque ya había dado muestras de que era una persona dúctil a indicaciones ajenas a la naturaleza de su trabajo, se le encomendó una titánica y delicada labor: recibió hace un año justamente a 27 personas, alcaldes y funcionarios estatales y municipales del estado de Michoacán, a los que se detuvo en una redada insolente y peligrosa.

Elorza Amores los arraigó por 40 días y luego les inició proceso penal por nexos con el narcotráfico, misma conducta que se le achaca a Sánchez Martínez. Pero sus órdenes de aprehensión eran frágiles, y poco a poco sus víctimas –es decir, los destinatarios de tales mandamientos, solicitados por la Procuraduría General de la República igualmente de modo desaprensivo—obtuvieron amparo en tribunales de garantías y paulatinamente salieron en libertad, por la sencilla razón de que no cometieron los delitos que se les imputaron. Apenas este 21 de mayo quedó libre el procesado en falso número 19. Quedan todavía ocho personas detenidas, que se augura dejarán de estarlo en breve porque les asiste la misma razón que al resto de los encarcelados el 26 de mayo de 2009.

Como si una mente perversa, o sumamente torpe, quisiera señalar esa efeméride, ese día, un año después, Sánchez Martínez fue llevado a Tepic a esperar que se le inicie proceso luego de que casi al término de la jornada anterior se ejerció orden de aprehensión en su contra. La Procuraduría lo pensó dos veces antes de acudir de nuevo a Elorza Amores, que le merece confianza, aunque sus decisiones no resistieron a la justicia de amparo. Por eso la PGR hizo un ensayo previo. Acudió el 7 de mayo a otro juzgado de distrito, el Sexto Penal, con sede en Toluca. El juez Roberto Hoyos encontró llena de agujeros la petición de la Procuraduría y no obsequió la orden de aprehensión solicitada. Faltó a la PGR un estudio lógico-jurídico que permitiera “comprobar el grado de participación de Sánchez en el delito de lavado de dinero, por lo que al analizar en su conjunto y de manera individual los argumentos para detenerlo, no se podía comprobar ese ilícito”. (Reforma, 27 de mayo.)

Claro que entre el 7 y el 26 de mayo mediaron 19 días que acaso fueron aprovechados por la Procuraduría federal para subsanar las deficiencias establecidas por el juez Hoyos. Pero en vez de volver ante este juzgador con un pedido más sólido, atendible, la PGR resolvió ir sobre seguro y presentó su nueva petición en Nayarit, ante el menos exigente juez Elorza Amores, que no defraudó al ministerio público. Esta vez importa menos que hace un año si la Federación pierde el proceso que pretende iniciar contra Greg, el popular candidato que con sus dotes personales se hizo de una fortuna en pocos años y es exitoso predicador religioso y más exitoso todavía intérprete de música de la misma índole. Porque con toda claridad de lo que se trata es de eliminarlo de la contienda electoral quintanarroense. Si Sánchez Martínez no obtiene suspensión provisional contra la orden de aprehensión, o son inútiles otros mecanismos de defensa que despliegue junto con el PRD (como el juicio de protección de garantías político-electorales ante el tribunal federal de esa materia), ese partido y sus aliados se quedarán sin candidato, porque habrá ya transcurrido el plazo para reemplazarlo (con lo que también se evitaría que políticamente lo sustituya su esposa, la señora Niurka Sáliva, que no puede ser candidata por su oriundez cubana, y a pesar de su discurso elocuente aunque no convincente).

Hay una controversia política entre el PRD y la PGR respecto del albazo que significó la detención del candidato opositor, que lo iba a ser también del PAN, partido que oportunamente se distanció de la coalición alegando que no avalaría la postulación de Greg Sánchez. Asegura la Procuraduría General de la República que hace varios meses dio aviso al PRD sobre el curso de sus investigaciones, que podrían desembocar en la aprehensión del candidato, a fin de que tomaran sus providencias electorales. Jesús Ortega, el dirigente perredista, niega haber recibido tal alerta. Por la naturaleza del asunto es seguro que, de haberse dado tal comunicación, ésta habría sido verbal y que no consta por escrito, de donde resulta que se oponen palabra contra palabra. Y ninguna de las partes de esa diferencia suscita confianza al grado de aceptar como bueno su dicho.

Si Sánchez Martínez es mantenido preso y el PRD se queda sin candidato, no sólo éste, sino el partido mismo resentirá un grave problema, que en la fragilidad partidista actual será de consecuencias funestas. Y dentro del PRD la ya debilitada Nueva Izquierda padecerá en mayor medida las consecuencias de confiar en alguien que tal vez no merecía, en estos tiempos y en un lugar como Quintana Roo –regido hasta hace poco más de una década por quien es ahora el primer gobernador extraditado a Estados Unidos para ser juzgado por narcotráfico–, tanta confianza, resultante por añadidura del cálculo convenenciero.

Otro fracaso de la OEA

Con la toma de posesión de Porfirio Lobo como presidente de Honduras culmina exitosamente la estrategia de los militares y los políticos que en junio pasado dieron el golpe de Estado contra Manuel Zelaya: ni éste es el presidente constitucional ni Roberto Micheletti ostenta el cargo usurpado. A decir de diplomáticos latinoamericanos que conocen los entretelones de las negociaciones de la OEA para resolver la crisis política tras la asonada, ese fracaso puso en evidencia que el organismo regional no tiene la capacidad para defender el orden democrático en los países miembros.

J. Jesús Esquivel

WASHINGTON.– La toma de posesión de Porfirio Lobo Sosa como presidente constitucional de Honduras el miércoles 27 de enero sienta un precedente de las posibilidades de éxito que tienen todavía los golpes de Estado en el continente y plantea de nuevo la urgencia de reformar a la Organización de los Estados Americanos (OEA), coinciden diplomáticos latinoamericanos entrevistados por Proceso en la capital de Estados Unidos.
“La realidad de Honduras es la siguiente: Manuel Zelaya nunca regresó a la presidencia y, lamentablemente, el que triunfó fue el gobierno de facto que encabezó Roberto Micheletti, porque con la presidencia de Lobo se inicia otra etapa constitucional hondureña”, dice un diplomático que estuvo involucrado en las negociaciones infructuosas de la OEA para restablecer el orden constitucional interrumpido por el golpe de Estado del 28 de junio de 2009.
“Ante el golpe de Estado, la OEA exhibió sus limitaciones para resolver una crisis constitucional. O, más bien, hizo lo que pudo, lo que le permiten los mismos Estados miembros por medio de la Carta Democrática”, enfatiza.
Con el argumento de que sólo pueden hablar con Proceso sin dar su nombre a fin de que sus declaraciones no se perciban en Honduras como un acto de intervención extranjera, otros diplomáticos latinoamericanos acreditados en la capital de Estados Unidos sostienen que actualmente la OEA está imposibilitada para salvar una democracia.
De acuerdo con ellos, a siete meses de la defenestración del presidente Zelaya por militares, en varios países de Latinoamérica se considera que la OEA se quedó al margen de la defensa constitucional de unos de sus Estados miembros, por lo cual requiere de una reforma profunda para convertirse en un organismo multilateral efectivo.
Inmediatamente después de ser depuesto y expulsado de su país por los militares, Zelaya apeló al organismo regional para restablecer el orden democrático y volver al poder. “Fue ahí donde empezó el dilema, donde se puede palpar las limitaciones que tiene la OEA”, subraya una de las fuentes.
La Asamblea General y el Consejo Permanente de la OEA, con representantes de sus 34 países miembros, inició una serie de reuniones urgentes para buscar una solución. Uno de los diplomáticos consultados destaca que, en los primeros días del régimen golpista, el Consejo Permanente de la OEA actuó con “un ritmo de desesperación”.
“El gran error se cometió el 4 de julio –puntualiza–, cuando la Asamblea General aprobó una resolución expulsando a Honduras como miembro activo de la OEA” por su gobierno golpista.
En ese momento se creyó que de esa forma se establecería un margen bastante amplio para negociar el regreso de Zelaya y darles una salida política a los militares y políticos golpistas, ya que –explica el diplomático– la expulsión de un país como miembro activo de la OEA no tiene otras consecuencias políticas, económicas o militares.
“Este es el arsenal de la OEA. Es lo máximo que puede hacer este organismo y, como ya vimos en el caso hondureño, en términos prácticos no funciona, pero así lo dicta la Carta Democrática, no se puede hacer más”, añade otra de las fuentes.

Decisiones de corto alcance

La Carta Democrática Interamericana, aprobada el 11 de septiembre de 2001 en Washington D.C., dice que por mandato de los jefes de Estado y de gobierno del continente, en un caso de “interrupción abrupta o irregular del proceso político institucional democrático o del legítimo ejercicio del poder por un gobierno legítimamente electo”, se debe adoptar “un conjunto de procedimientos eficaces, oportunos y expeditos para asegurar la promoción y la defensa de la democracia representativa dentro del respeto del principio de no intervención”.
Este último concepto, la no intervención, limita a la OEA en su intento de restablecer un orden constitucional, como sucedió en el caso de Honduras.
“El gobierno de facto que encabezó Micheletti se dio cuenta de que el gobierno de Estados Unidos se mostró complacido con la simple resolución, y de que, como en ese momento no haría nada más para restablecer a Zelaya excepto dar declaraciones de solidaridad regional, a la OEA le podrían dar largas en cualquier misión negociadora”, apunta un diplomático, que deplora la jugada de Micheletti pero admite que le salió bien.
Él mismo describe como un fracaso la intervención del Consejo Permanente y del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, entre el 29 de junio y el 3 de julio del año pasado, para dar con una salida negociada sin tener que expulsar a Honduras del organismo interamericano.
“Micheletti apostó a que no ocurriría nada con la expulsión de la OEA, porque además en Honduras las elecciones presidenciales ya estaban calendarizadas para el 29 de noviembre de 2009 y, con unos comicios transparentes y justos, el ganador sería reconocido como el próximo mandatario legítimo, democráticamente electo, y luego, en automático, vendría la restauración de la participación en el Sistema Interamericano. Y así ocurrió”, resume otro de los diplomáticos con un tono sarcástico.
El artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana sostiene que, cuando la Asamblea General, convocada a un periodo extraordinario de sesiones, constate que se ha producido la ruptura del orden democrático en un Estado miembro y que las gestiones diplomáticas han sido infructuosas, suspenderá a dicho Estado del ejercicio de su derecho de participación en la OEA con el voto afirmativo de los dos tercios de los integrantes. La suspensión entrará en vigor de inmediato. Esto sucedió aquel 4 de julio con Honduras.
Pero en el artículo 22 se acota: Una vez superada la situación que motivó la suspensión, cualquier Estado miembro o el secretario general podrá proponer a la Asamblea General el levantamiento de la suspensión. Esta decisión se adoptará también por el voto de los dos tercios de los Estados miembros.
Así, a partir de la toma de posesión de Lobo Sosa como presidente de Honduras, Zelaya es un expresidente y por lo tanto se puede invocar en cualquier momento la aplicación del artículo 22 de la Carta Democrática para que ese país se reintegre como si nada hubiera sucedido.
“Todos los países miembros de la OEA somos corresponsables del éxito de los golpistas en Honduras. El golpe de Estado desnudó las limitaciones del Sistema Interamericano”, afirma uno de los diplomáticos entrevistados.
A siete meses de ese golpe, incluso en el interior de la OEA ya se habla de empujar “este año” un proyecto de reforma a la Carta Democrática para acabar con esas limitaciones e impedir que el caso hondureño se convierta en un precedente negativo para el futuro democrático en el hemisferio occidental.
Algunos países, como Guatemala, están cabildeando para hacer la reforma a la Carta Democrática, pero otros consideran que es prematuro hacer un cambio en estos momentos, porque no se conseguiría un consenso político.
“Hay que asimilar y digerir las lecciones que deja el caso de Honduras. Creo que una reforma podría producirse, no ahora en la inmediatez, sino en unos dos o tres años”, comenta uno de los diplomáticos, cuyo gobierno está en desacuerdo con la idea guatemalteca.

La tibieza de Obama

Debido a la ya aceptada corresponsabilidad hemisférica en el fracaso para restaurar a Manuel Zelaya como presidente constitucional de Honduras, los diplomáticos latinoamericanos entrevistados le dan gran importancia al papel que desempeñó el gobierno de Estados Unidos en esa crisis política.
Varios de ellos coinciden en que el gobierno de Barack Obama decepcionó por su pasividad y hasta la complacencia con la que trató el problema.
“Había muchas expectativas de un cambio radical en la Casa Blanca en su relación con América Latina”, anota una de las fuentes. Se esperaba el abandono de las políticas intervencionistas de George W. Bush, pero se pensaba que a Obama le importaba más la relación con América Latina.
El presidente estadunidense “se sumó a la condena del golpe de Estado y contribuyó a la expulsión de Honduras de la OEA, lo que al principio fue una señal alentadora y positiva. Pero luego se fue opacando, aunque debo decir que Zelaya tuvo culpa en todo esto”, añade el entrevistado.
Los entretelones de las negociaciones internacionales, que los diplomáticos consultados revelan sin muchos detalles a Proceso, exponen dichos errores, así como el punto de vista del gobierno de Obama.
En la versión de uno de los diplomáticos, para Estados Unidos no era prioritario ayudar a que Zelaya volviera al poder, en primer lugar porque Honduras no representa grandes intereses económicos ni políticos para Washington, y en segundo porque el ahora expresidente adoptó una posición radical que lo confrontó con la OEA, ya imposibilitada para ir más allá en las presiones al gobierno golpista.
Exasperado con la inflexibilidad de Zelaya, según esta versión, el presidente Obama optó en los hechos por darle largas al asunto y esperar que las elecciones hondureñas se dieran de manera ordenada, transparente y sin muchos reclamos de fraude. El siguiente paso fue que el gobierno estadunidense reconociera al ganador de los comicios, que fue Porfirio Lobo, ya que entonces otros países harían lo mismo y así terminaría una crisis que la OEA nunca habría podido resolver.
“Hasta donde sé –reitera la fuente–, el gobierno de Estados Unidos se frustraba cada vez que Zelaya, después de una reunión en el Departamento de Estado, por ejemplo, aceptaba una propuesta de la secretaria de Estado (Hillary Clinton) pero al salir del edificio se presentaba ante la prensa y, en respuesta a los interrogantes de los reporteros, asumía una posición intransigente y públicamente rechazaba todo lo que había aceptado en privado.”
La posición de Estados Unidos es determinante debido al control económico de ese país en la OEA. Uno de los diplomáticos consultados dice que muchos culpan a Insulza del éxito de los golpistas hondureños, pero esto no es del todo justo:
“Tal vez a muchos no nos gusta el estilo de Insulza, su arrogancia o su negativa a asimilar o entender que, como secretario general de la OEA, él es empleado de los Estados miembros, de los cancilleres de los 34 países miembros... Y lo más grave es que el secretario general es el empleado del país que más aporta dinero a la OEA, y ese es Estados Unidos. El que paga manda.”
Del presupuesto anual de la OEA, que el año pasado fue de 90 millones 125 mil 100 dólares, el gobierno estadunidense aporta aproximadamente 60%; el resto, los otros 33 países miembros.
“Se ha hablado de reducir las aportaciones de Estados Unidos a la OEA para reducir con ello su poder e influencia –dice uno de los entrevistados–, pero, ¿quién se atreve a asumir 20% que podría dejar de aportar Estados Unidos? Nadie, y menos entre los países más pequeños. Lo más seguro es que se propusiera a México, Argentina y Brasil para que se repartieran ese 20%, pero ni así, porque Washington todavía aportaría 40% del presupuesto.”
Mientras no exista un equilibrio de poderes en el organismo interamericano y los mandatos de éste en casos de crisis constitucional no sean efectivos, “ante un golpe de Estado (la OEA) no sirve de nada –remata otro representante diplomático–. Ya lo estamos viviendo con el caso de Honduras, en donde simplemente se cometió un acto antidemocrático que condenó casi todo el mundo, pero no pasó nada”. Esto, añade, duele “porque es aceptar una debilidad ante los intereses económicos que representa una sola nación frente al resto del planeta”.

Calderón ya fracasó y debe renunciar por causa grave

Álvaro Cepeda Neri

El artículo 86 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que debe normar nuestra conducta individual y colectiva, establece: “El cargo de presidente de la república sólo es renunciable por causa grave, que calificará el Congreso de la Unión, ante el que se presentará la renuncia”.
En el párrafo tercero del artículo 84 de la misma ley, se dice: “Cuando la falta del presiente ocurriese en los cuatro últimos años del periodo respectivo, si el Congreso de la Unión se encontrase en sesiones, designará al presidente sustituto que deberá concluir el periodo; si el Congreso no estuviere reunido, la Comisión Permanente nombrará un presidente provisional y convocará al Congreso de la Unión a sesiones extraordinarias para que se erija en colegio electoral y haga la elección del presidente sustituto”.
La Constitución de 1917 (resultado de la reforma a la Constitución de 1857 y ésta resultado de la gloriosa revolución de Ayutla de 1854 que parió la destitución de Santa Anna; creó a la generación liberal con Juárez a la cabeza; propició la restauración de la república; implantó la reforma; cimentó al Estado laico y afianzó la lucha victoriosa para vencer y expulsar a la invasión francesa y su monigote Maximiliano) facilita el procedimiento cuando el presidente en funciones renuncia antes de cumplirse los cuatro años, en el párrafo primero del citado artículo 84.
En este caso, está la posibilidad, por el bien de la democracia y el republicanismo, de que Calderón tenga que irse al menos cuando cumpla cuatro años en el cargo para el que no tuvo los tamaños, ya no de un estadista, que fuera mucho pedir, sino de un político, haciendo un esfuerzo de capacidad y eficiencia para resolver los crecientes problemas que constituyen un volcán social con probables estallidos al conjuro de las fiestas neoporfiristas por el bicentenario y centenario de las revoluciones de 1810 y 1910.
Tres años después, Calderón, el Partido Acción Nacional (PAN) en el gobierno y los calderonistas ya probaron que no pueden y que no es tanto el supuesto miedo a gobernar (como el investigador Carlos Arriola, proclive al panismo, expuso en su texto El miedo a gobernar. La verdadera historia del PAN, Editorial Océano de México), pues sus abusos del poder echan por tierra que tienen miedo (ni siquiera al infierno prometido por su iglesia, pues con una confesión, dos padresnuestros y un ave María son perdonados y ganan el cielo).
No. Los panistas calderonistas (el PAN tiene militantes que no comulgan con las ruedas del molino calderonista, y los hay renegados en busca del golpismo, como Manuel Espino que anda como “perro sin mecate”) no supieron gobernar y administrar… pero sí dedicarse al botín, el tráfico de influencias, el peculado y vivir en la total impunidad (Julio Scherer Ibarra, Impunidad. La quiebra de la ley, Editorial Grijalbo).
A los calderonistas y su jefe tribal, Calderón, les viene como “anillo al dedo” la imputación de Max Weber de que no “están políticamente maduros para la conducción del Estado”, porque no son capaces de actuar conforme a la ética de la responsabilidad, sino con arreglo a la ética de la convicción, “dejando el resultado en manos de su dios”.
Calderón ya fracasó. La nación, que en su mayoría son los remeros de la nave estatal que la mantienen a flote, sobrevive en la peor crisis económica, política y social. Y para colmo, al no haber ejercido la facultad del artículo 29 constitucional, la criminalización gubernativa está a la orden del día con la militarización creciente del país (que presagia un posible golpe de Estado); se esparce el tufo de un alcoholismo, como fue el binomio de Victoriano Huerta.
Una catástrofe nos ha puesto a la orilla del precipicio de levantamientos por hambre, desempleo, corrupción pavorosa de los aparatos judiciales (empezando por la Suprema Corte), y por la sangrienta inseguridad en una guerra de todos contra todos, donde los narcos llevan la delantera, las víctimas inocentes son la población civil y tenemos alcaldes dispuestos a la justicia con escuadrones de la muerte y paramilitares.
El país está a punto de tener dos celebraciones de los centenarios: la oficial, con luces de bengala, al estilo de Porfirio Díaz. Y la del pueblo, que puede poner las condiciones para la violencia, en lugar de deshacernos de Calderón sin derramamientos de sangre. Perredistas, con Ebrard; priistas, con Peña Nieto; panistas, con Calderón, se suman a las fiestas de salón, porque como Porfirio y los porfiristas, ignoraron lo que ya en 1908 había publicado Francisco I Madero: La sucesión presidencial en 1910.
Los reproches de los empresarios y banqueros, incluso de los que financiaron la campaña electoral de Calderón, no obstante haber obtenido millonarias ganancias, cuentan en un sistema capitalista. Ellos lo han reprobado. Lo han tachado de inepto. Tan burro o más que Fox. Y esto mientras no llegan las inversiones extranjeras y las nativas se retraen.
Es lo duro y tupido contra quien se presentó como “presidente del empleo” y ha propiciado un desempleo masivo, despiadado. Dijo tener “las manos limpias”, y casi todos los panistas en el poder han malversado los fondos públicos: hay saqueo, transas y complicidades que reportan un mal gobierno que no cumple con el mandato constitucional de “gobernar en beneficio del pueblo”.
Bueno, hasta el astronauta, de origen mexicano, recibido por Calderón, casi le escupió duras críticas por las desgracias que hunden a los más de 100 millones de mexicanos. Y no se diga la calificada y fundamentada opinión del economista, dedicado a los análisis económicos, Joseph Stiglitz, que señaló a Calderón como un inepto en el manejo de la crisis, censura que hizo tambalear al calderonismo.
Pero sobre todo, el pueblo entero reprueba los actos de Calderón (quien escucha en Los Pinos los pasos de Victoriano Huerta), y lo consideramos no apto para seguir en el cargo. La situación desastrosa de la sociedad, el gobierno y el daño a la vigencia del estado de derecho por la pobreza masiva, el desempleo, la impunidad, la corrupción y mal gobierno, lo hacen responsable de la causa grave por la que debe renunciar.
Y hacerlo antes de que por todo el territorio se enreden el militarismo, los narcotraficantes, las guerrillas, las protestas y los levantamientos civiles por hambre, en el contexto de alza de impuestos para, como en épocas de Santa Anna y Porfirio Díaz, provocar al pueblo, que ya considera a Calderón indigno e incapaz de gobernar.
Los calderonistas se han convertido, “por su indiferencia, por su egoísmo, por sus vicios, en incapaces e indignos de gobernar”, escribió Tocquevielle la víspera de la Revolución de 1848, muy a propósito del inicio de 2010, que tiene como factor común la alternativa: resolver pacíficamente nuestros problemas o dejar paso a la violencia.
cepedaneri@prodigy.net.mx

¡A periodicazos sacar al Chucho!

Cónclave de Ebrard, Amalia y Godoy sobre el fracaso del PRD

FRANCISCO CASTELLANOS

Morelia, Mich., 8 de julio (apro).- El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, sostuvo una reunión privada con sus correligionarios, los gobernadores de Zacatecas y Michoacán, Amalia García y Leonel Godoy.La cita, a la que no fue convocada la prensa, inició alrededor de las 10 de la noche y tuvo una duración aproximada de una hora.Fuentes confirmadas revelaron que el tema toral de la cita fue discutir el fracaso nacional del PRD en las elecciones del pasado domingo, y reflexionaron sobre cómo tejer una nueva relación con Andrés Manuel López Obrador.A la cita no fueron convocados los miembros del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, aunque oficialmente están programas dos reuniones este miércoles y mañana jueves.

Necesaria renuncia

Es condición indispensable la salida de Jesús Ortega para la recomposición de la izquierda, “ya no digamos digna, sino necesaria”: Porfirio Muñoz Ledo /Debe seguir los pasos de Germán Martínez, irse, dice Clara Brugada

MEXICO, DF., 7 de julio (LA JORNADA / EL UNIVERSAL).- Porfirio Muñoz Ledo, coordinador nacional del Frente Amplio Progresista (FAP), advirtió que Jesús Ortega “trastocó” los valores de la izquierda desde la presidencia nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y consideró que se le está haciendo tarde para renunciar. “Es condición indispensable para la recomposición de la izquierda la renuncia, ya no digamos digna, sino necesaria”, sostuvo.En breve declaración, resaltó que a diferencia de Ortega, el ex presidente nacional del PAN, Germán Martínez, no recibió órdenes superiores de “postular como candidato a su jefe, lo que es una tontería porque obviamente el gran perdedor de estas elecciones es Felipe Calderón, y en cualquier gobierno democrático del mundo debiera entregar la cartera”, dijo y cuestionó que se tenga un presidente sin votos. Jesús Ortega en cambio, resaltó, “lo hizo por sí mismo” y “trastocó los valores de la izquierda, usó ilegalmente la presidencia del PRD, perturbó las relaciones que tienen los tres partidos miembros del FAP (además del sol azteca, PT y Convergencia), desafió infantilmente a Andrés Manuel López Obrador, se hizo cómplice del gobierno y se dio al traste a la izquierda... Me parece bien orientada la idea de Juan Guerra: a Jesús Ortega se le está haciendo tarde para renunciar”.Lo que pasa, añadió, “es que no tiene quien le ordene. Debería haber un movimiento de la izquierda que se vaya a donde están los problemas reales. Es condición indispensable para recomponer a la izquierda la renuncia ya no digna, sino necesaria de Jesús Ortega”, resaltó.Clara Brugada, quien se prevé llegue a ocupar la jefatura delegacional de Iztapalapa, consideró que el líder nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Ortega, debería renunciar al cargo, tras los comicios del pasado domingo.La que fuera candidata perredista por la jefatura de Iztapalapa y posteriormente destituida por el tribunal electoral federal, apuntó que Ortega debería seguir el ejemplo de Germán Martínez Cázares, quien ayer renunció a la dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN), tras los pobres resultados en las elecciones del pasad domingo.Brugada se reunió esta mañana con Alejandra Barrales, líder PRD en el Distrito Federal, y Rafael Acosta “Juanito”‘, virtual ganador a la delegación de Iztapalapa, con el objetivo de comenzar a formar lo que será un “Frente Amplio Ciudadano”.La cita se llevó a cabo en un restaurante de la zona centro de la ciudad, donde no estuvo presente el ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, pero sí candidatos ganadores a la Asamblea Legislativa y a la Cámara de Diputados.Los asistentes intercambiaron puntos de vista sobre el proceso electoral pasado domingo. Al mismo tiempo, expresaron las propuestas sobre las que trabajarán cuando tomen posesión a los cargos para los que fueron electos.Barrales explicó que desde la Asamblea impulsarán un nuevo frente de izquierda para promover en la ciudad, y agregó que harán un llamado a las diversas corrientes del partido para sacar adelante el proyecto de izquierda.Rafael Acosta, aún con el ánimo ganador, aseguró que esperará al cumplimiento del proceso electoral, en el que tomará protesta como jefe delegacional en Iztapalapa por el Partido del Trabajo (PT), para luego pedir licencia.Clara Brugada, quien se prevé llegué a ocupar el cargo que de “Juanito”, comentó que el próximo sábado a las 17:00 horas, realizarán una mega concentración en la explanada de la citada delegación, con la que buscan celebrar el triunfo del PT y el PRD. Se comprometió a que en los próximos meses trabajará para reforzar el proyecto de izquierda en esa zona de la ciudad.

Ebrard acusa a Ortega: privilegió "la división y los intereses de grupo"

MIGUEL CABILDO S.

MÉXICO, D.F., 7 de julio (apro).- Ante el marcado declive electoral que sufrió el PRD en la capital del país, su principal bastión, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, criticó duramente al dirigente nacional de su partido, Jesús Ortega.Sin mencionarlo por su nombre, Ebrard sostuvo que quien tiene la dirección del partido no puede mantener un itinerario y una ruta de división permanente.

En conferencia de prensa, el funcionario lamentó que Ortega haya cifrado toda la estrategia política en la división interna y, peor aún, haya privilegiado los intereses de grupo por encima de los del propio PRD.

Al preguntarle su opinión sobre si Ortega debería renunciar al partido, Ebrard respondió: "Hay una causa mayor que nos obliga a todos y son los ideales, los objetivos, los valores y las aspiraciones de la izquierda, esa es la gran lección y la vamos a tener que entender, el partido la va a tener que escuchar y si no, nos encargaremos de que así sea".En su opinión, fue un error mayúsculo sustentar la estrategia política en la división interna, como quedó en evidencia durante la jornada del pasado domingo en la delegación Iztapalapa.Además, recordó que el Partido del Trabajo (PT) obtuvo 10%, de los votos que, dijo, salieron del PRD, como resultado de la confrontación. "Clara Brugada era la candidata del PRD, pero ¿quién promovió el recurso en Iztapalapa para cambiar las cosas a dos semanas de la elección?. Fueron miembros del PRD".Durante la conferencia, Ebrard se refirió también al encargo que le hizo Andrés Manuel López Obrador para la transferencia de poderes en la delegación Iztapalapa; es decir que Rafael Ortega Juanito ceda su lugar a Clara Brugada en octubre próximo, cuando tome formalmente posesión del cargo.El jefe de Gobierno dijo que esperará a que los órganos electorales culminen sus responsabilidades para determinar qué hará el gobierno capitalino en ese caso, ante la declinación del petista par dejarle el cargo a Brugada. Ebrard también explicó que esperará a que el Instituto Electoral del DF otorgue las constancias de mayoría a todos los candidatos ganadores para reunirse con los nuevos grupos parlamentarios de la Asamblea Legislativa del DF y con todos los jefes delegacionales electos, incluidos los panistas Mario Alberto Palacios, de Benito Juárez; Demetrio Sodi, de Miguel Hidalgo, y Carlos Orvañanos, de Cuajimalpa. Con base en los resultados preliminares, el PRD en la Ciudad de México se debilitó en su principal bastión: dejará de gobernar en 2 de las 14 delegaciones que controla hasta hoy y perderá 4 de las 34 curules de mayoría que tenía en la Asamblea Legislativa.En términos de votos, el bajón electoral perredista también repercutirá también en la posible asignación de diputaciones plurinominales y, sobre todo, en el financiamiento público que recibirán.En las elecciones de 2006, el PRD, en coalición con el PT y Convergencia, obtuvo 50% de los votos para diputados locales, porcentaje que bajó este año a 28%.La presidenta del PRD-DF, Alejandra Barrales, reconoció que hubo voto de castigo contra su partido y lo atribuyó a los conflictos internos.Tanto ella como el secretario general perredista en el DF, Manuel Oropeza, coincidieron en que la decisión de la dirigencia nacional, de no firmar una alianza con el PT y Convergencia en todos los distritos locales y todas las delegaciones, provocó que el PRD perdiera diputaciones.

Obama en México

JORGE CARRASCO ARAIZAGA

MÉXICO, D.F., 10 de abril (apro).- El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, llegará a México con un planteamiento directo a Felipe Calderón: su "estrategia" contra el narcotráfico no sirve. Por más que saque a miles de militares a las calles, que capture a lugartenientes o narcojuniors, que "limpie" la PGR, que militarice las policías locales y sature aún más las cárceles con narcomenudistas, no va a disminuir el poder de los grupos mexicanos de la droga, actores centrales de la economía ilegal en el mundo.

Distintos funcionarios civiles y militares de Estados Unidos lo han dicho de uno u otro modo: desde la polémica caracterización de "Estado fallido" hasta la pérdida de territorios a manos de los cárteles, pasando por los señalamientos de ingobernabilidad y la extendida corrupción policial.Conscientes de que el presidente mexicano hizo del combate al narcotráfico su principal medio de legitimidad, las diferentes dependencias estadunidenses involucradas en la relación con México, coinciden en que el tema era ineludible, incluso reconocen las capturas de algunos mandos medios y, sobre todo, aplauden la extradición de personajes acusados de traficar drogas hacia Estados Unidos.Pero saben que eso no conduce a nada si en verdad se trata de un combate al narcotráfico, que "ponga orden" en la actividad del narcotráfico y, por ende, en el mercado ilegal de las drogas en México. Pero sobre todo, que baje significativamente los niveles de violencia que padece la sociedad.La información que salga del encuentro de Calderón con Obama, el próximo jueves, así como en las declaraciones públicas, dirá que Estados Unidos reconoce su parte de responsabilidad por el extendido consumo de drogas en su sociedad y por ser proveedor del 90% de las armas que utilizan los narcotraficantes mexicanos.Ya lo hizo la secretaria de Estado, Hillary Clinton, en su visita del mes pasado y seguro lo hará Obama, para quien la Iniciativa Mérida es apenas una mínima parte de lo que Estados Unidos quiere hacer en relación con el narcotráfico en México.El gobierno estadunidense sabe que aun tomando medidas para controlar la venta de armas a mexicanos –lo cual enfrenta el fuerte rechazo de la Asociación Nacional del Rifle, que revindica la comercialización de armas como una garantía constitucional–, el gobierno mexicano carece de capacidad para vigilar lo que entra por sus aduanas; es más, en la Dirección General de Aduanas, que depende de la Secretaría de Hacienda, es histórica la corrupción. El caso Zhenli Ye Gon es la muestra más reciente y escandalosa del contubernio de funcionarios mexicanos con la delincuencia organizada.En el más optimista de los escenarios, de un control de las armas provenientes de Estados Unidos, los narcos mexicanos buscarían mercados subterráneos alternos para abastecerse, ya sea en Europa, Asia o África, incluso en América Latina.Según las estimaciones estadunidenses, Aduanas sólo tiene capacidad para monitorear, al azar, el 8% de lo que entra a los recintos fiscales.De ahí que el programa anunciado recientemente por el procurador Eduardo Medina Mora y la secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, Janet Napolitano, para detener el contrabando de armas desde aquel país, esté condenado a ser una medida publicitaria más.La tarea principal del Estado es la seguridad pública, garantizando a los ciudadanos la posesión de sus bienes y, por supuesto, su integridad física. Los cárteles del narcotráfico en México han puesto en jaque al Estado en esa función primordial, además de arrebatarle el control territorial en varias zonas del país.Calderón se enfureció cuando desde Washington, en el Congreso de ese país, se habló de esa parte de la realidad mexicana. Criticó a los estadunidenses por su corrupción y a quienes vienen a hacer "turismo académico", y los retó a ir a cualquier parte del país.Envalentonado como es, Calderón debería llevarse a Obama a la sierra de Sinaloa, Guerrero o Michoacán, a zonas turísticas como Cancún y Zihuatanejo, a destinos coloniales como Zacatecas, Morelia o Durango, o a los barrios de Tijuana y Villahermosa, Tabasco.Así, sin el aparato del Servicio Secreto estadunidense o del Estado Mayor Presidencial, podrían comprobar que ni Los Zetas, La Familia, El Chapo, La Línea, Los Pelones o los Beltrán Leyva tienen control territorial.Es más, según dice Medina Mora, "lento, pero seguro, los cárteles están entrando en un estado de fragmentación y autodestrucción", gracias –dice– a las medidas del gobierno de Calderón. Lástima que ni su principal aliado, Estados Unidos, se la crea.
jcarrasco@proceso.com.mx

G-20 soltó al lobo

El Presidente Evo Morales cuestiona las propuestas del grupo de los 20 países más industrializados y emergentes para enfrentar la crisis mundial / Afirma que la decisión de entregar un millón de millones de dólares al FMI y el Banco Mundial para reactivar la economía es como “poner al lobo al cuidado de las ovejas”.

LA PAZ, Bolivia, 3 de abril (AP).- El Presidente Evo Morales cuestionó las propuestas del G-20 para enfrentar la crisis financiera global y dijo que la decisión de entregar un billón de dólares al FMI y el Banco Mundial para reactivar la economía es como “poner al lobo al cuidado de las ovejas”.“No es posible que los países del capitalismo que han provocado la crisis, ellos mismos quieran dar la solución ahora”, dijo el Mandatario el viernes durante una rueda de prensa con corresponsales.“Que el G-20 ponga un billón de dólares es parte de la especulación financiera. Que ponga esos recursos a manos del FMI y el BM sin que haya profundas reformas es como entregar la plata al lobo y que el lobo cuide a las ovejas. El lobo se va a devorar a las ovejas”, sostuvo.Las soluciones debieran emerger de una Cumbre de Jefes de Estado y Presidentes auspiciada por la ONU porque “problema es de todos los países” pero sobre todo de los menos desarrollados, según el Mandatario.Morales saludó la propuesta de Brasil, Argentina y México de reformar a fondo las instituciones financieras que esos países plantearon en la cumbre de líderes de naciones más industrializadas y principales economías emergentes conocida como G-20 y cuyo encuentro finalizó el jueves en Londres.Propuso crear un nuevo organismo internacional para administrar los recursos financieros con participación de todos los países. También respaldó la postura de Francia y Alemania de “acabar con los paraísos financieros”.Según Morales la solución a la crisis financiera internacional es “acabar con el capitalismo especulativo” y con “el libre mercado”.Acotó que el Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial “siempre condicionan” sus créditos a que los países privaticen sus economías.Reunidos de manera urgente en el momento más complicado para la economía mundial, los líderes del G-20 prometieron el jueves más de un billón de dólares en préstamos de emergencia para evitar que se agrave la crisis, pero rechazaron la propuesta del presidente estadounidense Barack Obama para aplicar un nuevo programa de gastos que estimule la economía. Sin embargo, ningún líder se atrevió a garantizar el éxito de las medidas.Sobre Obama, Morales dijo que el problema es que mantiene las estructuras que heredó de su antecesor George Bush. “Qué bueno sería que controle esas estructuras y que la lucha contra el narcotráfico no se maneje desde Estados Unidos con interés político”.

G-20 ante el mundo

Acentos
Pablo Gómez

“Hacer todo lo que sea necesario” para recuperar las economías del planeta es el gran acuerdo de los veinte Estados que representan el 80 por ciento de la economía mundial. No es poca cosa que se hayan reunido tan poderosos personajes pero tampoco lo es que la crisis en curso haya golpeado a todos los países.
La conclusión no tiene peso económico más que por cuanto el fortalecimiento del FMI y el Banco Mundial –instituciones formadas para otra época y para otra situación–, lo cual tiene por objeto garantizar que los países con problemas de pago cuenten con dinero suficiente para pagar, es decir, que los pobres no dejen de cubrir sus obligaciones con los ricos mediante nuevos préstamos que algún día tendrán que pagar. México ya lo ha hecho, sin necesidad alguna, al anunciarse que hay en el FMI 45 mil millones de dólares para ser usados si acaso la situación lo hace inevitable, lo cual, por cierto, tranquilizó un poco al mercado cambiario, por ahora.
En cuanto a la cancelación de los paraísos fiscales –demanda de los gobiernos de Francia y Alemania— se espera una regulación, cualquier cosa que tal expresión indique, pero de seguro que van a seguir existiendo. Parece que Brown siguió el texto convenido de “la era del secreto bancario ha terminado”, pero agregó de su cosecha una exageración: “Esto es el principio del fin de los paraísos fiscales”. No es fácil que lo del secreto bancario se lo vayan a tomar muy en serio los financieros de la ciudad londinense, los parlamentarios franceses y los banqueros suizos, para no poner énfasis en los financistas del gobierno mexicano. La verdad es que el capitalismo no puede ser reformado –nunca lo fue— sin movimientos sociales y políticos poderosos, capaces de obligar a los Estados a entrar en negociaciones serias.
En realidad, Obama no logró lo que se propuso: inversión pública en Europa a costa de un mayor déficit público. Pero tampoco México se sintió presionado por el mandatario estadunidense, pues Calderón no ha dicho nada sobre la exigencia de aumentar el gasto gubernamental en infraestructura productiva.
En realidad, es natural que no haya acuerdo sino sólo líneas de entendimiento sobre puntos concretos. La intervención del Estado en la economía no es poca cosa para las derechas de todos los países. Mientras el llamado mercado no puede eludir su responsabilidad en la crisis actual y los grandes excedentes de capital han sido sin duda los generadores principales de la recesión y la bancarrota de bancos, las derechas no quieren que el Estado perturbe el capitalismo, aunque plantean que éste funcione bien. Ah, los paraísos fiscales son el problema, dice Sarkozy, lo que no es cierto en general pero sí lo es en alguna medida.
En cuanto a regular los riesgos, la verdad es que eso sí tendrá que hacerse pero sería una decisión de doble filo, que crearía inspectores tanto sobre los grandes fondos como sobre préstamos a las pequeñas empresas.
Hemos tenido una cumbre llena de fotos y con magros resultados, pero eso ya lo sabía todo mundo, digo, el mundo.
pgomez@milenio.com

Dear Mr. President

Dear Mr. President - Pink (Subtítulos en español)
Pink's excellent song, Dear Mr. President, with Spanish subtitles.
Dear Mr. President, a excelente canción de Pink, con subtítulos en español.
La traducción no es literal, precisamente, para que se entienda el mensaje de la mejor manera posible.
Dedicated to the ones who believe a human life is much more precious than a barrel of oil or a piece of land.
Dedicado a todos quienes creen que una vida humana es mucho más valiosa que un barril de petróleo o un pedazo de tierra.

HAY QUE AGREGAR AQUI LA IMAGEN DE FELIPE CALDERON, DEL PEOR AMORAL, APATRIDA Y GENOCIDA E IMBECIL QUE HA ESTADO EN LOS PINOS.



http://www.youtube.com/watch?v=g8yasoBCJ0Q

FASCISMO NEOLIBERAL!

Estrasburgo. Un centenar de opositores la cumbre de OTAN que inicia mañana fueron detenidos tras una protesta que derivó en choques con la policía en Francia. Reuters

Londres. La policía británica realizó esta mañana una redada en dos edificios donde acampaban opositores a la cumbre del G20 y detuvo a otros 80 sospechosos por los disturbios de ayer. Ap

Ineficiencia, opacidad, discrecionalidad, corrupcion, impunidad.........

México SA
*Ineficiencia, opacidad y discrecionalidad en el ejercio presupuestal
*En seguridad no se gastaron casi $2 mil 863 millones

Carlos Fernández-Vega

Es una onerosa tradición del poder público que al país, año tras año, le representa una enorme sangría de dinero y crecimiento, al tiempo que los buenos resultados brillan por su ausencia. Es la vieja historia del ejercicio presupuestal: donde se apriete, brota ineficiencia, derroche, opacidad, discrecionalidad, incumplimiento.
Como cada año, la Auditoría Superior de la Federación divulgó el Informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública, en esta ocasión correspondiente a 2007, el primer año de ejercicio del actual inquilino de Los Pinos y banda que lo acompaña, en los tres niveles de gobierno, cuyo resultado condensado se traduce en casi 61 mil millones de pesos de recursos públicos que terminaron donde no debían.
El organismo lo resume así: “la ASF ha señalado reiteradamente diversas áreas de opacidad y riesgo en el Estado federal mexicano, las cuales requieren ser atendidas con urgencia para avanzar en los procesos de transparencia y rendición de cuentas. Resaltan los subejercicios presupuestales que existen al término de cada año fiscal, así como los que observan los recursos que se transfieren a estados y municipios a través de los Ramos Generales 23 y 33. Los subejercicios generan disponibilidades que, en algunos casos, son transferidas como aportaciones a fondos, fideicomisos o a otras partidas que en ocasiones no están sujetas a control legislativo.
“El círculo vicioso se complementa con la discrecionalidad existente en el manejo de los recursos: excedentes petroleros; donativos y préstamos; estímulos fiscales, permisos y concesiones; enajenación de bienes; remuneraciones a servidores públicos; recuperación de créditos fiscales; castigo de carteras vencidas; derechos de trámite aduanero y fondos y fideicomisos, entre otros. Se observa una insuficiente regulación y supervisión de los actos jurídicos que el Estado federal mexicano delega a particulares, a través de concesiones, permisos, contratos y licencias, principalmente. La vigilancia del Estado federal mexicano debe ser reforzada, pues la rendición de cuentas obliga a todos, y de ella no pueden estar exentos los particulares que reciben autorizaciones para actuar a nombre del Estado, en actividades que les son concesionadas o permitidas, para ofrecer servicios que demanda la sociedad”.
Donde se aprieta, brota, pero por tratarse de una de las mayores preocupaciones ciudadanas, comenzamos la numeralia con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, del que la ASF subraya “la ineficiencia en la procuración de justicia, la baja asignación presupuestaria y el deficiente manejo de los recursos, así como un estado de fuerza insuficiente de los cuerpos policiales en cuanto a su armamento; constituyen importantes factores que propician el crecimiento de delitos.”
En materia presupuestal: de un monto modificado de 6 mil 653 millones de pesos, a diciembre de 2007 no se ejercieron 2 mil 863 millones, 43 por ciento del Fondo de Seguridad Pública. Los ejes estratégicos que mayor nivel de subejercicio presupuestal registraron, en orden de importancia absoluta, fueron: Instancias de Coordinación para el Combate al Narcomenudeo; Red Nacional de Telecomunicaciones; Infraestructura para la Seguridad Pública; y Equipamiento para la Seguridad Pública. Algunas entidades que registraron porcentajes de subejercicio entre 43 y 68 por ciento, como Tabasco, Sinaloa, Aguascalientes, Chihuahua, Durango y Michoacán, también mostraron una elevación de sus índices delictivos, que osciló entre 15 y 121 por ciento.
Se documentó que en la medida en que las entidades federativas asignan a la seguridad pública mayores recursos como proporción de sus presupuestos totales, el crecimiento de la incidencia delictiva disminuye. Contrariamente a lo anterior, y en cuanto al estado de fuerza, se observó que en aquellas entidades donde el total de elementos preventivos por cada 100 mil habitantes es mayor a la media nacional, la tasa de crecimiento del índice delictivo tiende a elevarse; esto es, a más policías, mayor número de delitos. Sin embargo, en las entidades que rebasaron el promedio nacional de elementos con licencia oficial colectiva para portar armas, la delincuencia se redujo. Al respecto, 36.1 por ciento de los 245 mil 211 policías preventivos operativos no había cubierto los requisitos por la Secretaría de la Defensa para portar armas.
Más de 50 por ciento del personal policial preventivo a nivel nacional no está calificado para ejercer eficientemente sus funciones; así por ejemplo: uno de cada cinco policías tiene una formación escolar inferior al nivel básico y sólo tres de cada 10 superan ese nivel; se presenta un sobrepeso que en promedio es de 10 kilogramos; pocos policías se encuentran en buenas condiciones de salud; y más de 14 por ciento registró algún trastorno sicológico, todo lo cual significa un riesgo a su entorno social, personal o laboral. Por su parte, las evaluaciones de control de confianza se aplicaron a sólo 32.2 por ciento del total de policías preventivos, ya que, en promedio, las entidades federativas aplicaron únicamente tres de las siete evaluaciones establecidas en los convenios; a ese ritmo, se necesitarían más de dos años para evaluar a la totalidad del personal.
El número de armas adquiridas en las 31 entidades federativas representó 2.2 por ciento de las requeridas por los 158 mil 245 policías autorizados para portarlas y 17 entidades no compraron armas. Por consiguiente, se requerirían más de 44 años para renovar el armamento de la policía preventiva facultada. En 28 entidades federativas no se evidenció la realización de prácticas de tiro; sólo en tres de ellas se documentó su realización y su frecuencia fue mínima: una vez al año. Por cuanto a la capacitación, los policías que participaron en el proceso representaron 28.9 por ciento del total; esto es, sólo tres de cada 10 elementos se capacitó.
En relación a la infraestructura penitenciaria, 22 entidades federativas no contaron con la capacidad suficiente, ya que registran sobrepoblación. En todo el país, el número de internos en los centros de readaptación social rebasan en 28.1 por ciento a la capacidad instalada.
Las rebanadas del pastel
Qué bueno que la seguridad pública es la prioridad, en el discurso. El lunes seguimos con el tema y otras áreas igual de eficientes.
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