Rafael Correa con el agua al cuello

Barómetro Internacional

Movilizaciones indígenas contra la ley de recursos hídricos

Ernesto Tamara.

Una resolución del la Corte Constitucional y las amplias movilizaciones indígenas ecuatorianas, obligaron a la Asamblea Nacional a suspender la aprobación de la llamada ”Ley de Aguas” y realizar consultas populares en un plazo de 5 meses. El presidente Rafael Correa aceptó sin mucho entusiasmo el aplazamiento y la consulta popular, al tiempo que criticó la postura de la organización indígena la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), a la que acusó de estar financiada desde el exterior para promover la desestabilización y apropiarse de los recursos naturales.

Desde principios de este año la CONAIE está prácticamente en guerra con el gobierno de Rafael Correa y su ”socialismo del siglo XXI”, y aunque el gobierno sostiene que esa organización no representa a la totalidad de los pueblos originarios, el papel de esa organización, y otras similares, ha sido fundamental en el fin de los gobiernos de los presidentes Abdalá Bucarán, en 1997, y Jamil Mahuad, en 2000.

La suspensión

Cuando a principios de este mes la Asamblea Nacional se preparaba para debatir los últimos aspectos de la ley de agua, las organizaciones indígenas se movilizaron en todo el país, cortando rutas y marchando a la capital, rodeando la sede del poder legislativo. En estas protestas se produjeron choques entre manifestantes y policías, con un saldo de al menos 20 lesionados y 19 detenidos.

Finalmente, el jueves 13, cuando se esperaba que la Asamblea iba a poner a consideración del plenario la aprobación de la ley, el presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, presentó una moción para suspender la votación, y realizar consultas con las comunidades, pueblos y nacionalidades. La decisión anunciada por Cordero, obedecía a un planteo de la Corte Constitucional que advertía la necesidad de la consulta previa a la sanción de cualquier ley que afecte a las comunidades indígenas.

El fallo de la Corte Constitucional, tras una consulta sobre la ley de minería, establece que los indígenas deben ser consultados antes de la adopción de leyes que puedan afectar sus derechos colectivos. Cordero evocó esa obligación para evitar que la ley sea declarada ilegal por "vicios de procedimiento" y negó que sea "un as bajo la manga" para desactivar las movilizaciones. Cordero señaló a su vez que el plazo legal para ese proceso es de cinco meses y garantizó que "todas las comunidades van a ser informadas y consultadas".

A su vez, el viceministro de los Pueblos (a cargo de la política indígena), Orlando Pérez, dijo que "si es que se aprueba la ley tal como está en este momento, sin ese previo proceso de consulta “(...), tendría un carácter inconstitucional". Pérez consideró que el fallo "es una gran oportunidad política para el país para que en esta y otras leyes no tengamos que estar a expensas del protagonismo, el exhibicionismo y el radicalismo innecesario".

Por su parte, la ministra coordinadora de la Política, Doris Soliz, dijo que la decisión de la Asamblea Nacional de postergar la votación del proyecto de Ley de Recursos Hídricos es una oportunidad adicional para continuar con el proceso de socialización y consulta sobre los temas que más preocupan a las organizaciones indígenas y campesinas. Según la Ministra Soliz, el fallo de la Corte Constitucional también se aplicará para las otras leyes que están en trámite y que tienen que ver con los derechos colectivos. Recordó que esta resolución de la Corte Constitucional se encuentra publicada en el Registro Oficial y que fue emitido en función del pedido de inconstitucionalidad de la Ley Minera.

La Secretaria de Estado recordó que un mandato de la Corte Constitucional establece mecanismos específicos de consulta a las comunidades, de los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y montubios. La Secretaria de Estado comentó que la consulta se realizará según el registro de organizaciones sociales y con preguntas específicas de aquellos aspectos de la ley de aguas y de todas las leyes que tengan componentes sobre derechos colectivos. El Consejo Nacional Electoral será la entidad encargada de realizar la consulta y participarán todas las entidades que consta en el registro de organizaciones indígenas, afroecuatorianas y montubias del país. Soliz, dijo que el Ejecutivo acogió de buena manera el planteamiento de Cordero porque permite abrir el debate del tema y evita a futuro eventuales demandas de inconstitucionalidad. “El Presidente ha señalado que es fundamental hacerlo (consultas) porque si no podría ser consideraba inconstitucional”, reiteró.

El presidente Correa, que se reunió con los legisladores de Alianza País en la sede de gobierno para analizar la situación y preparar la estrategia futura, aceptó la consulta, aunque previamente había criticado la demora de la Asamblea Nacional en aprobar la ley. En una audición radial la semana pasada, Correa descalificó la protesta indígena. "¿Qué elección ha ganado la CONAIE que quiere manejar el agua?" preguntó. Sólo son "1.500 personas las que quieren generar el caos en el país", añadió. La dirigencia indígena "no tiene capacidad de movilización, la mayoría del pueblo está con nosotros. Ellos se movilizan financiados por fundaciones extranjeras", sostuvo Correa. "El agua no es de la CONAIE, sino de todos", insistió Correa, al criticar el punto central de las demandas indígenas: la composición y facultades que tendrá el organismo encargado de las políticas hídricas. Para el mandatario, las cúpulas de las organizaciones indígenas pretenden manejar la distribución del agua a través de un consejo plurinacional con facultades amplias.

Consulta debe ser vinculante

En tanto las organizaciones indígenas reclaman que la consulta sobre la ley de agua debe ser vinculante, y no como sostiene el gobierno sólo consultiva mientras la resolución queda en el legislativo. Marlon Santi, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), enfatizó que el día en que se realice la consulta, tanto él como los dirigentes indígenas estarán en sus respectivas tierras para responder a las preguntas. Santi consideró que la suspensión de la votación y la consulta sólo buscan desmovilizar a los indígenas. "Solo se trata de una estratagema del gobierno" para aprobar la ley dentro de unas semanas, cuando se desmovilicen los nativos que se oponen al proyecto. "El movimiento indígena está unido, y no vamos a desmovilizarnos. Estaremos vigilantes a lo que decida el gobierno", dijo Santi.

De la misma opinión fue la legisladora e indígena shuar, Diana Atamaint, del partido Pachakutik, "el oficialismo no tiene los votos, pues de lo contrario hubieran entrado a votar", opinó. Atamaint mencionó que otra causa para la postergación del voto fue la movilización y la unidad de los movimientos indígenas. De la misma opinión fue su compañero de partido, Jerónimo Yantalema. Según Yantelema, la moción de Cordero demuestra que no había votos para aprobar el informe de segundo debate sobre la Ley de Aguas, y que esa iniciativa el presidente de la Asamblea intenta detener la movilización indígena y permitir que el Ejecutivo entre a la campaña directa sobre la consulta. A su vez, la diputada opositora Cynthia Viteri, dijo que “será el presidente Correa quien se subirá nuevamente a las tarimas para dividir al movimiento indígena y lograr su objetivo de aprobar la autoridad única del agua”.

Una vez conocido el aplazamiento de la votación, los líderes de la CONAIE, de la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN) y del Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicas del Ecuador (FEINE) emitieron un comunicado en el que insistieron en la unidad y ratificaron "la radicalización de la movilización nacional en defensa de la vida y el agua".

Las críticas de los indígenas

Las organizaciones indígenas critican algunos aspectos de la llamada ley del agua ya que sostienen no es clara en sus resoluciones, y fundamentalmente, porque deja en manos de un organismo del Estado, a crearse, la disposición de los recursos hídricos en sus territorios. En este aspecto, la CONAIE ha sido la más clara en sostener que esos recursos sólo pueden ser administrados por las comunidades indígenas, y no por el Estado ecuatoriano. En un comentario a la ley, divulgado a principios de este mes, la CONAIE sostiene que ”existe contradicción del art. 17, por un lado se manifiesta que serán responsables del manejo sustentable de las fuentes los propietarios de los predios y por otro lado se menciona que el predio en que se encuentra una fuente, cualquiera que sea su propietario queda afectado. Los predios incluidos los territorios indígenas podrían ser afectados y las limitaciones serian dispuestas en el reglamento”.

También se cuestiona que la consulta a la comunidad sobre el uso del recurso hídrico, ”está supeditada a lo que disponga la autoridad única del agua y esta definirá que la consulta se realizara solo en casos relevantes, además se dispone que la consulta estará supeditada a la ley de participación ciudadana y se deja a disponibilidad de la autoridad del agua para que valore dicha consulta antes de la emisión de la resolución de autorización para fines productivos”. Asimismo rechazan que el respeto al ”sistema legal indígena queda reducido a la resolución que emitiría la autoridad de demarcación hídrica, atenta el principio constitucional Art. 171”.

Otro aspecto cuestionado es que la nueva ”Autoridad Unica del Agua” no acepta el principio del carácter Plurinacional del Estado.

Al mismo tiempo se cuestionan otros aspectos no definidos sobre el aprovechamiento del agua para actividades productivas, así como la transferencia del uso del agua con la venta de la tierra. El documento de CONAIE sostiene que: ”Si no se cumple con las disposiciones transitorias de la constitución el acaparamiento legal e ilegal del agua no se altera y la ley permitirá la vigencia de un modelo injusto, realidad que esta ley inclusive manifiesta de manera contradictoria al establecer que existe prohibición de transferencia y a reglón seguido permite por excepción la posibilidad de transferir la autorización del agua junto a la venta de la tierra”.

En otros ámbitos, las organizaciones indígenas cuestionan también que se permite que empresas privadas envasen y vendan agua, recursos que, sostienen, debe ser gratuito.

El gobierno cuestiona planteos indígenas

La ministra coordinadora de la Política, Doris Soliz, estuvo muy activa en responder a las críticas del movimiento indígena. La ministra dijo que varios planteamientos de los dirigentes indígenas agrupados en la CONAIE son inconstitucionales y, por lo tanto, no pueden ser materia de discusión en el proyecto de ley de Recursos Hídricos. Una de estas propuestas inconstitucionales, según Soliz, es que sea el Consejo Plurinacional el organismo encargado de la regulación y administración del recurso hídrico. La propuesta del Ejecutivo es que estas atribuciones sean de la Autoridad Única del Agua. La ministra Soliz explicó que según el literal 3 del artículo 147 de la Constitución “le corresponde al Presidente o Presidenta de la República definir y dirigir las políticas públicas de la Función Ejecutiva”, por lo que no puede recaer esa potestad en el Consejo Plurinacional.

La ministra también dijo que otra propuesta inconstitucional es que se prohíba la participación de la empresa privada en la gestión del recurso. La razón es que, según el inciso segundo del artículo 283, “el sistema económico se integrará por las formas de organización económica publica, privada, mixta, popular y solidaria”. “Con este artículo constitucional no se puede eliminar la participación de las empresas privadas, como las envasadoras, etc.”, comentó la ministra Soliz. También recordó que, conforme establece el artículo 316 de la Constitución, “…el Estado podrá, de forma excepcional, delegar a la iniciativa privada y a la economía popular y solidaria, el ejercicio de estas actividades, en los casos que establezca la ley”.

Levantamiento plurinacional

En febrero de este año la CONAIE decidió dar por concluido el diálogo con el gobierno ante lo que consideraban ”falta de voluntad política, irrespeto a los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas, y por no existir ningún resultado en el proceso”.La resolución de la Asamblea Extraordinaria del 25 y 26 de febrero, acusaba ”al gobierno de la “revolución ciudadana” y del “socialismo del siglo XXI”, de no haber ”modificado el Estado Colonial y seguir fortaleciendo el modelo neoliberal capitalista, traicionando al pueblo ecuatoriano, a las comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades indígenas, afro ecuatorianos y montubios”.

En una casi declaración de guerra contra el gobierno, la CONAIE resolvió convocar a un ”levantamiento plurinacional, en articulación con los distintos sectores sociales, precedido de acciones y movilizaciones concretas, en contra de las políticas neoliberales y extractivistas aplicadas por el gobierno de Rafael Correa”. Ya entonces anunciaban que desconocerían el proyecto de regulación de los recursos hídricos del país y las estructuras que se anunciaban.

La resolución iba incluso más allá al anunciar que iban a promover ”ejercer el proceso organizativo de cada una de las nacionalidades y pueblos indígenas desde las bases, ejerciendo nuestras formas propias de gobierno de conformidad con los Derechos Colectivos y nuestro derecho propio”, en un claro desconocimiento del Estado y del gobierno de Correa. Entonces también anunciaban que iban a “asumir el manejo de todas las reservas nacionales: parques, bosques, páramos y territorios de las nacionalidades y pueblos”, y desconocer y rechazar ”todas las leyes que la Asamblea Nacional viene aprobando, ya que éstas no reconocen el carácter Plurinacional del Estado que han sido elaborados sin la consulta y participación de todos los sectores, desconociendo lo establecido en la Constitución de las República y en los instrumentos internacionales”.

La declaración no dejaba mucho margen al gobierno del Movimiento País al que acusaba de promover un ”proceso sistemático de división, xenofobia, odio y racismo”. Junto al desconocimiento de las instancias promovidas por el gobierno de consulta con las comunidades indígenas, que consideraban inconsultas, prácticamente proclamaban una separación del Estado ecuatoriano. Esa resolución establecía que las organizaciones indígenas prohibían ”el ingreso y la intromisión de las autoridades gubernamentales en las tierras y territorios indígenas, en ejercicio de nuestros derechos colectivos, justicia indígena y derecho propio”. Al mismo tiempo, declaraban ”nulas las adjudicaciones, concesiones y autorizaciones mineras, petroleras, madereras, servicios ambientales, farmacéuticos e hidroeléctricos, manglares, realizadas por parte del estado ecuatoriano en nuestras tierras y territorios ancestrales”.

En la misma línea reclamaban la expulsión de las empresas mineras, petroleras o madereras, nacionales y extranjeras, de los territorios donde se encuentran pueblos en aislamiento voluntario.

ernestotamara@gmail.com