Los fideicomisos

Cordero. Discrecionalidad.

Ernesto Villanueva

MÉXICO, D.F., 17 de septiembre.- El informe del ejercicio del gasto público que envía la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la Cámara de Diputados reproduce la gran discrecionalidad con la que se manejan los fideicomisos y nos recuerda la imperiosa necesidad de proceder a regular exhaustivamente esta forma de ejercer el presupuesto federal. Veamos.

Primero. El grupo temático más amplio de los fideicomisos al 30 de julio del presente año corresponde al rubro de pensiones (31.6%), el cual tiene una disponibilidad de 123 mil 231.4 millones de pesos para mandos superiores o equivalentes de organismos descentralizados, entre ellos varios bancos estatales en proceso de extinción, como Banrural, Banobras y Bancomext. Por el contrario, el fideicomiso creado en 2008 para el pago de “beneficios” a los deudos de militares caídos en la lucha contra el crimen organizado asciende a 232 millones de pesos. Así, hasta la fecha indicada se habían pagado 72 “beneficios” por 180 mil pesos cada uno. Prácticamente la vida de un oficial militar equivale a dos meses promedio de un pensionado de Banobras. Asimismo, el Instituto Mexicano del Petróleo, una pequeñísima entidad paraestatal, tiene, por ejemplo, un fideicomiso para pensiones con una disponibilidad de 611 millones de pesos. Ello pone de relieve la poca importancia que, comparativamente, el gobierno de Calderón da a la vida de los militares y a sus familias.

En el colmo del absurdo, el gobierno de Calderón destina mayores recursos para “apoyos financieros” a los empresarios que a la seguridad económica de las familias de los militares, toda vez que, por ejemplo, a la fecha el fideicomiso de fomento industrial dispone de 258 millones 692 mil pesos destinados a las pequeñas y medianas empresas, para el impulso de las cuales el gobierno federal funge como aval en la contratación de los créditos que requieren.

Segundo. Llama la atención cómo se busca financiar a las empresas privadas para que realicen proyectos que, en todo caso, debería emprender el gobierno federal mediante sus múltiples dependencias y entidades. En esa lógica se inscribe el fideicomiso privado “Gonzalo Río Arronte y Fomento Social Banamex”, el cual tiene una disponibilidad de 48 millones de pesos bajo el concepto de “subsidios y apoyos” destinados a “lograr mejores condiciones de salud de los escolares, con énfasis en los grupos indígenas, rurales y urbanos de bajos recursos”. En otras palabras, esto se ha convertido en un negocio redondo para los grandes empresarios, habida cuenta que, por un lado, reciben dinero del erario para actividades sociales y, por el otro, ese mismo dinero lo deducen del pago de impuestos.

Y es que el gobierno mexicano es en verdad generoso. Tiene un fideicomiso con el que, bajo el rubro “apoyos financieros”, se otorgaron mil 229 millones de pesos a la Fundación Rockefeller, Fomento cultural Banamex, para “apoyar intercambios culturales”. De acuerdo con los datos oficiales, una vez ejercidos tales recursos, se encuentra en proceso de extinción el fideicomiso referido. También se ha creado un fideicomiso para “recompensas” con una disponibilidad de mil 500 millones de pesos. De allí se pagaron, este año, dos recompensas por información “valiosa” para detener a presuntos responsables de la comisión de delitos federales. En el rubro de donativos, el gobierno de Calderón es congruente con su política de repartir dinero entre quienes no lo necesitan. Así se explica cómo la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales otorgó un donativo a TV Azteca, para la campaña “Limpiemos nuestro México”, por 4 millones 800 mil pesos.

Tercero. Es necesario reiterar lo que he señalado en estas páginas sobre la fiscalización y vigilancia del gasto público. La creación de fideicomisos e instrumentos análogos sigue siendo una salida hacia la opacidad que incentiva la corrupción y la impunidad. Hay que eliminar el secreto fiduciario cuando se trate de fideicomisos públicos. Lo mismo habría que señalar por lo que hace a los donativos. Deben establecerse reglas de operación racionales y con el concurso de la sociedad para evitar que el mundo de lo absurdo siga gozando de cabal salud. Es indispensable ampliar las facultades de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación; es preciso incrementar el presupuesto etiquetado para labores de auditoría y, por supuesto, brindar las garantías jurídicas para que en el desempeño de su labor los servidores públicos de la Auditoría Superior no estén sujetos a presiones políticas, que suelen inhibir acciones de largo aliento.

En los estados de la federación se impone igualmente hacer una cirugía mayor en el diseño institucional, pues en buena parte de ellos la opacidad, la colusión, la corrupción y la impunidad son la regla general. Rafael Moreno Valle, en Puebla; Gabino Cué, en Oaxaca, y Mario López Valdés, en Sinaloa, tienen la oportunidad de desmontar las bases de la simulación, acción indispensable para iniciar la construcción de un régimen democrático. Veremos.

evillanueva99@yahoo.com