Como parte del plan sexenal del gobierno de Felipe Calderón, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes privatiza tramos carreteros con alto aforo vehicular que, además de mermar las arcas públicas, dejará sin empleo a cientos de trabajadores de diversos puntos del país. La reprivatización y los despidos se operan en Michoacán actualmente.
Michoacán. En los siguientes meses, en el estado natal del “presidente del empleo”, 300 trabajadores, en su mayoría jefes de familia, quedarán desempleados una vez que se consuma la reprivatización de algunos caminos y autopistas federales de esta entidad, cuya adjudicación, según la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), se disputan 20 compañías nacionales y extranjeras en la licitación 00009076-002-10, del llamado Paquete Michoacán.
Mientras se desahoga el concurso, cuyo fallo se dará a conocer el próximo 30 de noviembre, se ejecutan los despidos de personal administrativo, cajeros, intendencia y mantenimiento, en su mayoría trabajadores con antigüedad de ocho a 10 años. Sin mayor explicación por parte de sus jefes, simplemente reciben la notificación de que el empleo para ellos se terminó.
Se pretende, explica una fuente de la SCT que pide el anonimato, entregar a la concesionaria –el 5 de marzo próximo– las carreteras “libres” de todo gravamen, incluido el pasivo laboral.
Cuando Contralínea se entrevista con los trabajadores, recién despidieron a doña Rosa, una viuda de 45 años de edad, único sostén de tres hijos. Quince mil pesos de liquidación y un hasta nunca por 2 mil 920 días limpiando sanitarios, casetas, recogiendo basura; también a Magdalena, madre soltera oriunda de Pátzcuaro con dos hijos en la escuela primaria, y al cajero Damián, con sus cinco bocas que alimentar.
A medida que avanza la licitación, se cancelan plazas administrativas y operativas. Enviar a los trabajadores a casetas “de castigo”, es decir, muy alejadas de su lugar de residencia, sin transporte y en puntos identificados como de alto riesgo por la presencia de la delincuencia organizada, ha sido la fórmula para que acepten su “retiro”.
Desde que en la prensa local se enteraron de que la SCT “concesionará” su fuente de empleo durante los siguientes 30 años, estos trabajadores viven en estrés permanente. Con una gran zozobra, comienzan y acaban su turno en la incertidumbre laboral. Es por boca de Andrea que hablan de su futuro inmediato: “En este país, tener empleo es la gloria. Lo que nos espera es un infierno”. Andrea con sus tres hijos y sus centenares de compañeros con los propios en el umbral del desempleo son la otra cara de las privatizaciones.
Proyecto calderonista
Desde que inició su gobierno, Felipe Calderón se planteó como objetivo reprivatizar las carreteras que sus predecesores “rescataron” con el dinero público mediante el Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas (Farac), constituido y administrado por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras).
Aunque su reprivatización incluye no sólo las 23 carreteras rescatadas en 1997, sino otras 20 autopistas que entre 2001 y 2006, al margen del Legislativo, desincorporó el gobierno federal, trasladando dichos tramos al Farac. Como director de Banobras (2003), Calderón Hinojosa operó parte de esas desincorporaciones que tenían como objeto la futura privatización (Contralínea 73).
Así lo proyectó en su Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012, en el que argumenta que regresar las carreteras a la iniciativa privada, mediante el esquema que denomina “aprovechamiento de activos”, generará ingresos “para la construcción de nuevas carreteras”.
Pero omite que los caminos y puentes de cuota son una fuente considerable de ingresos para las arcas públicas, aunado a que las autopistas que reprivatiza la SCT, mediante concesiones por 30 años (con la posibilidad de renovarse), están identificadas por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (Cesop), de la Cámara de Diputados, como las más redituables del país.
Los tramos rescatados en 1997 más los que posteriormente se desincorporaron representan el 91 por ciento de la infraestructura de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe). En términos económicos, según el Cesop, alcanzan el 74 por ciento del aforo total del país.
En este esquema, aunque los activos estén privatizados, el Estado seguirá con la deuda pública del “rescate carretero” que, a 12 años de su decreto, asciende a más de 180 mil millones de pesos, tres veces más desde aquel 27 de agosto, cuando Ernesto Zedillo anunció que se asumía como deuda pública el pasivo de un reducido grupo de concesionarios constructores: 58 mil 123 millones de pesos mediante el Programa de Rescate Carretero y los Pagarés de Indemnización de Carreteras. Tan sólo en intereses, se han pagado más de 100 mil millones de pesos.
Concesiones irregulares
En 2007, la SCT repartió las carreteras en paquetes –Noreste, México-Bajío, Michoacán, Sureste, Golfo de México y Del Sol– para privatizarse bajo la figura de Concesión de Aprovechamiento de Activos.
Paquete Michoacán, otra ganga
En mayo pasado, la SCT publicó la licitación internacional 00009076-002-10 que otorga “una concesión de jurisdicción federal para construir, operar, explotar, conservar y mantener diversos tramos carreteros que integran el Paquete Michoacán”.
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