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sábado, octubre 30, 2010

SCT privatiza las carreteras más rentables

Avanza reprivatización carretera de Felipe Calderón

Como parte del plan sexenal del gobierno de Felipe Calderón, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes privatiza tramos carreteros con alto aforo vehicular que, además de mermar las arcas públicas, dejará sin empleo a cientos de trabajadores de diversos puntos del país. La reprivatización y los despidos se operan en Michoacán actualmente.

Michoacán. En los siguientes meses, en el estado natal del “presidente del empleo”, 300 trabajadores, en su mayoría jefes de familia, quedarán desempleados una vez que se consuma la reprivatización de algunos caminos y autopistas federales de esta entidad, cuya adjudicación, según la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), se disputan 20 compañías nacionales y extranjeras en la licitación 00009076-002-10, del llamado Paquete Michoacán.

Mientras se desahoga el concurso, cuyo fallo se dará a conocer el próximo 30 de noviembre, se ejecutan los despidos de personal administrativo, cajeros, intendencia y mantenimiento, en su mayoría trabajadores con antigüedad de ocho a 10 años. Sin mayor explicación por parte de sus jefes, simplemente reciben la notificación de que el empleo para ellos se terminó.

Se pretende, explica una fuente de la SCT que pide el anonimato, entregar a la concesionaria –el 5 de marzo próximo– las carreteras “libres” de todo gravamen, incluido el pasivo laboral.

Cuando Contralínea se entrevista con los trabajadores, recién despidieron a doña Rosa, una viuda de 45 años de edad, único sostén de tres hijos. Quince mil pesos de liquidación y un hasta nunca por 2 mil 920 días limpiando sanitarios, casetas, recogiendo basura; también a Magdalena, madre soltera oriunda de Pátzcuaro con dos hijos en la escuela primaria, y al cajero Damián, con sus cinco bocas que alimentar.

A medida que avanza la licitación, se cancelan plazas administrativas y operativas. Enviar a los trabajadores a casetas “de castigo”, es decir, muy alejadas de su lugar de residencia, sin transporte y en puntos identificados como de alto riesgo por la presencia de la delincuencia organizada, ha sido la fórmula para que acepten su “retiro”.

Desde que en la prensa local se enteraron de que la SCT “concesionará” su fuente de empleo durante los siguientes 30 años, estos trabajadores viven en estrés permanente. Con una gran zozobra, comienzan y acaban su turno en la incertidumbre laboral. Es por boca de Andrea que hablan de su futuro inmediato: “En este país, tener empleo es la gloria. Lo que nos espera es un infierno”. Andrea con sus tres hijos y sus centenares de compañeros con los propios en el umbral del desempleo son la otra cara de las privatizaciones.


Proyecto calderonista

Desde que inició su gobierno, Felipe Calderón se planteó como objetivo reprivatizar las carreteras que sus predecesores “rescataron” con el dinero público mediante el Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas (Farac), constituido y administrado por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras).

Aunque su reprivatización incluye no sólo las 23 carreteras rescatadas en 1997, sino otras 20 autopistas que entre 2001 y 2006, al margen del Legislativo, desincorporó el gobierno federal, trasladando dichos tramos al Farac. Como director de Banobras (2003), Calderón Hinojosa operó parte de esas desincorporaciones que tenían como objeto la futura privatización (Contralínea 73).

Así lo proyectó en su Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012, en el que argumenta que regresar las carreteras a la iniciativa privada, mediante el esquema que denomina “aprovechamiento de activos”, generará ingresos “para la construcción de nuevas carreteras”.

Pero omite que los caminos y puentes de cuota son una fuente considerable de ingresos para las arcas públicas, aunado a que las autopistas que reprivatiza la SCT, mediante concesiones por 30 años (con la posibilidad de renovarse), están identificadas por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (Cesop), de la Cámara de Diputados, como las más redituables del país.

Los tramos rescatados en 1997 más los que posteriormente se desincorporaron representan el 91 por ciento de la infraestructura de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe). En términos económicos, según el Cesop, alcanzan el 74 por ciento del aforo total del país.

En este esquema, aunque los activos estén privatizados, el Estado seguirá con la deuda pública del “rescate carretero” que, a 12 años de su decreto, asciende a más de 180 mil millones de pesos, tres veces más desde aquel 27 de agosto, cuando Ernesto Zedillo anunció que se asumía como deuda pública el pasivo de un reducido grupo de concesionarios constructores: 58 mil 123 millones de pesos mediante el Programa de Rescate Carretero y los Pagarés de Indemnización de Carreteras. Tan sólo en intereses, se han pagado más de 100 mil millones de pesos.

Concesiones irregulares

En 2007, la SCT repartió las carreteras en paquetes –Noreste, México-Bajío, Michoacán, Sureste, Golfo de México y Del Sol– para privatizarse bajo la figura de Concesión de Aprovechamiento de Activos.

Paquete Michoacán, otra ganga

En mayo pasado, la SCT publicó la licitación internacional 00009076-002-10 que otorga “una concesión de jurisdicción federal para construir, operar, explotar, conservar y mantener diversos tramos carreteros que integran el Paquete Michoacán”.

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domingo, septiembre 12, 2010

Suárez Coppel, artífice de la quiebra de Pemex

Información de la Secretaría de la Función Pública clasificada como confidencial, a la que Contralínea tuvo acceso, arroja pistas sobre el supuesto desvío de recursos a inversiones ruinosas que realizó o encubrió el ahora director general de Pemex, Juan José Suárez Coppel, cuando se desempeñaba como director de Finanzas de la paraestatal. Al interior de la empresa, el tema se maneja como “secreto de Estado”

La Secretaría de la Función Pública (SFP) investiga irregulares manejos del Fondo Laboral de Pensiones (Folape) y el Fideicomiso de Cobertura Laboral y de Vivienda (Ficolavi) –actualmente, Sistema de Financiamiento de Vivienda (Sifivi)–, registradas durante la gestión de Suárez Coppel como director Corporativo de Finanzas de Petróleos Mexicanos (Pemex), cuando manejó históricos ingresos que no se reflejaron en las finanzas de la petrolera. Tan sólo los excedentes petroleros sumaron más de 1 billón de pesos.

Al amparo del secreto fiduciario, figura con la que se administran los recursos de los dos fondos de Pemex, Juan José Suárez Coppel mantiene blindado su manejo a todo escrutinio, incluso el interno, pues el tema prácticamente es tabú de las reuniones del Consejo de Administración. Pese a que el dinero que administra es público, argumenta que dichos fideicomisos son “privados”. Sin embargo hoy, no sólo la SFP revisa los fondos de Pemex.

Hacia ambos fondos se han canalizado multimillonarios recursos para, supuestamente, dar cobertura a las prestaciones del contrato colectivo de trabajo del sindicato petrolero, el más caro del país, cuyo fondo de pensiones, entre el salario y prestaciones, es con mucho superior al del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Las pesquisas en la SFP apuntan a inversiones “ruinosas” en fondos carreteros y títulos de deuda hipotecaria y otras operaciones bursátiles de alto riesgo, a las que se habría destinado dinero de los fondos de pensión de los trabajadores de la petrolera, en un mecanismo similar al empleado por Juan Molinar Horcasitas, quien, como director del IMSS, invirtió las pensiones en deuda de la quebrada hipotecaria Metrofinanciera.

El caso de Pemex es mucho más grave, plantea el exprocurador fiscal Gabriel Reyes Orona, pues “generó uno de los grandes hoyos negros que hoy tienen las finanzas de Pemex”. La magnitud: “Es el quebranto del principal fondo de pensiones del país. Aunque Suárez Coppel lo ha mantenido oculto, en unos años ya no podrá esconderse, simplemente estallará el problema”.

Por instrucciones de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realiza también auditorías, cuyos resultados se darán a conocer en febrero próximo.

La diputada Esthela Damian Peralta, presidenta de la Comisión, adelanta a Contralínea que las auditorías evidencian que el dinero de Pemex “se está manejando cada vez con menos transparencia. Es decir, “hay más corrupción y menos rendición de cuentas”. Agrega que “los resultados que tenemos hasta ahora son muy delicados en materia de corrupción. Se están presentando graves inconsistencias”.

Al subrepticio manejo que Juan José Suárez Coppel hizo de los fondos de Pemex como director Corporativo de Finanzas –en los años de la bonanza petrolera– y actualmente como director general, se atribuye parte del colapso al que, según el senador Francisco Labastida, se enfila la petrolera.

La denuncia pública de Francisco Labastida Ochoa, presidente de la Comisión de Energía del Senado de la República, de que Pemex se enfila hacia un colapso, encendió la alerta en el Legislativo para urgir una revisión de las finanzas de la paraestatal; azuzada también por las declaraciones de Juan José Suárez Coppel de que, por primera vez en su historia, Pemex comienza a importar crudo.

Fideicomisos privados

El Ficolavi fue constituido como fideicomiso en 1989, identificado con el número F/21042 o F/21042-7, con Pemex como fideicomitente, diversos trabajadores sindicalizados (jubilados y activos) como fideicomisarios y Santander como fiduciaria –posteriormente se cambió a BBVA Bancomer.

El Folape fue constituido como fideicomiso (F/29564) el 1 de junio de 1998 por Pemex y sus organismos subsidiarios, como fideicomitentes, y Bancomer, SA, como fiduciario. Éste concentra transferencias presupuestales destinadas a las jubilaciones, transferencias del fondo de compactación y los ingresos por la venta de activos improductivos, entre otras fuentes de ingreso.

Según las reglas de operación de los fideicomisos, el traslado de recursos a inversiones o proyectos ajenos a su naturaleza contraviene la normatividad, lo que implica responsabilidades administrativas tanto de los funcionarios que lo autorizaron como de quienes han dado visto bueno a este tipo de operaciones, explica el diputado Mario Di Costanzo, integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

“Implica también la violación a la Ley Orgánica de la Administración Pública”.

El expediente de la SFP destaca la compra de títulos carreteros adquiridos para financiar, a cuenta de Pemex, obras carreteras privadas que entraron al esquema de privatización de Carlos Salinas de Gortari; refinanciadas luego con dinero del erario por Ernesto Zedillo y Vicente Fox mediante el Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas (Farac), y que hoy nuevamente reprivatiza Felipe Calderón.

La mano de Gil Díaz

Gabriel Reyes Orona, exprocurador fiscal, dice que al asumir la Dirección Corporativa de Pemex, Juan José Suárez Coppel encubrió el desvío del dinero de los fideicomisos a las inversiones ruinosas de los fondos carreteros, porque éstos eran manejados desde la Secretaría de Hacienda por Francisco Gil Díaz. Entre 1988 y 1994, cuando se gestó la privatización y luego el rescate carretero, Gil Díaz fungía como subsecretario de Hacienda.

Artífice de la creación de numerosos fideicomisos para manejar los recursos públicos sin rendir cuentas y escudándose en el secreto fiduciario ya como secretario de Hacienda, Gil Díaz es pieza clave del secretismo en el manejo del dinero del Ficolavi y Folape en la bonanza petrolera de Vicente Fox.

En ese periodo (2001-2006), Gil Díaz tuvo voz y voto como titular de Hacienda y a la vez integrante del Consejo de Administración de Pemex, y también a través de su excoordinador de asesores, Suárez Coppel, a quien en febrero de 2001 le encargó el manejo financiero de Pemex.

En Banobras, fiduciario y fideicomitente del fondo carretero, fungía además como presidente del Consejo Directivo.

Suárez Coppel trasladó a la paraestatal el mismo esquema de multiplicidad de fideicomisos, traducidos en multiplicidad de cuentas inauditables. Por ello, Mario Di Costanzo atribuye precisamente a Suárez Coppel la “quiebra financiera” de Pemex.

Para administrar el dinero del Ficolavi, Suárez Coopel lo hizo mediante 11 fideicomisos que operaron, según información de Pemex, entre 2001 y 2006; en algunos de ellos Pemex sólo participó como fideicomisario, y en otros, como fideicomitente. Todos con BBVA Bancomer como institución fiduciaria. Banco en el cual, recientemente, Gil Díaz se integró como miembro del Consejo de Administración.


Conocido como el “Fobaproa (Fondo Bancario de Protección al Ahorro) carretero”, dicho rescate fue ideado por Francisco Gil Díaz (exjefe de Juan José Suárez Coppel en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público), cuando los principales beneficiados con la privatización argumentaban que, derivado de la crisis de 1994, no podían sostener sus costos financieros de los créditos que contrajeron al otorgárseles las concesiones. Se declararon en suspensión de pagos para que el gobierno federal se hiciera cargo de su deuda, convirtiéndola en la segunda deuda pública más grande, después del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (antes Fobaproa).

El Farac se constituyó en agosto de 1997 en el Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras), en su doble carácter de fiduciario y fideicomitente, con el número F/1936. Su objeto: cubrir la indemnización a los concesionarios y administrar los recursos provenientes de los caminos y puentes rescatados, explotar, administrar y operar las autopistas de cuota rescatadas, así como emitir títulos de crédito para solventar las obligaciones del rescate carretero.


Operación Autopista del Sol

Una evidencia del desvío de recursos del fondo de pensiones de Pemex (contenido en el expediente de la SFP) es el dinero trasladado al Fideicomiso 5239-3, que el 28 de julio de 1989 constituyó en Banca Serfín el Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD), para “la construcción, explotación, conservación y mantenimiento” de la Autopista Cuernavaca-Acapulco, conocida como la Autopista del Sol.

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miércoles, marzo 24, 2010

Bonanza y opacidad patrimonial de la familia Calderón

Felipe Calderón y Margarita Zavala

Álvaro Delgado


MÉXICO, D.F., 23 de marzo (Proceso).- Al quedar en el desempleo por su renuncia a la Secretaría de Energía en junio de 2004, Felipe Calderón poseía un modesto patrimonio: tenía sólo 32 mil pesos en dos bancos y un depósito de 16 mil dólares en Estados Unidos. Debía la hipoteca de su casa.

El sostén de la familia era Margarita Zavala Gómez del Campo, su mujer, aunque ella misma dejó de tener ingresos cuando, en marzo de 2006, solicitó licencia como diputada federal. “Yo ahorita no tengo chamba, pero soy candidato. Ella me mantiene”, confesó Calderón en la campaña.

Pero la suerte en el dinero comenzó a cambiarle a Calderón no sólo desde que, el 1 de diciembre de 2006, asumió el cargo de titular del Ejecutivo bajo acusaciones de fraude electoral, sino desde que se convirtió en candidato del Partido Acción Nacional (PAN), en octubre de 2005.

Se inició entonces la bonanza inmobiliaria y financiera, pero siempre bajo el signo de la opacidad, como lo acreditan sus propias declaraciones patrimoniales a su paso por el gobierno de Vicente Fox y en los tres años que tiene en el cargo que le confirió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En este singular ascenso económico, Calderón ha dejado huellas: por ejemplo, sin haber tenido ningún empleo entre junio de 2004 y enero de 2006, los fondos de sus cuentas bancarias se multiplicaron por 10.

En efecto, el 19 de enero de 2006, al iniciar su campaña presidencial, tenía cuatro cuentas en dos bancos por un total de 288 mil 495 pesos, 346 mil 42 pesos de su afore y 14 mil 988 dólares depositados en Bank of America.

El único inmueble que reconoció como suyo fue la casa de la calle Cóndor 231, colonia Las Águilas, adquirida en marzo de 2002 mediante un crédito hipotecario por 4 millones de pesos.

En esa declaración ante el notario público 243, Guillermo Escamilla Narváez, Calderón incluyó el patrimonio de su cónyuge: cuatro cuentas bancarias en igual número de bancos por 885 mil 264 pesos; un predio rústico en Ayapango, Estado de México, y 33% de los derechos de copropiedad del terreno de mil 705 metros cuadrados de Cóndor 227.

Pero en su última declaración patrimonial como servidor público del foxismo, en mayo de 2004, Calderón consignó una fortuna considerablemente menor: una cuenta por 21 mil 616 pesos, otra por 10 mil 410 pesos, y la tercera, en el Bank of America, por 16 mil 365 dólares.

En su testimonio, declaró ser propietario de la casa de Cóndor 231 y otra de 155 metros cuadrados, cuya dirección no especificó, adquirida en enero de 1993 mediante un crédito por 340 mil pesos.

En 2004 poseía también –como hasta su declaración correspondiente a 2009– dos vehículos: un Volkswagen Golf modelo 1993, valuado en 55 mil pesos, y una camioneta Ford Windstar 2000, cuyo costo estimó en 240 mil pesos.

Siempre conforme a las declaraciones patrimoniales de Calderón, que por ley deben presentarse ante la Secretaría de la Función Pública y que consignan textualmente que toda la información es “capturada directamente por el servidor público”, este ascenso en su hacienda personal ha sido permanente.

Pero también ha crecido la opacidad de la familia Calderón-Zavala, como lo muestra el hecho de que no declaró la adquisición de los nuevos bienes inmuebles colindantes con su casa de la colonia Las Águilas, en la Ciudad de México (Proceso 1789).

Bonanza financiera

Así como Calderón multiplicó por 10 los fondos de sus cuentas bancarias en dos años sin tener empleo, en su primera declaración patrimonial que presentó ostentándose como jefe del Ejecutivo, el 12 de enero de 2007, se observa un incremento curioso.

Calderón declaró ingresos netos por 147 mil 134 pesos –146 mil 584 por su primer mes en el cargo público y 550 pesos por actividad financiera– , pero sus cinco cuentas bancarias sumaban ya 674 mil pesos, además de los 15 mil 66 dólares en Estados Unidos.

Es decir, de enero a diciembre de 2006, los fondos en las cuentas bancarias de Calderón pasaron de 288 mil 495 pesos, que declaró ante notario público al inicio de la campaña, a casi 700 mil pesos, cuando él mismo aseguró haber tenido ingresos sólo por su salario de diciembre de 2006, porque públicamente renunció a los 150 mil pesos mensuales que estaban presupuestados para él en los gastos de transición.

Cinco meses después, la modificación patrimonial del 30 de mayo de 2007, con seis meses en el cargo, sufrió pocos cambios: las cuentas bancarias subieron casi 100 mil pesos, al sumar 760 mil 436, y la cuenta en dólares siguió en 15 mil 74. Un detalle: a diferencia de su primera declaración, en la segunda sí estableció los gastos de manutención: 479 mil pesos.

Llama la atención también que en esa segunda declaración, además de sus ingresos mensuales por el cargo –139 mil 850 pesos– y por actividad financiera –7 mil 107–, aparezca una suma por concepto de “servicios profesionales” por un total de 193 mil 478.

Al año siguiente, en la declaración patrimonial que presentó en mayo de 2008, Calderón informa que ganó en su primer año de gestión 2 millones 486 mil 48 pesos: 2 millones 471 mil 508 pesos por el cargo público y 14 mil 540 pesos por actividad financiera.

De esta forma, sus cuentas bancarias sumaron 701 mil 528 pesos –60 mil pesos menos que el año previo–, pero acumuló casi 1 millón y medio de pesos más por dos conceptos nuevos: un total de 614 mil 772 pesos de “seguro de separación individualizada” y 812 mil 77 pesos por lo que denominó simplemente “otros”.

Si a sus ingresos de 2 millones 486 mil 48 pesos se le restan sus gastos de manutención, que tasó en un millón 68 mil, le quedaron un millón 418 mil pesos.

En la declaración 2009, con datos al 31 de diciembre de 2008, Calderón declaró ingresos anuales por 3 millones 75 mil 182 pesos, correspondientes a 3 millones 45 mil por el cargo público y 29 mil 355 por actividad financiera.

Aunque sus cuentas bancarias sufrieron una disminución de aproximadamente 200 mil pesos respecto del año anterior –al sumar un total de 490 mil 800 pesos–, mantuvo el millón y medio de 2008 por el “seguro de separación individualizada”, que subió a 1 millón 131 mil 993 pesos, y “otros” por 374 mil 89 pesos, lo cual dio un total de 1 millón 506 mil 82 pesos.

Sus gastos durante 2008 ascendieron a 2 millones 87 mil 287 pesos: 1 millón 68 mil pesos de manutención y un millón 19 mil 287 por el pago de dos créditos hipotecarios otorgados el mismo día (6 de junio de ese año) para adquirir una “casa habitación” y un “terreno con construcciones”.

Engañosa austeridad

En las dos más recientes declaraciones patrimoniales de Calderón, que ya no incluyen los bienes de su cónyuge, Margarita Zavala –que no percibe ingresos desde 2006–, se consigna también que no cumplió su promesa de no incrementarse su sueldo desde que asumió el cargo.

En la declaración correspondiente a 2008, Calderón asegura que sus ingresos durante todo 2007 ascendieron a 2 millones 471 mil pesos netos sólo por concepto del cargo público, pero en la correspondiente a 2009 asentó que percibió durante todo 2008, también sólo por su cargo, un total de 3 millones 45 mil 827 pesos libres de impuestos.

Es decir, el sueldo de Calderón como titular del Ejecutivo, que prometió que se mantendría igual desde 2006, en un año se incrementó en 574 mil 319 pesos, equivalentes a casi 25% más, según las cifras que él mismo consignó.

Y es que Calderón siempre ha mostrado resistencias a la transparencia: jamás honró su palabra de informar sobre los gastos de su campaña, el costo de la renta de tres inmuebles usados por su equipo ni el de su casa de transición. Tampoco dio cuenta sobre sus medios de sustento durante dos años y medio de desempleo.

Calderón había dado muestras de actuar con opacidad cuando se concedió un autopréstamo por 4 millones de pesos como director general del Banco Nacional de Obras (Banobras) en 2003, al que renunció por el escándalo que generó su revelación.

De hecho, tal como lo acreditó el reportero Daniel Lizárraga en su libro La corrupción azul, trató de ocultar el despilfarro de 150 millones de pesos de los gastos de transición, que por mandato de ley y del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) debe informar a detalle.

Al iniciar la gestión de Calderón, la Presidencia de la República negó a Proceso una solicitud, formulada el 4 de diciembre de 2006, para tener acceso a su declaración patrimonial, con el argumento de que no es de su competencia.

Con base en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el reportero solicitó la “relación de bienes del C. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa y de su esposa Margarita Zavala, que incluya propiedades muebles e inmuebles, así como las cuentas bancarias y adeudos, que por ley debe rendir en su declaración patrimonial”.

Sin embargo, el 15 de diciembre, la Unidad de Enlace de la Presidencia de la República notificó al solicitante la negativa, con el argumento de que no es de su competencia, sino de la Secretaría de la Función Pública, según el artículo 37 fracción XV, donde se establece que a ésta le corresponde “recibir y registrar las declaraciones patrimoniales que deben presentar los servidores públicos de la Administración Pública Federal y verificar su contenido mediante las investigaciones que fueren pertinentes de acuerdo con las disposiciones aplicables”.

Sin embargo, al margen de esa disposición legal, el Código de Ética del PAN que Calderón se comprometió a respetar dispone, en el apartado “Información, comunicación y transparencia”, la obligación de los servidores públicos de ese partido a abrirse al escrutinio público.

En el punto 23 establece: “Me aseguraré (de) que la información que llegue a la sociedad sea veraz, oportuna, adecuada, transparente y suficiente para cumplir con la exigencia del derecho a la información”.

En el punto 24 añade: “Facilitaré a los medios de comunicación el cumplimiento de su misión de informar. Me abstendré de ofrecer u otorgar favores o dádivas con cualquier propósito que busque cambiar el sentido de tal información”.

Y en el 27 anota: “Ejerceré la autoridad con responsabilidad y aplicaré en ello todo mi tiempo y esfuerzo, resguardando la dignidad, la honra y el nombre del servidor público y del partido. Estaré dispuesto al escrutinio de la gestión pública. Haré transparente y limpio el ámbito público”.

El mismo Calderón, al iniciar su campaña y hacer público su patrimonio, el 19 de enero de 2006, rechazó la corrupción –“¡No es válido amasar fortunas al amparo del poder!”– y se ufanó: “¡Tengo las manos limpias, no tengo cola que me pisen ni dinero mal habido ni sangre en las manos!”.

Reportaje publicado en la edición 1742 de la revista Proceso, actualmente en circulación.

domingo, marzo 14, 2010

Las propiedades ocultas de Calderón

Calderón compra y compra, pero no declara

Con falta de transparencia, con su esposa Margarita Zavala como “socia”, Felipe Calderón ha incrementado sus propiedades inmobiliarias. Mediante créditos a plazos que paga casi de inmediato aunque sus percepciones como presidente no alcanzan para ello, dispone ya de un terreno de mil 940 metros cuadrados y tres casas en la colonia Las Águilas, con una agravante: que en sus declaraciones patrimoniales omite declarar algunas de esas adquisiciones…

Con omisiones en sus declaraciones patrimoniales, y acogido a la opacidad que él mismo propició, Felipe Calderón hizo crecer 11 veces el terreno donde se asienta su residencia privada, adquirió otros bienes inmuebles a nombre de su esposa, Margarita Zavala, y, aunque su salario es de sólo 146 mil 830 pesos mensuales netos, de mayo de 2008 al mismo mes de 2009 saldó un crédito bancario por 2 millones 612 mil pesos contratado a un plazo de 20 años.

Cuando la familia Calderón-Zavala compró su casa, en 2003, ésta se asentaba en un terreno de 174 metros cuadrados, y ahora se ubica, junto con otras propiedades que ambos adquirieron –sin que Margarita Zavala reciba salario alguno como presidenta del DIF–, en un predio que mide mil 940 metros cuadrados.

Asimismo, de acuerdo con la versión pública de la declaración patrimonial de Calderón correspondiente a 2008, el presidente omitió la adquisición de una casa de 234 metros cuadrados a nombre de Margarita Zavala, y el documento oficial de la Secretaría de la Función Pública (SFP) tampoco registra que, con la compra de un terreno de 776 metros cuadrados, Calderón se convirtió en socio de su esposa.

Esto porque desde 2003, año en el que Calderón dejó la dirección de Banobras para convertirse en secretario de Energía, ella había adquirido allí mismo 776 metros cuadrados.

Vista desde fuera, la casa de la familia Calderón-Zavala, localizada en el número 8 de la Privada de Cóndor 231, en la colonia Las Águilas, no ha cambiado desde aquellos tiempos, pero puertas adentro se descubren nuevas propiedades: una alberca, una cabaña, un amplio jardín y otra casa, marcada con el número 9, que mide 234 metros cuadrados.

Además cuentan con una propiedad de tres pisos en el número 227 de la misma calle de Cóndor –cuyas dimensiones con el terreno correspondiente son de mil 532 metros cuadrados–, con media cancha de baloncesto y lo que parece ser una pequeña bodega.

Estos bienes inmuebles pueden conectarse por dentro formado una gruesa letra “L”.

La familia Calderón-Zavala renta la casa 9 de la Privada de Cóndor 231 al actual secretario de Desarrollo Social, Heriberto Félix Guerra. Y aunque Proceso pidió al equipo de prensa de la Sedesol los detalles del contrato firmado con la dueña oficial del inmueble, Margarita Zavala, hasta el cierre de esta edición no se había producido una respuesta.

No obstante, la Coordinación de Comunicación Social de la Presidencia confirmó que la vivienda es alquilada por el titular de la Sedesol, pero declinó informar a cuánto asciende la renta mensual.

Sin embargo, es público que la esposa del titular de la Sedesol, Lorena Clouthier Carrillo, funge como coordinadora nacional de la Red del Voluntariado del DIF, en tanto que la esposa del presidente encabeza el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) y el Consejo Ciudadano Consultivo del DIF. Por estos cargos, ninguna de ellas percibe un salario, pues son honoríficos.

La casa 8

En mayo de 2003, cuando apenas tenía tres meses como director de Banobras, Felipe Calderón gestionó con esta institución un crédito –que se calificaría de “autopréstamo”– por 3 millones 100 mil pesos con la intención de comprar la casa 8 de la Privada de Cóndor 231, con 174 metros cuadrados de terreno, incluido un jardín.

Al difundirse la noticia del “autopréstamo”, Calderón canceló esa línea de crédito, devolvió el dinero y dejó enfriar el tema por unos meses.

Pero el escándalo no mermó su gusto por esa propiedad y pidió un préstamo a un banco privado. El director general de IXE Grupo Financiero, Javier Molinar Horcasitas, y Armando Rivero Laing, prosecretario del Consejo de Administración, autorizaron a Calderón un crédito por 4 millones 793 mil 554 pesos, a pagar en 15 años con intereses ordinarios.

Javier Molinar Horcasitas es hermano de Juan Molinar Horcasitas, el actual secretario de Comunicaciones y Transportes, así como uno de los amigos más cercanos de Calderón, a quien ha acompañado desde la precandidatura a la Presidencia, luego en la campaña y ahora en el gabinete.

Al aprobarse este crédito, el 28 de agosto de 2003, Juan Molinar concluía su periodo como vocero del PAN y hacia maletas para convertirse en diputado federal para el periodo 2003-2006, la misma bancada en la que estuvo Margarita Zavala.

Años antes, en 1998, el entonces socio mayoritario de IXE Grupo Financiero, José Luis Rangel de Alba, fue apoyado con 660 millones de pesos del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) para salvarlo de la quiebra. El presidente del PAN, que apoyó la creación de ese organismo, era entonces Felipe Calderón.

El 2 de octubre de 2003, el presidente Fox nombró a Calderón secretario de Energía. Pero tanto a su salida de Banobras como a su llegada al gabinete foxista, el michoacano se cobijó en la flexibilidad de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos para no hacer pública su declaración de bienes, y dejó bajo reserva la historia del autopréstamo, en una opacidad que él mismo había propiciado un año antes.

Y es que en marzo de 2002, el titular de la entonces Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam), Francisco Barrio, envió a los diputados una propuesta de reforma para que las declaraciones patrimoniales de los funcionarios fueran públicas, sin matices ni excepciones.

La iniciativa fue ampliamente elogiada, y hasta el diputado panista Armando Salinas subrayó que, por vez primera, México accedería al grupo de países a la vanguardia en la rendición de cuentas. Pero eso nunca sucedió. En el último momento se agregó un párrafo al dictamen donde se especifica que tales declaraciones patrimoniales pueden hacerse públicas “siempre y cuando los funcionarios lo autoricen por escrito”. El coordinador de los diputados panistas en el Congreso era en ese momento Felipe Calderón.

Luego, cuando dejó la Secretaría de Energía para postularse como precandidato a la Presidencia, Calderón se quedó sin trabajo y sin percepciones, y con una deuda con IXE Grupo Financiero a pagar en 15 años. Los ingresos de la familia Calderón-Zavala se limitaron a la dieta de Margarita como diputada federal. Ni siquiera había dinero para arrancar la precampaña, según reportaron investigaciones periodísticas de la época.

A pesar de eso, el 16 de mayo de 2005 IXE Grupo Financiero reportó al RPPC que la línea de crédito fue liquidada por completo, incluidos los intereses, según consta en el folio 9544968-8 del RPPC.

La casa 9

El 13 de mayo de 2008, el Registro Público de la Propiedad y de Comercio (RPPC) del Distrito Federal recibió un aviso sobre la venta de la casa 9 de la Privada de Cóndor 231, de 234 metros cuadrados, a Margarita Zavala.

Para concretar la compra, el 6 de junio de 2008, Scotiabank otorgó un crédito a Felipe Calderón por 3 millones 800 mil pesos, a cubrir en un plazo de 20 años, con intereses de 12% anual, según el folio 9544968 del RPPC. Como el precio de la vivienda fue de 4 millones 860 mil pesos, Calderón tuvo que desembolsar por su cuenta, para empezar, 972 mil pesos.

Y aunque Felipe Calderón reportó ese préstamo en su declaración patrimonial pública, no está relacionado con las propiedades que él mismo dijo haber adquirido en 2008.

En la categoría de Datos Patrimoniales/Bienes Inmuebles de la declaración patrimonial de ese año, sólo aparecieron la casa 8 de la misma Privada de Cóndor –la comprada en 2003– y dos nuevos terrenos. De manera que nada se asentó allí en referencia a la casa contigua que se compró a nombre de Margarita Zavala.

Esto, pese a que seis funcionarios consultados por Proceso manifestaron que los funcionarios públicos están obligados a inscribir anualmente en las declaraciones patrimoniales todas las propiedades y deudas contraídas a su nombre y al de su esposa e hijos. E inclusive la Secretaría de la Función Pública (SFP), a través de su coordinación de Comunicación Social, manifestó que los bienes comprados durante 2008 debieron reportarse en mayo de 2009. Y agregó: “En esto no hay excepciones”.

El terreno

Todo empezó en abril de 2003, cuando Margarita Zavala, en sociedad con su vecina Enriqueta Sánchez y su compadre Óscar Fernández adquirieron un terreno de 2 mil 300 metros cuadrados por 5 millones 100 mil pesos, ubicado a un lado de la Privada de Cóndor 231.

El predio fue dividido en partes iguales, por lo que cada uno de ellos desembolsó un millón 700 mil pesos y les correspondieron alrededor de 776 metros cuadrados.

Margarita Zavala fue directora jurídica y luego secretaria nacional de Promoción Política de la Mujer del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, justo hasta ese año. No existe registro de que percibiera un salario por esas actividades. Proceso pidió confirmar el dato a la Dirección de Comunicación de ese partido, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

En cualquier caso, Margarita Zavala se presentó entonces ante el RPPC como “ama de casa”.

A la sazón, el peso de la economía familiar recaía sobre Felipe Calderón, quien como director de Banobras recibía un sueldo de alrededor de 174 mil pesos mensuales, antes de impuestos.

Entre abril de ese año y octubre de 2004, cuando se lanzó como precandidato del PAN a la Presidencia, Calderón presentó tres declaraciones patrimoniales, pero en ninguna se registran los 776 metros adquiridos por Margarita.

El 13 de mayo de 2008, el RPPC recibió un primer aviso de la venta a Calderón del tercio de terreno propiedad de su vecina Enriqueta Santos. El monto de la operación fue de 3 millones 640 mil pesos, de los cuales 2 millones 612 mil pesos habrían salido de un crédito de Scotiabank, a pagar en 20 años. La operación se cerró en junio de ese mismo año.

Y de nuevo, Calderón adelantó el pago: 11 meses después de otorgada la línea de crédito, cubrió por completo la deuda el 28 de mayo de 2009, según el folio 9442807 del RPPC.

El presidente registró el otorgamiento del préstamo en la declaración patrimonial de 2008, mas no asentó que su esposa –a quien ya corresponden un tercio del terreno y una casa– se convirtió además en su socia.

Al entregar su declaración patrimonial, los servidores públicos pueden aceptar que se abra o no la información ahí contenida. Si abren la información, los datos aparecen en el sistema Declaranet y cualquier persona puede consultar las propiedades del funcionario, así como las de su esposa e hijos. No existe forma de pedir que sólo una parte de la declaración patrimonial sea pública y otra no.

Los mil 940 metros cuadrados de propiedad que tiene ya la familia Calderón-Zavala en la colonia Las Águilas equivalen a 64 departamentos de interés social –cada uno de ellos de 30 metros cuadrados– como los que financia actualmente la administración calderonista a los matrimonios de menores ingresos económicos…


Opacidad discrecional
Daniel Lizárraga


El presidente Felipe Calderón sí reconoció en sus declaraciones patrimoniales los bienes inmuebles comprados a nombre de su esposa, Margarita Zavala Gómez del Campo, por lo que no habría incurrido en irregularidad alguna en ese aspecto.

El jueves 4 de marzo, Proceso solicitó a la Presidencia información sobre por qué en la declaración patrimonial del mandatario correspondiente a 2008 –y que está disponible en el sistema Declaranet, de la Secretaría de la Función Pública (SFP)– no se inscribieron una nueva casa y un terreno a nombre de la esposa del presidente, como lo demostró una investigación periodística de este semanario.

Siete días más tarde, el jueves 11, el coordinador de Comunicación Social de la Presidencia, Max Cortázar, mostró a Proceso una versión de la declaración patrimonial de Felipe Calderón de 2008 en la que sí se inscribieron la casa 9 de la privada de Cóndor 231 y el terreno de Cóndor 227, adquirida en sociedad con su consorte.

De acuerdo con Los Pinos, el mandatario no sólo reconoció los bienes a nombre de Margarita Zavala, sino que también aceptó que su declaración patrimonial fuera pública en todos sus términos.

No obstante, en la versión disponible en Declaranet no se localizan esas propiedades.

Declaranet es un sistema que permite a los ciudadanos enterarse vía internet de las declaraciones públicas de los funcionarios sin importar su nivel jerárquico.

Al respecto, el secretario de la Función Pública (SFP), Salvador Vega Casillas, afirmó que el sistema Declaranet omite “automáticamente” los bienes a nombre de las esposas de los funcionarios, a pesar de que ellos mismos hayan aceptado transparentar su declaración patrimonial.

Entrevistado en la residencia oficial de Los Pinos por intervención de Max Cortázar, el titular de la SFP calificó como “normal” y “legal” que Declaranet elimine los bienes a nombre de las esposas y, en su caso, de los hijos de los funcionarios.

–¿Exactamente cómo funciona este sistema? –se le preguntó a Vega Casillas durante una entrevista de teléfono a teléfono desde la residencia presidencial.

–El funcionario es quien llena de su propia mano los formatos de declaraciones patrimoniales. Ahí mismo deben marcar si aceptan o no que éstas sean públicas.

–Y si en este caso el presidente aceptó que fuera pública, ¿por qué no están la casa y los terrenos a nombre de su esposa?

–El propio sistema elimina esos datos en automático, así está diseñado desde su creación.

–¿Por qué decidieron esto por sistema, aun cuando la voluntad de los funcionarios –como el presidente Calderón– sea transparentar su declaración patrimonial?

–Si difundimos esa información nos estaríamos entrometiendo con los datos personales de las esposas, que no son servidores públicos. La ley sólo obliga a los funcionarios. Este es un tema de protección de datos personales.

–¿En qué artículo de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos se apoyan para tomar esa decisión?

–Es un tema de protección de datos. No siempre los esposos o las esposas quieren dar sus números de cuentas bancarias.

–¿No es la Ley Federal de Transparencia la que regula el manejo de los datos personales?

–Estamos ante una interpretación del marco legal.

–¿Una interpretación de la Secretaría de la Función Pública?

–Sí.

–¿Una interpretación de qué artículos y cuál norma? Porque en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos no se especifica claramente eso…

–Voy a preparar una nota sobre esa interpretación y se la enviaré.

Atribución sin fundamento legal

En las declaraciones patrimoniales disponibles en internet no aparece algún aviso o nota en el sentido de que los bienes a nombre de los cónyuges son eliminados, aun cuando el funcionario, en este caso Felipe Calderón, hubiera aceptado hacerlas públicas.

Alrededor de 16 horas después de la entrevista en Los Pinos –el viernes 12–, Salvador Vega envió la siguiente nota a Proceso:

La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas establece la obligación del servidor público (no todos, sólo los de nivel alto y algunas funciones) de presentar su declaración de situación patrimonial.

La obligación es además declarar el patrimonio de su cónyuge y sus dependientes económicos. Cabe precisar que la obligación es del servidor público, no del cónyuge o dependientes económicos.

Los datos deben ser custodiados y salvaguardados por la SFP y tienen el carácter de privados, y la finalidad es que la SFP pueda en su caso vigilar el proceso de evolución patrimonial para determinar si corresponde a su nivel de ingresos.

Algunos servidores públicos autorizan la publicidad de su declaración patrimonial por convicción personal. Esta autorización se puede dar al momento de presentar la declaración patrimonial.

Sin embargo el servidor público sólo puede autorizar la publicidad de sus datos personales, no así de su cónyuge y dependientes.

Por esa razón, en el portal de la SFP solamente se publican los datos del patrimonio de los servidores públicos que así lo autorizaron y se omiten los de su cónyuge y dependientes económicos.

Además se omiten en el portal público algunos datos que vulneran la privacidad del funcionario y lo ponen en riesgo, como su domicilio y los números de sus cuentas bancarias.

En el caso de bienes en copropiedad, se publicitan, ya que uno de los propietarios así lo autorizo. Se concluye que la facultad de seguimiento de patrimonio es exclusiva de la autoridad competente, por la naturaleza de los datos.

En esta nota ofrecida por Vega Casillas no se citó un artículo específico que permita a la SFP eliminar de las declaraciones patrimoniales los bienes a nombre de las cónyuges o hijos.

El artículo 40 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos sólo dice: “La publicitación de la información relativa a la situación patrimonial se hará siempre y cuando se cuente con la autorización previa y específica del servidor público de que se trate”. lT

sábado, febrero 20, 2010

Con las manos en Pemex

La corrupción en Petróleos Mexicanos y su relación con las administraciones panistas es el tema del nuevo libro de la periodista Ana Lilia Pérez.

Publicado por Editorial Grijalbo, “Camisas Azules Manos Negras: El Saqueo de Pemex desde Los Pinos” el documento es una investigación que desnuda las relaciones de importantes funcionarios con la paraestatal.

El texto recoge los frutos de nueve años de investigación de la autora quien soporta su información con fuentes vivas y documentos reveladores.

Con autorización de la editorial, Reporte Indigo publica un extracto.



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miércoles, abril 22, 2009

El nuevo Senado: derroche palaciego


Los senadores están optimistas porque, dice el panista José González Morfín, la construcción de lo que será su sede definitiva, en un predio ubicado en la esquina de las avenidas Insurgentes y Reforma de la Ciudad de México, seguirá adelante a pesar de que la crisis económica ha elevado el precio de los materiales de construcción. Poco importan las críticas a la obra por sus eventuales inconveniencias. Lo importante, arguye el legislador, es que el 10 de abril de 2010, antes de los festejos del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución, los senadores tendrán su anhelado complejo arquitectónico.

El 10 de abril de 2010 es la fecha programada por el Comité Técnico del Senado para que las instalaciones de su nuevo edificio, ubicado en la confluencia de las avenidas Insurgentes y Reforma y cuyo costo inicial se calculó en mil 700 millones de pesos, quede terminado, aun con la crisis económica.El senador panista José González Morfín, quien preside el fideicomiso 1705 registrado en Banobras para la edificación del inmueble, asegura que aunque los precios del material se han elevado, por lo que se requerirán entre 200 y 300 millones de pesos adicionales para concluir la obra, el Senado ya tomó la decisión de vender alguno de los inmuebles que tiene para solventar los gastos. En última instancia, agrega, se pediría un crédito bancario para salir del paso. Lo importante, insiste, es terminar con ese largo peregrinar en busca de un conjunto inmobiliario inteligente para la nueva sede parlamentaria.En el predio elegido, cuya extensión es de 9 mil 174 metros cuadrados, alrededor de 600 trabajadores laboran a marchas forzadas a más de 20 metros de profundidad en la construcción de los tres estacionamientos subterráneos con capacidad para 922 autos. Javier Muñoz, jefe del grupo de arquitectos que coordina la obra, asegura que ésta será la más avanzada de su tipo en América Latina, lo que le dará una mayor importancia histórica.Según los tiempos oficiales del proyecto, en los próximos meses se empezarán a levantar los edificios del nuevo recinto parlamentario. En los planos se indica que el salón de sesiones se ubicará tomando como eje el asta bandera. La construcción será ovalada y constará de cuatro niveles con una extensión total de casi 3 mil metros cuadrados; a un lado se ubicará el hemiciclo de seis pisos que alojará las 128 oficinas de los legisladores; en el otro extremo quedará una torre de 16 pisos con helipuerto, donde estarán las oficinas administrativas y las de las comisiones legislativas.El complejo arquitectónico también incluirá un edificio de tres niveles para comedores, otro de dos niveles para órganos de gobierno, dos sótanos para bodegas y cuartos de máquina y un edificio más de tres pisos para oficinas. En suma: 55 mil 558 metros cuadrados de construcción en una esquina privilegiada no sólo por su plusvalía, sino por su ubicación estratégica, pues tanto Insurgentes como Reforma son clave para el movimiento vehicular en la Ciudad de México.No es difícil que, una vez en funciones, en las inmediaciones del nuevo Senado se multipliquen las marchas y plantones de protesta, con sus consecuencias obvias… Pero eso parece no importarles a los constructores ni a los senadores, quienes se preocupan más por la obtención de fondos y por estrenar oficinas antes de los festejos del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución.Ante una situación financiera adversa, el legislador advierte que “sería peor parar los trabajos”. Dice: “Nos quedaríamos en el peor de los escenarios: con el proyecto ya iniciado, con mucho dinero invertido, con el terreno comprado; sería detener todo y seguir rentando las oficinas”.Asegura que hasta el momento no se tiene calculado el impacto de la crisis en el incremento del costo de la construcción, cuyo monto de mil 699 millones de pesos fue establecido por la empresa Gami Ingeniería e Instalaciones, ganadora del concurso de licitación realizado el 16 de agosto de 2007.Agrega que el comité técnico que preside estudia la posibilidad de vender dos de los edificios que tiene el Senado en Donceles y en la Ciudadela para allegarse recursos de por lo menos 500 millones de pesos que no han sido liberados debido a la crisis económica. Y aclara que de ninguna manera se vendería el terreno que se localiza detrás del palacio de Bellas Artes y que los senadores usan ahora como estacionamiento; mucho menos el emblemático edificio de Xicoténcatl donde está el salón de sesiones. “La casona de Xicoténcatl se va a conservar –insiste–. Es un edificio emblemático y no sería muy costoso su mantenimiento”.En último caso, dice, el inmueble podría habilitarse como un centro de exposiciones similar al Museo Nacional de las Artes, que está enfrente, o firmar un convenio con la UNAM y convertirlo en un espacio para actividades culturales y educativas como el Palacio de Minería, que está en la contraesquina aledaña.González Morfín rechaza que el PAN quiera colgarse el logro de que por fin el Senado de la República tenga sus oficinas y el pleno en un solo complejo y no en 12 edificios diseminados en las inmediaciones del Centro Histórico de la Ciudad de México.
Fin al peregrinar
Relata que, en el año 2000, los coordinadores del PRI, Enrique Jackson; del PAN, Diego Fernández de Cevallos, y del PRD, Jesús Ortega, acordaron la construcción de la nueva sede del Senado y crearon un fideicomiso para depositar los recursos necesarios. Incluso, dice, se consultó a la UNAM para que evaluara y aprobara el proyecto y el lugar donde se erigiría el complejo arquitectónico. Después de revisar cinco sitios, los senadores eligieron la esquina de Insurgentes y Reforma donde estuvo el Cine Roble, afectado por el terremoto del 19 de septiembre de 1985.En 2003 se lanzó un concurso para el proyecto, en el que participaron 55 despachos. El ganador fue el del arquitecto yucateco Javier Muñoz. Superó al de Teodoro González de León. La licitación de la obra se realizó el 16 de agosto de 2007 y Gami Ingeniería e Instalaciones se impuso a las otras ocho empresas concursantes. Su propuesta fue la más económica: mil 699 millones de pesos. Un mes después, el 17 de septiembre, el terreno fue bordeado con láminas metálicas de dos metros y las máquinas comenzaron a excavar. Desde entonces los trabajos no se han interrumpido. Hoy empezó ya el levantamiento de los edificios.Antes de este proyecto hubo infinidad de intentos. El primero data de 1825, cuando se constituyó por primera vez el Senado. En aquella época compartió instalaciones con la Cámara de Diputados en el recinto del extemplo de San Pedro y San Pablo, en las calles del Carmen y San Ildefonso del centro de la Ciudad de México.Cuatro años más tarde, ambas cámaras fueron trasladadas al Salón de las Comedias en Palacio Nacional, donde sesionaron hasta 1857, cuando el Senado desapareció a raíz de la Constitución promulgada ese año. Esa ausencia se prolongó durante 18 años, hasta que lo restauró el presidente Sebastián Lerdo de Tejada. La sede parlamentaria se instaló en Palacio Nacional, donde sesionó hasta 1930. A partir de ese año se trasladó de nueva cuenta al edificio de Donceles, donde funcionó sólo un año; de ahí pasó a la Casona de Xicoténcatl, donde actualmente tiene su sede.Relata González Morfín: “Ha habido muchos intentos por construir una sede definitiva. En 1994, en tiempos de Emilio González, se puso la primera piedra en un predio de 5 mil metros que está atrás de Bellas Artes y que ahora los legisladores usan como estacionamiento. Así mismo, hubo intentos por comprar el Teatro Hidalgo para ampliarlo, pero el proyecto se paró en 1995 debido a la crisis económica de entonces. Ese fue el proyecto más serio y el predio ahí se quedó”.El proyecto actual fue aprobado por todos los partidos en el Senado, quienes acordaron adquirir el terreno que pertenecía al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB). Al arranque de las obras hubo problemas porque la Cámara de Diputados se negó a apoyar a sus pares del Senado con 500 millones para arrancar las obras. Eso llevó a los senadores a solicitar la ayuda del Poder Ejecutivo, que les otorgó una partida especial del presupuesto federal por ese monto. A su vez, el gobierno del Distrito Federal agilizó los trámites y les otorgó las licencias y subsidios correspondientes, incluso donó un terreno adjunto al predio donde hoy se construye el edificio del Senado.Sin embargo, y pese al buen manejo de los recursos por parte de Banobras, aún no se liberan los 500 millones de pesos programados para este año. Dice González Morfín: “Nos hacen falta 500 millones de pesos de recursos públicos. Lo demás lo podemos resolver con los predios que tenemos y que podríamos enajenar cuando ya no los necesitemos”.
No es un capricho
Desde las alturas no se ve el movimiento de los trabajadores en el predio de Insurgentes y Reforma. Apenas se observa el movimiento de un brazo mecánico cuando llena de tierra los camiones de volteo que entran y salen del lugar. Sin embargo, debajo de la plancha de concreto decenas de trabajadores se afanan en sacar toneladas de tierra de una perforación de 20 metros de profundidad; otros cimientan las paredes para evitar derrumbes y filtraciones de agua en el sótano del futuro estacionamiento.Durante un recorrido por la obra, el arquitecto Federico Rojas, del comité técnico de Gami, afirma que las lozas de cimentación tienen dos metros de grosor, mientras que los pilares tienen 51 metros de profundidad y 80 centímetros de espesor. Esto garantiza, dice, que el complejo no sufriría impactos si hubiera un terremoto como el de 1985. Rojas señala que el cemento es mexicano pero el acero de las viguetas es de Estados Unidos, aunque éstas se fabrican en San Luis Potosí. Y aclara: El grupo Gami depositó una fianza con la cual ampara cualquier restauración en caso de que la construcción presente algún defecto.Orgulloso del proyecto que está en manos del ingeniero Óscar de Buen, Rojas dice que el lema de todos los que trabajan en la construcción es: “‘En grupo por mi país’. Cada uno de ellos sabe del significado histórico de la construcción”.González Morfín insiste en que continuar con la construcción no es un capricho de los legisladores. Y explica que juntar en un solo lugar las instalaciones que hoy están en edificios rentados facilitará el trabajo de comisiones y significará un ahorro de por lo menos 110 millones de pesos anuales.Expone: “El año pasado cerramos pagando 100 millones de pesos de renta. Si a eso le agregamos 10 millones de pesos que se pagan por servicio de seguridad y mantenimiento, entonces estaríamos hablando de un ahorro de 110 millones de pesos al erario federal”.Y advierte que si no se construye, el monto podría ser el doble, pues las rentas están subiendo de manera extraordinaria, sobre todo en la Torre del Caballito.Admite que es posible que haya críticas por los millones invertidos en la nueva sede legislativa, sobre todo por la crisis económica que se vive, pero asevera que no había de otra. Recuerda que en un momento se pensó dar un espacio al Senado en el palacio de San Lázaro, cuando este cuerpo colegiado sólo estaba constituido por 64 miembros. La propuesta no prosperó, menos ahora que el número de senadores se duplicó.Insiste en que “no es un capricho, el edificio se necesita”. Según él, cuando deje de pagarse el alquiler de los inmuebles que actualmente ocupa el Senado, en 16 o 17 años se liquidarán los mil 699 millones que costará la nueva sede legislativa.“Yo creo que el panorama está completo. Se trata de una obra que se ha cuidado hasta el último detalle; lo que esperamos es que no haya un contratiempo y podamos estrenarla en el marco del Bicentenario”, señala. Y recuerda que hace un siglo Porfirio Díaz quiso levantar un edificio colosal para el Poder Legislativo, pero lo frenó la crisis. “Sólo se quedó el esqueleto de lo que hoy conocemos como el Monumento a la Revolución”, dice González Morfín.Y para ahuyentar los malos presagios que se han cernido sobre la nueva construcción por la reciente crisis económica, concluye: “Qué mejor que en el marco del Bicentenario el Senado pudiera tener por primera vez en su historia su sede y con esto terminar el peregrinaje que ha tenido desde sus inicios”.

sábado, abril 11, 2009

Funcionario y cabildero mayor


De él puede decirse que es un virtuoso en la política, la economía, el servicio público… y el cabildeo. Durante lustros, Jesús Reyes Heroles González Garza, director general de Pemex, se ha dado tiempo –y mañas– para alternar la función pública con negocios altamente lucrativos, de manera particular mediante el conglomerado de empresas StructurA, fundado a mediados del sexenio foxista. Su especialidad: promover, defender e incrustar intereses privados en el ámbito de las políticas públicas. El investigador y periodista Esteban David Rodríguez, autor de Los dueños del Congreso, revela en este trabajo –parte de un libro de próxima publicación–, el modus operandi de este conjunto de empresas, que no sólo tiene entre sus principales clientes a dependencias públicas, sino que también ha reclutado a exfuncionarios de los últimos cinco sexenios, incluido el de Felipe Calderón.

En los años del foxismo, Jesús Reyes Heroles González Garza, hoy director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), articuló StructurA, un conglomerado de empresas que se especializa en promover, defender e instalar intereses privados en las políticas públicas dentro y fuera del país. El modus operandi de esta compañía cabildera es muy peculiar: en su cartera de clientes tiene a numerosas entidades del gobierno federal, y en los últimos años incrustó a varios de sus ejecutivos en el equipo directivo de Pemex. También ha reclutado a excolaboradores del calderonismo que en su momento ocuparon puestos estratégicos en la administración pública.Entre estos nuevos ejecutivos de StructurA destaca Armando Salinas Torre, quien ingresó al directorio de la empresa en marzo de 2008, dos meses después de dejar la Subsecretaría de Enlace Legislativo en la Secretaría de Gobernación. Desde ese cargo público, él trabajó en estrecha colaboración con el actual director general de Pemex para promover en el Congreso la iniciativa presidencial de reforma energética.Otros socios del conglomerado son Ángel González Rul Alvídrez, quien fungió como director de Puertos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en los dos sexenios panistas; Nicolás Licona Spíndola, titular de Enlace Legislativo de la Secretaría de Salud hasta 2008, y Manuel Álvarez, quien se desempeñó como director de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) durante los dos primeros años del calderonismo.Los exfuncionarios calderonistas se sumaron a la plantilla de StructurA, donde interactúan con antiguos colaboradores de los expresidentes Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo y Vicente Fox. Juntos, todos ellos representan, de manera simultánea, a entidades del gobierno federal y a poderosos emporios trasnacionales.
Relaciones constructivas
La presente investigación periodística en torno al conglomerado que ha venido articulando Reyes Heroles –hijo de quien, como priista eminente, también fue director de Pemex– fue iniciada hace dos años, período durante el cual el autor dio seguimiento a la página electrónica de StructurA (www.structura.com.mx), consultó a exfuncionarios de dependencias como la Secretaría de Hacienda, revisó los directorios de los clientes de la empresa y consultó la cuenta pública de la Cámara de Diputados. El autor de este trabajo también se apoyó en páginas electrónicas gubernamentales para conocer las aplicaciones, adquisiciones y compras para conocer la evolución de esta próspera empresa fundada por Reyes Heroles.Hasta noviembre de 2006, según su página electrónica, StructurA se componía de “cinco empresas de servicios profesionales con personalidad propia y capacidades complementarias”: GEA, GAE, MBD, MxV y PROA. Reyes Heroles tuteló el conglomerado durante gran parte del sexenio foxista.En el Grupo de Economistas Asociados (GEA), fundado en 1990 y especializado en el “análisis de políticas públicas, desregulación y privatización”, el director era Mariano Ruiz Funes Macedo. En la década de los ochenta, Funes fue director de Organización Somex; después trabajó en Hacienda. Entre 1982 y 1983 vivió tanto la estatización como parte de la reprivatización de la banca. Después se separó de la función pública pero volvió 20 años después, cuando Calderón llegó al poder.El Grupo de Asesoría Estratégica (GAE), constituido en 1998 y especializado en “relaciones gubernamentales y desarrollo de instrumentos jurídicos, legislativos y normativos”, tenía como director a finales de 2006 a Roberto Ortega Lomelín, militante priista desde 1971. En 1995, ya en la administración de Ernesto Zedillo, cuando su socio Reyes Heroles fue nombrado secretario de Energía, Ortega Lomelín pasó a ser oficial mayor de esa dependencia. Al terminar su gestión, se fue a encabezar GAE.Por lo que atañe a MBD Desarrollo de Negocios, esta empresa se fundó en 2001. Entre sus ofertas destacan las soluciones integrales para el establecimiento de negocios, así como due diligence industrial, financiero, legislativo, ambiental laboral. Su director hasta el 30 de noviembre de 2006 fue Reyes Heroles, quien dos días después ocupó la dirección general de Pemex. Tiempo antes, en 1997, cuando dejó la Secretaría de Energía (Sener), Reyes Heroles se fue a la legación del gobierno mexicano en Washington; al terminar esa encomienda diplomática regresó directamente a su empresa cabildera.
El escándalo chino
Reyes Heroles ingresó a la administración pública en la década de los setenta como asistente de Miguel Mancera Aguayo en el Banco de México (Banxico). Entre 1983 y 1988 ocupó la dirección general de Planeación Hacendaria en la SHCP. Al término del sexenio de De la Madrid, Fernando Solana –ahora también cabildero– fue nombrado canciller por Salinas de Gortari y se llevó a Reyes Heroles a Tlatelolco como coordinador de asesores. Con Zedillo, Reyes Heroles dirigió Banobras, fue secretario de Energía y embajador en Estados Unidos. En 2001 volvió a México y, por primera ocasión en 26 años, quedó fuera de la administración pública federal. Su amigo Roberto Ortega Lomelín, quien estaba al frente del GAE, lo invitó a la cabildera.Desde ahí, Reyes Heroles impulsó una alianza de MBD con sus amigos de Cassidy & Associates, “líder en relaciones gubernamentales” y cuya sede se encuentra en la capital de Estados Unidos. En 2002 esta empresa se vio envuelta en un escándalo de corrupción que involucró a las altas esferas del poder de Washington y del gobierno de Taipei.En la primavera de ese año, el diario China Times, de Hong Kong, y la revista Next, de Taiwán, informaron sobre la serie de acciones ilícitas de Lee Teng-hui durante su gestión como presidente de la República de China entre 1988 y 2000. Según la información publicada, durante su administración Teng-hui creó un fondo secreto de recursos públicos destinado a financiar actividades de espionaje y cabildeo. Los fondos sucios habían servido para remunerar a cabilderos estadunidenses de Cassidy & Associates como Carl Ford Jr. y James Nelly.Ford Jr. y Kelly se incorporaron más tarde a la administración de George W. Bush; el primero como secretario de Estado asistente para Inteligencia e Investigación; el segundo como secretario de Estado asistente para Asuntos del Este de Asia y el Pacífico.Ford Jr. había sido cabildero de Cassidy & Associates, y al parecer siguió trabajando para la empresa después de su nombramiento en el gobierno de Bush. Tanto él como la cabildera habían sido gratificados con recursos del fondo sucio bajo el rubro de “servicios de inteligencia” prestados al gobierno de Teng-hui. Kelly, por su parte, había recibido las retribuciones económicas siendo miembro de The Pacific Forum, reputada institución académica de Honolulu, rama del Center Strategic International Studies (CSIS) de Georgetown, organismo asesor del Departamento de Relaciones Internacionales del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).Ese antecedente no impidió que Reyes Heroles continuara impulsando la sociedad MBD-Cassidy & Associates, pues para él constituía el primer paso para la expansión de sus proyectos internacionales. Ese mismo año, 2002, Reyes Heroles incluso animó a su antiguo colaborador Raúl Livas Elizondo para que se incorporara a su negocio. Así se fundó MxV México Capital Ventures que se especializa en “ingeniería financiera, tecnología, energía, servicios financieros y sector público”. Livas Elizondo, quien había sido asesor de Zedillo durante su campaña en 1994 y uno de los muchachos consentidos de Pedro Aspe Armella en aquella época, quedó como director de la nueva empresa.
Los operadores nacionales
Al amparo de Reyes Heroles y posteriormente de Luis Téllez, Livas pasó por Banobras, la Secretaría de Energía y Petróleos Mexicanos, donde fue director de Pemex Petroquímica (1997-98); coordinador general de la Unidad de Planeación Corporativa (1998-99), y director corporativo de Operaciones (1999-2000).Tras el arribo del PAN al poder, Livas volvió a los negocios por un tiempo. Fue director de Análisis y Estrategia de Inversión de la Casa de Bolsa Vector, que dirigía su antiguo protector, Pedro Aspe, desde 1996. Vector formaba parte del Grupo Pulsar Internacional –Cigarrera La Moderna (Savia), Seguros Comercial América, Empaques Ponderosa, Aluprint–, fundado en 1981 por Alfonso Romo Garza. Sin embargo, en 2001, Aspe rompió su sociedad con Romo, por lo que sus amigos salieron de Vector. Y mientras el exsecretario de Hacienda se fue a Volaris, la única opción que tuvo Livas fue la que le ofreció Reyes Heroles: la dirección de MxV.A finales de 2002, cuando Reyes Heroles ya fungía de facto como líder del grupo de las empresas cabilderas, nació PROA Mensaje y Comunicación, dedicada “a diseñar estrategias efectivas de comunicación y relaciones públicas”. En la dirección quedó Marco Provencio, director de Comunicación Social y vocero de la Presidencia de la República en la administración de Zedillo. Al igual que Livas, Provencio era del equipo de Aspe en Hacienda.Ese mismo año, StructurA reclutó a los exfuncionarios foxistas Alejandro Hope (GEA), quien fue asesor del comisionado para Seguridad Nacional en la presidencia de Fox, Adolfo Aguilar Zinser, así como coordinador de asesores de Reyes Heroles en Banobras y en la Sener, y Alejandro Ferro Negrete, excoordinador general Jurídico de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que se colocó en GAE. La cabildera también contrató a Armando Salinas Torre, subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos en la gestión de Santiago Creel, y subsecretario de Enlace Legislativo de Gobernación con Juan Camilo Mouriño. Otros ejecutivos recientemente reclutados por StructurA son Ángel González Rul Alvídrez, director general de Puertos (SCT) desde 2003 y hasta las primeras semanas de 2008, ahora socio de GEA; Nicolás Licona Spíndola, exsecretario de Salud del gobierno priista de Hidalgo y titular de Enlace Legislativo de la Secretaría de Salud en el gobierno de Calderón hasta 2007, cuando se volvió cabildero y socio de GAE.A la consultora PROA llegó como director asociado Manuel Álvarez, director jurídico de la Unidad de Inversiones de Hacienda, tanto en la era de Gil Díaz como en el primer año de Agustín Carstens. Como gerente de cuenta está Rafael Rendón, exdirector de Información de la Presidencia de la República, exsubdirector de Información de la SHCP, y exasesor en comunicación del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.