MÉXICO, DF, 28 de enero (apro).- El gobierno español “de izquierdas” se entrampa en sus propias declaraciones. Un día anuncia que obligará a que en septiembre próximo bancos y cajas de ahorro tengan un capital básico equivalente a 8% de sus activos y, quienes no lo logren, recibirán una inyección de dinero público a cambio de participación en su capital, lo que significa que serán estatizadas, aunque sea parcialmente.
Al otro día el anuncio es que aunque no haya acuerdo con las grandes centrales sindicales –Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT)--, se reformarán las pensiones llevándolas hasta los 67 años de edad y de 39 a 41 años de cotización.
El apuro para culminar la reforma de las cajas de ahorro y del sistema pensionario se explica porque son parte de los pendientes que este gobierno ha comprometido con los grandes inversionistas que controlan los mercados de dinero, eso que eufemísticamente llaman “los mercados”. Las cajas, pese a que aprobaron las pruebas de esfuerzo del año pasado, enfrentan dificultades crecientes para financiarse en el mercado secundario, en el que se compran y venden grandes cantidades de dinero.
La reforma del sistema de pensiones apunta a reducir las obligaciones futuras de pago del Estado español con los trabajadores. Al retrasar la edad legal de jubilación de 65 a 67 años y aumentar los años de cotización, el gobierno de “izquierdas” pretende que el gasto público se reduzca, ya que se obligaría a los trabajadores a aportar durante más tiempo para lograr pensionarse al ciento por ciento, ya que esos dos o tres años más para jubilarse significan que cuando la reforma se aplicase no habría jubilados. Su cálculo es que en 2050 el gasto público en pensiones se reduciría de 15 a 12% del PIB.
Las cajas de ahorro fueron consideradas ejemplo de que era posible hacer banca a bajos costos, cerca de la clientela y rentablemente. Las cajas, como los bancos, participaron del auge inmobiliario que se desarrolló durante los gobiernos del Partido Popular (PP). Dieron créditos para construir y comprar los inmuebles. Los depósitos de sus clientes eran insuficientes para financiar los créditos hipotecarios. Acudieron al mercado de mayoreo a pedir prestado a los tiburones del mundo financiero: bancos ingleses, alemanes y estadunidenses.
Tomaron dinero a corto plazo para prestarlo a largo. El atractivo estaba en el diferencial de tasas y en que eran préstamos seguros. Las agencias calificadoras, que como se sabe han sido pagadas por sus calificados, dieron una alta nota a esos créditos, les pusieron triple A y, en consecuencia, podían venderse para dar créditos adicionales. Durante 2008, en plena crisis, las cajas de ahorro y los bancos españoles aparecían con fortalezas importantes, en razón de que ellos no entraron a las ‘titulizaciones’, a los instrumentos financieros derivados.
Los asalariados españoles, por su parte, aprovecharon las condiciones ofrecidas por la incorporación de España a la Unión Europea. Trabajaron y consiguieron los salarios que negociaron colectivamente con los patrones. Del mismo modo lograron un sistema de pensiones adecuado a las prácticas laborales que estaban vigentes en el momento en el que se instaló la democracia. Tomaron créditos para incrementar su consumo y mejorar sus condiciones de vida. La democracia les permitió construir rápidamente un estado de bienestar que hizo que los niveles de vida españoles mejoraran.
La crisis agravó la incapacidad de la economía española para incorporar al trabajo a jóvenes preparados. Desde antes de la recesión, el desempleo se concentraba dramáticamente entre las personas de 20 a 30 años, lo que motivó que se pensara que suavizando las condiciones de contratación se lograría su ingreso al trabajo. Aparecieron contratos temporales sin prestaciones, lo que en el mundo laboral se conoce como “precarización del trabajo”.
El gobierno de izquierdas apreció mal las complicaciones que empezaron en agosto de 2007. Pronto se dio cuenta de que su diagnóstico era equivocado y que había perdido un tiempo importante. Para remontar, dio marcha atrás en planteos básicos en una administración socialdemócrata. La política social, estandarte de su propuesta política, fue corregida, primero con discreción y después con descaro. El gobierno del PSOE puso por delante, igual que el de Sarkozy en Francia, Merkel en Alemania o Cameron en Reino Unido, lo que los “mercados” demandaban. Su responsabilidad se corrió hacia la derecha.
En 2009, las dificultades económicas mundiales se concentraron en Europa. De pronto resultó que lo que habían hecho los gobiernos para contener la recesión era incorrecto. Usar el gasto público para evitar que la crisis golpeara a los menos favorecidos, muchas veces como resultado de la existencia de estabilizadores automáticos como el seguro de desempleo, se convirtió en irresponsable. Los “mercados” castigaron esa actuación elevando los rendimientos exigidos para seguir financiando no sólo al gobierno, sino también a los bancos.
El gobierno español paga más por su deuda este año y ha hecho que ese sobrecosto se pague eliminando prestaciones sociales de las que se enorgullecía. Están desmontando el Estado de bienestar que se construyó en tres décadas. Pretendían seguir haciéndolo reformando las pensiones. En un mercado en el que los jóvenes trabajan intermitentemente y en empleos sin contribuciones sociales, el gobierno demandaba 40 años de contribución, lo que significa que esos jóvenes con empleos precarios, o de plano en el desempleo, completarán los 40 años cuando cumplan 69 o 70 años.
Al mismo tiempo, anuncian que destinarán 20 mil millones de euros para recapitalizar a las cajas de ahorro que no puedan cumplir con los niveles de capital exigidos. Más recursos públicos a instituciones financieras y menos a los trabajadores. Por fortuna, el gobierno ha entrado en razón aceptando que la jubilación sea a los 65 años para personas que coticen 39 años y a los 67 años para el resto. Las centrales sindicales UGT y CCOO aceptarían 38 años de cotizar para lograr la jubilación completa a los 65 años. En acuerdo es posible. De conseguirse, enviaría un mensaje fundamental: el pacto social primero, los mercados después.
Comentarios: o_selley2001@yahoo.com
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